MADRID.- Una investigación de la Guardia Civil
desbarató en junio pasado las actividades ilegales de una organización
criminal que se dedicaba a introducir atún rojo en el mercado de
procedencia ilícita. El volumen de negocio en negro fue valorado en unos
25 millones de euros anuales, según una cifra conservadora
aportada por los oficiales la Unidad Central Operativa Medioambiental
(Ucoma) del Instituto Armado y recoge El Confidencial.
Las diligencias judiciales se
iniciaron en la localidad valenciana de Picassent, pero desde este
viernes el caso lo investigará el Juzgado Central de Instrucción número 3
de la
Audiencia Nacional,
cuya titular es la magistrada María Tardón.
El hecho de que la causa
afecte a empresas de distribución de pescado de 12 provincias y a
personas y sociedades de varios países -Malta, Portugal, Francia,
Turquía, Túnez y Marruecos- ha provocado que el juzgado de Picassent se
haya inhibido en favor de una instancia superior.
No en vano, se trata
de la mayor operación mundial de todos los tiempos contra el mercado negro del atún rojo del Atlántico norte, una especie protegida por haber estado hace unos años en peligro de extinción por sobrepesca.
La Ucoma puso al descubierto en la operación Tarantelo cómo un entramado de sociedades pesqueras y distribuidoras se
habría dedicado en los últimos años a importar atún rojo no declarado
desde Malta y a comercializarlo a través de España a los mercados
nacional e internacional.
Los oficiales del Ucoma estiman que la red habría importado, en avión y camiones, unas 1.250 toneladas legales y unas 2.500 en 'B' al año.
En junio fueron detenidas 79 personas en seis comunidades autónomas
-Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha- y
se rastrean las ramificaciones de la trama en otros países,
principalmente en Malta, archipiélago desde donde procedía la mayor
parte del atún blanqueado.
Entre personas y mercantiles, las diligencias
admitidas por la Audiencia Nacional (AN) investigan a 67 actores
de esa red que los documentos judiciales califican como “organización
criminal”. Se les imputan delitos contra la fauna, contra la salud
pública, por falsedad documental, blanqueo de capitales, y otros delitos
cometidos en el seno de una organización criminal.
Fuente
policiales informan a El Confidencial de que el número de partes
investigadas puede ampliarse porque hay fundadas sospechas sobre las
actuaciones de otros operadores comerciales y altos funcionarios de
países como Malta, Portugal o Marruecos.
Las partes querellantes en la causa trasladada a la AN son básicamente tres: la Guardia Civil, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (
Mapama) y el
Grup Balfegó,
segundo operador más importante de atún rojo en España, domiciliada en
L’Ametlla de Mar (Tarragona) y competidor de algunas de las empresas
investigadas.
Multitud de tentáculos
La compañía más grande del mundo en la pesca, engorde y distribución de atún rojo atlántico es el
Grupo Ricardo Fuentes e Hijos.
Con sede en
Cartagena, fue fundada en 1984 por Francisco Fuentes,
'Paco-san' para sus clientes y socios de Japón, creó en 1996 su primera
granja de engorde de atún en las aguas de la Bahía de
Portmán (Murcia).
Según relató uno de sus exdirectivos a este diario, Fuentes se jactaba
en 2003 de haber capturado en ese año hasta 16.000 toneladas de atún
rojo, la mitad de todo lo pescado en el Mediterráneo.
Era un época dorada para el mercado poco regulado del atún rojo. Tan
delicioso es este pez que el auge de la gastronomía japonesa en todo el
mundo propició que ávidos pescadores se lanzaran a capturarlo en el
Mediterráneo de forma masiva y sin control entre mediados de la década
de los noventa y 2010 aproximadamente.
Hasta el punto de que la Comisión
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT por sus
siglas en inglés) tuvo que adoptar medidas drásticas de vigilancia para
evitar un mercado negro que en 2010 se estimó en más de 400 millones de
euros anuales, según un cálculo conservador de
una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (
ICIJ).
Los oficiales de la Guardia Civil que coordinaron la investigación de
distribución y venta ilegal de atún rojo indican a este diario que a la cabeza de esa red ilegal estaría el Grupo Fuentes.
Varias firmas del ‘holding’ y dos de los hijos de su fundador, ya
fallecido, están nombrados entre las partes querelladas en la causa
judicial.
La mercancía de origen ilícito llegaba desde Malta en
camión por la frontera con Francia y por avión al aeropuerto
Adolfo
Suárez Madrid-Barajas. Acababa mayoritariamente en
Mercasevilla, Mercabarna y
Mercamadrid
portando documentación falsificada.
Antes y ya en territorio español,
las sociedades valencianas Pescnort Mar SL y Mafishval SL habrían
actuado como receptoras de gran parte del atún en naves del polígono
industrial de la localidad de Albal.
Posteriormente, esas mismas
mercantiles, el Grupo Fuentes y otras pequeñas distribuidoras hacían
llegar a los mercados mayoristas los ‘botijos’, término en clave con el
que se referían los miembros de la organización a los ejemplares de
atún, según las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil.
