El fondo de rescate valorará en menos del 20% el patrimonio de las cajas intervenidas

MADRID.- La recapitalización de las cajas de ahorros cerrará mañana un capítulo importante. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) entrará en el capital de las cajas que no alcanzaron el 10% de capital principal que marcó el Gobierno, recuerda hoy 'El País'.

El fondo de rescate valorará en menos del 20% el patrimonio de las entidades, por lo que tomará alrededor del 80% del capital de estas. En algún caso la valoración podría estar cercana al 10%. Las cajas han trasladado a bancos su actividad financiera y es en ellos en donde entrará el Estado. Liberbank, controlada por Cajastur, y BMN, gestionada por Caja Murcia, tienen un mes de plazo para conseguir inversores privados y esquivar la nacionalización total o parcial.

Estos precios son los que espera el mercado, sobre todo después de que la valoración de Bankia y Banca Cívica en sus salidas a Bolsa marcaron precios muy bajos. Bankia, después de una rebaja de precios, salió con una valoración inferior al 30% de su patrimonio en el precio marcado antes de la entrada de los inversores. Con Banca Cívica ocurrió algo muy similar. El patrimonio se valoró en el 27% del total. Con la caída en Bolsa que ha sufrido, del 18%, su valoración actual rondará el 20% del patrimonio.

La razón de estos fuertes descuentos es la baja valoración que los bancos de inversión hacen de los activos inmobiliarios de estas tres cajas. Tras conocerse las cifras de la CAM, que ha admitido una morosidad del 19%, los expertos consideran adecuado que se aplique fuertes descuentos a los activos de las entidades afectadas.

Pese a que el Estado tome la mayoría de una entidad, la caja no perderá su condición de entidad financiera y, por lo tanto, no pasará a ser una fundación. Si en lugar del FROB hubiera sido un inversor particular, la caja sí quedaría reducida a un simple accionista del banco donde ha traspasado su negocio financiero. El fondo de rescate podrá vender a inversores o un competidor su participación.

Armando Sala dice que "sí hay responsables" de las condiciones laborales de Amorós en la CAM y "son culpables"

ALICANTE.- El exvicepresidente primero de Caja Mediterráneo (CAM), Armando Sala, se ha referido a las condiciones laborales de la directora general, María Dolores Amorós, que ha sido despedida sin derecho a indemnización, para señalar que "sí hay responsables" y en su opinión "los responsables son culpables".

   Al término de la toma de posesión de José Joaquín Ripoll como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, a preguntas de los medios de comunicación sobre la situación por la que atraviesa la entidad, que se encuentra intervenida por el Banco de España, Sala ha indicado que él desconocía las cifras del contrato de Amorós y sus condiciones laborales.

   "No soy conocedor de esas cifras que están comentando algunos medios de comunicación, pero la verdad, es que si hay responsables... Claro que los hay, y los responsables son culpables", ha indicado.

   Además, ha asegurado que el estado de las cuentas de la Caja "ha sorprendido a todos", pese a que "algunos" eran "en principio conocedores, más o menos, de que la que la situación de la Caja no era tan boyante como se estaba transmitiendo".

   El ex vicepresidente ha opinado que "la forma en que la están presentado, tampoco es exactamente así". "No digo que esté mal, sino la rigurosidad que se está aplicando en estos momentos a Caja Mediterráneo, si se hubiera aplicado a muchísimas de las cajas de España, probablemente los resultados hubieran sido muy similares", ha aclarado.

   Así mismo, en referencia a la presunta manipulación de los balances de la entidad por parte de Amorós, ha asegurado que él no tiene "elementos de juicio" para opinar, dado que los balances que él conocía eran los que la directora general o su antecesor en el cargo presentaban al consejo de administración.

   "Si estaban arreglados, yo creo que el Banco de España hubiera sido consciente, o debía de haber sido consciente en ese momento y haberse dirigido al consejo de administración", ha señalado.

   No obstante, "la única comunicación" que el consejo de administración tuvo, "lamentablemente" fue el 21 de julio, en la que se les comunicaba la opinión del Banco de España.

