El Ayuntamiento de Murcia recuerda que hay concedidas 1.300 licencias para puestos de mercadillos semanales

MURCIA.- El concejal de Mercados, Consumo y Descentralización del Ayuntamiento de Murcia, Cristóbal Herrero, ha indicado que el Grupo Municipal Socialista "miente cuando afirma que de los mercados semanales viven 6.000 familias del municipio, cuando hay concedidas 1.300 licencias en todo el término municipal, de las que sólo 35 vendedores tienen declarados trabajadores". 

   Herrero ha contestado de esta manera al portavoz del PSOE, Pedro López, quien ha visitado el mercado de Santa María de Gracia y ha vuelto a exigir al PP municipal "que retire el tasazo porque este incremento abusivo está llevando al límite a 6.000 familias en el municipio".

   En este sentido, Herrero aclara que cada licencia "es para una persona y un colaborador, como mucho", según informaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.

   Herrero se pregunta si el PSOE, con esos cálculos, "insinúa que hay economía sumergida en los mercados, ya que hablan de más trabajadores de los que oficialmente constan". Por lo tanto, cree que si el Grupo Socialista tiene constancia de esas 6.000 familias "debería dar parte a la Seguridad Social".  

   Así mismo, ha señalado que el PSOE "pretende confundir a la ciudadanía cuando asegura que los vendedores podrían pagar una media de entre 1.500 y 4.000 euros anuales de tasa".

   Herrero dice que no salen las cuentas del PSOE, ya que "los vendedores pagarían una media de 24 euros al mes por un puesto de 4 metros en pedanías; y 42 euros al mes en un puesto de 7 metros en pedanías; mientras que en Santa María de Gracia y La Fama pagarían 48 euros al mes por un puesto de 4 metros y 84 euros al mes por un puesto de 7 metros.

   El concejal ha manifestado su buena voluntad para negociar y llegar a un acuerdo, dentro de la legalidad, con las mejores condiciones para todos.

Un estudio de la UPCT revela incongruencias en la estimación del coste del submarino Peral

CARTAGENA.- Un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha revelado incongruencias en la estimación del coste del submarino Peral, lo que probablemente contribuyó a la negativa oficial de poner en servicio el buque, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

   Cabe recordar que este año se cumple el 125º aniversario de la botadura del submarino Peral, un hito en la historia de la navegación mundial que, sin embargo, fue desechado por las autoridades militares españolas de la época.

   Las vicisitudes y polémicas que sufrió el invento del cartagenero Isaac Peral afectaron también al cómputo de su coste, según refleja una investigación llevada a cabo por Isidoro Guzmán, profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la UPCT, en coautoría con Manuela Guzmán, Economista y PAS de la Universidad Politécnica de Cartagena.

   El estudio, publicado recientemente en la revista 'De Computis', dedicada a la investigación en Historia de la Contabilidad, revela que el coste oficialmente asignado a la fabricación del submarino fue de 894.947 pesetas, un 196 por ciento más de lo presupuestado inicialmente por Peral, incluyendo partidas incongruentes respecto a las fechas de montaje del buque, por lo que "no se sabe con exactitud lo que costó el submarino", explica el profesor Guzmán.

   Basándose en la Ordenanza en vigor de los astilleros del Estado, los autores realizan una valoración alternativa del coste del submarino, que cifran en 634.394 pesetas, es decir, un 30 por ciento inferior a la oficial, al rechazar el porcentaje de costes indirectos que se le aplicó al buque como si hubiese sido íntegramente fabricado en el Arsenal de la Carraca de Cádiz, donde fue montado a partir de componentes adquiridos en el extranjero.

   En este sentido, Manuela Guzmán subraya que "pese a las divergencias sobre su coste real, el submarino diseñado por Peral era económicamente mucho más asequible que otros buques". La investigadora señala que en las mismas fechas el Estado se gastó 24 millones en el acorazado Pelayo, frente a los 14 millones en que Peral había cifrado el coste total de los 52 submarinos que se propuso construir para proteger las costas españolas.

   El submarino Peral fue botado ante una gran multitud el 8 de septiembre de 1888 en Cádiz, y las pruebas de mar, velocidad, radio de acción, navegación sumergida, disparo de torpedos e invisibilidad a las que fue sometido, demostraron que fue el primer buque de la historia que pudo navegar sumergido de forma autónoma en mar abierto y sin ser avistado, gracias a su innovadora propulsión mediante acumuladores eléctricos.

