
Según ese escrito, y tras comparecer ante el Tribunal de Cuentas con el fiscal del mismo, José Ángel Serrano Herráiz en expediente abierto por "irregularidades graves" y "presuntamente delictivas" a la Consejería de Educación por adjudicaciones de obras millonarias a determinadas empresas, entre ellas 'Trimptor', de la que es titular el presidente de la CROEM y vicepresidente de "Cajamurcia", Miguel del Toro (en la imagen), sin cumplir ningún trámite de contratación administrativa, el letrado se apoya en el dictámen 215/2008 del Consejo Jurídico Consultivo de la Región de Murcia.
Pero, igualmente, en otros quince dictámenes del citado Consejo por omitir al interventor y con reconocimiento de obligaciones o gastos.
De Ramón denuncia la "contratación a dedo", con modificaciones presupuestarias posteriores como denominador común, no justificadas por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, de dos colegios (Lorca y Pozo Estrecho) con la empresa 'Trimptor'.
El letrado pide se dé traslado de las actuaciones al fiscal del Tribunal de Cuentas para que las pase a los tribunales penales "por indicios de responsabilidad criminal" al conculcar derechos constitucionales de terceros por "falta de concurrencia y publicidad en la contratación" alegando un supuesto interés público "que favorece siempre al contratado".
En su escrito a Anticorrupción, De Ramón pone en su conocimiento que no se tienen en cuenta a la hora de esas contrataciones a dedo, cuando los órganos de emisión de dictámenes con facultades de supervisión administrativa "indican que van contra la normativa de contratación, como el Interventor General, que fiscaliza los pagos en materia presupuestaria, los Servicios Jurídicos Generales y el propio Consejo Jurídico de la Región de Murcia".
A juicio del citado letrado, "no basta con invocar el interés público, contraviniendo totalmente la ley" y llega a afirmar en su escrito a la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, que "se han dado presupuestos de hechos tipificados en el Código Penal", excluyendo aquellos que dieron su informe en contra, como el Interventor General.
Finalmente, Diego de Ramón pide la relación de empresas que, de forma continuada y repetida, han obtenido en los últimos diez años "ayudas, subvenciones y donaciones a fondo perdido" por parte del INFO, y aquellas que "han obtenido recalificaciones de más de 40 millones de m2", entre ellas la Caja de Ahorros del Mediterráneo, así como "qué empresas en los polígonos industriales de los Ayuntamiento del mismo color político que el Gobierno regional, desarrollan con carácter continuado, naves, planes industriales, etc, además de la empresa 'Zincsa", de Cartagena".