   "Y en base a eso, ha sido por lo que muchos de nosotros nos hemos enterado, y no quiero eximir mi responsabilidad, porque también por omisión somos responsables de muchas cosas", ha reconocido.

Bruselas expedienta a España por no aplicar las normas sobre capital de la banca

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum a España para que aplique en un plazo de dos meses las nuevas normas de la UE sobre requisitos de capital para bancos y empresas de inversión. La fecha límite para incorporar esta norma a la legislación nacional era el 31 de octubre de 2010.

   El ultimátum, que afecta también a Países Bajos, se ha enviado a través de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si las autoridades españolas no corrigen la situación, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

   "España tiene que completar la aplicación mediante la adopción de determinadas disposiciones técnicas contempladas en la directiva" sobre requisitos de capital, ha dicho la Comisión en un comunicado.

   El Ejecutivo comunitario ha resaltado que las normas "deben aplicarse en todos los Estados miembros para velar por que las mismas normas de alto nivel se apliquen en toda la UE y que ningún banco ni empresa de inversión se beneficie de una ventaja competitiva desleal".

   Las reglas en cuestión estipulan la cuantía de los recursos financieros propios que deben poseer los bancos y las empresas de inversión para cubrir sus riesgos y proteger los depósitos y crean colegios de supervisores para las entidades que operan en varios Estados miembros.

El PSOE de San Javier asegura que no renunciará a un aeropuerto "rentable" y advierte que lo defenderá

SAN JAVIER.- El portavoz del Grupo Municipal Socialista de San Javier, José Ángel Noguera, y el secretario de Organización de la Agrupación socialista del municipio, Manuel Leal, han dejado claro que los socialistas de la localidad "no vamos a renunciar a un aeropuerto que es rentable y eficaz, y más cuando AENA ha hecho recientemente una inversión superior a 70 millones de euros para adecuar la pista número 2, que permite realizar vuelos durante todo el día".

   Por ello, han advertido que van a defender esta infraestructura "con uñas y dientes", ya que, ha destacado, "no estamos dispuestos a que se pierdan los 1.500 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, que proporciona el aeropuerto de San Javier".

   Ambos dirigentes socialistas han realizado estas declaraciones tras una reunión con el secretario general de la Sección Sindical de CCOO de AENA, José Luís García Carrasco, después de la Asamblea de los trabajadores de Aena San Javier.

   En esta línea, han recordado que "aunque AENA afirma que un aeropuerto es rentable cuando el número de pasajeros anuales supera los cuatro millones, San Javier lo es con dos millones de pasajeros porque está exento de los gastos de controladores aéreos y mantenimiento aéreo, que cubre directamente el Ministerio de Defensa. Y advirtieron que estos servicios "sí tendrían que pagarse en Corvera".

   "Además del prestigio a nivel mundial que significa para el municipio el aeropuerto de San Javier, si se cerrase al uso civil muchas empresas hoteleras, restaurantes y taxistas, verían muy disminuidos sus ingresos al perder ese movimiento de dos millones de personas en su entorno", han subrayado en un comunicado.

Lorca registra el mayor incremento en el precio de la vivienda usada de la Región hasta septiembre

MURCIA.- El precio de la vivienda usada en la Región de Murcia creció un 0,2 por ciento durante el tercer trimestre del año, según el último índice inmobiliario de idealista.com. Así, entre los municipios que han subido de precio, el mayor incremento se ha producido en Lorca, con un 3,1 por ciento.

   Mientras que la ciudad de Murcia experimentó un decremento del 0,4 por ciento en sus precios en el mismo periodo, hasta situarse en 1.918 euros/m2.

   La caída más significativa de la Región se ha producido en el municipio de Alhama, donde los propietarios piden un 5 por ciento menos por sus viviendas que hace tres meses; seguida de Torre Pacheco (-4,3 por ciento) y Puerto de Mazarrón (-3,9 por ciento).

