García Retegui hace públicos datos de sus ingresos y patrimonio y anima al candidato del PP "a hacer lo propio"

MURCIA.- La candidata socialista a la Presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui, hizo público este martes los datos de sus ingresos y de su patrimonio para que sean conocidos por toda la ciudadanía como muestra de compromiso "ético" y "transparencia" , tras lo que animó al candidato del PP, Ramón Luis Valcárcel, "a que haga lo propio".

   Y es que, remarcó en rueda de prensa, "en días de dificultades económicas es cuando la transparencia y la austeridad son más exigibles que nunca a los políticos, a los representantes de los ciudadanos".  

   En concreto, especificó la socialista, García Retegui es propietaria junto con su esposo de una casa de 150 metros cuadrados, adquirida en el año 1990 en la pedanía de Santo Ángel, con un valor catastral de 73.192,91 euros.

   Asimismo tiene tres cuentas corrientes, con 17.506 euros, 2.250 y 1.180 euros, respectivamente, dos vehículos utilitarios (Opel Meriva del año 2004 y Chevrolet Tacuma del año 2008), un plan de pensiones como personal estatutario del Servicio Murciano de Salud --9.396 euros-- y otro plan de pensiones con Cajamurcia --5.675,77 euros--, así como un plan de ahorro suscrito por la Asamblea Regional --1.469 euros--.

   Además de dos esculturas de Antonio Campillo, una de Pepe Hernández Cano, un óleo de Antonio Maya y un acrílico de Manuel Pérez Martínez. Por último, García Retegui apuntó que sus ingresos en 2009 sumaron un total de 66.651,99 euros, percibidos de la Asamblea Regional y del Servicio Murciano de Salud (SMS).

   Retegui, que manifestó así su compromiso "ético" como candidata a la Presidencia de la Región, recordó que hay dos leyes regionales, la del Estatuto de la Actividad política y la Ley del Presidente, "que nos obligan a los cargos públicos a hacer declaración de las actividades y bienes".

   En este sentido, explicó que, la declaración de actividades es pública, pero, sin embargo, "la de bienes es reservada en la Región de Murcia". Por ello aseguró que propondrá en la Asamblea, "y se convertirá en la primera Ley si ganamos las elecciones", que la Declaración de Actividades y la Declaración de Bienes sean públicas y accesibles, que se publiquen en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y en las páginas web tanto de la Comunidad como de la Asamblea Regional.

   García Retegui, que comparte sus bienes con su esposo en régimen de gananciales, explicó que los datos de sus ingresos y de su patrimonio están a partir de hoy en su web personal ('http://www.begoñagarcia.es') y en la del PSRM ('http://www.psoemurcia.es').

   "La declaración va unida indisolublemente al compromiso ético que tenemos que firmar todas las personas que nos presentamos en la lista del PSRM y que se adecua a nuestro código ético aprobado en los Congresos Federales", reiteró.

   A juicio de la socialista, "el ejercicio de transparencia que hago esta mañana es de justicia que se le exija también al candidato del Partido Popular, en coherencia con la voluntad firme y sincera que han manifestado desde el PP de un código de transparencia y austeridad en su último encuentro para el pistoletazo de salida de las Elecciones Autonómicas".

   "No nos vale que haya un registro de bienes en la Asamblea Regional, al que ningún ciudadano puede acceder y para el que se pone trabas a la propia Asamblea, y no nos vale tampoco que el candidato del PP presentara en los medios de comunicación una relación de bienes", apostilló.

La Costa Mediterránea registra los mayores descensos en el precio de la vivienda, un 6,7%

MADRID.- La Costa Mediterránea es la zona que ha registrado en España los mayores ajustes en el precio de la vivienda, con un descenso del 6,7 por ciento en febrero, según se desprende del índice de Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa).

   De esta forma, los ajustes acumulados desde los precios máximos alcanzados antes de la crisis oscilan desde el 27,2 por ciento registrado en la Costa Mediterránea hasta el del 16,1 por ciento registrado en el resto de municipios.

   Por su parte, en el mes de febrero se ha producido un recorte del 5,4 por ciento en las áreas metropolitanas, y en las capitales y en las grandes ciudades un descenso del 5,2 por ciento.

