MADRID.- El grupo chino Wanda ha dado un ultimátum al 
Grupo Baraka para que cumpla con los pagos del Edificio España después 
de que el empresario Trinitario Casanova no cumpliera con el siguiente 
hito de la operación, revela hoy El Economista.
El
 conglomerado chino esperaba el pasado 28 de diciembre un ingreso de 14 
millones de euros por parte de la compañía española, pero esa 
transferencia no llegó a producirse. Un día más tarde, el consejo de 
Wanda se reunió para analizar la situación y decidir si extendían el 
plazo o rompían el acuerdo de venta y se quedaban con el depósito que 
había pagado la empresa española.
Finalmente, el gigante chino dio 
un ultimátum y una prórroga al Grupo Baraka, que finaliza el miércoles 
18 de enero, según explica la compañía de Wang Jianlin en un comunicado a
 la Bolsa de Hong Kong el día 30 de diciembre. 
En ese mismo informe 
aclara que "los consejeros consideran que la extensión facilitará a las 
partes conseguir el éxito de la operación de venta, lo que redunda en el
 interés de la compañía y de todos sus accionistas".
Desde el 12 de julio, momento en 
el que se llegó a un principio de acuerdo con el Grupo Baraka, el 
empresario murciano ha abonado 6 millones de euros en concepto de 
depósito por la compra de este inmueble situado en el centro de Madrid, 
frente a la Plaza España. 
Si Casanova cumple ahora con el siguiente 
pago, le quedarán por desembolsar otros 252 millones hasta alcanzar los 
272 millones en los que se ha cerrado el acuerdo para traspasar el 
edificio. 
Según explicó el conglomerado chino el pasado 16 de diciembre,
 cuando se cerró de manera oficial el acuerdo entre ambas partes, el 
abono de 14 millones se realizaría como un depósito adicional en la 
fecha de la escritura pública ante notario, un proceso que tras el fallo
 de Baraka se ha visto retrasado. 
El pago de los otros 252 millones
 se harían efectivos al cierre de la transacción. Según el mismo 
comunicado, la fecha límite para completar la operación es el 31 de 
marzo de 2017 y en el caso de que Baraka no cumpla sus compromisos, 
Wanda tiene derecho a retener las cantidades entregadas como depósito. 
Si es el grupo chino el que incumple sus obligaciones, Casanova podrá 
reclamar su devolución.
El debate sobre si el empresario 
murciano cuenta con el dinero o con la capacidad de obtenerlo mediante 
financiación bancaria o a través de un socio lleva meses sobre la mesa. 
Fuentes del sector aseguran a El Economista que el motivo del retraso 
en el pago que debía producirse el pasado 28 de diciembre se debe a 
"problemas con los papeleos" y no a que el empresario no disponga del 
dinero para la operación. 
El acuerdo con el conglomerado 
chino se ha firmado a través de la sociedad Baraka Global Invest con 
domicilio social en Madrid y matriz del Grupo Baraka. 
Según aparece en 
las últimas cuentas publicadas en el registro mercantil, a cierre de 
2015, esta firma contaba con unos beneficios de 57.897 euros y un 
patrimonio de 71,66 millones de euros. Concretamente, el grupo facturó 
910.00 euros en 2015 y a 31 de diciembre acumulaba deudas a corto y 
largo plazo que suman 1,36 millones de euros.
La
 operación del Edificio España se realizará a través de la venta de las 
acciones de la sociedad Wanda Hotel Development, que tiene bajo su 
propiedad el inmueble madrileño. Tras alcanzar un acuerdo con el Grupo 
Baraka, Wanda canceló una prenda existente sobre las acciones de esta 
filial con la entidad financiera de origen chino que financió la compra 
del edificio cuando el conglomerado asiático se lo compró al Banco 
Santander, en junio de 2014. 
Además, se comprometió a 
reembolsar el préstamo correspondiente, cuyo importe pendiente ascendía a
 931,2 millones de dólares de Hong Kong (unos 115 millones de euros), lo
 antes posible y usando los ingresos de la venta de las acciones. Wanda 
se ha comprometido a volver a activar la prenda si la disposición no se 
produce antes del 31 de enero de 2017, si bien, podría ampliarse el 
plazo hasta el 30 de abril, en caso de que la entidad esté conforme.
Trinitario Casanova fue el 
protagonista de uno de los episodios más pintorescos de la economía 
española. El empresario inmobiliario, dueño por entonces del Grupo 
Hispania, con el apoyo de un medio de comunicación promovió una 
operación fantasma sobre el Banco Popular en la que presuntamente un 
grupo mexicano estaba dispuesto a pagar una prima cercana al 50% por las
 acciones de la entidad financiera. Un juzgado de Madrid le condenó a un
 año de prisión, al considerarlo culpable de un delito contra el mercado
 y los consumidores tras difundir falsos rumores de opa para aumentar el
 precio de las acciones en 2008.
El fallo inhabilitó al promotor 
murciano para intervenir en el mercado financiero durante el tiempo de 
la condena. En la sentencia, la magistrada estimó las alegaciones 
presentadas por la acusación particular del banco, así como las del 
fiscal que, en sus conclusiones, reprochó a Casanova no haber sido 
consciente del alcance de un delito que consiguió alterar la Bolsa 
durante junio de 2008 cuando, a través de una sociedad Blueprime y la 
colaboración del abogado y actual político de Gibraltar, Fabián Picardo,
 se dedicaron a lanzar mensajes que se desmentían constantemente.