   En el conjunto del país, el precio medio de la vivienda de segunda mano acumula un descenso del 6,1 por ciento en el último año, tras mantenerse prácticamente estable (-0,5 por ciento) en el tercer trimestre de este ejercicio. Así, a cierre del pasado mes de septiembre, el precio medio de los pisos usados se situó en 2.167 euros por metro cuadrado.

   Idealista considera que "no hay indicios que hagan pensar en una posible recuperación del mercado, aunque durante el tercer trimestre del año los precios de los pisos suavizaran su caída".

   "Durante los próximos meses asistiremos ocasionalmente a pequeñas estabilizaciones e incluso leves subidas, pero la tendencia a medio y largo plazo continúa bajista", aseguró en un comunicado el jefe de Estudios del portal inmobiliario, Fernando Encinar.

   Entre los factores que, en su opinión, seguirán afectando al mercado destaca el hecho de que el "'stock' de nuevas viviendas en venta no disminuirá significativamente en los próximos meses, así como los datos de empleo, y la rigidez en la concesión de hipotecas".

   Por comunidades autónomas, cinco regiones siguieron registrando subidas de precios de los pisos usados en el tercer trimestre de 2011. Los mayores incrementos se localizaron en Canarias (+1,1 por ciento), Valencia (+1 por ciento), Asturias (+0,9 por ciento) y en Murcia y Cantabria, con repuntes del 0,2 por ciento en cada una. En el lado opuesto, sobresalen los ajustes de Aragón (-3 por ciento) y La Rioja (-2,5 por ciento).

   De esta forma, el País Vasco y la Comunidad de Madrid siguen siendo las regiones más caras para comprar un piso de segunda mano, con precios que superan los 3.000 euros por metro cuadrado.

   Por contra, las regiones más económicas para adquirir una vivienda usada son Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha, donde el metro cuadrado de estos pisos oscila entre los 1.376 y 1.470 euros.

   Por provincias, 35 de ellas registraron nuevas bajadas de precio en los pisos de segunda mano durante el tercer trimestre del año. No obstante, se trata de diez provincias menos respecto a los tres meses anteriores.

   En las dos grandes capitales, Madrid y Barcelona siguen registrando descensos en los precios de los pisos usados, del 2,7 por ciento en Barcelona y del 0,6 por ciento en Madrid. Desde que los precios máximos registrados antes de la crisis, las viviendas de segunda mano acumulan un ajuste de su precio del 25,3 por ciento en Barcelona y del 17,7 por ciento en el caso del Madrid.

La Región de Murcia encabeza en agosto la mayor caída en el empleo del comercio minorista

MURCIA.- La Región de Murcia experimentó en agosto una caída en el empleo en el sector del comercio al por menor del tres por ciento en relación al mismo mes del año anterior, un descenso superior al experimentado en el conjunto nacional, del 0,6 por ciento, lo que supone el mayor descenso por comunidades autónomas.

   Respecto a la media en lo que va de año, el descenso en la Región de la ocupación bajó un 2,7 por ciento, según los Índices de Comercio al por Menor (ICM) publicados este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Por su parte, las ventas del comercio al por menor registraron una caída del 4,2 por ciento durante el mes de agosto en la Región de Murcia, en relación al mismo mes del año anterior, una caída superior a la bajada de la media nacional (4 por ciento), y la sexta mayor caída por comunidades.

   En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor cayeron en agosto un 4% con respecto al mismo mes de 2010, lo que supone moderar en más de dos puntos el descenso registrado en julio (-6,1%), según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   La tasa media de las ventas del sector registró una caída del 5,4% en los ocho primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2010.

   Las ventas del comercio minorista suman así catorce meses con signo negativo, tras la subida del 0,9% que experimentaron en junio de 2010.

   Según los datos del organismo estadístico, las ventas de los productos de alimentación cayeron un 1,2%, mientras que las de los no alimenticios retrocedieron un 5,6%, siendo el mayor descenso entre estos últimos el del equipo del hogar, cuyas ventas disminuyeron un 6,7%.

   Por su parte, las ventas en las estaciones de servicio, descontando el efecto de los precios, bajaron un 5,8% respecto al mes de agosto de 2010.

