El Banco de España investiga a la familia de los exconsejeros de la CAM

ALICANTE.- El Banco de España ha contratado a una consultora internacional para que investigue a varios exconsejeros y directivos de Caja Mediterráneo (CAM), así como a sus familiares directos, según explicaron el miércoles ante el juez dos de los máximos responsables del servicio de Inspección del regulador, Pedro González y Ángel Rico, y recoge Abc.

Aunque esta investigación se ha hecho extensiva a los 49 ex altos cargos de la CAM expedientados, sus conclusiones no han sido incorporadas al expediente disciplinario instruido por el Banco de España. Por tanto, los afectados desconocen los extremos del escrutinio al que han sido sometidos, y no han tenido la posibilidad de rebatir sus conclusiones.

Así se desprende de la declaración que Pedro González y Ángel Rico prestaron el miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, como imputados por un presunto delito de falsedad documental a raíz de la querella que ha interpuesto contra ellos el presidente de la comisión de control de la CAM, Juan Ramón Avilés.

Ante el juez, Pedro González confirmó que tras la interposición de la querella el Banco de España inició una investigación sobre Avilés «y sus familiares más directos». Ante el riesgo de que esta medida fuera interpretada como una represalia contra el querellante, González añadió que la investigación no ha afectado sólo a Avilés sino a «todos los órganos de la CAM, como es habitual en estos casos». Por su parte, Ángel Rico especificó que el Banco de España «ha encargado a una consultora de nivel internacional un informe sobre todos los expedientados».

Según las fuentes consultadas por Abc, técnicos de la consultora británica PricewaterhouseCoopers han inspeccionado durante varios días los ordenadores de numerosos altos cargos y empleados de Caja Mediterráneo, incluyendo a jefes de servicio y directores territoriales. Estos técnicos realizaron un volcado completo del disco duro de los ordenadores investigados, con el fin de poder analizar posteriormente su contenido.

Por tanto, esta indagación ha sido más amplia que la desarrollada, también por encargo del Banco de España, por la consultora Deloitte, que rastreó el correo electrónico corporativo de varios ex altos cargos de la caja, como el ex director general Roberto López Abad, para detectar posibles irregularidades en la gestión de la empresa participada Valfensal.

De hecho, durante su declaración como imputados ante el juez, Pedro González y Ángel Rico hicieron uso de una amplia información sobre los movimientos de cuentas de las empresas vinculadas a la familia de Juan Ramón Avilés, así como sobre los créditos que dichas sociedades han recibido de otras entidades financieras. Datos, todos ellos, que son ajenos al propio expediente disciplinario instruido por el Banco de España. Ante el juez, ambos inspectores reconocieron que las dietas cobradas por los miembros de la comisión de control de CAM habían sido aprobadas por los órganos competentes.

No obstante, Pedro González sostuvo que Juan Ramón Avilés incurrió en un «fraude de ley» porque «no figura en ningún acta» el cobro de comisiones por parte de los miembros de la comisión de control de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).

Manrique: Del Rivero "complicó" a Sacyr la refinanciación de la deuda de Repsol

MADRID.- El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha asegurado que el consejo del grupo "apartó de su responsabilidad" al expresidente Luis del Rivero en octubre de 2011 ante las "graves consecuencias" que podía acarrear la "insostenible estrategia" que mantenía para refinanciar los casi 5.000 millones de euros de deuda asociada a la participación del 20% que tenía en Repsol.

   Según indicó, el expresidente no facilitaba al consejo de Sacyr información sobre el proceso, presentó "de forma sorpresiva" el acuerdo de sindicación con Pemex, "concitó la oposición de las entidades financieras e insistió en refinanciar todo el préstamo cuando los bancos indicaban que era imposible".

   El nuevo presidente argumentó que todo ello fue "agravando y complicando" el proceso y suscitando "cada vez más quejas de un mayor número de consejeros del grupo".

   Manrique dedicó parte de su primer discurso como presidente ante la junta de Sacyr a detallar el proceso y las causas que concluyeron en la destitución del murciano Del Rivero como presidente y en la venta de la mitad (un 10%) de la participación que la empresa tenía en la petrolera.

   En la asamblea estuvo presente el hijo del expresidente. Luis del Rivero hijo, que no intervino en la junta, indicó que había acudido "a título personal", en virtud del paquete de 8.000 títulos que tiene del grupo.

