viernes, 17 de abril de 2026
IU exige activar el convenio con grandes tenedores para frenar desahucios y critica el bloqueo del reglamento de la Ley de Vivienda regional
CARTAGENA.- Izquierda Unida ha exigido en el Pleno de Control al Gobierno autonómico celebrado esta mañana en la Asamblea Regional la activación del convenio con grandes tenedores de vivienda previsto en la Ley de Vivienda de la Región de Murcia, al considerar que su paralización por falta de desarrollo reglamentario impide ofrecer alternativas habitacionales a las familias afectadas por desahucios.
Durante la interpelación parlamentaria, el diputado de IU-Verdes, José Luis Álvarez Castellanos, ha reprochado al Ejecutivo de López Miras que mantenga bloqueado el desarrollo normativo de la ley, lo que imposibilita la aplicación efectiva de un mecanismo que obligaría a bancos y fondos de inversión a negociar un alquiler social antes de ejecutar lanzamientos.
"¿Ustedes saben por qué este convenio no se lleva a efecto en la Región de Murcia? Porque no han desarrollado el reglamento que lo regula", ha afirmado el parlamentario de IU, que ha recordado que el plazo legal de desarrollo era de dos años y han transcurrido ya cerca de una década desde la aprobación de la norma.
Álvarez Castellanos ha situado la cuestión en términos de emergencia social, subrayando que en la Región de Murcia se producen "780 desahucios al año, dos al día", y que esta realidad es "evitable si se activan los instrumentos legales ya existentes".
El diputado de IU ha criticado que la actuación del Gobierno regional se base en mecanismos de mediación que considera insuficientes y en soluciones parciales que no resuelven el problema de fondo. "Los colectivos sociales y las movilizaciones solo consiguen aplazar desahucios, pero no eliminan la angustia de las familias. Se necesitan soluciones definitivas", ha señalado.
En su intervención, ha insistido en que la propia Ley de Vivienda regional ya contempla herramientas concretas, como el artículo 59.quater, que permitiría articular convenios con grandes tenedores para garantizar alternativas habitacionales antes de los desahucios.
"El Gobierno regional tiene la solución en su propia ley, pero no la activa", ha subrayado, al tiempo que ha reclamado una explicación "concreta" sobre las razones del retraso en el desarrollo reglamentario.
El diputado de izquierdas ha ampliado sus críticas al bloqueo de otros instrumentos previstos en la norma, como el registro de demandantes de vivienda pública, lo que a su juicio evidencia una falta de voluntad política para desplegar políticas públicas de vivienda efectivas.
En el debate, el consejero de Fomento e Infraestructuras ha defendido la gestión del Ejecutivo regional, apelando a la seguridad jurídica, al papel de la mediación y a las políticas de adquisición y cesión de vivienda social impulsadas desde 2013, además de acusar a la izquierda de generar inseguridad en el mercado del alquiler.
Frente a ello, IU sostiene que el problema no es la falta de herramientas legales, sino su bloqueo político y la ausencia de desarrollo reglamentario que permita su aplicación real.
Álvarez Castellanos ha cerrado su intervención reclamando que se activen los mecanismos previstos en la ley y ha advertido que cada semana hay nuevos desahucios, por lo que "no se puede seguir gestionando este problema con parches administrativos mientras las familias viven situaciones de angustia permanente".
IU acusa al Gobierno regional de excluir a familias en pobreza severa de las ayudas de comedor escolar
CARTAGENA.- Izquierda Unida-Verdes ha llevado al pleno de control al gobierno de la Asamblea Regional la situación de las ayudas de comedor escolar para el curso 2026-2027, denunciando que el Ejecutivo autonómico de López Miras mantiene congelados los umbrales de renta de acceso, una decisión que, a juicio de la formación, está dejando fuera a familias en situación de pobreza severa.
El diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos reprochó al consejero de Educación, Víctor Marín, el incumplimiento del compromiso adquirido en sede parlamentaria para incrementar progresivamente estos umbrales.
"En esta última convocatoria no han incrementado absolutamente nada y han dejado ese umbral congelado", señaló durante su intervención.
La crítica de la formación se apoya en un contexto social marcado por el aumento de la pobreza infantil. Álvarez-Castellanos recordó que alcanza el 44% según la última Encuesta de Condiciones de Vida y advirtió de que los criterios actuales están expulsando del sistema de ayudas precisamente a quienes más lo necesitan.
"El umbral que han fijado deja fuera a familias en pobreza severa. Están negando ayudas de comedor escolar a quienes deberían ser prioritarios", afirmó.
