CARTAGENA.- La
ronda de comparecencias en el Parlamento murciano para la futura reforma
de la ley de protección del Mar Menor que PP y Vox pretenden aprobar ha
tomado esta semana un cariz de puro negacionismo ambiental. Y todo
gracias a una invitación propiciada por la formación ultraderechista.
Para la directora de la Fundación Ingenio,
Natalia Corbalán Romera, la laguna salada no tiene ningún problema relacionado
con la agricultura ni con los vertidos sistemáticos de nitratos que
dicho sector ha ido enviando a sus aguas, superficiales y subterráneas,
durante las últimas décadas, según recoge eldiario.es.
Corbalán
no ha tenido reparo en defender, sin embargo, que el foco de la
contaminación del ecosistema se encuentra en las aguas residuales. Y lo
ha hecho poniendo una serie de bulos y de informaciones sin contrastar
en la pantalla de su ordenador.
“En cualquier laguna costera del mundo
los problemas de eutrofización están provocados por aguas residuales.
Menos en el Mar Menor. Qué casualidad”, ha deslizado la máxima
mandataria del mayor lobby del agro en la Región de Murcia.
Esas palabras no han sido pronunciadas por casualidad: en su
intervención, Corbalán ha cerrado los ojos a lo irrefutable. Daba la
sensación, mientras avanzaba en su discurso, de que hablaba de otro
ecosistema y no de la albufera murciana.
“La ley -de protección de 2020-
nació como una medicina equivocada. Es un texto legal que no reconoce
ni contempla lo que cientos de evidencias científicas y lo que la
Fundación Ingenio ha demostrado a toda la sociedad”.
Entonces ha comenzado su reguero de declaraciones en contra de
“los responsables del desastre de la depuración y el saneamiento”, que
son, ha dicho, “cómplices y cooperadores necesarios de uno de los
mayores problemas medioambientales de Europa”.
Corbalán ha esgrimido
fragmentos de vídeos sacados de contexto con supuestas afirmaciones de
científicos que ponían en evidencia, de manera tergiversada, que las
sucesivas crisis de la laguna han ido ocurriendo debido a una mala
gestión de las aguas residuales.
Se ha tratado de una estrategia
comunicativa puesta en marcha por Corbalán y por la Fundación que dirige
con el objetivo de eximir de responsabilidades al campo en su
totalidad. Incluso a las macrogranjas de Fuente Álamo, a las que una vez
más ha abogado por retirar del rango de acción de la ley.
La CEO de Ingenio ha puesto en valor, durante su turno, las
cerca de 4.000 explotaciones agrícolas que atosigan y aprovechan cada
milímetro el Campo de Cartagena. Pero ha obviado, eso sí, que según las
mediciones de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) el acuífero
cuaternario del Mar Menor acumula 300.000 toneladas de nitrógeno a
consecuencia de las filtraciones masivas de fertilizantes y pesticidas
químicos procedentes de esas mismas explotaciones.
El peso económico de la agricultura murciana es enorme. Por eso
Corbalán, que representa a las grandes corporaciones y élites
agro-industriales de la Comunidad ha resaltado “el desastre” que la
actual ley del Mar Menor ha supuesto para todos ellos.
“Tenemos un doble
problema: una laguna sin recuperar, y una agricultura herida de
muerte”, ha expresado. “Se trata de una huerta única en el mundo, de un
regadío ejemplar, somos el principal motor de desarrollo de riqueza para
la Región de Murcia”, ha evidenciado, defendiendo un modelo de negocio
que ha puesto al límite los recursos naturales de su alrededor.
“Los agricultores han sido víctimas de un relato político y
mediático”, ha expresado Corbalán, que ha pedido, una y otra vez, un
cese de restricciones agrícolas y algo así como una manga ancha para el
sector en el entorno. El foco, de nuevo, con un tono decidido, con más
diapositivas, lo ha situado sobre las redes de saneamiento. Su
declaración ha sido como un círculo constante.
“Es imprescindible que
esta nueva ley que salga de esta Asamblea contemple al verdadero
responsable, las aguas de depuración. Si no, seguirá siendo un
instrumento inservible para recuperar el Mar Menor. Es una ley de
destrucción de la agricultura, que no es la responsable de su
degradación ambiental”.
La directora de la Fundación Ingenio ha puesto en evidencia,
además, informes científicos financiados por la propia entidad, en
concreto uno del investigador estadounidense Brian Lapointe, que
atribuye la contaminación del Mar Menor a las “aguas de origen urbano”.
Corbalán ha dicho, sin pruebas, que las anoxias ocurridas en 2019 y 2021
estuvieron provocadas por “fallos en las estaciones de bombeo”.
Pero no hay, en realidad, estudio científico que no coincida en
que el origen del problema ambiental de la laguna salada se sitúa en los
nitratos procedentes de la agricultura. El catedrático de Ecología de
la Universidad de Murcia (UMU) Miguel Ángel Esteve afirmó el pasado abril que “los modelos de simulación dinámica” que
realizaron en la universidad “para calcular la entrada de nutrientes al
Mar Menor dan que el 85% de ellos procede del campo, y que en torno al
15% lo hace de la actividad urbana”.
Las comparecencias para la reforma de la ley de protección de la
laguna, que comenzaron el 4 de julio ajustadas a las pretensiones de PP
y Vox, han puesto un peso mayúsculo en las organizaciones de
representación agraria con más influencia en el panorama económico
regional. Hasta hoy, han desfilado por las sillas de la Asamblea
murciana los máximos mandatarios de las diversas patronales del agro
murciano.
Junto con Ingenio, todos han defendido, al unísono, suavizar
las restricciones para la actividad agrícola y ganadera, de manera que
los empresarios puedan ejercer su actividad y obtener, si cabe, un mayor
beneficio económico.
Pero ningún compareciente, hasta Corbalán, había evidenciado,
sin pudor, un negacionismo ambiental sin base alguna tanto en hechos
constatados como en realidades objetivas. “La Fundación Ingenio abre
paso a la verdad. No era nuestra responsabilidad. Se ha comprobado”, ha
reiterado para concluir.
Natalia Corbalán no ha sido ni será la única integrante de la
Fundación Ingenio encargada de expresar su punto de vista sobre la
reforma de la ley de protección que, antes de la ruptura de la coalición
entre PP y Vox, iba a ser una realidad tangible después del verano.
Todavía quedan por hablar científicos que han publicado trabajos pagados por el lobby,
como la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Rey
Juan Carlos de Madrid, Yolanda Valcárcel, o el catedrático de Química
Agrícola de la UMU Miguel Ángel Cámara. También será llamado a
comparecer el empresario Luis del Rivero.
Asimismo, este mes de julio compareció Manuel Martínez, presidente de
la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que contribuye
anualmente a Ingenio con millones de euros de financiación. Todos ellos
han sido llamados e invitados por Vox, pero han contado con el
beneplácito necesario de sus ex socios del PP.