   Por contra, los descensos más moderados se registraron en Baleares y Canarias, donde la vivienda bajó un leve 0,8 por ciento en el segundo mes del año en comparación a un año antes. En el resto de municipios, la caída de precios de los pisos fue del 3,3 por ciento y, por tanto, también inferior a la media nacional.

  A nivel nacional, el precio medio de la vivienda descendió una media del 4,5 por ciento el pasado mes de febrero en comparación con el mismo mes de 2010, con lo que acumula un ajuste del 19,5 por ciento desde el inicio de la crisis.

   La caída del precio de los pisos mantiene así su tendencia en los dos primeros meses de 2011, después de que cerrara el ejercicio anterior con una reducción del 3,9 por ciento, dado que en enero se anotó una caída del 5 por ciento.

   Tinsa considera que el mercado de la vivienda ha superado el efecto que en 2010 le produjeron los cambios fiscales para verse influenciado por nuevos factores "que cobrarán protagonismo en los próximos meses", como son el repunto de la inflación y el incremento de los tipos de interés.

   Para la firma de tasación, la inflación, de mantenerse en la actual tasa, podría producir una tendencia plana o de ligero descenso del valor nominal de los inmuebles, "una bajada más acusada del precio de la vivienda en términos reales".

   En cuanto a los tipos de interés, considera que, de confirmarse su aumento, se traducirá en un aumento del esfuerzo financiero que las familias realizan para comprar una vivienda, "o sencillamente para continuar pagando el crédito hipotecario".

CC OO alerta de la difícil situación económica de la UMU y la UPCT por los incumplimientos de Valcárcel

MURCIA.- Un reciente comunicado del Vicerrector de Infraestructuras de la UMU, Antonio Calvo-Flores Segura, pone de manifiesto que las Universidades Públicas murcianas "no son en absoluto ajenas a la crisis que sufre el sector público regional y muestra el desinterés del Gobierno Autónomo por una Universidad Pública de calidad en un momento crítico, como es la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y los nuevos grados", a juicio de CC OO.

En un escrito público dirigido a los trabajadores de las dos universidades públicas murcianas, el sindicato dice:

"La Región de Murcia vive una situación económica crítica. Afectada por las consecuencias de la crisis económica mundial y las particularidades de la española, el estado de la economía regional se ha visto agravado por el modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en los últimos años y la absoluta irresponsabilidad política, social y económica del ejecutivo encabezado por el presidente Valcárcel.

El incumplimiento de los compromisos sobre déficit aceptados por el propio Gobierno de la CARM en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha colocado a la Región en una situación muy difícil. El Gobierno de Valcárcel, único responsable de su imprevisión presupuestaria y del lamentable estado de las finanzas públicas de la CARM, parece ser incapaz de idear otra reacción que no sea la degradación de los servicios públicos, la pérdida de empleo en esos servicios, el deterioro de las condiciones de trabajo de los empleados públicos y la limitación de sus derechos.

El gobierno de Valcárcel se caracteriza por su ineptitud en la gestión pública y por el uso de un argumentario de una simpleza insultante para defender políticas públicas injustas e ineficaces que van a conducir a un retroceso de la calidad de vida en nuestra Región, al abandono a su suerte de los sectores más desprotegidos y a la imposibilidad de lograr un nuevo modelo económico que garantice el crecimiento en el futuro próximo.

Las actuaciones contenidas en la Ley de Medidas Extraordinarias dirigidas a corregir el déficit mediante la limitación de nuestro ya maltrecho, frágil y reducido Estado del Bienestar muestran una ceguera ideológica y una impericia económica alarmantes. Como solución ante sus fracasos e irresponsabilidades Valcárcel propone actuar exclusivamente sobre ciertos gastos y ha puesto en el punto de mira de sus recortes, entre otros sectores, a la sanidad pública, a la enseñanza no universitaria y a la atención a los dependientes.

