Controversia en Lorca sobre el soterramiento del AVE

LORCA.- El candidato socialista a la Alcaldía de Lorca, Manuel Soler, ha reclamado al alcalde, Francisco Jódar, que "centre sus esfuerzos en llegar a un acuerdo con el Ministerio de Fomento para el soterramiento del AVE".

   Al respecto, Soler ha señalado que en los últimos días "ha hecho gestiones, personalmente, para que Fomento retome las conversaciones con el Ayuntamiento, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre el tramo del ferrocarril a soterrar a su paso por el casco urbano de la ciudad".

   Y es que, ha advertido, "la llegada del AVE a la ciudad y las dificultades que plantea la financiación para su soterramiento es el segundo problema más grave del municipio tras el paro".

   Según Soler, las pretensiones del Ayuntamiento de soterrar 4,2 kilómetros "encarecerían el proyecto en 130 millones de euros y situarían su coste final en unos 250 millones".

   Al respecto, el candidato socialista ha añadido Fomento está "dispuesto a ceder" respecto a su posición inicial de soterrar sólo 1,3 kilómetros de vía. En ese sentido, ha dicho que tiene constancia de que el Ministerio "está dispuesto a avanzar en más kilómetros de soterramiento si hay implicación de la Comunidad para aportar una parte del dinero que cuesta el proyecto, igual que ha ocurrido en Murcia y Cartagena".

   También ha explicado que los terrenos propiedad del administrador de infraestructuras ferroviarias Adif en Lorca que podrían ser cedidos al Ayuntamiento "estarían tasados en unos 20 millones de euros si el Consistorio les diera una alta edificabilidad".

Respuesta del PP

El secretario general del Partido Popular de Lorca, Ángel García Aragón, ha ratificado su exigencia de soterrar la totalidad del trazado del ferrocarril a su paso por la localidad.

   Y ha lamentado que el socialista Manuel Soler "haya renunciado al soterramiento de la línea férrea en su totalidad a su paso por Lorca".

   En su opinión, Soler "quiere condenarnos a todos a tener un trazado de ferrocarril sin soterrar, y eso no lo vamos a permitir".

   Para los 'populares' lorquinos, "es irrenunciable el soterramiento del trazado del ferrocarril a su paso por Lorca en su totalidad, y Lorca tiene que contar con parada propia del AVE, además de la recuperación de las conexiones con Almería y Granada, tal y como establecen los postulados del Ferrmed".

   En este sentido, García Aragón ha manifestado que "los lorquinos no nos rendimos y vamos a seguir exigiendo que se tenga el mismo trato con Lorca que con otras ciudades".

Las mujeres ganan en Murcia una media anual de 4.028 euros menos que los hombres

MADRID.- Las mujeres de la Región de Murcia ganan al año 4.028 euros menos que sus compañeros varones, lo que hace una brecha salarial del 22,4 por ciento, la quinta menor de entre las autonomías españolas e inferior a la media española, que es del 24,8 por ciento y de 5.323 euros anuales.

   Según se desprende del informe 'Retribución laboral por géneros', elaborado por los Técnicos de Hacienda (GESTHA) y realizado a partir de las últimas estadísticas de salarios y pensiones correspondientes a 2009, los hombres en la Región ganan una media de 17.952 euros anuales, mientras que el salario de las mujeres es de 13.924.

Las medidas de restricción del Consejo Jurídico no impiden que emita mayor número dictámenes

MURCIA.- El presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Mariano García Canales, ha asegurado que ante la actual situación de recesión económica, en donde la Administración pública "está haciendo lo que puede", la propia institución que dirige "ha hecho sus restricciones y adoptado medidas de racionalización y contención del gasto para acomodarse a las circunstancias y sin que los funcionarios hayan protestado en absoluto" sino todo lo contrario, "han trabajado para que este año hayan salido más dictámenes que nunca".

   Según García Canales, "las dificultades económicas están en la base de todo, tanto en el trabajo de los funcionarios que en este Consejo no se ha notado, como en otras relaciones jurídicas, como los problemas con la contratación pública".

   Al respecto, ha precisado que el que la Administración "haya anulado contratos que estaban en vigor por dificultades de contratistas es una cosa que se ha visto muy reciente y creciente en este año", aunque, ha apuntado, "son dificultades que no dependen de nosotros, ya que tratamos que sea equilibrado y proporcional".

