El ejemplo de Moratalla ilustra la situación real de los municipios españoles

MORATALLA.-  En este pueblo en la ladera de una colina, coronado por un castillo medieval y rodeado de olivares, los 120 trabajadores municipales no reciben su paga desde mayo. La policía tiene órdenes de no usar sus patrullas a menos que reciba denuncias de un accidente de tránsito o un delito en marcha.

 

La piscina municipal está cerrada pese a que se registran temperaturas superiores a los 40 grados centígrados a la sombra. Las tarifas para la guardería pública se han duplicado. Las cuentas del agua subirán pronto un 33% y los propietarios de los comercios locales están furiosos por los nueve millones de euros que debe la municipalidad, en gran parte a ellos.

 Las autoridades de Moratalla creen que son las primeras en España en declarar públicamente que su municipio está al borde de la bancarrota, y que el único modo de evitarlo es un programa sin precedentes para reducir drásticamente los servicios a la vez que se aumentan los impuestos y las tarifas en una medida de austeridad que podría durar ocho años.

Moratalla y su enorme deuda "reflejan la imagen de muchas otras ciudades" que todavía no han admitido la magnitud de sus alarmantes circunstancias financieras, dijo el vicealcalde Juan Soria. "Estas son medidas duras, pero necesarias y creo que deberíamos reinventarnos porque hemos vivido más allá de nuestros medios y debemos reducir nuestras expectativas".

En Moratalla, con 8.500 habitantes, Soria se alarmó por la idea de fusionarse con un municipio vecino, pero admitió que su comunidad está permanentemente en crisis. Hace dos semanas, las dos gasolineras del pueblo dejaron de llenar los tanques de los vehículos municipales cuando los propietarios perdieron toda esperanza de que les paguen las deudas atrasadas por 120.000 euros.

Ahora los trabajadores municipales cargan gasolina en una cooperativa agrícola local. Pero la policía ya casi no usa sus vehículos y patrulla a pie.

El agente José Antonio Navarro se preocupa de que no pueda responder a tiempo a una emergencia pública, y sus colegas se ven en figurillas para pagar sus hipotecas debido a lo tarde que cobran.

"Es una situación difícil", comentó. "Los amigos nos prestan dinero y tenemos que ir a comer a casa de nuestros padres".

Ayuntamiento y CA diseñan el Plan 'Lorca', de inversiones extraordinarias que el Estado "debe asumir"

LORCA.- El Ayuntamiento de Lorca y la Comunidad Autónoma han diseñado el Plan 'Lorca', un documento en el que se contemplan las inversiones "extraordinarias" que el Gobierno central "debe asumir para que, una vez concluidos sus cuatro años de ejecución, la ciudad se sitúe donde estaría en esas fechas si no hubiera sufrido los terremotos".

   Este anuncio lo ha hecho el alcalde de la localidad, Francisco Jódar, cuando se cumplen tres meses de los terremotos que destrozaron la ciudad, según fuentes municipales.

   Dicha propuesta de batería de inversiones será remitida al Gobierno de España para que el 19 de agosto puedan debatirla en el Consejo de Ministros y aprobarla, como muy tarde, a finales de mes, ya que, ha manifestado Jódar, "es la última oportunidad que tienen para que nos creamos las promesas que hicieron".

   Este plan, que está abierto a las aportaciones de los agentes sociales, tiene una visión de conjunto, según el alcalde, por lo que incluye actuaciones en todas las áreas, que "deben de ser complementarias a las indemnizaciones o subvenciones ya anunciadas".

   Al hilo, ha recordado que ya había manifestado anteriormente la necesidad de que Lorca "tuviera un plan extraordinario de actuación similar al que se diseñó en Galicia tras el Prestige, porque son inmensos los daños sufridos en la Ciudad del Sol sobre las personas, las empresas, infraestructuras básicas y economía, y porque el Real Decreto se queda muy corto para cubrir las necesidades".

   Y es que, ha admitido, con este plan, que en los próximos días se remitirá al Gobierno de España, el Ayuntamiento y el Gobierno regional "hemos hecho los deberes en un tiempo record y esperamos que en esta ocasión el Gobierno central no deje pasar el tiempo, como lo ha hecho a conciencia con la tramitación del proyecto de ley, dejando sin ayudas a muchas familias y empresas".

   Por ello, ha adelantado que este plan lo presentará en los próximos días el presidente Ramón Luis Valcárcel y será remitido al Consejo de Ministros para que "sea debatido en su próxima sesión y aprobado antes de finales de mes, si quieren que los lorquinos nos creamos alguna de las promesas que hicieron los ministros y el presidente del Gobierno".