No se encuentra en el Gobierno de Valcárcel ninguna reflexión seria y creíble sobre otros tipos de gasto, ninguna reflexión sobre la necesidad de incrementar los ingresos de un modo equilibrado, ninguna intención que no sea hacer recaer sobre los empleados públicos y sobre la gran mayoría de nuestra sociedad que se beneficia de los servicios públicos el coste de la crisis y de su incompetencia. Existen otras políticas económicas y fiscales más eficaces, que no producirían la desaparición de puestos de trabajo en el sector público y privado y que no favorecerían la contracción de nuestra economía; otras políticas además que son más justas socialmente pero que los prejuicios ideológicos de este gobierno le impiden considerar. Pensar que de este modo se puede salir de la crisis y pensar que con estas recetas obsoletas es posible poner las bases del crecimiento de la Región indica sólo el sesgo doctrinal y la completa desorientación del Gobierno Valcárcel.

En esta política, que como gran aportación para la salida de la crisis sólo es capaz de pensar en deteriorar servicios públicos, se incluye también el estrangulamiento económico al que se somete a las Universidades Públicas de la Región de Murcia. Obviamente, la UMU y la UCPT no podían ser ajenas a estas políticas que desprecian lo público. Fruto de su errónea política fiscal y presupuestaria, el Gobierno de Valcárcel tiene sometida a ambas universidades a una situación de estrangulamiento económico que se ha ido agravando con el paso de los meses.

En pocos casos como en éste se refleja mejor la desastrosa política del Gobierno de Valcárcel. Al tiempo que deteriora la enseñanza universitaria pública pone en jaque a las principales instituciones dedicadas a la innovación y a la investigación en la Región de Murcia. ¿Piensa el Presidente que puede hacernos creer que de este modo se promueve la salida de la crisis y el crecimiento económico? ¿Cree seriamente que colocando a la UMU y la UPCT y a sus empleados y empleadas en una situación presupuestaria crítica se ponen las bases del desarrollo futuro de nuestra Región?

El Gobierno de la CARM debe rectificar. El normal desenvolvimiento de las actividades de las Universidades Públicas se encuentra en peligro si el Gobierno de Valcárcel no cumple de modo urgente sus obligaciones presupuestarias con nuestra universidad (entre otras, pagos del Contrato Programa, de fondos FEDER, y de la financiación del Ministerio del Campus Mare Nostrum). Por otro lado, la ligereza irresponsable con la que el Gobierno aborda su política hacia servicios públicos tan relevantes como la enseñanza no universitaria, la sanidad y la universidad nos hacen temer que el estrangulamiento presupuestario al que tiene sometido a las Universidades Públicas sea sólo el primer paso de otros posibles despropósitos que afecten negativamente a las condiciones de trabajo y a los salarios del personal de nuestra universidad en los próximos meses.

Por no hablar de la práctica quimera en que se ha convertido la pretendida implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, los planes de calidad de los nuevos grados o el desaliento del profesorado, alumnado y PAS ante el abandono de unos objetivos iniciales esperanzadores de dar un salto en la calidad de la enseñanza superior en la Región.

Las Universidades Públicas han mantenido hasta ahora un perfil público bajo y comedido en la reclamación del cumplimiento de los compromisos de financiación, que ya ha llegado a límites insostenibles y que por tanto hay que sacar de los Consejos de Gobierno, porque la Sociedad murciana tiene derecho de conocer el estado financiero real de sus Universidades Públicas que tienen que rendir cuentas ante ella.

Como miembros de la comunidad universitaria y como empleados y empleadas públicos somos conscientes de la difícil situación general de la Región. Pero el presente de nuestra universidad, su futuro y el futuro de la sociedad a la que sirve requieren que el Gobierno de la CARM deje de incumplir los compromisos presupuestarios y de financiación adquiridos con las Universidades Públicas de la Región de Murcia y apueste decididamente por la inversión en la universidad pública.

CCOO va a defender por todos sus medios una Universidad Pública de la máxima calidad, con acceso para todas las capas sociales, y una potenciación de la formación y el estudio, y de la investigación, el desarrollo y la innovación por vocación y como mecanismo para salir de la actual crisis y, por ello, va a defender, no solo el mantenimiento de los compromisos económicos adquiridos, sino, en general, un mayor apoyo de la Instituciones Regionales a las Universidades Públicas de la Región de Murcia".

En efecto,  el citado vicerrector de la UMU, Antonio Calvo-Flores Segura, se ha dirigido en un comunicado a toda la comunidad universitaria para ponerles al corriente de la situación.