   Todos los modos de distribución redujeron sus ventas en agosto respecto al mismo mes del año anterior, salvo las grandes cadenas, que las elevaron un 1,6%. Las pequeñas cadenas, con un descenso del 7,1%, presentaron la mayor caída, seguida de las empresas unilocalizadas (-6%) y las grandes superficies (-3,4%).

   Las ventas del comercio minorista disminuyeron en agosto en todas las comunidades autónomas. Las mayores disminuciones se registraron en Andalucía (-6,8%) y Castilla-La Mancha (-6,5%). Por su parte, Extremadura registró el menor descenso, con un -0,3%.

   Los datos del INE también ponen de manifiesto que el empleo en el comercio minorista continuó a la baja, al registrar en agosto un descenso anual del 0,6%, tres décimas por debajo del registrado en julio. En las estaciones de servicio, la ocupación disminuyó un 0,5%.

   Por modos de distribución, todos ellos redujeron su nivel de ocupación en agosto, menos las grandes cadenas, donde aumentó un 1,4%. El mayor retroceso del empleo se lo apuntaron las pequeñas cadenas (-3,1%), seguidas de las grandes superficies (-2,8%) y de las empresas unilocalizadas (-0,1%).

   El empleo en el comercio minorista descendió en diez comunidades autónomas en agosto. Murcia (-3%) y Andalucía (-2%) presentaron los mayores descensos. En cambio, Castilla y León (1,4%) fue la comunidad que presentó el mayor incremento de la ocupación.

Pemex y Sacyr deberán demostrar que no hacen "daño" para seguir en Repsol

MADRID.- La continuidad de Pemex y Sacyr en el consejo de administración de Repsol se producirá si los socios son capaces de demostrar a través de un informe independiente de una consultora de prestigio internacional que no hacen "daño" a la petrolera o que aportarán más beneficios que daños a la misma.

   Este informe de la consultora deberá venir acompañado de otro de la comisión de nombramientos y retribuciones, y lograr además el apoyo de la mayoría del accionariado de Repsol durante una votación de la junta de accionistas en la que no participen los afectados. Si la junta aprueba su presencia pero los informes la desaconsejan, el asunto acabará en los tribunales.

   Este es el nuevo mecanismo de Repsol para la "dispensa" a empresas competidoras que deseen estar en el consejo de administración, incluido en la reformulación del reglamento del órgano rector aprobada en la reunión de ayer. Hasta ahora, el abanico de posibilidades para lograr este beneplácito era más amplio y no exigía ni acuerdo de la junta ni un informe independiente.

   El cambio en el artículo 19 del reglamento afecta directamente a la petrolera mexicana Pemex, que prevé la toma de un 9,8% de Repsol, pero también puede dejar fuera del consejo a los tres representantes de Sacyr, ya que a su vez incluye una nueva definición de competidor en la que se alude no solo a las empresas del sector, sino también a las que estén concertadas" con ellas. La constructora ha sindicado su 20% con Pemex.

   Pemex y Sacyr no podrán presentar su actual presencia en el Repsol como un hecho consumado no sometido a revisión, al menos según el nuevo reglamento. "Si la situación de competencia indispensada apareciese con posterioridad al nombramiento de un consejero, el afectado deberá dimitir inmediatamente de su cargo", dice ahora el reglamento.

   Repsol, que excluye de la definición de competencia a empresas del sector con las que mantenga una alianza estratégica, blinda el nuevo cambio incorporando un punto en el que, de forma hasta ahora inusitada, exige el voto de tres cuartas partes del consejo de administración para cambiar la norma.

   En la actualidad, estas tres cuartas partes coinciden con el bloque conformado por el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, en torno a La Caixa y los independientes en contra del acuerdo de Pemex y Sacyr.

   La otra modificación reglamentaria afecta al artículo 22 y también requiere el apoyo de tres cuartas partes del consejo para su modificación. Afecta a las operaciones vinculadas y hace hincapié en la necesidad de controlar movimientos que afecten a activos estratégicos de la compañía o que impliquen "transferencia de tecnología relevante".

