La Transición ha muerto y el bipartidismo se acabó. Todo esto ya está en
la Historia reciente de España con sus luces y sombras y no hay vuelta
atrás. Por ello las reglas del juego político que alumbraron los pasados
años no sirven para el tiempo nuevo que está en marcha tras las
elecciones generales del 20-D. Las que ha dibujado un mapa político
innovador que algunos consideran inviable porque están empeñados en
aplicar a la nueva situación las prácticas de la vieja política. La que
ya no sirven para nada porque España ha cambiado, y algunos todavía no
se quieren enterar para, entre otras cosas, salvar sus privilegios.
Para
no perder tiempo, he aquí un ejemplo de acuerdo para una ‘gran
coalición’ entre el PP y PSOE y con apoyo de Ciudadanos: se pactaría la
investidura por dos años de un presidente próximo al PP y sin exceso de
protagonismo en los últimos años, con experiencia en la economía y la
política nacional e internacional, por ejemplo: Josep Piqué; y a mitad
de legislatura se da paso con su investidura a otro presidente del PSOE
por otro dos años que reúna cualidades similares a las mencionadas, como
podría ser el caso de Josep Borrell.
Curiosamente dos políticos de Estado, catalanes, claros defensores de
la unidad de España con excelentes currículums nacionales e
internacionales. Dos políticos, que hoy están en un segundo plano, que
podrían pactar un programa de gobierno y de reformas democráticas como
las que necesita el país. En Italia este modelo se ensayó y triunfó en
la persona de Mario Monti, entonces ¿por qué en España no se puede hacer
algo así?
Y esta propuesta que aquí hacemos es solo un buen ejemplo -puede
haber otros- de lo que se podría hacer con una nueva política para un
tiempo nuevo como el español. Se trataría de abrir un paréntesis en la
legislatura 2016-2020 para culminar una reforma democrática y una vez
concluida dar paso a nuevos y jóvenes dirigentes políticos que son
posteriormente los que deben liderar la segunda Transición.
Hace falta imponer, pues, una cultura democrática nueva, audaz e
imaginativa, al estilo de las grandes democracias de nuestro entorno
europeo. Dejando atrás el modelo partitocrático, autocrático y muchas
veces corrupto de los últimos años. Pero en el corto plazo que tenemos
ante los ojos atónitos de los españoles vayamos al fondo de la cuestión:
¿cómo van a pactar un gobierno de coalición nacional Mariano Rajoy y
Pedro Sánchez tras su brutal desencuentro político durante la pasada
legislatura, sus mutuas acusaciones de corrupción y cuando solo hace
días que, ante toda España y durante el debate electoral televisado, se
acusaron mutua y personalmente de ser ‘deshonestos y miserables’?
Los dos, Rajoy y Sánchez, han tenido un pésimo resultado electoral y
justo es que en la noche del 20-D hubieran anunciado su dimisión en la
cúpula de sus respectivos partidos. Tal y como ocurre en la UE en casos
similares. Pero no, ahí siguen atrincherados los dos y ello impide, y
nos parece lógico, cualquier tipo de acuerdo entre perdedores que además
están enfrentados en todo y hasta en lo personal.
Y ¿qué se puede hacer en estas circunstancias? En vez de jugar el uno
y el otro al escondite, intentar permanecer en sus cargos y buscar
pactos contra natura en lo programático, ideológico e institucional,
como lo sería el acuerdo del PSOE con Podemos?
Pues se pueden hacer muchas cosas si hay voluntad política y algo de
responsabilidad. En primer lugar Rajoy -que es el ‘abuelo’ del PP con
responsabilidades en los casos de corrupción- debe retirarse de la
presidencia del PP y no optar, como pretende, a presentarse a unas
elecciones generales ¡por quinta vez!, si se adelantan los comicios al
mes de mayo. Su marcha es esencial para renovar el PP y favorecer
acuerdos de gobernabilidad con el PSOE y Ciudadanos pero con otros
protagonistas al frente del PP.