"Ante la lógica inquietud y la cantidad de consultas recibidas, creo que es mi deber informaros que la falta de incorporación (de remanentes de crédito) no se debe a cuestiones de gestión sobre los expedientes sino a la inconcreción, cuando no la incertidumbre, sobre la financiación universitaria que viene mostrando la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. No se trata ya de los recortes presupuestarios, que asumimos como parte del entramado público de la Región (nuestro presupuesto de 2011 es un 7% inferior al de 2010), sino de los riesgos por incumplimientos.


Sin ánimo exhaustivo quiero compartir con vosotros que:


- La CARM no ha reconocido ni pagado el CONTRATO PROGRAMA 2010 a pesar de que la Universidad sí lo ejecutó. Eso supone una minoración directa a DÉFICIT de 4.093.000 euros.


- La CARM ha reducido en 520.000 euros la subvención de inversiones de la Universidad de Murcia 2011 para poder atender el programa FEDER 2010 (que la Universidad gastó, pagó y justificó en 2010).


- La CARM, pese a que el Ministerio le ingresó el montante global el 30 de diciembre de 2010, no ha realizado pago alguno a la Universidad de Murcia para la ejecución de CAMPUS MARE NOSTRUM.


- LA CARM, excepto el pago de la subvención vinculada al pago de la nómina que, aunque con al menos un mes de retraso se viene ingresando periódicamente, lleva desde Junio de 2010 sin realizar pago alguno a la Universidad de Murcia. En estos momentos el saldo pendiente de pago a la Universidad es de 49,7 millones de euros.


Solo las dos primeras actuaciones suponen una minoración en la financiación anual de más de 1.000 euros por cada persona que trabaja en la Universidad.


La Universidad de Murcia es consciente del difícil escenario presupuestario que afrontan las administraciones públicas en general y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en particular. La Universidad de Murcia no puede obviar su responsabilidad institucional, lo que conlleva la búsqueda de un equilibrio, a veces muy difícil, entre la defensa de sus intereses y la obligación de colaborar en la superación de esta aguda crisis.


Por todo ello, al mismo tiempo que negocia una salida razonable a esta serie de problemas debe operar con criterios de extremada prudencia y potenciar las medidas de austeridad en su presupuesto de gastos".

El PSRM exige a la Consejería de Universidades que pague lo que les debe a las Universidades públicas de la Región

CARTAGENA.- El portavoz de Universidades del Grupo Parlamentario Socialista, Domingo Carpena, exige a la Consejería de Universidades que pague lo que les debe a las Universidades públicas de la Región.

   Carpena manifestó que el consejero tiene que dar explicaciones "claras y contundentes" sobre por qué, a pesar de recibir un montante económico del Ministerio de Educación de 5,3 millones de euros, a finales de 2010, para la ejecución del CAMPUS MARE NOSTRUM, no se ha ingresado cantidad alguna a las Universidades públicas.

   El responsable de Universidades del Grupo Parlamentario Socialista recordó que "sólo a la Universidad de Murcia se le adeudan 50 millones de euros, más de 8.300 millones de pesetas, desde junio de 2010; mientras que en el caso de la UPCT, el montante asciende a más de 20 millones de euros".

   Por ello, añadió en comunicado de prensa, "urge que se le abonen estas cantidades o al menos conocer un calendario de pago para saber cuándo y cómo se les va a abonar a las Universidades este dinero".

   Carpena añadió que esta deuda está asfixiando la gestión de ambas instituciones, hasta el punto de que sólo disponen de dinero para pagar las nóminas y poco más.

   Aclaró que "no tiene nada que ver con los recortes presupuestarios, ya que el presupuesto para 2011 de las Universidades Públicas descendió un 7 por ciento. Todo se debe a la insuficiencia de la ejecución presupuestaria de 2010", comentó.

   El diputado socialista agregó que lo más llamativo es que la CARM recibió un montante económico para la ejecución del programa MARE NOSTRUM "que no ha sido ingresado a ninguna de las Universidades, por lo que el consejero debe dar explicaciones rigurosas y fiables sobre el destino de ese dinero".

   Domingo Carpena cree que si de verdad se quiere apostar por el futuro de nuestra Región para salir de la crisis es necesario apoyar la educación universitaria, "máxime cuando en estos últimos cursos se está incrementando de manera notabilísima la matrícula en los Centros Universitarios, debido al incremento del desempleo y a la falta de una salida laboral de los jóvenes sin formación, consecuencia del modelo de desarrollo basado en el ladrillo. Es ahora precisamente, cuando el Gobierno de Valcárcel está abandonando a la Universidad, concluyó.