   Precisamente, esta transferencia tecnológica se había convertido en motivo de controversia con la publicación de un informe en el que Pemex justificaba su inversión en Repsol e identificaba este ámbito como uno de los más atractivos de la petrolera española.

El Gobierno de España aprueba el informe de evaluación de las actuaciones en Lorca

MURCIA.- La sexta Comisión Interministerial para el desarrollo de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno con motivo de los graves seísmos de Lorca del pasado 11 de mayo aprobó el informe de evaluación de dichas actuaciones, realizado en cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado día 13.

   El informe da cuenta del estado de ejecución de las medidas urgentes incluidas en el Real Decreto 6/2011, de 13 de mayo, y de otras actuaciones puestas en marcha con el fin de paliar las graves consecuencias de la catástrofe.

   A causa de los seísmos fallecieron nueve personas, 324 resultaron heridas y miles se vieron desalojadas de sus viviendas. Se produjeron importantes daños en numerosos edificios particulares, en infraestructuras, equipamientos públicos y bienes del patrimonio cultural.

   La magnitud del desastre requirió una respuesta rápida. El Gobierno de España, aprobó sólo 48 horas después el Real Decreto-ley de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados, y a la semana siguiente, entre otros acuerdos, el Real Decreto de 20 de mayo, por el que se concede una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Murcia, para financiar actuaciones de reparación de los daños causados en infraestructuras educativas.

   Una vez superado el primer momento de emergencia, en el que la actuación fue rápida y eficaz, según ha evaluado la Comisión, se iniciaron inmediatamente las tareas de reconstrucción, reparación y ayuda económica, reguladas por el Real Decreto-Ley de 13 de mayo, prestando especial atención a las actuaciones en materia de edificación y vivienda.

   De las 33.000 con que cuenta Lorca, hay 23.855 que sufren algún tipo de daño. Hasta ahora 1.164 viviendas, de las que el 70 por ciento estaban habitadas, han sido ya demolidas y se espera superar las 1.300.

   Hasta el momento se han presentado 13.176 solicitudes de ayuda para reconstrucción o reparación, pero sólo 574 han sido aprobadas por la Comisión Mixta por un importe total de 2,5 millones de euros. El coste total estimado de estas ayudas ascenderá a más de 225millones de euros, importe que será sufragado al 50 por ciento por la AGE.

   También se han solicitado 1.006 ayudas al alquiler por destrucción o daños en la vivienda y sólo 105 expedientes han sido aprobados por la Comisión Mixta por un importe de 628.000 euros, de los que el Gobierno ha abonado ya su parte (314.000 euros). El coste total de estas ayudas se estima en 16,6 millones.

   Para la reposición de enseres se han presentado 160 solicitudes de las que hasta el momento la Comisión Mixta no ha concedido ninguna. El coste total estimado ascenderá a 412.800 euros.

   La comisión interministerial ha constatado en todos estos casos la lentitud con que se está produciendo la tramitación de los expedientes, que han de llegar a la Comisión Mixta desde la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento.

   El Gobierno financiará íntegramente un Programa de construcción de 300 viviendas. Los técnicos ya están trabajando en el estudio de los terrenos que el Ayuntamiento ha propuesto para saber si son aptos para esta construcción. Una vez ceda el Ayuntamiento los terrenos y conceda los permisos necesarios, el Ministerio de Fomento empezará a construir las primeras viviendas.

   Se han establecido también algunos beneficios fiscales, como la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para fincas dañadas -cuya cuantía prevista se acerca a los 11 millones de euros-, la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas de 2011en función del periodo de cese de actividad y la exención de las tasas por baja de vehículos siniestrados. La minoración de ingresos en la hacienda local que estos beneficios fiscales suponen, será compensada con cargo a los presupuestos generales del Estado.

   Por su parte, el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido a fecha de 20 de septiembre 28.558 solicitudes de indemnización, de las que ya se han abonado 23.070, cuyo importe asciende a 182.900.000 euros (el 85% del total de solicitudes). El Consorcio tiene como objetivo haber peritado y pagado completamente cuando el presente mes haya terminado, la práctica totalidad de los expedientes registrados hasta el 15 de agosto.

