CARTAGENA.- El pleno que tendrá lugar el día 4 en el Ayuntamiento
de Cartagena va a resultar, si no decisivo, sí de gran importancia para
nuestro colectivo, dice Galáctyco en un comunicado.
Por un lado, la formación de Unidas Podemos-IU-EQUO
va a presentar una moción para instar al gobierno municipal a solicitar
la retirada de las instrucciones ilegales que envió la Consejería de
Educación a los centros educativos a finales de agosto, con las que
impone el mal llamado "pin parental" para toda la formación
complementaria que cada centro desea ofrecer a su alumnado, en su
legítima libertad.
Por otro lado, Vox presenta una moción para que el
Ayuntamiento de Cartagena inste a la misma Consejería a que obligue a la
dirección de cada centro a informar y dar autorización de las familias
por cada actividad que afecte a cuestiones morales o de contenido
sexual.
"Desde el Colectivo GALACTYCO queremos
expresar, una vez más, nuestra preocupación por cuanto está sucediendo
en la Región de Murcia con esta cuestión, y vamos a trasladar tanto a la
opinión pública como a nuestros representantes políticos en nuestro
municipio, lo que consideramos de la más absoluta gravedad.
Tenemos
por delante una responsabilidad enorme como sociedad, y nuestro
compromiso como asociación civil es clara y contundente: no sólo
organizamos actividades reivindicativas para trasladar a la sociedad en
general la necesidad de avanzar en derechos y libertades, en igualdad y
en respeto a la diversidad, sino que además nos hemos formado en materia
educativa para trasladar a la población cartagenera escolarizada la
empatía y conocimientos que nos llevan a respetar la diferencia, a que
comprendan que la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar es
una realidad social que debe ser tan asumida como respetada, porque así
está descrito con nitidez en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, porque así se desprende de cuanto ha inspirado nuestras leyes
educativas, y porque así, las muchas asociaciones LGTBI que han operado
en nuestro país, hemos conseguido que hoy en día los miles de ciudadanos
y ciudadanas pertenecientes al colectivo LGTBI tengan la posibilidad de
vivir una vida con más libertad, con más dignidad y con más respeto.
Nuestro
colectivo, GALACTYCO, lleva implantado en la ciudad de Cartagena once
años, y en los últimos hemos realizado un esfuerzo personal enorme para
llevar a cabo talleres de formación en centros educativos allí donde nos
los solicitan, supliendo con esta actividad lo que es ya, a todas
luces, una obligación de las administraciones y las instituciones.
Ponemos nuestro esfuerzo, nuestros conocimientos, dedicación y hasta
recursos económicos para avanzar en libertades y bienestar de nuestra
población más vulnerable.
En 2016, hace ya más de tres años, se aprobó en
nuestra Región una ley que pretende seguir avanzando en Igualdad, en
formación y en conocimiento sobre la realidad de la existencia de la
Diversidad. Esta ley, la 8/2016 de Igualdad LGTBI, obliga a que en los
centros educativos se implante formación y talleres que inviten a la
tolerancia y la aceptación completa de aquello que tradicionalmente se
ha condenado, estigmatizado y discriminado: ser gay, lesbiana, bisexual o
trans.
Que se muestre que la diversidad es parte de la realidad, y que
lo que condiciona nuestro bienestar y felicidad es la imposición de lo
heteronormativo como norma existencial, como modelo único de proyectar
nuestras vidas en el plano afectivo, sexual, de género y familiar. Esta
ley se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, aunque
no existió un compromiso real de nuestro gobierno regional para
aplicarla, debido a las presiones de los ultraconservadores.
Sabemos
que la escisión de la derecha en este país nos ha traído un partido
político, Vox, que ha llenado sus filas de las personas más
conservadoras, ultracatólicas y retractoras del impulso y esfuerzo común
por hacer de nuestra sociedad un lugar más amable y habitable para la
minoría que representa el colectivo LGTBI.
Y sabemos que su mayor
preocupación es que sus hijos no aprendan que la diversidad existe, que
tenemos el mismo derecho de formar nuestras familias, de proyectar
nuestras vidas en las mismas condiciones de libertad y seguridad, de
planificar nuestra experiencia vital según nuestra naturaleza como seres
humanos, de desarrollar nuestros anhelos y deseos, y de vivir en paz
después de siglos de discriminación y odio.