Aunque
el grueso del mercadeo ilícito procedía de Malta, la red también
contaba con pescadores que capturaban atún no declarado en alta mar y
que arribaba a puertos de Tarragona y Barcelona.
El auto llegado a la Audiencia Nacional describe cómo investigadores
de la Benemérita verificaron las entregas de atún no autorizado y el
pago de esas transacciones mediante grandes cantidades de dinero metido
en sobres.
La documentación judicial señala que el trabajo de la
Ucoma acredita “la puesta en el mercado de consumo humano de ejemplares
de atún rojo y partes de los mismos en mal estado, así como el procesado
de estos atunes con inyectado de aditivos para que tuvieran apariencia
de frescura y realizar no solo un fraude al consumidor, sino [también]
poner en riesgo la salud pública”.
Les inyectaban remolacha líquida para
dar un color rojo brillante al pescado y que fuera más apetecible para
el cliente.
Fuentes, un clásico en la AN
El Grupo Fuentes
lo configuran más de 40 sociedades en España, Portugal, Francia, Italia,
Croacia, Malta, Marruecos y Túnez. El 'holding' se dedica
principalmente a la captura del atún en alta mar con barcos cerqueros,
su traslado a granjas de engorde, su posterior sacrificio y
comercialización nacional e internacional. También pesca con la técnica
de la almadraba en Barbate (Cádiz), Portugal, Marruecos e Italia.
En
lo que va de siglo XXI, esa compañía originaria de Cartagena ha sufrido
varios incidentes por comercio de atún ilegal. En 2009, funcionarios
japoneses de aduanas negaron la entrada en Japón de más de medio millón
de kilos de atún engordado por el Grupo Fuentes en Túnez. Había sido
pescado por barcos de pabellón argelino. Ninguno de los ejemplares que
querían vender tenía el certificado oficial de captura.
También en
los últimos años sus abogados han tenido que lidiar en tribunales
locales y en la Audiencia Nacional para defender a su cliente. Este
medio ha hallado hasta tres sentencias dictadas por la AN que condenan al Grupo Fuentes por actividades ilegales relacionadas con el negocio del atún rojo.
Una
demanda de 2015 del Mapama contra Tuna Graso, SAU, sociedad del Grupo
Fuentes, motivó una sanción administrativa de 60.000 euros. Esa multa
fue ratificada por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en
octubre de 2017 tras un recurso de la compañía.
¿Qué había sucedido para que se dictaminara ese fallo? Con fecha del
15 de octubre de 2014, los buzos del Grupo Fuentes habían sacrificado
125 ejemplares ante inspectores acreditados en su granja de Portmán. En
ese tipo de matanza, los buzos se suelen sumergir con un fusil
subacuático en las jaulas y disparan a la cabeza de los atunes para que
no sufran, de modo que su carne no pierde calidad.
Pero la Guardia Civil
sospechaba e hizo labores de control. Como resultado de esa vigilancia,
pudieron demostrar que realmente habían sacrificado 29 atunes de más,
ocultados a los ojos de los inspectores, y los habían atado a la parte
baja de la jaula para sacarlos más tarde en “B”.
Se lee lo siguiente en
el informe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la
Benemérita: “Se observa un descosido en las costuras de la red de 90 cm
de diámetro (suficiente para sacar un atún muerto pero insuficiente para
que los atunes vivos salgan por él)”. Esos 29 ejemplares pueden
colocarse por encima del medio millón de euros en un mercado mayorista. Por mucho más en Japón.
En
una segundo fallo de la AN de enero de 2013, su Sala de lo Contencioso
admitió parcialmente un recurso de Tuna Graso contra otra multa del
Ministerio equivalente a 60.000 euros por otra infracción grave. La sala
dejó la sanción en 40.001 euros. En un acta de marzo de 2009, la
inspección oficial halló la presencia de atunes en las jaulas de engorde
de Fuentes que no habían sido declarados a las autoridades.
Por esos mismos hechos, en marzo de 2009 el Ministerio sancionó con
60.000 euros a Doramenor Acuicultura SL, empresa del Grupo Fuentes, que
es arrendataria de las jaulas de engorde propiedad de Tuna Graso. Tras
recurrir a la AN, este tribunal también estimó parcialmente la
reclamación y redujo la sanción a 40.001 euros.
Los noventa y
hasta alrededor de 2010 fueron años de sobrespesca del atún rojo en el
Mediterráneo, situación que llegó a menguar la población de esa especie
hasta el punto de amenazar su propia existencia.
Las autoridades
internacionales y nacionales han puesto coto a esos abusos. Sin embargo,
los hechos y los datos nos cuentan que el mercado negro aún no se ha
extinguido del todo. En España, la Guardia Civil, el Mapama y los
fiscales y magistrados de la Audiencia Nacional son sabedores de que ese
problema sigue vigente.