   Finalmente, a más de 16.000 pensionistas de la zona se les anticipó al 1 de junio el abono de la paga extraordinaria (10,7 millones de euros)y  se han resuelto 259 expedientes de diferimiento de cuotas de la Seguridad Social que afectan a 866 trabajadores.

   El Ayuntamiento de Lorca ha presentado 440 solicitudes por importe de más de 23 millones de euros al Ministerio del Interior en concepto de gastos de emergencia realizados por el Consistorio, como trabajos de demoliciones o limpieza. El Gobierno ya ha transferido más de 3,1 millones al Ayuntamiento por este concepto.

   Además, por consenso de las Comunidades Autónomas, en el mes de julio se adoptó la decisión de destinar a Lorca en este ejercicio 2011 el 25% del presupuesto del Plan Estatal de Mejora de la Competitividad del Comercio. Esto supone destinar un millón y medio de euros de un total de seis millones de euros.  

   Importantes elementos del patrimonio cultural sufrieron desperfectos que están siendo rehabilitados con urgencia para evitar su ruina total. El Ministerio de Fomento, con un presupuesto total de 8.243.148 euros, de los cuales ya han sido ejecutados 2.663.722 euros, está financiando las siguientes obras: Consolidación del Palacio Guevara, restauración de la Muralla de Lorca y del Porche de San Antonio y actuaciones en Iglesia de San Mateo.

   Asimismo, el Ministerio de Cultura está implicado en varias acciones de rehabilitación y consolidación, entre ellas la restauración de piezas del Museo Arqueológico, la rehabilitación de la torre del Espolón y las murallas del Castillo, que suman un total de 4.472.505 euros para el periodo 2011-2013, de los cuales 1.151.000 euros ya han sido ejecutados.

   También se vio dañado el nuevo Parador de Turismo de Lorca, ubicado en el recinto del Castillo. Para su rehabilitación, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha acometido una actuación de emergencia que supondrá un coste de 4.953.869 euros. Las obras estarán finalizadas, previsiblemente, en la Semana Santa de 2012.

   La semana que viene, una delegación de la Comisión viajará a Lorca para estudiar sobre el terreno la situación y las próximas actuaciones.

   La Comisión Interministerial para Lorca está presidida por el Ministro Ramón Jáuregui, y de ella forman parte los Secretarios de Estado de Cooperación Territorial y Vivienda, el Delegado del Gobierno en Murcia y los subsecretarios y otros altos cargos de los Ministerios de Presidencia, Interior, Cultura, Defensa, Fomento, Economía y Hacienda, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Trabajo, Sanidad y Educación.

El despido de Amorós abre la depuración de responsabilidades en Caja Mediterráneo

MADRID.- Las fichas empiezan a caer en Caja Mediterráneo. La entidad alicantina, que hasta hace pocos meses había pasado desapercibida dentro del grupo Banco Base, comienza a ver cómo la intervención acordada por el Banco de España el 22 de julio tiene ya sus consecuencias legales, según piensa 'Cinco Días'.