   De su lado, en su intervención, el nuevo presidente defendió la venta de acciones de Repsol como "necesaria e inevitable". "Se realizó en las mejores condiciones posibles, dadas las circunstancias, y permite a Sacyr afrontar el futuro con garantías", aseveró.

   Asimismo, Manrique garantizó que "ahora, el consejo de Sacyr está en unidad, entendimiento y cohesión, volcado en el desarrollo de los negocios tradicionales de la compañía".

   El presidente indicó que la actual estrategia de Sacyr en Repsol pasa por "contribuir al fortalecimiento del balance" del grupo constructor.

   "Para ello, nos mantenemos como un socio leal, apoyaremos al consejo y una adecuada política de retribución al accionista", indicó, pese a asegurar que el actual y previsto dividendo de Repsol permite a Sacyr "atender con holgura el servicio de la deuda de unos 2.400 millones de euros, el 27% del total de 8.820 millones que sumaba a cierre del pasado mes de marzo.

   En cuanto a lo acontecido en Sacyr en 2011, Manrique relató que la "falta de información clara y documental de Del Rivero sobre el proceso de refinanciación de la deuda iniciado a comienzos de año empezó a producir quejas cada vez más relevantes por cada vez mayor número de consejeros del grupo.

   "Ante las insistentes peticiones de información de los consejeros sobre el proceso de reestructuración de la deuda vinculada a Repsol, Del Rivero contestaba con evasivas y posponiendo las soluciones", apuntó.

   "Según pasan los meses, la falta de información agrava la situación cuando la refinanciación es cada vez más urgente (el préstamo vencía el 21 de diciembre de 2011), dadas además las circunstancias económicas y del mercado", añadió.

   "En tanto, en una reunión extraordinaria del consejo de administración celebrada en agosto presentó de forma sorpresiva un acuerdo con Pemex para sindicar acciones de Repsol que, según dijo el entonces presidente, facilitaría la refinanciación de deuda", relató Manrique.

   "Los hechos posteriores demostraron que no fue así, sino todo lo contrario", añadió. "Desde el acuerdo con Pemex hasta la destitución de Del Rivero, no sólo no se avanzó en la refinanciación, sino que se concitó la oposición de las entidades financieras", indicó mientras que, en tanto, "las quejas de los consejeros seguían creciendo".

   "Pese a todo ello, el presidente persistió en su actitud de refinanciar todo el préstamo de casi 5.000 millones de euros aunque las entidades financieras ya indicaron en septiembre que era muy difícil por no decir imposible", prosiguió.

   "Como consecuencia de todo ello, en octubre de 2011, en el ejercicio de su responsabilidad, ante las graves consecuencias que podría acarrear esta estrategia insostenible, el consejo de Sacyr decidió separar al presidente de sus funciones", explicó.

   Según argumentó Manrique ante la junta, esta decisión fue "necesaria para cambiar la estrategia y lograr refinanciar la deuda, aunque fuera de forma parcial". En este punto, detalló que entonces las entidades y sus asesores aconsejaron a Sacyr refinanciar parte del crédito y vender parte de la participación en Repsol.

   "La compañía y el consejo realizaron entonces todos los esfuerzos para cerrar la venta del 10% de Repsol, aún conscientes de la falta de tiempo de una venta de esta envergadura", continuó. "Con todo, se alcanzó un acuerdo con la petrolera para venderle dicha participación y refinanciar 'in extremis' el importe restante", concluyó.

Según el director del aeropuerto de Castellón, está vacío "como el Louvre por la noche"

VALENCIA.- El director del aeropuerto de Castellón, Juan García Salas, asegura, en un reportaje emitido por la televisión pública francesa France 2 que esta infraestructura está vacía "como puede estarlo (el Museo) del Louvre por las noches". 

   García Salas aparece en un reportaje de este canal galo, dedicado a la Comunidad Valenciana y en el que acompaña a los reporteros en una visita al aeropuerto castellonense.

   A la pregunta del periodista sobre si se trata de un "aeropuerto fantasma", el director contesta: "No, es un aeropuerto vacío actualmente como puede estar el Museo del Louvre por la noche". Añade que a veces recibe visitas y que "todo funciona pero lo que faltan son los permisos".

   El reportaje se hace eco también de la escultura de Ripollés "dedicada", dice, al hombre que impulsó el aeropuerto, en referencia al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.    