   "Se hace necesario seguir trabajando desde el consenso, y eso es lo que hemos hecho el presidente Valcárcel y yo, aunque lamentablemente el ministro José Blanco, en una reunión que mantuve en Moncloa unas horas antes de que Zapatero anunciara las elecciones e hiciera inviable que salieran adelante las enmiendas al proyecto de Ley, fue capaz de hacernos creer que todavía había posibilidades, ya que estuvo tomando nota de las necesidades que le planteamos sin decirnos que se iban a disolver las Cortes y que las reivindicaciones que teníamos no se iban a aprobar", ha criticado.

   En esta misma línea, ha explicado que paralelamente al diseño del Plan Lorca, el Ayuntamiento está trabajando de la mano de la Comunidad y el Gobierno central para poner en marcha un Plan Especial de Vivienda.

   En su opinión, la ciudad necesita que "se aprovechen los avances técnicos que permiten construir viviendas en tiempo record para el alojamiento provisional de las familias que no tienen una segunda residencia o no encuentran una vivienda en alquiler para el tiempo necesario, para el arreglo, o la reconstrucción de su edificio".

   En otro orden de cosas, ha indicado que los técnicos municipales "han preparado las bases para que, una vez que en el mes de septiembre se terminen las demoliciones, se inicie el concurso de ideas para la reconstrucción del barrio de La Viña".

   "El objetivo es conseguir las mejores propuestas del mayor número posible de especialistas sobre el nuevo diseño urbanístico de esta zona para hacerla más habitable", ha dicho.

   En cuanto a otros proyectos de reconstrucción de edificios, desde la Concejalía de Urbanismo también se están estudiando con fichas concretas de cada uno de ellos.

   Por último, Jódar ha vuelto a hacer un llamamiento a la solidaridad "porque el dinero de las cuentas solidarias ya está comprometido para el gasto en su mayor parte".

Corvera continúa sin obtener los permisos oficiales de apertura aeroportuaria

MURCIA.- Las obras de construcción y ejecución de las infraestructuras del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia se encuentran en su fase de terminación y está prevista su finalización total en el último trimestre de este año 2011. Así lo ha manifestado el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, tras su visita al aeropuerto.

   Sevilla ha informado que "la torre de control y todos sus edificios auxiliares están concluidos, además de la plataforma de estacionamiento de aeronaves". Actualmente, los trabajos se centran "en extender las últimas capas de aglomerado de la calle de rodadura y pista de aterrizaje", ha señalado.

   Por otra parte, el titular de Obras Públicas ha explicado que, en el lado tierra, "están terminadas las terminales de pasajeros y de carga, y se está procediendo a la ejecución de las obras de urbanización del aeropuerto, en especial la construcción de la zona de estacionamiento de vehículos, que tendrá una capacidad de 1.800 plazas".  

   También se está habilitando la zona de actividades complementarias en las que se asentarán servicios de distinta índole vinculados a usos aeroportuarios.

   Sevilla ha afirmado que se continúan realizando las gestiones necesarias ante las autoridades y organismos estatales competentes, a fin de obtener todas las autorizaciones necesarias para la apertura y puesta en marcha del aeropuerto.

   Entre estas se incluyen las autorizaciones para la creación de un puesto fronterizo y de un recinto aduanero, la aprobación de la reordenación del espacio aéreo para la integración en el mismo del nuevo aeropuerto, entre otras exigencias imprescindibles para la posterior Certificación del Aeropuerto.

Ecologistas piden al Banco de España que investigue los vínculos de la CAM con proyectos urbanísticos "especulativos"

VALENCIA.- Las organizaciones ecologistas ANSE, CEMDA, Ecologistas en Acción y Greenpeace de España y México han reclamado al Banco de España que investigue los "vínculos" entre la Caja Mediterráneo (CAM) y una promotora inmobiliaria y turística "implicada", según estas entidades, "en varios proyectos dudosos o fallidos de carácter turístico e inmobiliario".

También han pedido que la entrada de fondos públicos para sanear la caja suponga "el fin inmediato a esos proyectos especulativos y depredadores del medio ambiente". 

   La solicitud la han realizado a través de una carta que han enviado este jueves al presidente del Banco de España y a los administradores de la CAM nombrados por esta entidad, así como a la Embajada de España en México.

   En un comunicado, los colectivos señalan que la CAM "posee el 30% de las acciones de Hansa Urbana y siempre ha atendido las peticiones de financiación planteadas por la empresa". En diciembre de 2006, por ejemplo, le concedió un crédito de 95 millones de euros para adquirir los terrenos del megaproyecto Novo Carthago, en Murcia, hoy paralizado. Según las estimaciones publicadas por varios medios y citadas por estas fuentes, las líneas de crédito de la firma con la CAM oscilan entre 700 y 800 millones de euros en total.  