   Precisamente, ha argumentado, "los difíciles momentos por los que atraviesa la economía han tenido su reflejo en Murcia, al disminuir los créditos presupuestarios que hacen posible el desarrollo de la actividad de los poderes públicos".

   Es por ello por lo que ha reclamado que la sociedad en general preste atención a esta situación, que "alcanza a las economías de todos los países europeos y que en el caso de España, las finanzas se han situado al límite por las pérdidas de recaudación de los principales impuestos, entre otras razones".

   De ahí que haya considerado que ninguna administración "está facultada para incumplir las determinadas normativas en las que se concreta el principio de estabilidad presupuestaria regulada en la ley, sino que más bien debe cundir una solidaridad estrecha y recíproca para la colaboración y el buen entendimiento, ya que los ajustes deben involucrar a todos los niveles de Gobierno, particularmente en países muy descentralizados como España".

   Igualmente, García Canales ha hecho referencia a la "hipotética reforma del estatuto de autonomía para Murcia" que, a su juicio, "debiera contemplar la inclusión en el mismo de la función consultiva con la cita del correspondiente consejo; idea que se fundamenta en la particular posición de dicho órgano en el entramado institucional".

   En concreto, ha comentado, "uno de los efectos del estado autonómico ha sido la descentralización, haciéndola en nuestra caso al presidente, al Consejo de Gobierno, a los consejeros, así como a los ayuntamientos de la Región".

   De ahí la importancia de la función consultiva, "consustancial al estado mismo, que no se encuentra circunscrita a un tiempo ni país concreto". Por tanto, según García Canales, "una relectura de los títulos competenciales podría llegar a ser provechosa para ajustar algunas discordancias en la línea seguida por las reformas realizadas ya por otro consejos y que también aconseja la propia experiencia".

   Según la Memoria, durante el año 2010 tuvieron entrada en el Consejo un total de 297 expedientes con solicitud de dictamen, 65 más que en 2009, lo que supone un 28 por ciento más. Se trata, según ha destacado el presidente del Consejo Jurídico, "del año con mayor número de consultas desde la puesta en funcionamiento del Consejo, en 1998".

   Así, las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración generaron 206 consultas. De dichos expedientes de responsabilidad patrimonial, 77 corresponden al funcionamiento de los servicios públicos de asistencia sanitaria, y 57 al de los de educación no universitaria.

   Además, fueron emitidos 275 dictámenes, 50 más que el año anterior (22 por ciento más), siendo igualmente la cantidad más alta de dictámenes aprobados en un año.

   Destaca, al igual que en años anteriores, el notable incremento de los procedimientos de revisión de oficio, que han generado 26 dictámenes, frente a los siete del año anterior, siendo también reseñable que continúa la tendencia creciente de los dictámenes referidos a la resolución de contratos administrativos, con 12 dictámenes.

   Por su procedencia, los expedientes recibidos en petición de consulta proceden, en su mayoría, de la Administración autonómica, que envió 280, siendo 17 los que corresponden a Corporaciones Locales. Además, a 31 de diciembre quedaban pendientes de ser despachados 124 expedientes.

UPA Murcia insta a la Comunidad a adoptar medidas contra la crisis "dramática" del sector ganadero

MURCIA.- El secretario general de UPA Murcia, Marcos Alarcón, ha emplazado a la Consejería de Agricultura y Agua a la apertura inmediata, "hoy mismo", de una mesa de negociación para la definición y adopción de medidas concretas para solucionar la situación de crisis "grave, dramática y límite" que sufre el sector ganadero de la Región de Murcia como consecuencia del "desmedido incremento de los costes de producción" debido, sobre todo, al "espectacular" aumento de los precios de los piensos. 

   En general, Alarcón resume que estas medidas han de centrarse "en generar liquidez a corto plazo" a las explotaciones ganaderas con ayudas, así como "priorizar de otra forma" las disponibilidades presupuestarias. Aunque UPA ha presentado toda una batería de propuestas, ha señalado que su intención es consensuarlas con el resto de organizaciones agrarias, a las que va a dirigirse para proponerles una actuación conjunta".

   El objetivo es ayudar a este sector, del que viven unos 5.000 ganaderos en la Región que sostienen 10.000 explotaciones, y que  vive una situación de crisis, fundamentalmente, debido al incremento del precio de los piensos que se ha producido en seis meses.