   Precisamente, el programa continúa con una visita a la Cámara de Comercio de Castellón, que actualmente preside Carlos Fabra. "Les gusta la Cámara, impresionante ¿no?. Es una de los mejores de España", asegura el también presidente provincial del PP, que añade que la ha hecho él.

   El expresidente de la corporación provincial se refiere asimismo al aeropuerto de Castellón, una infraestructura que define como "absolutamente necesaria".

 "Yo tomaría de nuevo la misma decisión, sin aeropuerto Castellón no tiene futuro económico", asevera.

   El reportaje se traslada seguidamente a la ciudad de Valencia, como "símbolo de una ciudad conquistadora, pero antes de la crisis de 2008".

   Los informadores franceses hacen un recorrido por el llamado 'autobús de la corrupción'. También visitan algunos lugares emblemáticos, como el estadio inacabado del Valencia CF, el circuito urbano de Fórmula 1, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

La Región lidera en abril el crecimiento de las exportaciones a nivel nacional con un + 63%

MURCIA.- La Región de Murcia lidera en abril, por cuarto mes consecutivo, el crecimiento de las exportaciones de mercancías, con una tasa de incremento del 63,5 por ciento con respecto al mismo mes del año 2011, de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Economía y Hacienda y el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

   Durante el pasado mes de abril, las empresas murcianas exportaron mercancías por valor de 723 millones de euros, siendo la Región de Murcia, con el 63,5 por ciento, la primera de las seis comunidades autónomas en las que las exportaciones crecieron. Le siguen Asturias, con un 38,1 por ciento, la Comunidad Valenciana, con un 8,1 por ciento, y La Rioja, con un 7,5 por ciento, frente al descenso de la media nacional en un 0,8 por ciento en tasa interanual.

   Según el consejero de Universidades, Empresa e Investigación, José Ballesta, "estos datos reflejan que el sector exterior se está convirtiendo en uno de los principales focos de crecimiento, de generación de riqueza y de creación de empleo en la Región de Murcia, por lo que esperamos concluir este año más que duplicando las cifras del año pasado, que ya fueron espectaculares, porque subimos con respecto a 2010 un 11 por ciento nuestras exportaciones".

   Además, estos datos del mes de abril confirman la tendencia que viene experimentando la Región de Murcia, en la que entre los meses de enero y abril de 2012, la cuantía de las exportaciones de las empresas murcianas ascendió a 2.893,2 millones de euros, lo que conlleva un incremento del 57,8 por ciento con respecto al mismo periodo de 2011. Este dato contrasta con la media nacional, en la que se ha producido tan sólo un incremento del 2,2 por ciento.

   En palabras del consejero José Ballesta, "nuestros empresarios han entendido que en estos momentos de crisis han de añadir a su estrategia comercial nuevos mercados en el exterior, porque nuestros productos tienen la calidad y la capacidad de competir con firmeza con cualquier otro producto que se produzca tanto en el ámbito nacional como internacional".

   Por último, estos datos ponen de manifiesto que el comercio exterior  de la Región de Murcia está creciendo a un ritmo mayor que en el resto de España, ya que no sólo han crecido las exportaciones, sino que también lo han hecho las importaciones, que en lo que va a de año aumentaron en un 36,4 por ciento.

   Por lo tanto, indica el Gobierno regional en comunicado, el saldo de la balanza comercial ha mejorado con respecto al año anterior en un 6 por ciento, lo que demuestra que la Región es capaz de cubrir sus importaciones con las exportaciones en mayor medida que el año pasado.

La Asociación 'No más ruido' anuncia que va a formular alegaciones a la ordenanza de terrazas

MURCIA.- El presidente de la Asociación 'No más ruido' de los barrios de San Nicolás, Santa Catalina y San Pedro de Murcia, Pedro Pérez Piernas, señala, en relación con la nueva ordenanza de terrazas proyectada por el Ayuntamiento de Murcia, y de acuerdo a las declaraciones de la concejala de Calidad Urbana, Ana Martínez Vidal, que van a formular "alegaciones al texto que inicialmente se apruebe". 

   Además afirman que el que se está manejando actualmente "no recoge ni una sola de las observaciones que hicimos al texto de la actual Ordenanza y, lo que es peor, introduce una serie de modificaciones que entendemos van a empeorar la situación de vecinos y del propio entorno urbano en el que se instalan las terrazas".