   Esta empresa alicantina, prosiguen, se dedica a la construcción y los negocios inmobiliarios, con especial atención a los lotes turísticos mixtos compuestos por hoteles, campos de golf y segundas residencias. Aunque ha actuado en diversas zonas del territorio español y en el extranjero, las regiones donde se ha concentrado la mayor parte de su actividad --"y donde todavía tiene la mayoría de sus activos, así como de sus proyectos retrasados o fallidos, apuntan-- son la Comunitat Valenciana y Murcia.

   En concreto, en Murcia es propietaria mayoritaria e impulsora de tres grandes desarrollos urbanísticos y planes parciales que pretenden la construcción de unas 23.000 viviendas: Novo Carthago, Puerto de Mazarrón y Puntas del Calnegre. "Muy probablemente, la empresa es la mayor propietaria de suelos residenciales en las planicies costeras de la región, aunque casi todos sus proyectos se localizan en el mismo límite de espacios protegidos", señalan las organizaciones, que añaden que, "debido al desplome de la 'burbuja' inmobiliaria y a varios problemas legales, la mayoría de sus proyectos se encuentran paralizados".

   En la misma línea, consideran que "los excesos urbanísticos impulsados en diversos puntos de la costa mediterránea española" por esta empresa, "con el apoyo de responsables políticos y de la CAM, han contribuido a la ruina de la entidad bancaria".

"La intervención del Banco de España debe ir acompañada de la investigación de las relaciones entre la CAM y Hansa, y la revisión de dichos proyectos", insiste Pedro García, de ANSE.

   Además, manifiestan que la expansión internacional de la promotora comenzó en México en 2005 con el proyecto Nuevo Cancún. En 2007 compró 3.850 hectáreas en Baja California Sur, donde pretende poner en marcha el macroproyecto inmobiliario y turístico llamado Cabo Cortés. Con un tamaño en habitaciones de hotel y viviendas similar al conjunto de Cancún, el proyecto cuenta con otros ingredientes como campos de golf, puerto deportivo y aeropuerto privado. Cabo Cortés se encuentra en la zona colindante al Parque Nacional Marino de Cabo Pulmo, una zona protegida desde 1985 y que es Patrimonio de la Humanidad por decisión de la Unesco, debido a su incalculable valor ecológico.

   Precisamente por ello, y por los "daños irreversibles" que podría causar al mismo, tanto las comunidades de la zona como organizaciones ecologistas y académicas "han expresado en reiteradamente su oposición a este proyecto, que se encuentra paralizado  a la espera de que se aclaren cuestiones relativas a su impacto en el medio ambiente".

   "Cabo Cortés es un caso flagrante de incumplimiento de la normativa medioambiental mexicana, y por ello estamos presentando diversos recursos legales y pidiendo a las autoridades que anulen de forma definitiva el proyecto", afirma Agustín Bravo, de CEMDA.

   Las organizaciones resaltan que la CAM no es ajena a estas "aventuras", ya que su informe anual de gobierno corporativo en 2009 muestra algunos datos en este sentido.

   "La CAM es perfectamente consciente del proyecto de Cabo Cortés y de sus posibles riesgos, a tenor de la intervención de su directora general, María Dolores Amorós, en la Asamblea de la entidad en junio de 2010. Cuando los representantes sindicales preguntaron a la caja acerca del potencial impacto de Cabo Cortés, Amorós afirmó que se trataba de un proyecto que cumple con la legalidad y respeta el medio ambiente, y que la Caja estaría vigilante para que ello siga siendo así", relatan las mismas fuentes.

   "Greenpeace, Ecologistas, CEMDA y ANSE, y muchas otras organizaciones españolas y mexicanas, estamos en condiciones de afirmar que no es así, y que el proyecto en ningún modo respeta la legalidad ni el medio ambiente", señaló Alejandro Olivera, de Greenpeace México.

   Por todo ello, y ante la intervención del Banco de España en la CAM, las organizaciones han remitido una carta al gobernador del Banco de España para "llamar su atención hacia estas irregularidades urbanísticas y medioambientales".

   "Hemos solicitado una reunión con los nuevos consejeros de la CAM nombrados por el Banco de España, y esperemos poder tener toda la información relativa a la situación actual de Cabo Cortés", concluye Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción.

El Ayuntamiento de Murcia elabora el pliego para la concesión del transporte público del municipio

MURCIA.- El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha explicado este jueves que el Consistorio trabaja en la elaboración del pliego para la concesión del transporte público en el municipio.