El Juzgado Mercantil declara en concurso de acreedores a Conservas y Frutas S.A. (Cofrusa)

MURCIA.- La jueza del juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia ha declarado en concurso a Conservas y Frutas S.A. (Cofrusa) una vez "que ha sido acreditado su estado de insolvencia actual", según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) en un comunicado. 

   El concurso tiene el carácter de voluntario, al haber sido instado por el propio deudor, que, según la resolución, "no ha solicitado la liquidación de su patrimonio".

   Igualmente, en el auto de 4 de marzo de 2011, la juez acuerda que las facultades de administración y disposición del patrimonio de la empresa sean intervenidas por la administración concursal y sometidas a "su autorización o conformidad".

   A tal efecto, se ha designado como administradores concursales a un abogado, un economista y uno de los acreedores.

   Cofrusa adquirió en 2009 a través de la mercantil Mediterra a las empresas Halcón Foods y Conservas Fernández (La Diosa), para lo que recibió un aval de 28,5 millones de euros de la Comunidad Autónoma, a través del Instituto de Fomento (INFO). Sin embargo, los problemas persistieron y la empresa volvió a solicitar un segundo aval de 22 millones de euros.

   En diciembre de 2010, el INFO negó este segundo aval, y exigió a la empresa que cumpliera "con todos los compromisos que adquirió para dar viabilidad al proyecto empresarial".

   Paralelamente, los trabajadores de la empresa convocaron reiteradas concentraciones a las puertas del INFO y de San Esteban -sede del Gobierno regional- para reclamar la viabilidad de la compañía. Asimismo, tuvieron lugar sucesivas reuniones y estudios de seguimiento a la empresa por parte del Gobierno regional, organizaciones sindicales y los alcaldes de los municipios afectados -Albuideite, Calasparra, Campos del Río y Mula-.

   Finalmente, la empresa presentó un concurso voluntario de acreedores ante el juzgado de lo Mercantil de Murcia, lo que desembocó el 29 de diciembre de 2010 en la convocatoria de una huelga general en los municipios en los que se encontraba implantada la empresa.

Se declara BIC el yacimiento arqueológico Picacho de Tercia, de Puerto Lumbreras, de la Edad del Bronce

MURCIA.- La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Región de Murcia ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el yacimiento arqueológico de Picacho de Tercia, en Puerto Lumbreras, que se corresponde con un poblado fortificado prehistórico de la Edad del Bronce (cultura argárica), fechado en la primera mitad del segundo milenio antes de nuestra era. 

   En concreto, el yacimiento arqueológico Picacho de Tercia se ubica en el límite oriental de la Sierra de la Estancia, sobre la ladera superior y cima de un cerro protegido por fuertes defensas naturales constituidas por pronunciadas pendientes.

   El emplazamiento del poblado se justifica por la inmediatez de los recursos hídricos, así como el control de una vía de comunicación que discurría a través del cauce de la rambla de Vilerda, según han informado fuentes del Consistorio en un comunicado.

   Al respecto, el concejal de Turismo y Medio Ambiente, Ginés David Piñero, ha explicado que la finalidad de la catalogación del yacimiento Picacho de Tercia como Bien de Interés Cultural es "proteger y conservar el patrimonio arqueológico de la localidad, ya que este tipo de yacimientos ayudan a transmitir la historia de los primeros asentamientos en la zona".

   De este modo, en el yacimiento se distinguen dos sectores. El primero localizado en la cima y vertiente norte del cerro, que es la parte habitada del cerro donde diferentes lienzos de muralla protegían la fachada del yacimiento.

   En el interior del recinto amurallado, se han constatado varios muros rectilíneos y cubiertos por una densa cobertera vegetal, que pertenecerían a estructuras de hábitat. Por otro lado, el registro arqueológico constatado en el yacimiento se define por abundantes fragmentos de cerámica argárica, en su mayoría paredes de recipientes de almacenamiento.

   Tras la catalogación de este yacimiento, la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, en colaboración con el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, continúa trabajado en otros expedientes para proteger diversos yacimientos arqueológicos prehistóricos existentes en la localidad.