   Pérez Piernas considera que "son muchas las observaciones", aunque se señala "que no se excluya entre los negocios que pueden instalar terrazas a los bares con música; si estos establecimientos han de desarrollar su actividad con puertas y ventanas cerradas, no es legalmente viable que se les autorice a instalar terrazas en el exterior; es decir, que estos negocios deberían elegir entre música o terraza, pero no es posible tener las dos cosas".

   Apuntan también la "no exigencia de la licencia de actividad y apertura previa", explicando que "si estamos ante actividades que están sometidas a informe de calificación ambiental y que han de contar con licencia previa, no entendemos que no se exija su concesión para autorizar la instalación de terrazas en espacios públicos abiertos, donde las molestias pueden ser mayores".

   "Una simple declaración responsable -añade- no es lo mismo, evidentemente, y si es necesaria licencia es este documento el que hay que acompañar a la solicitud. Por tanto, nos podemos encontrar con que se esté autorizando la terraza a un establecimiento que no tiene licencia para ejercer la actividad".

   Denuncian también tema de los horarios ya que "hay una pequeña corrección del texto vigente ya que se prevé un horario de invierno (de octubre a marzo) en el que se reduce en media hora el horario máximo de cierre, pero sigue siendo demasiado tardío, tanto en invierno como en horario de verano -cuando realmente funcionan todas las terrazas- al permitirse cerrar a la 1.30 horas de lunes a jueves, y a las 2.00 el resto de días y vísperas de festivos".

   Considera que "a esas horas lo normal es que el conjunto de los vecinos que vivimos en estos barrios llevemos bastante tiempo tratando de dormir y descansar; además, se quiere introducir una pequeña modificación en la regulación de los horarios que permitiría poder instalar la terraza antes de las 9.00 horas, que es lo vigente actualmente".

   "Estos horarios pueden ser modificados mediante Decreto atendiendo, entre otras circunstancias, al carácter residencial del entorno, pero esta es simplemente una facultad en manos del Ayuntamiento, también prevista actualmente y no aplicada".

   Por otro lado, critican que "no se establece ningún tipo de exigencia sobre los materiales a emplear y que esté directamente dirigida a reducir el ruido".

   El presidente de la asociación también explica que "se establece que las autorizaciones se entenderán siempre referidas a una superficie máxima ocupable, sin contemplar, además, una limitación en cuanto al número de mesas y sillas autorizadas".

   "Evidentemente, -afirma- con esta redacción las terrazas pueden ser objeto de un uso muy intensivo, como si fueran merenderos, con mesas corridas y plagadas de sillas a un lado y otro, o zonas cóctel, donde la gente puede estar apiñada de pie en torno a mesas tipo velador, y en estas condiciones cuanta más gente más ruido".

   Por otra parte, la asociación 'No más Ruido', hace críticas también respeto al entorno; y es que afirman que "los 'Planes de Ordenación de usos de espacios públicos en plazas y lugares singulares' se siguen contemplando como instrumentos meramente facultativos".

   Además afirma que "del texto actualmente vigente se suprimen algunos elementos a considerar, de gran relevancia, como son las medidas de evacuación, el carácter más restrictivo de las condiciones, o la necesidad de considerar las características del entorno, mobiliario urbano y sus usos".

   Pedro Pérez considera que "estos Planes son fundamentales para una correcta aplicación de la Ordenanza, como se ha hartado de subrayar la concejala, por lo que no entendemos que no se establezcan como obligatorios y que se diluya su contenido".

   Por otra parte, habla también de que "la regulación del supuesto de que la terraza pueda menoscabar a un Bien de Interés Cultural empeora la redacción actual y en la práctica no va a servir para proteger esos Bienes".

   "La regulación que se hace de toldos, parasoles y sombrillas suprime muchas de las condiciones actualmente vigentes y legaliza muchos de los abusos e inconvenientes que ahora se están produciendo por la permisividad municipal, especialmente por lo que se refiere a los toldos, que son elementos cuya autorización tenía anteriormente un carácter restrictivo que ahora desaparece, a pesar del enorme impacto que tienen en los sitios donde se emplazan, en viviendas y en negocios cercanos".

