En el caso Novo Carthago hay cuatro políticos imputados: Pilar Barreiro,
Antonio Cerdá, Joaquín Bascuñana y Francisco Marqués, y uno que está
siendo investigado, Ramón Luis Valcárcel. Los dos primeros están
aforados por su condición de diputada nacional y de consejero del
Gobierno regional, respectivamente.
La parte de las diligencias
que afectan a Barreiro está en manos del Supremo, jurisdicción que por
su aforamiento le corresponde, y el resto del caso queda bajo la
instrucción del magistrado Manuel Abadía, en el TSJ, a causa del
aforamiento de Cerdá. Si Cerdá dimite, el
caso pasará automáticamente al juzgado ordinario. Esa es la causa que
reside, tras el seguro pretexto de las 'razones personales' que
esgrimirá hoy, en la dimisión del responsable de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente: liberar la instrucción de las garras del implacable
Abadía.
Este plan de operaciones ha sido diseñado entre Valcárcel y
el diputado Vicente Martínez Pujalte, cuñado de Cerdá, ante la sospecha
de que el juez del TSJ podría solicitar antes de las elecciones una
comparecencia del expresidente del Gobierno autonómico y ahora
vicepresidente del Parlamento Europeo. El juez trabaja probablemente
deprisa, a sabiendas de que del resultado de las elecciones podría
producirse la sustitución de Cerdá, y con ella debería entregar el caso.
El
prematuro sacrificio político del consejero de Agricultura en pleno
fragor de una nueva batalla del agua tiene como finalidad intentar
salvar a Valcárcel de la lupa de Abadía, quien ya había detectado
supuestos negocios ventajosos del entorno familiar del expresidente con
el promotor de Novo Carthago, Rafael Galea, tras indagar en otras
presuntas connivencias o presuntos favores y regalos que podrían ser tan
impropios como reveladores. Abadía, por lo que se deduce de la parte de
su instrucción que ha ido trascendiendo, se disponía a identificar al
supuesto Señor X del caso, y ante el volumen de las alarmas ha sido
precisa la entrega voluntaria de la cabeza del leal Cerdá, el consejero
más veterano y con mejor imagen en el sector a que atiende. La dimisión
pudo haberse producido anteayer; de hecho, Cerdá acudió a San Esteban, pero
el presidente estaba en Cartagena.
Una vez que Pedro Antonio
Sánchez ha sido desimputado de su caso, tal vez se quiera hacer pasar la
dimisión de Cerdá (inesperada para Garre, pues ha sido urdida, como
digo, por Valcárcel y Pujalte) como un gesto 'generoso' de los que
solicitaba el actual presidente, quien pasaría de contar con dos
consejeros imputados a tener ninguno. Pero hay que insistir en que en
realidad se trata de salvar al presidente del PP de las garras de un
juez celoso de su oficio.
La devolución de Novo Carthago al
juzgado ordinario transmite a imputados e investigados la esperanza de
transitar por un ámbito judicial menos estricto.
L' État c'est moi
la luz del día, sin recato y sin vergüenza. Sin intentar esconder más
que retóricamente el verdadero motor de los acontecimientos. El
Gobierno de la Región de Murcia y hasta los propios intereses
electorales del PP, puestos al servicio del señorito, el amo de la
finca.
Ha bastado que la instrucción del caso Novo Carthago indagara en
presuntos negocios del entorno familiar del expresidente con Rafael
Galea, promotor de la macrourbanización del Mar Menor cuya tramitación
administrativa se investiga, así como en supuestas atenciones del
empresario que podrían resultar impropias, para que todo se ponga al
servicio de la defensa preventiva de Valcárcel V, el Intocable.
Antonio Cerdá no ha dimitido por haber reflexionado sobre
la necesidad de que los imputados no mantengan cargos, ni siquiera
retrospectivamente porque había prometido que lo haría si el PP, cuando
gobernara en el Estado, no retomaba el trasvase del Ebro. Ha dimitido
para que, una vez que con su marcha no quedan aforados en la parte de la
causa de la que se entiende en Murcia, el TSJ pierda sus competencias
en el caso, deje de investigar al líder del partido y la instrucción
pase al juzgado ordinario, que obligadamente habría de iniciar la
investigación desde cero y tal vez con menos celo del que ha mostrado el
magistrado Manuel Abadía. Así de evidente, así de, esta vez sí,
transparente.
Poco importa que precisamente en este momento al Gobierno le sea más
necesario que nunca el concurso de Cerdá, consejero de gran autoridad en
su sector, por la movilización de los regantes y las necesarias
respuestas a una política sobre el agua que hace aguas y sobre la que
Garre anuncia novedades. El Gobierno, que se las apañe. Lo importante es
rescatar a Valcárcel de una instrucción que, por lo que apunta, podría
llegar muy lejos, y tal vez desvelar todo el supuesto entramado de
intereses inconfesables que permanece tras muchas de las actuaciones
políticas de los últimos doce años. Para salvar de la Justicia la cabeza
de Valcárcel se le da el tajo político a la de Cerdá, un sacrificio
consentido por la lealtad a quien lo ha mantenido en el Gobierno hasta
ahora, incluso con otro presidente.
Valcárcel no ha movido un músculo cuando los imputados eran otros.
Incluso algunos casos, como los de Cámara o Barreiro, le han venido bien
por el debilitamiento político que les acarreaba, acrecentando su
poder. Pero cuando los pasos de la investigación sobre Novo Carthago
parecían dibujarlo como el supuesto Señor X de la operación urbanística y
parecía acercarse el momento de ser llamado a declarar, ha movido las
piezas, con la inestimable colaboración de Martínez Pujalte, cuñado de
Cerdá, para recomponer la línea roja ante él.
La Región, el Gobierno y la imagen, ya más que deteriorada del PP por
su causa, capricho y arbitrio, a su servicio. El Estado es él. Y a ver
quién se atreve a decir que el rey va desnudo.