Y lo mismo debe hacer Pedro Sánchez que ha hundido el PSOE más de lo
que ya estaba y a pesar del batacazo del PP. Y que corre el riesgo de
convertir el PSOE en un PASOK a la griega tras la senda que, con tanto
entusiasmo, inauguró Zapatero en 2011. Sobre todo si finalmente se
convocan nuevas elecciones generales en mayo y Podemos se apodera del
casi millón de votos que IU sacó el 20-D, lo que sería bastante fácil
que se convirtiera en una realidad.
De manera que punto final a la vieja política y a los que han
enterrado el bipartidismo en las elecciones del 20-D, con pésimos
resultados y peores maneras, como ocurre con Sánchez y con Rajoy. Y vía
libre a la nueva política con una gran coalición presidida por políticos
limpios, con experiencia y preparación para llevar a cabo las reformas
que nos conduzcan a la nueva transición. Piqué y Borrell son buenos
ejemplos que debíamos recuperar para liderar el tiempo nuevo y la
innovación. Una legislatura de trámite y ‘constituyente’ como la que
necesita este país.
Propuestas de reformas democráticas para la segunda Transición
En cuanto a las grandes reformas democráticas que se deberían poner
en marcha, adjuntados a continuación un decálogo de propuestas que desde
República.com consideramos útiles y necesarias para el inicio de la
segunda transición, y que por supuesto son debatibles, ampliables y
mejorables pero que, en nuestra opinión, pueden ayudar a orientar el
cambio político que acaba de comenzar.
1. Ley Electoral y pacto económico y social. Urge la
reforma de la ley electoral, en favor de un modelo que prime la
representación directa de los ciudadanos y la elección directa y por su
nombre de principales gobernantes y representantes de la vida pública:
Jefe del Ejecutivo, Alcaldes y Presidentes autonómicos, parlamentarios y
concejales. España es el único país de nuestro entorno que no elige
directamente a ¡ninguno! de sus gobernantes y representantes dado que
todo pasa por las listas cerradas de los partidos). Son muchas las
modalidades posibles y entre ellas, como se ha hecho en otros países
europeos, se puede incluir normas que faciliten la estabilidad y
gobernabilidad del país (elecciones a dos vueltas, o una prima de
escaños para el partido ganador, etcétera).
La reforma de la ley electoral ha de ser acompañada de un gran pacto
nacional por la recuperación económica y el empleo en la legislatura
2016-2020 con el objetivo de garantizar, en un ámbito de estabilidad
económica y social, la elección de unas Cortes Constituyentes –que no
existieron al inicio de la Transición- representativas del conjunto de
la ciudadanía y ajenas a las que se derivan del actual modelo
oligárquico y partitocrático.
2. Reforma Constituyente. Concluida la reforma
electoral y pactado el modelo para la recuperación de la economía y el
empleo, el Gobierno disolverá las Cortes y convocará elecciones
“constituyentes” para la reforma de la Constitución de 1978 y su
aprobación en Referéndum, en el que, además de la Carta Magna, se deberá
de incluir una pregunta expresa sobre la elección de la forma del
Estado, entre la Monarquía y la República.
3. Separación de los Poderes del Estado. El nuevo y
futuro texto constitucional debe garantizar la separación de los tres
poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que en la
actualidad está reducida a la simple separación de sus funciones, para
que de ello resulte el equilibrio y el control democrático de todos los
poderes públicos y ahí incluido el llamado ‘cuarto poder’ relativo a los
medios de comunicación públicos y privados.
El Estado, y el Gobierno velarán por la independencia y viabilidad
del pluralismo informativo y libertad de expresión en medios públicos y
privados, las redes sociales y los sistemas multimedia que se derivan de
las nuevas tecnologías. Garantizando el reparto equitativo de toda
publicidad institucional con los criterios de difusión, cultura y
calidad.
