MADRID.- La
militancia de Podemos ha avalado por amplia mayoría que la formación
condicione su apoyo al Gobierno en los futuros Presupuestos Generales
del Estado (PGE) a la ruptura de relaciones con Israel y bajar por ley
un 40% los alquileres.
Concretamente, el 89,8% del total (34.417 personas) de los 38.324
inscritos que ha participado en la consulta lanzada por el partido, que
arrancó el martes y concluyó la medianoche de ayer, han respaldado
vincular el voto favorable de la formación a estas condiciones.
Por su parte, han votado en blanco 811 (el 2,12% de los que han
emitido voto) y solo el 3.096 inscritos, un 8,1% del total, se ha
mostrado en contra, según han informado este lunes en rueda de prensa
los co-portavoces morados Pablo Fernández y María Teresa Pérez.
De esta forma, Podemos presionará al Ejecutivo de cara a la
negociación presupuestaria para que asuma sus postulados, enfatizando
que serán firmes en estas demandas dado que no se considera socio
parlamentario del PSOE y que sus votos son "decisivos" para sacar las
cuentas públicas.
Fernández ha subrayado que el PSOE ha aprobado la Ley de Amnistía
porque necesitaba los votos de Junts y que también ha acordado con ERC
una financiación singular para Cataluña dado que necesitaba que a los
republicanos para la investidura como presidente de la Generalitat de
Salvador Illa.
Por tanto, ha proclamado que si el PSOE quiere los votos de Podemos,
que van a ser fundamentales para los PGE, va a tener que aceptar estas
dos condiciones. "No son nada excepcional. Creemos que no son peticiones
que no tengan sentido ahora mismo", ha apostillado.
La secretaria general del partido, Ione Belarra, ya trasladó que lo
mínimo que se podía exigir al Gobierno, al que reprocha haber desplegado
un "giro a la derecha", es romper relaciones diplomáticas y comerciales
con Israel, ante su "genocidio" al pueblo palestino, y proceder a un
embargo efectivo de compraventa de armas e impedir que España sea país
de tránsito de material militar con destino al país hebreo.
En materia de vivienda, Podemos pide aplicar la rebaja del 40% a todo
contrato que tenga que ser renovado o prorrogado y que, en caso de
nuevos pisos que salgan al mercado, el coste del arrendamiento tendrá
que ser sobre el 60% del precio fijado en el sistema estatal de
referencia de precios del alquiler.
Una medida que se aplicaría a
municipios mayores de 200.000 habitantes o en localidades con menor
población que hayan experimentado una subida del alquiler del 35%.
A su vez, Podemos pide limitar la compraventa de vivienda que no sea
para uso residencial que aquellos que adquieran un inmueble deberán
acreditar esa finalidad hasta familiares de segundo grado de
consanguinidad al menos cuatro años para, a partir de ahí, ponerla en
alquiler.
Fuentes del partido recalcaron que esta consulta les fortalece de
cara a la negociación con el Gobierno y que van en serio, recalcando que
con el dictamen de su militancia hay poco margen de negociación con el
Ejecutivo si este aspira a contar con sus votos.
De hecho, subrayaron que ya dieron gratis su apoyo a la investidura
pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha desplegado ningún
avance social hasta la fecha. Por ello, van a hacer valer la fuerza de
sus cuatro diputados en el Grupo Mixto para exigir que se lleven a cabo
estas medidas, que suscitan consenso en las bases progresistas.
Es más, la cúpula del partido ha destacado que van a hacer valer sus
cuatro votos que tienen en el Congreso para conseguir sus objetivos, al
igual que hizo Junts por ejemplo para conseguir aprobar la Ley de
Amnistía pese a que el PSOE lo había rechazado hasta la fecha.
Todo ello conscientes del contexto de debilidad del Ejecutivo, que
tiene una fuerte presión por las movilizaciones de la vivienda y por el
impacto del 'caso Koldo'.
Mientras, fuentes del Gobierno señalaron esta semana que aprecian
necesidad de "protagonismo político" en Podemos y confía en que impere
el sentido común a la hora de negociar, dado que consideran inviables la
demanda de reducir un 40% el alquiler por ley.
Es más, creen que los morados piensan, con este tipo de exigencias,
que no habrá Presupuestos y que se han equivocado en su estrategia, dado
que la reducción que pretenden no se puede hacer desde el ámbito de
competencias estatales.
Además, no contemplan un escenario en el que los
morados sean la única formación que se desmarque si el resto de aliados
parlamentarios respaldan las cuentas públicas.