El parlamentario de izquierdas puso cifras concretas sobre la mesa: con los límites vigentes, una familia de cuatro miembros que supere los 960 euros mensuales queda excluida de estas ayudas.
"Hablamos de ingresos propios de la pobreza severa. Esa es la realidad, más allá de los discursos sobre inversión o ampliación de servicios", subrayó.
Asimismo, IU también cuestionó la coherencia del Ejecutivo autonómico, al que acusó de firmar estrategias contra la pobreza mientras aplica medidas que, en la práctica, restringen el acceso a derechos básicos.
"Es difícil sostener un discurso de lucha contra la pobreza cuando se deja fuera del comedor escolar a niños y niñas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad", apuntó.
Como alternativa, la formación plantea elevar el umbral actual —situado en 11.520 euros anuales para una familia de cuatro miembros— hasta al menos 17.108 euros, con el objetivo de cubrir a quienes se encuentran en pobreza severa. Además, propone ampliarlo hasta 25.620 euros para incluir a familias en riesgo de pobreza.
Álvarez-Castellanos reclamó al Gobierno regional que abandone las "excusas presupuestarias" y actúe con responsabilidad política.
"Si no hay una razón de peso, lo que corresponde es rectificar. No se puede justificar lo injustificable cuando hay menores afectados", concluyó.
Por último, desde Izquierda Unida insisten en que el acceso al comedor escolar no puede tratarse como una partida más, sino como una herramienta clave de equidad y protección social, y advierten de que seguirán presionando en las instituciones para revertir una política que, según sostienen, "penaliza a las familias trabajadoras y vulnerables".
'Huermur' denuncia que Cultura se niegue proteger como BIC la Virgen de Sopetrán, una talla del siglo XV de las más antiguas de Murcia
MURCIA.- La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) ha denunciado como “una auténtica vergüenza” la resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural que rechaza declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la histórica Virgen de Sopetrán o antigua Virgen de los Peligros, una talla datada entre finales del siglo XV y comienzos del XVI, considerada una de las imágenes religiosas más antiguas conservadas en la ciudad de Murcia.
La entidad recuerda que solicitó formalmente la protección BIC en enero de 2024, aportando abundante documentación histórica, artística y técnica sobre una obra singular vinculada desde hace siglos a la historia de Murcia.
La Virgen de Sopetrán constituye una de las devociones históricas más antiguas de Murcia. Según la tradición documentada, la talla llegó a la ciudad en el año 1626 procedente de Guadalajara, vinculada a la advocación mariana de Nuestra Señora de Sopetrán, originaria del histórico monasterio de Sopetrán.
Custodiada desde entonces por la comunidad religiosa de Santa Verónica, esta pequeña imagen gótica fechada a finales del siglo XV quedó íntimamente ligada al pasado de Murcia, al río Segura y al antiguo paso del Puente Viejo. De su culto nació con el tiempo la popular advocación de la Virgen de los Peligros, una de las imágenes más emblemáticas de la ciudad.
Desde Huermur señalan que su valor no es sólo artístico por su antigüedad y singularidad formal, sino también histórico, social e identitario, al formar parte de la memoria colectiva de generaciones de murcianos y murcianas.
La entidad considera la decisión de la Consejería de Cultura como “gravemente errónea e impropia de una administración encargada de proteger el patrimonio”, y denuncia además que la Consejería ha omitido un hecho esencial: el expediente se encontraba ya incoado por silencio administrativo positivo, conforme al artículo 13 de la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, al haber transcurrido el plazo legal sin resolver la solicitud presentada por Huermur en enero de 2024.
Huermur recuerda que la legislación regional vigente en el momento de la solicitud establece que, cuando una solicitud de declaración BIC es promovida a instancia de parte, si en seis meses no se adopta y notifica acuerdo expreso, se entenderá acordada la incoación del procedimiento.
Pese a ello, la Administración regional ha dictado ahora una resolución desestimatoria como si nunca se hubiera producido dicho efecto legal, obviando además las solicitudes posteriores presentadas por Huermur para que se certificara formalmente el acto presunto ya nacido por ministerio de la ley.
Para Huermur, “no se puede dejar pasar el plazo, permitir que opere el silencio positivo y, dos años después, intentar borrar sus efectos con una simple resolución administrativa”.
La asociación advierte de que resoluciones como esta lanzan un mensaje demoledor: ni siquiera bienes históricos singulares, reconocidos por la propia Administración, tienen garantizada su protección efectiva en la Región de Murcia.
La propia resolución administrativa reconoce que la imagen es una de las esculturas religiosas más antiguas de Murcia, vinculada directamente a la historia de la ciudad, por lo que para Huermur resulta contradictorio que la Consejería describa una obra singular por antigüedad, arraigo popular y relevancia histórica, para después negar la máxima protección patrimonial prevista en la ley.