Los medios de comunicación del Estado no pueden estar controlados por
los gobiernos de turno y sus responsables y directivos han de acreditar
su independencia y valía profesional. Los grandes grupos de
comunicación, que disfrutan de concesiones del Estado no podrán
especular con las concesiones públicas que volverán al Estado en el caso
de que cese su explotación, por lo que no podrán ser vendidas o
alquiladas a terceros.
4. La Justicia. En la reforma se ha de incluir la
independencia de los órganos rectores del Poder Judicial mediante su
elección -con muy exigentes criterios de calidad, preparación y de
experiencia- por el conjunto de los cuerpos jurídicos del Estado. Y sin
injerencia en este proceso de los poderes Ejecutivo y Legislativo (que
al día de hoy son la misma cosa). Y poniendo fin a la dualidad y
contradicción permanente entre los más altos tribunales del Estado,
Constitucional y Supremo, revisando la situación de los Tribunales
Superiores autonómicos y las competencias de la Audiencia Nacional. Y
garantizando la autonomía del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del
Estado.
5. El presidencialismo. La separación de los poderes
Ejecutivo y Legislativo es la más compleja y requiere del modelo
Presidencialista, para que el Jefe del Ejecutivo –con la Monarquía o con
la República- sea elegido directamente por los ciudadanos de manera
‘mayoritaria’ y con sufragio universal (a dos vueltas, si nadie obtiene
la mayoría absoluta en la primera votación), lo que implicará la
participación de todos los españoles en el nombramiento del Jefe del
Ejecutivo. La consecuencia de ello obliga el Presidente y jefe del
Ejecutivo deberá de constituir un Gobierno –con o sin Primer Ministro-
con el apoyo de su partido, o con coaliciones afines, e incluso con
partidos de ‘su’ oposición siguiendo el modelo de lo que se ha llamado
en Francia la ‘cohabitación’.
En otras elecciones y fecha distinta, estas sí legislativas, se
votarán a los representantes del Parlamento bajo la normativa de la
nueva ley electoral con una sola Cámara legislativa, el Congreso de los
Diputados, mientras el Senado deberá convertirse en solo Cámara
territorial.
6. Presidencialismo y La Corona. El modelo
presidencial constituye además, en lo que afecta a La Corona, un modelo
de estabilidad que permitiría a la Monarquía asumir funciones de
representatividad en lo que a la Tradición e Historia española se
refiere. Además de funciones representativas –no ejecutivas- en el
Ejército y en la Diplomacia y de manera especial en América. Asimismo,
habrá que regular por ley las funciones del monarca y el estatus de la
Corona y la Familia Real, la igualdad de los derechos sucesorios entre
el hombre y la mujer y lo relativo a posibles casos de Regencia o
Abdicación.
7. El Parlamento. El Congreso debe garantizar el
derecho a la palabra y libertad de voto de los diputados con un nuevo
Reglamento que de verdad impida -no como ahora ocurre- ‘el mandato
imperativo’ de los jefes de los partidos. Asimismo el Parlamento tendrá
las garantías, al margen de la mayoría gobernante, de investigación
independiente de cuestiones como la corrupción o presuntos abusos de los
gobernantes.
Y se exigirá a representantes y gobernantes la asunción y depuración
de sus responsabilidades políticas al margen de las administrativas y
judiciales (un código de ética política). Se eliminarán los aforamientos
masivos de parlamentarios y altos cargos, con la excepción de algunos
que afectan a la figura del Rey (sin inviolabilidad), Jefe del Ejecutivo
y ministros en ejercicio.
8. Partidos y calidad de los gobernantes. Los
Partidos deberán con la reforma de la Ley de Partidos reformar su
organización democrática, dando paso a unos procesos de elección directa
por sus bases de los dirigentes y los candidatos, para evitar abusos de
poder orgánicos y el control de compromisarios o grupos de presión. A
la vez se incluirán garantías de transparencia y el control de sus
órganos directivos y de sus finanzas.