   Además, añade Pérez Piernas, "en el caso de que se apoyen en propiedad privada ya no se exige acreditar el permiso de los propietarios, lo que puede dar lugar a que el Ayuntamiento consienta algo prohibido e ilegal, otra vez; se suprime la exigencia de una distancia mínima de 3 metros de los toldos a fachada, y ahora, igual que las sombrillas, podrán estar a tan solo 1,50 metros"

   Consideran que "esta proximidad puede causar problemas en las viviendas y negocios cercanos y se ha suprimido la prohibición de su utilización en horas comerciales por lo que pueden afectar a la visibilidad de escaparates vecinos o en entornos en los que puedan afectar a sus condiciones estéticas; incluso se han suprimido las restricciones en su autorización y la necesidad de ajustarse a los criterios urbanísticos vigentes cuando se quieran situar en conjuntos históricos".

   Por todo esto, la Asociación 'No más ruido' de los barrios de San Nicolás, Santa Catalina y San Pedro de Murcia afirma no entender "las prisas por aprobar la ordenanza en estas condiciones, sin tener en cuenta la opinión y los derechos e intereses de los vecinos, y aunque siempre queda la vía de la alegación y, en última instancia, la vía judicial, creemos que es preferible que estos asuntos, que pueden afectar al bienestar de las personas y a nuestra ciudad, sean objeto de una mejor elaboración", concluye su presidente.

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región aumentan un 2,19% en mayo y se sitúan en 83.953

MURCIA.- El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia alcanzó los 83.953 en abril, lo que supone un aumento del 2,19 por ciento con respecto al mismo mes de 2011, según informó este jueves el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

   De esta forma, el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia registró un aumento en mayo de 1.801 personas, frente al crecimiento del 1,83 por ciento registrado en el conjunto nacional.

   En lo que va de año el número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región decreció en 2.514 personas, lo que supone un descenso del 2,91 por ciento con respecto al año anterior.

   Del total del número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Murcia, 76.000 pertenecen al Régimen General, 5.093 al Régimen de Autónomos, 2.714 al Régimen del Hogar (en extinción), 145 a Trabajadores del Mar, ninguno a Minería y Carbón.

   En el caso concreto del Régimen General, está integrado por el sistema especial agrario, con 45.549 trabajadores; el régimen de Empleadas del Hogar, con 2.813 ; y el general, con 27.638.

   Además los datos revelan que, del total de extranjeros afiliados a la Seguridad Social de Murcia, 13.326 de ellos proceden de la Unión Europea y el resto, 70.627 son extracomunitarios.

   En el conjunto del país, la Seguridad Social ganó 31.264 cotizantes extranjeros en mayo, un 1,8% en relación al mes anterior, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.739.843 ocupados, informó el Ministerio de Empleo, que atribuyó este incremento de la ocupación extranjera a las campañas agrícolas y a la temporada turística.

   Con el ascenso de mayo, el sistema de la Seguridad Social encadena tres meses de crecimiento de afiliación extranjera tras ocho meses de descensos consecutivos. Del total de inmigrantes en alta al finalizar mayo, 1.420.433 cotizaban al Régimen General; 215.050 al de Autónomos; 98.823 al del Hogar; 4.939 al del Mar, y 598 al del Carbón.

   En el último año, un total de 103.501 extranjeros se han dado de baja al sistema, lo que supone un descenso en tasa interanual del 5,61%, frente al -3,39% del conjunto del sistema. Según Empleo, este dato demuestran que la pérdida de empleo está teniendo un mayor impacto sobre los trabajadores inmigrantes que sobre los nacionales.

La socialista Rosique dice que "cuanto más crece la pobreza en Murcia, más recortes plantea el Gobierno en protección social"

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, junto con la diputada, Teresa Rosique, han comparecido esta mañana en la Asamblea Regional para hablar sobre los proyectos de ley del Gobierno que afectan en las cuantías a los servicios sociales y a la política social, asegurando Retegui que la Ley de Acompañamiento "es la vía que ha encontrado el Gobierno para modificar decretos y normas que antes daban seguridad".

   Por su parte, Rosique ha añadido que "cuanto más crece la pobreza en la Región de Murcia, más recortes plantea el Gobierno en protección social".

   García Retegui ha dicho respecto a discapacidad, dependencia y servicios de atención primaria, que los ayuntamientos "colaboraban en un 65%, siendo Murcia la Comunidad que menos paga en este sentido del conjunto de España".

   Y ve "injusto" que la Comunidad apruebe "un recorte en el 30% del dinero que van a mandar en 6 meses a los ayuntamientos, cuando éstos son los que más dinero tienen que poner para los servicios", por lo que "los ayuntamientos tendrán que incrementar de una forma importante sus partidas para seguir manteniendo estos servicios".