   La situación, explica, es "dramática" teniendo en cuenta que los piensos "representan entre el 50 y el 60 por ciento de los costes en ganadería". Alarcón ha denunciado que estos incrementos en el mercado de los cereales "no están exentos de una actividad especulativa, porque los agricultores que producen el cereal no se han beneficiado de estos aumentos".

   A modo de ejemplo, ha señalado que desde junio de 2010 a enero de 2011, esos aumentos han alcanzado el 64 por ciento en el trigo, del 22 por ciento en la soja, del 42 por ciento en el maíz y de casi el 80 por ciento en la cebada, lo que se traduce en un incremento en el precio de los piensos de entre ocho y diez céntimos por kilogramo.

   En este sentido, ha señalado que es una crisis "generalizada que es más grave en la Región de Murcia que en otras comunidades autónomas porque, mientras en otras comunidades existe la posibilidad de que el ganado salga a pastar, en la Región de Murcia esa posibilidad queda muy limitada, ya que no es un territorio en el que abunden los pastos naturales".

   No obstante, ha precisado que el aumento de los costes de producción también viene dado "por el incremento del precio de los combustibles y las energías, así como por las condiciones especiales que se le imponen a la producción europea ganadera, derivada de la trazabilidad, del bienestar y sanidad animal para la garantía de una seguridad alimentaria".

   La consecuencia de todo esto, precisó Alarcón, es que cebar un cerdo de 100 kilogramos actualmente, cuesta "16 euros más, un cordero cuesta 5,6 euros más, un ternero 200 euros más, un conejo cuesta 35 céntimos más y, producir un litro de leche de cabra cuesta seis céntimos más que hace unos meses".

   Todo ello, indicó, lleva a unas pérdidas aproximadas en los sectores ganaderos de la Región de Murcia en esos seis meses que se sitúa en torno a 30 millones de euros, lo que a juicio de Alarcón, no se pueden compensar porque el incremento de los precios de producción "no se puede trasladar al precio de venta de las producciones ganaderas, sean carnes, leches o huevos".

   Además, ha dicho que el sector "padece una situación agravada por la competencia de importaciones de países terceros que, en muchos casos son alimentos que no reúnen las mismas garantías que se le exigen a las producciones en la Región de Murcia".

   Este problema, indicó, "puede provocar el desmantelamiento de todo un sistema productivo en la Región de Murcia que genera empleo y ocupación directa e indirecta en zonas rurales". De hecho, ha señalado que, en tan sólo cuatro años, el censo ganadero ha descendido un 23 por ciento en la cabaña de ovino, el 27 por ciento en la de porcino, y hasta el 45 por ciento en la de ganado bovino.

   En este sentido, Alarcón reclama "de manera urgente" medidas para hacer frente a esta situación, y que deben adoptarse en el ámbito estatal, en el ámbito comunitario y en el ámbito de la Región de Murcia.

   Por ejemplo, en el ámbito comunitario ha dicho que "algunas medidas se han puesto en marcha y se siguen trabajando con el Gobierno de España para su implementación, y medidas que tienen que establecerse en el marco de la reforma de la PAC más allá de 2013".

   Y es que "estamos ante algunas situaciones de carácter estructural y que tienen que ver con el funcionamiento de la cadena agroalimentaria y del desequilibrio que existe entre los productores, la industria y la distribución".

   Con el Gobierno de España, Alarcón dice que las organizaciones agrarias están "inmersas en una negociación como consecuencia de una mesa que arrojaba sus primeras conclusiones la semana pasada y que se concretará en medidas concretas esta semana".

   En el ámbito de la Región de Murcia, donde el Gobierno de la Comunidad "tiene competencias" en el sector, Alarcón ha denunciado que "las únicas decisiones tomadas hasta ahora que se encuentran ubicadas en la definición de los presupuestos para la Comunidad de 2011, son medidas que van en la dirección contraria a lo que necesitan los ganaderos".

   Es decir, "contribuyen a incrementar los costes a los ganaderos y agravar la situación, porque implican un mayor coste de los seguros obligatorios de retirada de cadáveres en las explotaciones, e implican un incremento de costes en las actuaciones para garantizar la sanidad de la cabaña ganadera. Así, ha acusado al Gobierno regional de ser un "espectador pasivo".