En el mismo sentido, el presidente de Huermur, Sergio Pacheco, ha manifestado que “la Comunidad Autónoma reconoce por escrito que es una de las imágenes más antiguas de Murcia, ligada al río, al Puente Viejo, a la historia urbana y a la devoción popular. Y aun así la rechaza. Es absurdo. Si esto no merece un BIC, entonces el problema no es la imagen: es el criterio político con el que se gestiona el patrimonio.”
Huermur alerta de que no es la primera vez que Cultura rechaza de esta forma la protección de singulares bienes de primer nivel del patrimonio de Murcia, por lo que empieza a sospechar que la Consejería podría estar actuando con animadversión al no ser iniciativas de protección fruto de la propia administración o sus políticos.
El recurso que interpondrá Huermur denunciará que la administración ha omitido por completo los efectos jurídicos de la incoacción automática producida por silencio positivo, pretendiendo resolver dos años después como si el procedimiento no hubiera nacido legalmente.
Además, la entidad sostiene que Cultura ha actuado de forma unilateral, rechazando la protección sin desarrollar debidamente el expediente administrativo y sin solicitar los preceptivos informes a entidades consultivas especializadas y reales academias, pese a existir evidentes indicios de relevancia patrimonial que exigían una tramitación completa.
Todo ello, como manda la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo aplicada recientemente además por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia tras las demandas de Huermur en otros casos.
Igualmente, Huermur considera arbitrario que el propio informe técnico reconozca la excepcional antigüedad y vinculación histórica de la talla, pero concluya después que no concurren valores sobresalientes suficientes para el BIC.
Por último, Huermur exige a la Consejería de Cultura que rectifique y actúe conforme a Derecho, recordando que la protección del patrimonio histórico no puede quedar al arbitrio de decisiones discrecionales, políticas ni de retrasos administrativos.
La entidad advierte de que, si fuera necesario, acudirá también a la vía judicial para garantizar la defensa efectiva de una pieza esencial del patrimonio cultural de Murcia.
'Ecologistas en Acción' reclama al Gobierno Regional la misma protección para las anguilas que para los linces
MURCIA.- Ecologistas en Acción ha solicitado formalmente a la Consejería de Medio Ambiente el inicio del procedimiento de inclusión de la anguila europea (Anguilla anguilla) en el catálogo de especies amenazadas de la Región de Murcia, de acuerdo con art. 16, apartado 2, de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la fauna silvestre, caza y pesca fluvial.
Para ello, los ecologistas han remitido a la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, dirigida por María Cruz Ferreira Costa, el dosier de motivación exigido por la normativa en la que recogen la opinión unánime de científicos e investigadores, incluyendo la Universidad de Murcia, la Sociedad Ibérica de Ictiología, el International Council for the Exploration of the Sea (ICES), y el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB): no debe pescarse ni una sola anguila más hasta que las poblaciones se recuperen.
En efecto, según el profesor de Zoología de la UMU, Francisco José Oliva, una autoridad en la materia que ha realizado numerosos estudios científicos para la propia Consejería, la población de anguilas en la Región ha caído un 95% desde 1980 y es poco razonable pescar entre 25 y 30 toneladas al año en el Mar Menor.
Ya en 2024 se advertía de que “desde la década de los ochenta se ha reducido el reclutamiento juvenil (las angulas que llegan a nuestras costas) en un 95%. Antes eran muy abundantes, pero actualmente muestran unos declives brutales”[1].
Por su parte, el International Council for the Exploration of the Sea (ICES) afirma que el stock de anguila europea en España permanece en un estado crítico, con poblaciones muy por debajo de los límites biológicos seguros. También la Sociedad Ibérica de Ictiología ha dictaminado que la especie debe catalogarse como especie “en peligro crítico de extinción” (paso inmediatamente previo a la extinción en estado salvaje), tanto en España como a nivel global.
Finalmente, destaca por su claridad y contundencia el pronunciamiento del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB)[2], que ha denunciado que “algunas Comunidades Autónomas se han opuesto a esta catalogación [como especie en peligro crítico de extinción], sin aportar datos suficientemente solventes de que se esté dando una reversión de la conocida pérdida de efectivos”, además de que “rechazamos cuantas acciones, vía manifiestos, grupos de presión, intereses concretos de Comunidades Autónomas o cualquiera otra forma de presión, pretendan dificultar o sacar del ámbito de decisiones científico-técnicas aspectos que deben de dirimirse dentro de los órganos adecuados para ello”.