   De hecho, ha precisado que "durante los últimos meses son ya cerca de una veintena los yacimientos declarados Bienes de Interés Cultural en la localidad". Entre los yacimientos recientemente protegidos destacan Peña Blanca, la Cueva del Rayo o el Aljibe de Poveda, que pertenece a época romana.

¿Se vulneran derechos fundamentales desde la CHS?

MURCIA.- El 23-F expedientaron a un trabajador de un embalse "vulnerando el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones". Le acusan de un gasto de unos 50 euros por haber llamado el día 24 de diciembre 100 veces a teletienda desde el teléfono de su domicilio; hecho que podría ser un error telefónico, según revela un comunicado del (CE) comité de empresa del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, en Murcia, en alusión a presuntas prácticas anticonstitucionales desde un organismo público, como es la Confederación Hidrográfica del Segura.

Según relata el citado comunicado, "el trabajador, A.A. vive con su familia en una casa de la CHS de un embalse donde trabaja de encargado. Como la residencia de este puesto de trabajo es obligatoria en el mismo embalase, dicha casa constituye domicilio particular de él, de su mujer y de su hijo. El trabajador tiene que estar en el embalse todo el día y todos los días del año, con problemas, incluso, para cogerse unos días de vacaciones. En contraprestación, la CHS le paga los gastos corrientes y el teléfono fijo del domicilio. Nunca le han limitado las llamadas ni nunca ha hecho un uso indebido de este teléfono. Además, el trabajador cuenta con un móvil de empresa pero que tiene restringidas las llamadas y solo puede llamar a números de empresa, a pesar del aislamiento que supone vivir en un embalse".

"El pasado 23-F le notificaron un expediente disciplinario por haber llamado el pasado 24 de diciembre 100 veces a “teletienda” y le adjuntan un listado de 4 folios de todas las llamadas que se han realizado desde el teléfono de su domicilio desde el día 2-12- 2010 a las 18:19:25 horas hasta el 30-12-2010 a las 0:01:15 horas. En ese listado figura el destinatario de las llamadas particulares, la duración de las mismas, la hora de inicio y de terminación. El trabajador ha pedido la suspensión del expediente hasta que se investigue judicialmente si la información recabada a vulnerado el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, pues la jurisprudencia entiende que se vulnera este derecho fundamental (Art. 18.3 de la Constitución Española) con el hecho de conocer y difundir esta información confidencial e intima del un domicilio particular. No hace falta que haya además escuchas de las conversaciones sin orden judicial", añade.

El CE apoya la denuncia del trabajador ante la Fiscalía de Murcia y pide al Fiscal Jefe de Murcia que investigue este hecho "y si en otros embalses de la cuenca del Segura se pudieran estar vulnerando estos derechos". Para el CE "se trata de un caso de acoso moral, ya que el propio trabajador se hizo responsable desde el primer momento de las llamadas efectuadas desde su domicilio y estaba dispuesto a pagar los 50 euros. Pero, a la CHS no le ha bastado esto, “quiere, más”.

El CE expresa su repulsa "por esta discriminación y por otras faltas de respeto democrático en la CHS consentidas por Charo Quesada, que parece que “reina pero no gobierna”. En efecto, vulnera derechos sindicales, pues desde que llegó no ha querido reunirse con el CE ni con las Secciones Sindicales y niega información sindical, algo nunca visto en la CHS en la democracia. Consiente censura informativa en Internet de prensa digital y censura parcial de un blog divulgativo sobre aguas. Consiente actitudes antisindicales, como la utilización indebida del correo electrónico por parte de un jefe de servicio para atacar a los sindicatos en correos masivos. Es del todo surrealista que se afane en cortar el gasto de 50 euros, que puede ser un error telefónico, y no corte el gasto de millones de euros en mantener “una CHS paralela” con personal de asistencias técnicas que le quitan el trabajo a los propios empleados públicos. Hechos éstos que el CE ya ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Murcia. O que, en crisis económica, “repartiera beneficios” a final del año pasado entre algo más de media docena de directivos de miles de euros por cabeza. Mientras al resto del personal (unos 200) o no les consideró productivos, o les dio “migajillas” (100 euros)", concluye el comunicado.