   Según Retegui, "respecto a la Ley de acompañamiento, el Consejo Jurídico ha indicado que la modificación de decretos regionales tiene que ver con compromisos suscritos con el conjunto del Estado y con Comunidades Autónomas".

   Así pues "se reducen las ayudas, el Gobierno pretende ampliar el copago, y lo introduce donde no había copago antes", con lo que "todos los servicios sociales tienen copago".

   Por su parte, Rosique ha dicho que el Gobierno "incumple la Ley regional de servicios sociales", pues el Consejo Regional de Servicios Sociales y consejos sectoriales tienen que reunirse antes de que el Gobierno remita a la Asamblea el proyecto" y que "el Consejo Jurídico así lo denuncia".

   Por lo tanto "se atacan los derechos de los más vulnerables, personas con discapacidad, y personas mayores", que "no han tenido la oportunidad de poder opinar y conocer la modificación que el Gobierno Regional ha preparado", suscitando con ello "una inquietud tremenda ante los recortes que se plantean por parte de colectivos dedicados a la discapacidad, que han salido denunciando esta situación".

   Según Rosique, "los recortes son en prestaciones básicas de servicios sociales, que afectan a los ayuntamientos, que sufren un recorte cuando son la primera puerta por la que el ciudadano accede a los servicios sociales".

   "Otro eje donde recae el recorte, es en personas con discapacidad, trastornos mentales, mayores, con los programas de inserción", donde se ha advertido "que las asociaciones pueden dejar de prestar servicios".

   También ha hablado la diputada socialista de "recortes en ayudas y proyección social", donde hay que estar "alerta con los índices de pobreza en la Región", "que alcanzan hasta el 37% de la población", y donde se necesitan "políticas de inserción y renta básica de inserción".

   Rosique ha matizado que "el Gobierno se está alejando al incumplir los acuerdos", y que esto supone "discriminación de las personas con dependencia en Murcia, con respecto a otras comunidades". Con las modificaciones que plantea la Ley "ahora afecta al plazo de resolución de los expedientes, que antes era de seis meses desde la solicitud hasta el acceso a las prestaciones, que ahora es de 12 meses".

   De igual forma "el copago se eleva en el servicio de residencia que tenía un máximo del 90% de la renta, y ahora se llega hasta el 100% para una plaza", o que antes había que reservar el 10% de la renta de la persona, lo que suponían unos 120 euros, y ahora se baja".

   Rosique ha continuado diciendo que "en ayuda a domicilio se eleva la cuantía del servicio hasta un 150% se eleva por servicio", y que por lo tanto consideran "inaceptables los recortes que plante el Gobierno regional", y que van a presentar "enmienda a la totalidad y enmiendas parciales a la Ley".

   Por otro lado, Retegui ha querido añadir para finalizar que "el dinero se puede sacar de otro lado", sobre todo ahora que "la Comunidades Autónomas pueden poner impuestos a las grandes superficies, como ha sentenciado el Tribunal Constitucional", o que "el festival SOS 4.8 vale más que muchas prestaciones sociales, lo cual supone un disparate".

IU-Verdes denuncia que el PP "da la espalda" a las personas con discapacidad

MURCIA.- La responsable de Política Social de IU-Verdes, Adoración Peñas, ha dicho hoy que el cierre de la Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos (FAMDIF) por los recortes presupuestarios del Gobierno regional son "muestra" de que el PP "da la espalda" a este colectivo.

   Peñas ha indicado que el Gobierno regional ha "incumplido" el compromiso que adquirió con FAMDIF en 2010 para garantizar la financiación y continuidad de esta federación, y ha asegurado que "estamos en el principio de un efecto dominó" que traerá consecuencias "muy negativas".

   "Los principales afectados por las decisiones de los Gobiernos de Valcárcel y Rajoy son los usuarios de los servicios que dejan de recibirlos, y los profesionales que los han llevado a cabo hasta ahora, soportando condiciones laborales y salariales más que cuestionables".

   A su juicio, "las asociaciones pertenecientes a FAMDIF, que gestionaron de forma casi unilateral con el Gobierno regional, desmarcándose del resto de entidades que conforma la red de política social, han visto como el PP no tiene en consideración los acuerdos adoptados y obliga a esta federación a que abandonen años de lucha y trabajo".

   Al respecto ha señalado que "ni siquiera Violante Tomás, diputada del PP, cuya procedencia deriva de federaciones de discapacitados, y que es responsable de la comisión parlamentaria de discapacidad, ha sido capaz de velar por los intereses de este colectivo social".