Asimismo, los biólogos españoles reivindican que los criterios generales de la especie se marquen desde una Estrategia Nacional, en la que el Ministerio de Transición Ecológica tenga primacía en las decisiones sobre la especie.
Y es que, se ha visto que hasta algunos cocineros se oponen a esta masacre: diez chefs españoles distinguidos con estrellas Michelin y Soles Repsol han respaldado la iniciativa del Ministerio de Transición Ecológica para que la anguila (angula) sea estrictamente protegida. “Angulas no, gracias”, proclaman estos profesionales de la restauración.
En opinión de los ecologistas, “resulta paradójico que el Gobierno Regional y su Consejero de Medio Ambiente saque pecho constantemente de las liberaciones de linces por parte de políticos en operaciones de propaganda, mientras se defiende que se siga acosando una especie como la anguila, que se encuentra más amenazada que los linces según los estudios realizados”.
El portavoz de esta Asociación, Pedro Luengo, ha expresado su preocupación “por la deriva anticientífica del Gobierno Regional cuando el consenso de los investigadores independientes no le cuadra a sus intereses partidistas o electoralistas”, poniendo de ejemplos el reciente ejercicio de “censura” del estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena sobre los suelos agrícolas contaminados del campo de Cartagena o el estrepitoso fracaso del proyecto de desnitrificación mediante biorreactores en la desembocadura de la rambla del Albujón “insensatamente impulsado por al anterior consejero y hoy senador, Luengo Zapata, a pesar de las advertencias de los expertos de las Universidades regionales que advirtieron de sus debilidades”.
Para finalizar, Ecologistas en Acción exige a la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática “un cambio radical de actitud, ya que en vez de defender como es su obligación una especie de fauna gravemente amenazada según todos los criterios científicos independientes, se opone de forma cerril a limitar su explotación pesquera irracional e irresponsable”.
El PSRM acusa a PP oponerse a que la Región "tenga más recursos" por votar contra la actualización de las entregas a cuenta
MURCIA.- La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, ha asegurado que al Partido
Popular en la Región de Murcia "se opone continuamente a que la Región
de Murcia tenga más recursos para satisfacer los intereses de Feijóo",
después de que el portavoz regional, Marcos Ortuño, haya anunciado que
van a dirigir una carta al ministro de Hacienda Arcadi España
solicitando que se garantice la transferencia de la cantidad
comprometida de las entregas a cuenta.
En este sentido, ha
señalado que el Gobierno de España llevó en enero al Congreso de los
Diputados la actualización de las entregas a cuenta, pero el Partido
Popular votó en contra de la convalidación del Real Decreto Ley.
El Gobierno de España "se ha ofrecido a condonar parte de la deuda y a
mejorar el sistema de financiación, dando respuesta a dos de las
principales necesidades de nuestra comunidad autónoma", ha apostillado,
según han informado desde el partido.
De igual forma, ha
apuntado que el PP de López Miras "ha rechazado el nuevo modelo de
financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, en el que
la Región de Murcia sería la comunidad autónoma más beneficiada y, con
ello, ha impedido que la Región cuente con 1.200 millones de euros
adicionales cada año".
"El PP también ha renunciado a la condonación de 3.318 millones de euros de la deuda regional", ha añadido.
La portavoz socialista ha remarcado que el Gobierno de España ha
transferido a la Región de Murcia "los mayores recursos económicos de su
historia. En los últimos siete años, la Región ha recibido un 49,3 %
más de recursos que en los siete años de gobierno de Mariano Rajoy. Sin
embargo, los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia no se han
podido beneficiar de este aumento de recursos por la mala gestión de
López Miras", ha concluido.
El PSOE denuncia que el 81,9% de los pacientes murcianos supera el plazo legal para especialistas
CARTAGENA.- La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea
Regional, Marisol Sánchez, ha denunciado este jueves que la Región de
Murcia registra la segunda mayor tasa de España en demora de
especialistas.
Según datos del Ministerio de Sanidad, que por
primera vez computan a pacientes sin cita asignada, el 81,9% de los
usuarios de la comunidad espera más de 60 días para una primera
consulta.
Sánchez ha interpelado al consejero de Salud, Juan
José Pedreño, subrayando el "incumplimiento" del decreto que fija un
máximo de 50 días para estas citas.
"Los ciudadanos y
ciudadanas de la Región de Murcia no tendrían que esperar más de 50 días
para ver al especialista médico, pero el Gobierno regional del Partido
Popular está incumpliendo la ley de manera reiterada y sistemática desde
hace más de 15 años", ha aseverado la diputada.
La
parlamentaria ha acusado a la Consejería de "maquillar" las estadísticas
al dejar fuera del cómputo a las personas sin fecha asignada.
