MURCIA.- Como cientos de propietarios y agricultores de la Huerta de Murcia, un grupo de vecinos afectados por planes de urbanización en las huertas de Senda de Granada quiso cuestionar al Ayuntamiento sus decisiones y se encontró con un muro. Un muro que no atiende otras maneras de vivir ligadas a la agricultura, que no respeta un paisaje agrario de gran valor cultural y medioambiental, que no da soluciones para integrar la vida urbana con la rural o, simplemente, el crecimiento armónico entre la ciudad y su entorno de huerta.
"De modo que nos encontramos ante un crecimiento descontrolado y especulativo que devora su entorno y amenaza con la expropiación a todos los que en él viven. En la mente de todos queda el recuerdo de los huertanos Violante y Pedro, que resistieron pacíficamente hasta el final para impedir la destrucción de su vivienda y su huerto. Conflictos similares se han dado con vecinos disidentes de otras zonas del municipio, como en El Puntal, Puente Tocinos, El Palmar, la Costera Sur, etc.
Así, en cuanto la Asociación de Vecinos Senda de Granada empezó a solicitar información y quiso participar en las decisiones en relación a la reclasificación de terrenos protegidos de huerta para impedir su cambio a suelo urbano de alta densidad, empezaron los obstáculos y la sospecha de corruptelas por soluciones tomadas de antemano.
Los vecinos se pusieron en contacto con la Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia (HUERMUR) y abogados ambientalistas (Asociación para la Justicia Ambiental, AJÁ) que les indicaron la mejor manera de ejercer su derecho a participar: obteniendo información, haciendo alegaciones, denunciando situaciones injustas y acudiendo a los tribunales si sus derechos no les eran reconocidos o bien se incumplían las leyes que protegen la Huerta de Murcia.
Después de casi cinco años de lucha, y pese a que las leyes reconocían todas las posibilidades a los vecinos para intervenir en el proceso urbanístico, los huertanos se dieron cuenta que el Ayuntamiento beneficiaba a los promotores porque las decisiones ya están tomadas previamente, y a los ciudadanos que se acercan se les interponen barreras para no participar, tales como precios desorbitados por solicitar información que es pública (2 euros por página y 60 euros por plano), denegación de información en formato digital, ausencia de respuesta, plazos breves para participar y en períodos festivos, así como procedimientos judiciales contenciosos eternos e injustos.
Esta situación, como confirman numerosos informes – algunos dedicados a estudiar la corrupción como los de “Transparencia Internacional” – es común a todas las Administraciones, frente a las que el ciudadano está totalmente indefenso, y es por eso que estos vecinos de Murcia decidieron recurrir a instancias internacionales para exigir el cumplimiento de normas para la democracia participativa vigentes en España y que las autoridades públicas se resisten a cumplir, aunque las incluyan en sus discursos. Quizá estemos ante el nacimiento de un nuevo movimiento vecinal urbanístico que una vez más tiene su origen en esta castigada región y que supone una vía alternativa a la vía política que se usó con el Informe Auken.
El Convenio de Aarhus es un tratado internacional de la ONU que pretende que los ciudadanos defiendan su derecho humano al ambiente saludable, a la participación pública y a la transparencia administrativa. Hasta ahora las quejas y las condenas se han dirigido a países exsoviéticos, con una democracia aún frágil y unas autoridades con pocos recursos. En el caso de Senda de Granada, por primera vez se planteaban cuestiones básicas en un Estado comunitario y otras más complejas que tenían que ver con el acceso a la Justicia.
Varios representantes de la asociación de vecinos tuvieron que acudir a la ciudad de Riga (Letonia) en junio de 2008, para presentar su queja ante un primer tribunal, que tras estudiarla la admitió a trámite. Después de esperar casi un año tuvieron que viajar a la sede de la ONU en Ginebra (Suiza) para asistir al juicio en abril de 2009. A pesar de que el Estado Español y el Ayuntamiento de Murcia se defendieron negando todas las acusaciones, finalmente las pruebas y argumentos de los huertanos demostraron la culpabilidad de las administraciones.
El resultado ha sido muy positivo para los vecinos puesto que, aunque aún no han recibido respuesta de los tribunales regionales sobre los 16 procesos judiciales abiertos contra el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma por la reclasificación de terrenos de huerta protegida, ni ha finalizado la investigación que la fiscalía tiene abierta, han podido comprobar que un organismo internacional independiente ha reconocido las trabas que el Ayuntamiento de Murcia, la legislación urbanística y los Tribunales, les han puesto para proteger de forma pacífica y democrática su forma de vida en la Huerta de Murcia.
La ONU ha sido muy severa a través del Comité del Convenio de Aarhus, y ha determinado que los costes de la información de la Gerencia de Urbanismo de Murcia son excesivos, que se debe responder a las solicitudes de información y además en el formato requerido.
Por otro lado, que los plazos de participación de la Ley del Suelo son insuficientes y además no pueden ser dispuestos en las vacaciones, cuando nadie puede atenderlos, y que los convenios urbanísticos son un fraude a la participación por cuanto suponen tomar decisiones que luego no pueden variarse.
Así mismo, el Comité cuestiona el sistema judicial español en relación a las medidas cautelares – por ejemplo la suspensión de las obras – que son difíciles de obtener y además llegan muy tarde, o el sistema de imposición de costas para asociaciones que defienden el interés general, en este caso la protección de la huerta murciana.
Las consecuencias son la necesaria revisión de las tasas por información de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, la modificación de la Ley del Suelo, el estudio y eventual revisión del sistema judicial contencioso-administrativo y la necesaria formación a autoridades y operadores jurídicos en la materia del Convenio de Aarhus. La falta de cumplimiento de las recomendaciones de la ONU supone la posibilidad de que España sea amonestada y sancionada.
La dimensión del caso no sólo se reduce a la Huerta de Murcia, sino que sirve a cualquier persona que habite en los Estados que han ratificado el Convenio de Aarhus, y es pionera pues se trata de la primera condena rotunda a un Estado comunitario.
La Asociación para la Justicia Ambiental valora esta condena como una muestra de que el Convenio de Aarhus es una norma de derecho internacional viva y accesible para cualquier persona, y que permite promover cambios reales en situaciones de falta de transparencia administrativa, que suelen ser nido de corruptelas y de decisiones insostenibles.
HUERMUR considera que esta condena demuestra que no se ha permitido una participación ciudadana efectiva en la planificación urbanística que se ha llevado a cabo en Murcia. La consecuencia de esto es que el desarrollo que se ha realizado en el municipio no ha sido en base al interés general de todos, sino al de unos pocos, lo que se llama urbanismo a la carta, dando como resultado un crecimiento caótico e insostenible, que en el caso concreto de la ciudad de Murcia ha sido a costa de nuestro espacio natural más emblemático; la huerta, y de las gentes que en él habitan".
