MURCIA.- El portavoz del Grupo Socialista, Pedro López, ha manifestado este martes que "una sociedad democrática no puede aceptar que políticos imputados sigan permaneciendo en sus cargos y cobrando dinero público", en clara alusión al alcalde de Murcia y secretario regional del PP, Miguel Ángel Cámara (en la imagen).
   Es el caso del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, imputado 
desde el pasado mes de junio en la investigación del caso Umbra, y de 
otros altos funcionarios que, en estos momentos, trabajan para el 
Ayuntamiento y cobran de él, además del ex edil de Urbanismo, Fernando 
Berberena, que también recibe un sueldo de esta administración local, ha
 recordado.
   López ha asegurado que el convenio Nueva Condomina "es la madre de
 todos los convenios y que Cámara aún no ha asumido su responsabilidad 
política desde que este asunto estalló, ni en relación al grave 
perjuicio económico (350 millones de euros, según los informes 
periciales) que estas decisiones, avaladas por el PP, han causado al 
patrimonio de todos los ciudadanos"; y por no haber abierto un 
expediente informativo sobre las actuaciones llevadas a cabo por 
funcionarios imputados que aún trabajan en este Ayuntamiento y que 
siguen cobrando un sueldo público, ha agregado.
   "Cámara tiene la obligación moral de asumir responsabilidades y 
poner luz sobre temas claves que están generando desconfianza a los 
ciudadanos porque podrían ser actuaciones delictivas", ha señalado López
 en comunicado de prensa, quien ha vuelto a exigirle que abandone sus 
responsabilidades como alcalde de Murcia hasta que la justicia no tenga 
un dictamen definitivo "porque su actuación está claramente en 
entredicho y esto no va a parar".
   El portavoz socialista ha subrayado en comunicado de prensa que 
"cada vez que un político es imputado deber dimitir por respeto a los 
ciudadanos a los que representa". 
   "Cámara se siente acorralado, con los tiempos que corren, la 
sociedad ya no tolera ni una más a los políticos, y menos, como en este 
caso, cuando el alcalde de la séptima ciudad de España está señalado 
judicialmente y cuando, hasta el momento, no ha hecho nada para 
clarificar las actuaciones de altos funcionarios y ex concejales 
imputados que aún trabajan y reciben una nómina de esta institución", ha
 finalizado.
Los 'camaristas' reparten la porquería
La portavoz del Equipo de Gobierno, Nuria Fuentes, ha mostrado este martes su sorpresa ante estas declaraciones del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Pedro López, acerca de que "el convenio Nueva Condomina es la madre de todos los convenios" y que el alcalde, Miguel Ángel Cámara "aún no ha asumido su responsabilidad política desde que este asunto estalló".
Sobre todo, ha señalado la popular en un comunicado de prensa, "porque dicho convenio fue aprobado con los votos favorables del PSOE municipal", lo que evidencia, a su juicio, "que López pone en tela de juicio la integridad y honradez de sus antecesores políticos en el Consistorio".
Fuentes, además, ha destacado que López insiste en que estas decisiones han supuesto "un grave perjuicio económico (350 millones de euros, según los informes periciales)", olvidando que a su antecesor en el cargo, José Manuel Abellán, los tribunales le quitaron la razón en sus continuas denuncias sobre el particular, ha agregado.
Los 'camaristas' reparten la porquería
La portavoz del Equipo de Gobierno, Nuria Fuentes, ha mostrado este martes su sorpresa ante estas declaraciones del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Pedro López, acerca de que "el convenio Nueva Condomina es la madre de todos los convenios" y que el alcalde, Miguel Ángel Cámara "aún no ha asumido su responsabilidad política desde que este asunto estalló".
Sobre todo, ha señalado la popular en un comunicado de prensa, "porque dicho convenio fue aprobado con los votos favorables del PSOE municipal", lo que evidencia, a su juicio, "que López pone en tela de juicio la integridad y honradez de sus antecesores políticos en el Consistorio".
Fuentes, además, ha destacado que López insiste en que estas decisiones han supuesto "un grave perjuicio económico (350 millones de euros, según los informes periciales)", olvidando que a su antecesor en el cargo, José Manuel Abellán, los tribunales le quitaron la razón en sus continuas denuncias sobre el particular, ha agregado.

 