Los discapacitados murcianos pagan la sectaria gestión pública de Valcárcel

MURCIA.- La Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica FAMDIF/COCEMFE-Murcia, que en 2010 prestó asistencia a más de 8.200 personas con discapacidad para lograr su inserción y normalización social, ha alertado que se verá obligada a desaparecer "de forma inmediata" y, por tanto, a dejar de prestar sus servicios, como consecuencia del recorte del 54 por ciento de los fondos que recibe de la Comunidad Autónoma.

   En concreto, la Federación se vería obligada a eliminar los servicios de información y asesoramiento técnico, atención psicológica, ayuda a domicilio, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, escuelas de familia, talleres formativos, respiro familiar, y actividades de tiempo libre que actualmente presta directamente a estas 8.200 personas con discapacidad, pero de las que se benefician indirectamente 40.729 personas de la Región.

   Y es que FAMDIF contaba con una partida presupuestaria de 650.000 euros en 2011, y los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma aprobados en la Asamblea Regional para 2012 contemplaban una partida presupuestaria de 535.000 euros, lo que representaba un 18 por ciento de recorte. Seis meses después, la Administración regional ha anunciado un recorte más drástico del 54 por ciento con respecto a 2011, con lo que la subvención total será de 300.000 euros.

   Estos 300.000 euros se tendrán que repartir entre las 17 asociaciones de personas con discapacidad que componen FAMDIF, según ha informado en rueda de prensa la presidenta de la Federación, Carmen Gil Montesinos, quien ha mostrado su indignación y se ha preguntado a qué representantes políticos "se le ha hecho un porcentaje de recorte del 54 por ciento" como el que se le ha hecho a FAMDIF.

   Ha señalado que la importante reducción prevista en la partida presupuestaria nominativa para el mantenimiento de las 17 entidades, si llegara a aprobarse, supondría no sólo la supresión de los servicios que se prestan a las personas con discapacidad, sino que también conllevaría el despido de más de 50 profesionales, el cierre de las asociaciones y la desaparición del movimiento asociativo de las personas con discapacidad física y orgánica.

   Asimismo, ha explicado que este recorte "va a suponer la desaparición inmediata tanto de la Federación como de sus asociaciones y, por tanto, de los servicios que prestan, de los que se vieron beneficiados durante el 2010 un total de 40.792 personas de la Región de Murcia".

   Actualmente, Montesinos ha recordado que la Federación y sus asociaciones cuentan con 6.500 socios, y las atenciones directas que realizaron durante 2011 para normalizar la vida de los discapacitados beneficiaron a más de 8.200 personas con discapacidad física y orgánica y a sus familias, independientemente de que fueran asociados o no.

   Para la prestación de estos servicios, Montesinos ha explicado que FAMDIF tiene contratados a más de 50 trabajadores profesionales, entre psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, educadores, y logopedas, entre otros, todo ello "sin olvidar los 350 voluntarios que son imprescindibles para poder llevar a cabo nuestro trabajo".

   Ha recordado que las asociaciones de FAMDIF comenzaron su labor de forma voluntaria hace 30 años, sin contar con infraestructura y sin profesionales. Actualmente, dispone de 20 centros, una oficina técnica de accesibilidad, dos centros de día y tres centros especiales de empleo de los que se ve obligado a "entregar las llaves" a la Comunidad por no poder hacer frente a los gastos que suponen.

   Montesinos ha reivindicado que los servicios prestados por las asociaciones de FAMDIF de forma directa a las personas con discapacidad física y orgánica "son fundamentales para mejorar su calidad de vida" en tanto en cuanto "la Administración regional no los cubre" y recurre a las asociaciones para tener que pagar "un coste muy inferior al que supondría".

   La Comunidad, que saldó con FAMDIF el pasado mes de marzo el pago de las subvenciones correspondientes al 2011, ya recortó un 40 por ciento su aportación a la Federación en el año 2010 y, desde entonces, ha aplicado "importantísimas mermas". Por ello, FAMDIF ha tenido que hacer "un esfuerzo muy importante, tanto económico como humano y material para poder sacar sus proyectos adelante".

   Montesinos también ha lamentado que el recorte llegue seis meses después de la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad, porque las asociaciones que componen la Federación habían comenzado a trabajar en 2012 con la previsión de que iban a recibir los fondos comprometidos, por lo que el dinero que ahora se recorta "ya está gastado".