   Por ejemplo, UPA propone "descargar de costes a los ganaderos con la eliminación temporal de tasas regionales que los ganaderos deben pagar por la prestación de servicios de la administración", así como "mantener las cuantías de las ayudas regionales al coste de las primas de los seguros de retirada de cadáveres, y mantener las ayudas a las ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria".

   De la misma forma, propone "el compromiso de la Comunidad de que, ante cualquier tipo de medida que adopte el Ministerio de Medio Rural, Medio Ambiente y Medio Marino (MARM), aportar un presupuesto adecuado para su correcta aplicación en el sector". Además, con el fin de dotar de liquidez al sector, pide hacer efectivo "de inmediato" de todas las ayudas solicitadas en 2010 y que cuentan con resolución de concesión.

   Alarcón cree que la Comunidad puede "gestionar el presupuesto de otra manera", y ha puesto como ejemplo la orden publicada por la Consejería de Agricultura "amparada básicamente con Fondos Feder del Porgrama de Desarrollo Regional para la mejora energética de los invernaderos, dotada con cinco millones de euros".

   Se trata, precisa, de una medida "que ha contado con la oposición de las organizaciones agrarias, particularmente por UPA, y en la que un sólo beneficiario puede recibir hasta dos millones de euros de subvención". Sin embargo, considera que las inversiones que se necesitan para poder acceder a esta línea de ayuda, hace que "no puedan concurrir pequeñas ni medianas explotaciones".

   "Son inversiones que sólo pueden realizar algunos tipos de empresas, que ya han desmantelado en buena parte su capacidad productiva en la Región, que han provocado paro y que tienen buena parte de su capacidad productiva en países de fuera de la Unión Europea", reprocha.

El Fiscal pide 28 años de cárcel para el diputado regional del PP, Juan Morales

MURCIA.- El Ministerio Fiscal ha solicitado 28 años y ocho meses de cárcel para el ex alcalde de Totana y actual diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales, por un total de nueve delitos investigados en el marco del denominado 'caso Tótem', que persigue una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio.

   En concreto, el Fiscal pide para Morales 12 años de cárcel por cuatro delitos de cohecho; dos años de prisión por un delito de fraude; cuatro años de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales; cuatro años y seis meses por un delito continuado de falsedad; tres años y seis meses de prisión por un delito continuado de malversación; y dos años y 8 meses de cárcel por un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos.

   El escrito de calificación del fiscal, entregado a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al que ha tenido acceso Europa Press, pide más de 16,8 millones de euros en multas al diputado regional, y le acusa de otros dos delitos de prevaricación.

   En concreto, el Fiscal recuerda que Morales fue alcalde de Totana en las legislaturas 1995-1999, y 2003-2007, pasando a la oposición en el ayuntamiento en los años 1999-2003, a la vez que fue diputado regional en la legislatura 2003 a 2007, cargo que renovó en 2007-2011.

   Precisamente, el Ministerio Fiscal señala que en la legislatura 2003-2007, siendo alcalde y "amparándose y aprovechándose de tal condición de máximo responsable municipal, cometió" los hechos relatados, los cuales "suponen un triste y claro ejemplo de lo que nunca debe hacer un cargo público, esto es, el usarlo para servirse del mismo con un fin estrictamente privado".

   Todo ello "buscando en muchos casos de una forma desmedida el beneficio económico particular, y en otros casos buscando el trato de favor para sus amistades, utilizando para conseguir tales fines todos los mecanismos e instrumentos necesarios para no dejar rastro o huellas de sus quehaceres al margen de la más elemental normativa", según el escrito.

   Asimismo, el Fiscal le acusa de actuar "sin el más mínimo recato tanto él directamente como en la mayoría de los casos a través de terceras personas, tanto físicas como jurídicas, y tanto públicas como privadas, a las que utilizaba  como testaferros a modo de parapeto con el fin de ocultar que detrás de esos movimientos estaba su persona".

   En el escrito de calificación, que pide la apertura de juicio oral, también se encuentran acusadas otras 12 personas, entre las que se encuentra la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán Jiménez, para la que el Fiscal pide cuatro años y cuatro meses de cárcel, así como 7,9 millones de euros de multa por tanto del valor de la dádiva.