   Sin embargo, a pesar del éxito obtenido en las pruebas a que fue sometido el submarino, en septiembre de 1890, el Consejo Superior de la Marina, presidido por el ministro José María de Beránguer, tomó la decisión de rechazar la puesta en servicio del buque, lo que llevó al inventor cartagenero a solicitar la baja en la Armada tras veinticinco años de servicio activo, falleciendo en Alemania en 1895, a la edad de 44 años.

   Desmantelado y aparcado en el astillero gaditano, el submarino Peral fue trasladado a Cartagena en 1930, donde ha sido exhibido en el Paseo de Alfonso XII entre 1965 y 2012. Actualmente está siendo restaurado para ser expuesto a partir de septiembre en el Museo Naval de la ciudad.

La Defensora del Pueblo inicia acciones por "incumplimiento de la Ley de RBI" por parte de la Región de Murcia

MURCIA.- Concepción Ferrer, adjunta segunda del Defensor del Pueblo de España, ha emitido un comunicado, con fecha del pasado 25 de abril, al Colegio Oficial de Trabajo Social informando que "la queja presentada el 22 de marzo ha sido admitida y se han iniciado actuaciones para dar cumplimiento a la Ley 3/2007 de Renta Básica de Inserción (RBI)", según informa el Colegio, que fue quien denunció que el Gobierno regional "se escuda en la falta de un desarrollo reglamentario previsto por la Ley para su incumplimiento".

   En opinión del Colegio de Trabajo Social, "la falta de un Reglamento supone un ahorro de, al menos, 100 euros por familia y mes a la Comunidad". Igualmente, "sitúa en una situación de indefensión a las familias que, debiendo obtener respuesta en el plazo legal de dos meses, quedan desatendidas de un año para otro".

   Asimismo, los trabajadores sociales denuncian que "con el presupuesto de 2013, el Gobierno regional ni siquiera ha sido capaz de atender a las familias que tenían derecho en 2012". Según datos de la Consejería, "más de 300 familias tendrán que seguir esperando hasta 2014 si el Gobierno regional no rectifica y comienza a cumplir la Ley que dictó en 2007", lamentan.

   Por todo ello, el Colegio Oficial celebra que la Defensora del Pueblo "tome cartas en el asunto" y confía en que "facilite el fin de la vulneración de las Leyes en el Ejecutivo murciano".

IU-Verdes denuncia que el Plan Especial de La Paz sigue sin aprobar por la Comunidad Autónoma

MURCIA.- El concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, José Ignacio Tornel, ha denunciado este jueves que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del barrio de La Paz sigue sin aprobar por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, "ya que carece de la preceptiva toma de conocimiento por parte de la Comunidad Autónoma".

   Tornel ha explicado que la Comunidad no ha podido tomar conocimiento del último texto refundido del PERI aprobado por el Ayuntamiento ya que no se han ejecutado las subsanaciones requeridas hace tres años.

   Ha señalado que la consejería comunicó en enero de 2010 al Ayuntamiento de Murcia la necesidad de subsanar una serie de irregularidades en el PERI de La Paz, para que este lo exigiera a su vez al promotor.

   "Tres años después, el promotor del proyecto no ha tenido a bien cumplir con su obligación y mantiene el proceso paralizado, por tanto, es el promotor quien lo mantiene parado por razones que él sabrá y que sugieren intenciones nada transparentes", ha sostenido el edil.

   A su juicio, este hecho aclara el escaso interés del promotor del proyecto por iniciar las obras en La Paz. "Mientras por un lado ataca y acusa a quienes nos oponemos a un plan especulativo en forma de estafa, lo cierto es que su interés por llevar adelante el proyecto es nulo hasta el punto de no realizar ni cumplimentar los mínimos trámites administrativos exigibles para el mismo", ha manifestado.

   El edil también ha criticado "la actitud negligente y hasta irregular del Ayuntamiento por continuar con los trámites propios de la fase de gestión, a pesar de no existir la aprobación de la Comunidad Autónoma, constituyendo la Junta de Compensación y aprobando unos estatutos salpicados a su vez de artículos abusivos para los intereses de los vecinos de La Paz".

   "Toda la urgencia en la tramitación que el promotor y el equipo de gobierno municipal exhibían ante los vecinos se traduce en tres años incumpliendo trámites necesarios para asegurar la validez del proyecto", ha finalizado.