Después de que, en un primer momento, el supervisor apartara de sus funciones al presidente y al resto del consejo de administración, ayer se hizo efectivo el despido disciplinario de María Dolores Amorós, directora general de la entidad en el momento del rescate.
El organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha tomado esta decisión al entender que, en su labor como primera ejecutiva de la caja murciano-alicantina, Amorós "ha buscado el beneficio propio, ha falseado las cuentas para engañar al supervisor y ha realizado una gestión deficiente", según confirmaron ayer fuentes de la entidad.
Entre los argumentos más demoledores esgrimidos por el Banco de España para acordar el despido de la directiva está la pensión vitalicia que Amorós pactó con el presidente de CAM, Modesto Crespo, para su jubilación, por importe de 370.000 euros anuales.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), facultado por el supervisor bancario para administrar temporalmente CAM antes de su posterior subasta, considera que los anteriores gestores de la caja falsearon las cuentas para hacer creer que la situación financiera era mejor de la que realmente tenía.
María Dolores Amorós, contactada por 'Cinco Días' para poder ofrecer su versión de los hechos, ha declinado entrar a valorar la decisión del Banco de España.
Reacciones políticas
Las reacciones políticas tras el fulminante despido de Amorós no se han hecho esperar. La secretaria general del partido socialista en Alicante, Ana Barceló, mostraba su indignación. "Nos parece inmoral que Amorós pactara su futuro nada más llegar a su cargo, cuando el puesto de trabajo de 6.000 trabajadores de Caja Mediterráneo está en el aire por la reestructuración de la entidad". Barceló ha pedido que la depuración de responsabilidades "llegue hasta donde tenga que llegar".
El Banco de España ya está investigando el papel desempeñado por los consejeros de la entidad y por su cúpula directiva en el deterioro de la situación financiera de CAM. De acuerdo con varios expertos jurídicos consultados, es muy probable que los miembros del consejo cuando la caja fue intervenida, así como la alta dirección de la entidad, sean sancionados por el regulador por la comisión de infracciones muy graves, que conllevan sanciones económicas e inhabilitación para trabajar en el sector bancario.
Fuentes sindicales de Caja Mediterráneo aseguraban que el argumentario utilizado por el FROB y el Banco de España para justificar el despido disciplinario de Amorós será más que suficiente para imponer sanciones administrativas a los gestores de la caja. "Con estos precedentes, no me extrañaría que se llegaran a iniciar acciones penales contra ellos", apunta.
El abogado José Ángel González Franco, que asesora al ex presidente de Caja Castilla La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, en el proceso abierto contra él en la Audiencia Nacional, considera que "el delito principal que en su caso puede ser objeto de imputación en CAM, por lo que aparece en los medios, normalmente sería el de administración social fraudulenta". La pena que contempla en este caso el Código Penal es de entre seis meses y cuatro años de prisión. También argumenta que, en el caso de su defendido, no hubo ninguna intención de lucro personal en su actuación al frente de CCM.

Es el secreto mejor guardado en CAM: la cantidad que percibió su anterior director general, Roberto López Abad, cuando se apuntó al plan de prejubilaciones puesto en marcha por la entidad a finales del pasado mes de julio. Sin embargo, fuentes del sector aseguran que la cifra alcanza los 5,6 millones de euros brutos, 3,8 millones netos, aunque la oficial no se conocerá hasta que CAM presente su informe de buen gobierno corporativo de este año.

No es la única incógnita, ya que el anterior máximo ejecutivo de la que fue la tercera mayor caja de ahorros española podría haber recibido una indemnización al dejar su cargo, a lo que habría que sumar los compromisos por pensiones acumulados. En círculos financieros se especula con la posibilidad de que la cifra total ronde los 10 millones de euros.

López Abad fue director general de CAM entre 2001 y noviembre de 2010, cuando pasó a ocupar este puesto pero en Banco Base, la alianza que tejió la entidad alicantina con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria y que se rompió a finales del pasado mes de marzo.

Cinco jefes de la CAM cobraron 13 millones antes de la intervención

ALICANTE.- Jamás un quebranto financiero tan grande obtuvo una recompensa tan extraordinaria. La cúpula directiva de la CAM, la misma que con su gestión condujo a la cuarta caja de ahorros de España a la bancarrota, se embolsó 13,3 millones de euros en indemnizaciones justo antes de que la entidad fuese intervenida por el Banco de España, según revela hoy 'El Mundo'.

Dos meses después del rescate, el supervisor destapó unas pérdidas de 1.136 millones de euros en el primer semestre de 2011. El Estado ha tenido que inyectar 2.800 millones para recapitalizar la caja y prestarle 3.000 millones para que atienda sus problemas de liquidez. Unos números que no impidieron que sólo cinco ejecutivos de alto rango accedieran a repartirse 13,3 millones en indemnizaciones.

Los beneficiarios de tan jugosas indemnizaciones son Roberto López Abad, ex director general de la caja y al que todas las fuentes apuntan como primer responsable de su desaguisado; Vicente Soriano, jefe de Recursos Humanos; Joaquín Meseguer, responsable de Participaciones Empresariales; Agustín Llorca, director general adjunto, que abandonó la entidad un día antes de su intervención por el Banco de España, y Gabriel Sagristá, director de la zona Norte.