   Por este motivo, FAMDIF lamenta que el recorte "se tenía que haber comunicado antes", porque ahora las asociaciones tienen que afrontar una situación de "falta de liquidez", así como el pago de préstamos y créditos ICO que habían solicitado en base a la previsión de que iban a contar con las aportaciones económicas que ahora se suprimen.

   FAMDIF, que recibió el anuncio del recorte hace menos de 24 horas, ha venido manteniendo reuniones desde junio de 2011 con representantes del Gobierno de la Región de Murcia, como el propio presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, la consejera de Sanidad y Política Social, María Ángeles Palacios, y con el consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal.

   En todas estas reuniones, FAMDIF ha recibido un mensaje de tranquilidad por parte de la Administración regional, "asegurándonos y reconociéndonos la importante labor del trabajo que venimos realizando para las personas con discapacidad física y orgánica". La Comunidad insinuaba en estos encuentros que podría haber algún tipo de recortes, algo que FAMDIF considera obvio, pero entiende que la reducción finalmente aplicada "está fuera de lugar".

   Montesinos ha señalado que quienes componen FAMDIF se sienten "realmente engañados", por lo que ha expresado a la sociedad murciana su "protesta e indignación" ante los nuevos recortes, recogidos en el proyecto de ajuste presupuestario de la Comunidad Autónoma de Murcia para 2012.

   La presidenta de FAMDIF ha explicado que la Comunidad puede decir que se han incrementado las partidas destinadas para la discapacidad, pero ha puntualizado que, en todo caso, se aumentan los presupuestos para las personas con discapacidad dependientes, pero no para las personas que tienen discapacidad y que cuentan con su autonomía personal, y que "desean y tienen el derecho de evitar la dependencia". A este respecto, ha insistido en que la dependencia "no es igual a la discapacidad".

   De momento, la Federación sólo ha transmitido la situación a los asociados, pero no ha establecido un calendario de actuaciones, aunque han previsto una reunión "en breve", donde los presidentes de todas las asociaciones van a acordar las medidas de protesta a llevar a cabo frente a esta situación.

   No obstante, la Federación ya ha solicitado una nueva reunión con Valcárcel, y está a la espera de que la propia Consejería de Sanidad y Política Social les llame para plantear una propuesta real, aunque Montesinos explica que el margen de actuación es limitado, porque el recorte se prevé aprobar el próximo martes en la Asamblea.

   Montesinos ha remarcado que el espíritu de voluntariado de las personas que componen FAMDIF "está más fuerte que nunca", por lo que continuarán "sin descanso" porque ellos "sí que creen en lo que están haciendo".

 "Nosotros queremos integrar a nuestros hijos, a nuestras familias y nuestros afectados, y eso no nos lo va a parar nadie", advierte.

Bernal sentencia

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ha dejado claro que el Gobierno regional "tiene pendiente un diálogo con Famdif y cualquier otra organización que sienta que no está teniendo el tratamiento que merece".

   Precisamente, la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica Famdif/Cocemfe-Murcia, que en 2010 prestó asistencia a más de 8.200 personas con discapacidad para lograr su inserción y normalización social, ha alertado que se verá obligada a desaparecer "de forma inmediata" y, por tanto, a dejar de prestar sus servicios, como consecuencia del recorte del 54 por ciento de los fondos que recibe de la Comunidad.

   En este sentido, Bernal ha dejado claro que "no hay excepciones, y las organizaciones de economía social, el mundo educativo, de la agricultura, el sanitario, de las universidades y la dependencia, todo el mundo tiene su queja de que no recibe lo que querría".

   Con esta situación, ha destacado que se está con un Plan de Reequilibrio que, según ha reconocido, "es muy severo y comporta muchos sacrificios absolutamente para todos los sectores sociales y económicos".

   Aunque ha dicho entender su protesta, ha manifestado que "ésta es la única solución, ya que no tenemos capacidad de elección".

 "Tenemos que reconducir nuestro presupuestos, porque no podemos sostenernos en una situación en la que no podíamos pagar nuestras facturas".

   "Tenemos que ser conscientes de que estamos ante una situación muy difícil, que exige que hagamos una reordenación de nuestro presupuesto, buscar la sostenibilidad presupuestaria, porque de no ser así no volverá a haber crecimiento ni creación de empleo", ha concluido.