   Además, se encuentra acusada la actual compañera del diputado, Vaneide Freita, para la que pide la pena de tres años y seis meses de prisión, así como una multa de 500.000 euros y costas, pena que será sustituida por su expulsión del territorio nacional, así como el comiso de bienes como una vivienda y un local construidos en Brasil, tres coches, una vivienda situada en Murcia y 55.800 euros incautados.

   En el procedimiento también están acusados Juan Antonio Álvarez Moreno, Fulgencio Marín Bravo, Domingo Sánchez Martínez, Gabriel Martínez Navarro, Manuel Núñez Arias, José Antonio Carrocera García, Joaquín Carmona Abellán, José Antonio Alcántara Nicolás, Pablo Maceira Galarza, José Miguel Martínez Soler, como acusados.

Roca insiste en que tenía dinero al llegar a Marbella

MÁLAGA.- El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, el cartagenero Juan Antonio Roca, ha insistido en que tenía dinero cuando fue a la ciudad y antes de entrar a trabajar en el Ayuntamiento marbellí. "El señor Roca no llegó a Marbella en un Seat Panda, como dijo en una ocasión la Policía, sino llegó con dinero físico y contante, e invirtió en Marbella, después desinvirtió y volvió a invertir en otra cosa", ha dicho.

   Según la Fiscalía Anticorrupción, Roca logró amasar un "importante patrimonio", con fincas, hoteles, arte, caballos, barcos, coches de lujo, un avión y un helicóptero, "coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Ayuntamiento", algo que "no puede justificarse sobre la base de rentas lícitas conocidas ni con ingresos de su unidad familiar", al haber un desequilibrio "descomunal", por lo que le acusa de blanquear 240 millones de euros.

   En el segundo bloque del juicio por el caso 'Malaya', el principal acusado ha seguido contestando a las preguntas del fiscal, con quien ha mantenido varios desencuentros dialécticos, y ha manifestado que cuando llegó a Marbella en 1984 "tenía dinero en efectivo y letras del Tesoro", luego, en 1990, ha dicho, "500 millones de pesetas netos", cifra que el ministerio público estima inferior; mientras que calcula su patrimonio en 2006 en 210 millones de euros brutos.

   Ha mantenido en todo momento que "tenía dinero", aunque ha vuelto a reconocer que "oculto", pero "dinero físico". "No estoy haciendo gala de no pagar a Hacienda, no estoy diciendo soy un señor fenomenal por no pagar, estoy diciendo que en esas fechas tenía dinero físico porque usted dice que no", ha manifestado, al tiempo que ha indicado que las sociedades que creó el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta se constituyeron "con dinero mío".

   Además, ha dicho al fiscal que "siempre" ha comprado en época de crisis "y le demostraré que en otra época de crisis le compro a los bancos muy barato y si ahora estuviera en la calle le estaría comprando a los bancos barato, lo he hecho siempre y no me ha ido mal". Asimismo, ha señalado que el que devolviera una letra en un momento determinado no se puede entender como que no tenía liquidez "porque entonces, en este país no tiene dinero ni Dios".

   Ha asegurado que guardaba "todo" respecto a las operaciones que realizaban sus sociedades, aunque no ha podido explicar por qué en los informes policiales solo consta documentación relativas a las compras y no a las ventas, y ha criticado que la Policía "solo ha investigado lo que ellos quieren". También ha seguido desgranando la constitución de las sociedades y el papel de sus presuntos testaferros, como Montserrat Corulla.

   El presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí ha precisado que fue suya la decisión de contratar a Corulla para administrar varias sociedades, destacando Condeor, dedicada a restaurar edificios y explotarlos como hoteles, y ha explicado que "buscamos una persona con experiencia en el sector hotelero y esta chica tenía referencias" en este sentido.

   Así, ha apuntado que en las sociedades relacionadas con este sector, Corulla se encargaba de gestionar "el tema técnico, conseguir las licencias, contratar al arquitecto, al constructor, siempre con mi visto bueno". 

"A la señora Corulla quien le daba las órdenes era yo", ha manifestado, al tiempo que ha reiterado que la administradora "venía del sector hotelero".

   "Tenía muy buenos contactos en el tema hotelero", ha manifestado Roca, quien ha indicado que ésta tenía un salario "de alta dirección", de entre 4.000 y 5.000 euros, "creo", aunque los objetivos "se marcaban año a año". Ha precisado que la presunta testaferro no estaba integrada en el gabinete jurídico, que llevaba la contabilidad de la mayoría de empresas, sino que era empleada de Condeor.

