MADRID.- El embajador de España en Londres, el cartagenero Federico Trillo, y el diputado del PP por Murcia Vicente Martínez Pujalte
han admitido que cobraron de una constructora especializada en obra
pública mientras eran diputados aunque han recalcado que cumplieron con
todos los requisitos legales y sus obligaciones fiscales.
El diario El País afirma que, según la Agencia Tributaria, que no ha encontrado ningún informe que justifique los cobros, Trillo recibió 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno,
a través de sus despachos de asesoría. La empresa pagadora, según este
diario, es Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las
beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León.
El embajador en Londres ha enviado a los medios un comunicado en el que
aclara la relación de su despacho profesional, Estudio Jurídico LABOR,
con la empresa Collosa y afirma que se reserva cuantas acciones legales
estén a su alcance para defender su honor y su actividad profesional,
así como las de su despacho y su familia.
En el comunicado, Trillo destaca que, según El País, esa relación
"había sido filtrada" al periódico por la Agencia Tributaria y la
Fiscalía Anticorrupción, y considera "tan sorprendente como inadmisible que se utilicen de forma manipulada y sesgada datos tributarios de los contribuyentes".
En ese sentido, recuerda el deber de las administraciones públicas de
guardar el secreto de los datos de los contribuyentes, cuya infracción
está tipificada como delito en el Código Penal y tiene penas de prisión
de uno a cuatro años y de dos a cinco años "a quienes las difundieren,
revelen o cedan a terceros".
Vicente Martínez Pujalte, por su parte, ha asegurado a esos medios que tiene "la absoluta
tranquilidad de haber hecho todo correctamente" y de haber "actuado de
acuerdo completamente con la legalidad", tanto de compatibilidades con
su cargo de diputado por Murcia como de su declaración tributaria.
El diputado del PP ha señalado que trabajó efectivamente para Collosa
durante dos años, como asesor del que era consejero delegado, Mario
Armero, y mientras éste permaneció en el cargo, y ha recalcado que pidió
la compatibilidad al Congreso, que le fue concedida y pagó los
impuestos correspondientes.
Trillo asegura que LABOR firmó un contrato con Collosa -del que
informó al Congreso en su declaración de bienes- para asesorar a la
constructora en el proceso de su reestructuración de la empresa, sus
estrategias de mercado fuera del ámbito de Castilla León, tanto en
España como en mercados extranjeros, así como en el estudio jurídico de
la mejor estructura como empresa familiar.
Subraya que tanto el contrato con Collosa como las correspondientes
liquidaciones del IVA y del Impuesto de Sociedades cumplen con todos los
requisitos legales, "lo que significa -añade- que Hacienda no ha
descubierto nada de lo que ya no estuviera puntual y continuadamente
informada".
El embajador en Londres recalca además que LABOR "nunca ha sido
requerido de inspección ni de información alguna por parte de la Agencia
Tributaria ni los inspectores de Hacienda".
Destaca que LABOR "en ningún momento" intervino ni fue requerido para
intervenir en ningún tipo de concesión o autorización de ninguna
administración, "ni tuvo ni ha tenido nunca ningún tipo de asesoramiento
o relación con centrales eólicas ni energías renovables".
La delegada especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León, Georgina de la Lastra, demoró un explosivo informe que denunciaba el cobró de comisiones millonarias de las eléctricas por parte de altos cargos de la Junta, según avanza www.eldiario.es, que también habla de 'implicación de Trillo y Martínez Pujalte'.
La delegada especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León, Georgina de la Lastra, demoró un explosivo informe que denunciaba el cobró de comisiones millonarias de las eléctricas por parte de altos cargos de la Junta, según avanza www.eldiario.es, que también habla de 'implicación de Trillo y Martínez Pujalte'.