Por otra parte, los miembros del Gobierno y altos cargos y
autoridades del Estado (Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, CNMV,
Banco de España y embajadores del ‘primer nivel’) deberán ser examinados
por una Comisión del Parlamento antes de asumir sus funciones para que
se que dictamine su idoneidad para el cargo. Ex ministros del Gobierno y
ex altos cargos de la Administración podrán trabajar, tras un largo
periodo de incompatibilidad como directivos y empleados en empresas de
su especialidad.
Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones
empresariales, las fundaciones y organizaciones privadas (como la
Iglesia Católica y otras religiones) que emanan de la sociedad civil no
podrán recibir la financiación del Estado (salvo en lo relativo a la
asistencia social y al patrimonio cultural) ni disfrutar de excepciones
en la fiscalidad.
9. El modelo territorial. Las Cortes Constituyentes
reformarán el vigente y ahora muy deteriorado modelo territorial y
autonómico del Estado sobre la base de la igualdad y la solidaridad. Así
como del pluralismo y las distintas identidades políticas y culturales
de cada región. Un debate al día de hoy muy complejo por errores
originales del modelo actual que debería incluir la reducción del número
de Autonomías –muchas impostadas- y su reubicación en el conjunto del
territorio nacional.
Asimismo se abordará la organización territorial del Estado relativa a
la Diputaciones, Provincias y circunscripciones electorales. Así como
la conversión del Senado en Cámara territorial y la revisión equitativa
del actual modelo de financiación autonómica. Ahí incluido el debate de
los fueros y el concierto fiscal de algunas autonomías, que están fuera
del ordenamiento jurídico de la UE y que, algunos casos y normas, rompen
el principio de igualdad y solidaridad.
La Constitución expresará que el Estado, y en su nombre el Gobierno
de la nación, no consentirán la deslealtad constitucional o el ataque a
la unidad nacional ni a los símbolos del Estado –que se han de pactar de
manera definitiva-, ni la violación de la legalidad por los gobernantes
nacionales, autonómicos o locales ni por cualquier institución, entidad
privada o persona física.
10. Universidad y la Alta Escuela. El acceso a la
enseñanza pública y a la Universidad debe garantizarse por el Estado de
manera gratuita y sin ventajas algunas para los colectivos sociales
económicamente más fuertes. Se deben recuperar cotas de máxima calidad
de Universidades españolas y de profesores y catedráticos, con unas
oposiciones justas. La investigación científica y tecnológica deben ser
prioridades de la acción docente, y la asignatura de Historia del país
debe ser única e inequívoca en el conjunto del Estado. El uso en público
y en privado y el aprendizaje del idioma español, o castellano, debe
ser obligatorio en la enseñanza y en las Administraciones, y ninguna
otra lengua cooficial puede imponerse como por encima de la lengua
oficial del Estado.
El Estado, en colaboración con las Universidades públicas y privadas,
españolas y americanas creará una gran Universidad Hispana con
proyección especial en la América de habla hispana (Latinoamérica y
EE.UU.) y con la máxima calidad.
Asimismo, se creará la Alta Escuela de Funcionarios del Estado para la
formación de altos Cuerpos y funcionarios del Estado: diplomáticos,
registradores, notarios, interventores, inspectores fiscales, técnicos
comerciales, de turismo, etcétera, abierta también a profesionales de
las naciones latinoamericanas. Una Alta Escuela estatal como las que
existen en otros países europeos y occidentales.
Un tiempo nuevo
Hasta aquí nuestro decálogo de propuestas para una reforma de la vida
democrática española, que pueden y deben ser mejoradas, debatidas y
ampliadas en pos de un gran consenso nacional. El que debe aparecer a lo
largo de la legislatura que ahora comienza si los protagonistas del
cambio alumbrado el pasado 20-D están a la altura del gran momento
español que sin demora debe comenzar.
(*) Periodista