   Respecto a Condeor, creada en 1993, aunque pasó a su titularidad con posterioridad, ha dicho que pudo llevar a cabo las inversiones en palacetes y edificios importantes gracias, sobre todo, a préstamos de otras empresas del grupo, explicando que a esta sociedad "otras empresas le aportan muchos fondos para comprar inmovilizados que luego rentabilizará con explotación de complejos hoteleros". Así, por ejemplo era propietaria del hotel La Malvasía de El Rocío.

   También se ha analizado la empresa Maras Asesores, que ya ha dicho no era suya sino del también acusado Salvador Gardoqui, quien inicialmente solo llevaba la contabilidad de las sociedades de su mujer y luego pasó a llevar la de otras del grupo, hasta el punto de que hubo un momento "en el que llegué a colapsarlo por el volumen de trabajo que daban todas las sociedades mías", ha indicado el principal imputado en el caso.

   Ha explicado que "todas mis sociedades pagaban a Maras Asesores" por llevar la contabilidad y por tanto "fundamentalmente se nutría de las minutas que giraban mis empresas", aunque ha defendido que Gardoqui creó la sociedad con su entonces novia "para llevar contabilidades", llegando al acuerdo con él de compartir oficina. Ha añadido que éste sabía que Roca tenía otras sociedades llevadas por el gabinete, "pero no había una relación real".

   Sobre los vehículos que aparecen como propiedad de Maras Asesores, ha explicado que estaban a nombre de la sociedad "pero los usaba yo". En este punto, ha manifestado que los gastos de seguros los abonaba la empresa, aunque "previamente los había pagado yo".

Ecologistas en Acción denuncia que se mantiene la contaminación atmosférica por partículas en Murcia

MURCIA.- Ecologistas en Acción denuncia al Ayuntamiento de Murcia, la Consejería de Agricultura y Agua y la Consejería de Sanidad que durante el mes de febrero se han producido superaciones de los valores límite de micropartículas PM10 en el municipio de Murcia durante siete días del mes de febrero. 

   Estos datos registrados por la estación medidora de San Basilio evidencian, según los ecologistas, un significativo problema de deterioro de calidad del aire por contaminación de micropartículas PM10 en Murcia capital y su entorno

   La normativa sobre contaminación atmosférica establece un valor límite diario de 50 microgramos por metro cúbico de micropartículas PM10 ([1]). Este valor ha sido superado durante siete días con un pico de contaminación de 89 microgramos por metro cúbico el día 8 de febrero.

   Hay que señalar también que durante el mes de enero ha habido 12 días de superaciones del valor límite permitido en Murcia  capital. El número máximo de días con superaciones que establece la normativa es de 35 al año.

   Los orígenes directos del deterioro de la calidad del aire por la contaminación por micropartículas PM10, son el transporte y las actividades industriales a las que se puede sumar de una manera ocasional las intrusiones naturales de polvo sahariano.

   Así recuerda que las partículas PM10 pueden penetrar hasta las vías respiratorias bajas y son uno problema ambiental más severo por las graves afecciones a los conductos y sistema respiratorio. Las partículas PM10 pueden producir enfermedades respiratorias, asma, agravamiento de afecciones alérgicas y problemas cardiovasculares.

   Ecologistas en Acción ha reiterado en muchas ocasiones la necesidad de que las administraciones competentes no minimicen el problema de calidad del aire en Murcia y su entorno y desarrollen medidas preventivas ante estos episodios.

   Esta organización ambiental, demanda que se lleven a cabo actuaciones de control de emisiones de las actividades industriales y del tráfico (en el contexto de un Plan de Movilidad Sostenible) y la elaboración de planes de actuación para reducir la contaminación del municipio y entorno.

   Ecologistas en Acción, por otra parte, señala que las dos estaciones medidoras para Murcia capital y su entorno (San Basilio y Murcia-Alcantarilla) son a todas luces insuficientes para una correcta evaluación  de los índices de calidad del aire y demanda la ampliación del número de estaciones de control, especialmente en la zona norte y este de la ciudad.

   El Real Decreto 1073/2002, subraya Ecologistas en Acción, obliga a las instituciones responsables a elaborar planes de actuación con el objetivo de reducción de los niveles de contaminación atmosférica por debajo de los límites establecidos.