Los cinco se acogieron al expediente de regulación de empleo (ERE) que puso en marcha la CAM este mismo año después de haber sido los máximos responsables de una gestión que ha llevado a la entidad a una morosidad del 51% con el sector inmobiliario, pérdidas de 1.136 millones en apenas seis meses y una posición de liquidez que obligó al Banco de España a rescatarla.

López Abad se fue con 5,8 millones de euros brutos bajo el brazo. La que fue su sucesora, María Dolores Amorós, que iba a permanecer en la entidad, intentó blindar su futuro pactando con el ex presidente Modesto Crespo una pensión anual de casi 370.000 euros.

Amorós, que ha sido despedida por los administradores del Frob, buscó el beneficio propio, falseó las cuentas y realizó una gestión deficiente mientras ocupó el cargo de directora general. Ése es, al menos, el juicio de los interventores del Banco de España.

La ex directora general de CAM ocultó al consejo de administración de la caja la espectacular subida que experimentó su sueldo nada más acceder al cargo, en noviembre de 2010 (pasó de 350.000 a 593.000 euros al año), así como el resto de jugosos complementos que iban aparejados a su contrato. Varios ex miembros del órgano de gobierno de la entidad, consultados ayer por este diario, coincidieron en que el consejo nunca fue informado del incremento salarial que Amorós pactó con el presidente, Modesto Crespo.

Ni el sueldo de Amorós ni su pensión pasaron por la Comisión de Retribuciones, presidida por el secretario del consejo de administración, José Forner. Esta comisión tiene como misión informar al consejo sobre la política general de retribuciones e incentivos para los miembros de los órganos de gobierno y el personal directivo. Entre sus funciones figura «conocer e informar sobre los criterios generales de retribución de altos directivos» y «conocer e informar sobre el sistema general de incentivos anuales o retribución variable de aplicación al personal de Caja Mediterráneo».

En vista de los acontecimientos, todo este proceso fue obviado. Fue Modesto Crespo quien, haciendo uso de la competencia que le atribuyen los estatutos de la caja, fijó el sueldo de la primera directiva de la CAM, incluso, antes de que la asamblea general de la caja ratificara el nombramiento de Amorós.

Además de subirse el sueldo, a Amorós también le dio tiempo, en su breve estancia en la dirección general, a ascender a su hermana, empleada de la CAM, a la cúpula de la entidad.

El pasado abril, tras la ruptura de la fusión con CajAstur, Amorós rediseñó el equipo directivo y al mismo ascendió a su hermana, Luisa Esperanza Amorós, a quien colocó en la la dirección de Particulares.

Todos estos elementos van a formar parte del expediente administrativo que el Banco de España está elaborando contra el equipo directivo y el consejo de la entidad.

Fuentes financieras apuntan que, además de la vía administrativa, hay suficientes indicios de delitos penales, por lo que el Banco de España optará por, una vez concluido el expediente, elevarlo a la Fiscalía para que inicie la oportuna investigación y depure responsabilidades.

Mientras tanto, continúa el proceso de adjudicación de la caja. Ayer concluyó el plazo para que los interesados presentarán ofertas no vinculantes por una entidad que suma 70.000 millones de euros en activos.

Según fuentes financieras consultadas por este diario, en la lista de ofertantes aparecen el Santander (que acometería la integración a través de Banesto), BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Ibercaja y Barclays. A ese listado se podría sumar algún fondo de inversión, como ya sucedió en el caso de CajaSur, aunque difícilmente el Banco de España se inclinará por entregarles la caja a ellos.

Ahora es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) el que debe analizar las propuestas recibidas. En función de las solicitudes que hayan realizado los interesados, el fondo reformulará las condiciones para quedarse con la entidad. Inicialmente había incluido un esquema de protección de activos para cubrir las pérdidas de los créditos más tóxicos de la caja y ayudas para financiar sus problemas de liquidez.