Frente a esta agresión política a nuestras personas,
blanqueada y consentida por algunos, nuestro posicionamiento es claro:
la defensa de la legalidad vigente.
En primer
lugar, el pin parental que pretenden imponer desde la Consejería de
Educación de la Región de Murcia, alentados por grupos ultracatólicos
como el Foro de la Familia o HazteOír, vulnera de manera descarada los
decretos regionales que regulan las leyes educativas de nuestro país,
concretamente los Decretos 220/ 2015, del 2 de septiembre y 198/2014, de
5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria y Primaria en la Comunidad Autónoma de Murcia, cuyo contenido
claramente dictamina que las actividades complementarias que cada
centro organice no son voluntarias, sino obligatorias, salvo que
condicionen a realizarse fuera del centro educativo.
A lo único que
obligan estos decretos es a informar del contenido de las actividades.
En segundo lugar, la mencionada Ley 8/2016 de Igualdad, impone la
obligatoriedad de la formación en Diversidad. Así mismo, todas las leyes
dedicadas a orientar la educación, los convenios de protección al
menor, la propia Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, están
dirigidas al compromiso educativo con la Igualdad, y al buen desarrollo
de nuestros menores. Y esto, sin lugar a dudas, incluye la no
discriminación por razón de sexo, orientación sexual o de género, y
procedencia familiar.
Así se lo hemos hecho saber a
todas las fuerzas políticas, a la Consejería de Educación y a la
Consejería de Mujer, LGTBI, familias y política social, así como al
Defensor del Pueblo, al que nos hemos dirigido recientemente para que
medie e intervenga en este deliberado atropello a la legalidad vigente
por parte de la Consejería de Educación, que tiene como único fin
contentar al partido de ultraderecha Vox, con quien nuestro gobierno
regional ha pactado para conseguir la investidura, y siendo este asunto
prioridad en sus políticas lgtbifóbicas.
Con todo esto queremos recordar a todos los grupos
municipales de la ciudad de Cartagena su compromiso con nuestro
colectivo, sus promesas electorales definidas en sus programas y,
sobretodo, su deber de defensa de la Ley. Sería una vergüenza para
nuestra ciudad que las intenciones de quienes pretenden llevarnos a un
pasado que creíamos superado, pongan en jaque a quienes más a la
izquierda, a la derecha o en el centro, ya habían entendido y asumido
que la educación en Diversidad Afectivo-Sexual, de Género y Familiar no
es una opción, sino un deber como sociedad, y que son precisamente
aquellos que permanecen anclados en los prejuicios contra nuestro
colectivo los que más necesitan de la misma.
Exigimos
desde nuestra asociación responsabilidad, legalidad y sentido común a
las personas y partidos que hoy nos representan en nuestro municipio.
Somos conscientes de que hay en ese consistorio un único partido, de
sentida y demostrada lgtbifobia, para los que nuestra voz les resulta
incómoda e impertinente, que quisieran seguir tratándonos como enfermos y
no merecedores de ser ciudadanos de primera como actualmente somos,
vernos con nuestros derechos menguados y lanzarnos de nuevo al espacio
de la discriminación. Frente a ellos, pedimos unión y responsabilidad
del resto de fuerzas democráticas.
Quizá sea
necesario recordar que a pesar de los avances conseguidos, nuestros
menores siguen sufriendo bullying por lgtbifobia, que así mismo, son
muchos los que también soportan la angustia del rechazo familiar cuando
se declaran abiertamente gais, lesbians, bisexuales o trans, y que por
desgracia, también son muchos los que optan por vivir armarizados con
temor al rechazo de esas familias que, precisamente, son las pretenden
imponer su moralidad en la educación.
Todo esto es lo que nos lleva a
creer que la educación pública tiene un compromiso con estos menores,
nos lleva a exigir la actuación política necesaria para respetar las
leyes: las que tanto nos ha costado conseguir, las que protegen a las
personas de la histórica lgtbifobia que hemos sufrido, y las que nos
obligan a educar en valores para una mejor convivencia y el cumplimiento
de un objetivo que es incuestionable: la Igualdad Plena. Y por todo
ello agradecemos la iniciativa de Unidas Podemos-IU-Equo, por implicarse
y trabajar en coherencia con sus compromisos electorales, esperando que
los demás hagan lo mismo".