   Al respecto, ha comentado que para septiembre debe estar concluido y ha señalado, respecto a la desestimación del recurso de Latbus a la concesión de la Línea 1 del Tranvía, que lo que debe hacer es dar buen servicio mientras sea concesionaria y hacer frente a sus compromisos y en ello está.

   El fallo señalaba que el acuerdo de adjudicación del proyecto, construcción y explotación de la línea 1 del tranvía se realizó "cumpliendo todos los preceptos legales", según el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, que desestimó un recurso presentado por Transportes de Viajeros de Murcia S.L (Latbus) contra su aprobación.

   Por su parte, el Ayuntamiento, ha añadido Cámara, debe obligar a que los servicios públicos sean los mejores para los ciudadanos por lo que se sacará a concurso la nueva concesión del transporte para el municipio de Murcia.

   Cámara ha manifestado que para primeros de septiembre se reunirán los responsables con los grupos políticos para elaborar el pliego y, posteriormente, publicarlo de manera que se conozca la nueva concesión que está abierta a cualquiera.

   Entre los puntos de ese pliego, el alcalde ha asegurado que será obligatorio coordinar los títulos de transporte de tranvía y autobús. En cuanto a un posible bono conjunto, Cámara ha comentado que ya se solicitó por parte del Ayuntamiento, pero no han recibido respuesta aún.

   Respecto a las críticas al tranvía por la "poca gente que viaja", el alcalde ha pedido a los que se quejan que se monten en este medio puesto que es eficaz, rápido, seguro, cómodo y permite establecer relaciones entre los viajeros.

El Gobierno de Cospedal propone disolver la sociedad que gestiona el aeropuerto de Ciudad Real

TOLEDO.- La Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha ha propuesto a la Consejería de Economía y Hacienda la tramitación ante el Consejo de Gobierno de la disolución de la Sociedad Pública de Gestión de Infraestructuras Aeroportuarias de Castilla-La Mancha (SIA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de Castilla-La Mancha.

   Esta sociedad, recuerda el Gobierno de María Dolores de Cospedal en un comunicado, nació, en julio de 2010, con la vocación prioritaria de actuar desde el ámbito público en el proyecto de capital privado del aeropuerto de Ciudad Real.

   Desde su constitución, asegura la Junta, la actividad de SIA se ha limitado a la firma de dos contratos de patrocinio con la compañía Vueling Airlines, cuya vigencia expira el próximo 31 de octubre, que han supuesto un gasto de 2.344.723,65 euros. Por otra parte, la plantilla de personal de esta sociedad, formada por tres personas, el director gerente, el jefe de administración y la secretaria de dirección, supone un coste anual de 179.989,56 euros.

   "Es evidente que SIA no ha respondido al fin pretendido con su creación, ya que su actuación no ha contribuido a la viabilidad del aeropuerto de Ciudad Real, el cual, como es sabido, se encuentra inmerso en concurso de acreedores en el Juzgado Mercantil número 4 de Ciudad Real", continúa el Gobierno regional.

   El departamento que dirige Marta García de la Calzada asegura que el objetivo para el que fue creada SIA "ya no resulta razonable seguir persiguiéndolo".

   En consecuencia, advierte, su mantenimiento a cargo de fondos públicos supondría un gasto para el ciudadano "sin apenas rentabilidad social", que resulta "incoherente" con la "política de austeridad y de eficiencia del gasto público que resulta necesario adoptar". No obstante, destaca que es "deseo" del Gobierno regional que el proyecto del aeropuerto  de Ciudad Real culmine con "éxito", si bien, "sin impacto" para el contribuyente castellano-manchego.

   En consecuencia, y ante la constatación de que el interés común que ha de defender el Gobierno de Castilla-La Mancha y al que se ha de supeditar cualquier asignación de recursos públicos, "máxime en las actuales circunstancias", no se cumple con la SIA, la Consejería de Fomento, a la que está adscrita la mencionada sociedad, propone la disolución de la misma.

   Finalmente, la Consejería de Fomento ha dejado claro que la viabilidad del aeropuerto de Ciudad Real "no es responsabilidad" de la Junta de Comunidades por tratarse de una iniciativa de capital "íntegramente privado", como tampoco lo es, "lamentablemente", que la asignación de los recursos haya resultado "equivocada", motivo por el cual se encuentra sometido a procedimiento judicial de concurso de acreedores, condición ésta que pone en manos de los administradores concursales designados por el juez, la responsabilidad de tomar las decisiones que garanticen el mejor destino del aeropuerto de Ciudad Real.