"Son 25.000 personas que al no tener ni cita no cuentan en el cómputo
de los tiempos medios de espera, es como si no existieran para la
Consejería de Salud", ha explicado, tras detallar que, de 112.000
pacientes en espera, solo 12.900 fueron atendidos en el plazo legal.
Finalmente, el PSOE ha denunciado la desigualdad entre las áreas de
salud, destacando el "maltrato" al Área III (Lorca y comarca), donde se
concentran 12.662 de los pacientes sin cita.
"La Región es la
peor, solo nos supera Canarias. El Gobierno de López Miras incumple la
Constitución que establece la igualdad independientemente del código
postal", ha concluido.
La Delegación del Gobierno activa el refuerzo de oficinas para la regularización extraordinaria de inmigrantes
MURCIA.- La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha activado este
jueves el dispositivo especial para la regularización extraordinaria de
personas extranjeras con un refuerzo de sus servicios con turnos de
tarde para absorber la demanda prevista.
El proceso ha
comenzado con la apertura del plazo para las solicitudes telemáticas,
mientras que la atención presencial se iniciará el próximo lunes, 20 de
abril, según ha informado la institución.
El delegado del
Gobierno, Francisco Lucas, ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" y
ha instado a evitar "mensajes políticos alarmistas", al tiempo que ha
defendido la "plena legitimidad política, social y económica" de la
medida.
Para garantizar la fluidez del proceso, se han
habilitado 18 oficinas tramitadoras en la Región que reforzarán su
horario habitual.
Así, los ciudadanos que cuenten con cita
previa podrán acudir a las oficinas de la Tesorería de la Seguridad
Social de lunes a viernes, de 16.00 a 19.00 horas. En ese mismo tramo
horario operará de forma exclusiva la Oficina de Extranjería de la
Delegación del Gobierno.
Por su parte, las sucursales de Correos ofrecerán un horario ininterrumpido de 8.30 a 17.30 horas.
Lucas ha recordado que la cita se asignará siempre en el centro más
cercano al código postal del solicitante y puede obtenerse a través de
la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
('https://www.inclusion.gob.es/regularizacion') o el teléfono '060'.
El delegado ha subrayado que esta regularización es un paso
"imprescindible para la plena integración" de personas que ya residen en
el país y ha desmentido que la medida genere un "efecto llamada" .
Asimismo, ha indicado que la acreditación de la ausencia de
antecedentes penales sigue siendo un "requisito obligatorio", tal y como
ocurre en cualquier otro trámite de extranjería.
La vía
telemática, disponible las 24 horas, se mantiene como la opción
preferente para profesionales y particulares con certificado digital.
Fomento supera las 3.000 mediaciones hipotecarias y suma más de 1.200 atenciones contra la 'okupación'
CARTAGENA.- La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha consolidado su servicio
gratuito de mediación hipotecaria tras alcanzar las 3.000 actuaciones de
protección a personas en riesgo de perder su hogar desde su puesta en
marcha en 2013.
El consejero del área, Jorge García Montoro,
ha detallado el balance de este servicio en la Asamblea Regional, donde
ha subrayado que "el compromiso del Gobierno regional con el acceso a la
vivienda se demuestra con hechos, servicios y resultados como los que
estamos prestando gratuitamente".
En este contexto, ha
revelado que desde 2021 se han realizado 1.244 atenciones específicas
relacionadas con el fenómeno de la 'okupación' ilegal.
García
Montoro ha recordado que la Región de Murcia fue la tercera comunidad
autónoma de España en activar un sistema de intermediación de este tipo,
el cual hoy "sigue funcionando con plena eficacia".
Según el
consejero, la Ley de Vivienda de 2015 otorgó rango legal a este modelo,
permitiendo que la mediación se convierta en un instrumento eficaz de
resolución extrajudicial de conflictos.
Entre los resultados
de estas intervenciones se encuentran la firma de daciones en pago con
alquiler social, la suspensión de lanzamientos judiciales y la
prestación de asesoramiento jurídico especializado.
El titular
de Fomento ha incidido en que, en la actualidad, "el mayor problema
social de la vivienda es la necesidad de defender el derecho de
propiedad, la seguridad jurídica y la convivencia, sin abandonar la
atención a los colectivos vulnerables".
Durante su
intervención, el consejero ha subrayado que estas cuestiones son, "en su
gran mayoría, de competencia estatal", pero que el Ejecutivo autonómico
mantiene su esfuerzo mediante la coordinación permanente con
ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales y el Tribunal Superior
de Justicia para ofrecer soluciones directas a los ciudadanos afectados.
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