El Gobierno central asegura que no se baraja un nuevo trasvase del Ebro

MADRID.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, ha señalado que "no se baraja" un nuevo trasvase del Ebro y que no es "una prioridad" para el Gobierno porque "hay muchas cosas que resolver antes".

   Ramos ha explicado que el Ministerio ha recogido "una herencia difícil" y antes que pensar en el trasvase "se necesita hacer otras cosas".

 "Hemos hablado del Plan Hidrológico Nacional y un gran Pacto Nacional sobre el Agua y primero hay que terminar con los planes de cuenca", ha indicado.

   Precisamente, en relación a los planes de cuenca, Ramos ha indicado que el compromiso que adquirió el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, es que estén listos en diciembre de 2013. Según ha explicado, "luego se podrán mejorar" pero hay que entregarlos en dicha fecha "para que España pueda incorporarse a la segunda fase del proceso" sin cuentas pendientes.

   En este sentido, el secretario de Estado ha apuntado que "es triste" que en la última visita del comisario europeo de Medio Ambiente a España les asegurara que "no entendía como un país pionero en materia de agua y al que se le había tenido como ejemplo en muchas decisiones sea ahora tan incumplidor". 

"Este es el mensaje que nos dejó el comisario y el departamente hará todo lo posible para volver a la cabeza otra vez", ha apuntado.

   Del mismo modo, ha señalado que su departamento trabaja para que "España no sea el país al que siempre sancionan".

 "Estamos comprometidos", ha indicado Ramos, quien ha añadido que, al mismo tiempo, son "realistas" y saben que "España tiene por delante mucho desarrollo". A su juicio, está pendiente que el país mejore en fiscalidad verde y en buscar políticas que sean "más eficaces para proteger al ciudadano".

   Además, ha destacado que "la economía verde genera puestos de trabajo cualificados" y que es "un sector de futuro como demuestra que es el que menos destrucción de empleo ha sufrido en los años de crisis".

   Al respecto ha resaltado el trabajo realizado con el borrador de la Ley de Aguas, que el Gobierno espera tener listo en diciembre y que, según ha indicado, intentará fijar "un marco estable y seguro para que la inversión privada entre en agua".

La pobreza infantil se dispara un 45% en España por la crisis

BARCELONA.- El Observatorio Social de España (OSE) ha detectado que la pobreza infantil se ha disparado un 45 por ciento desde el inicio de la crisis en 2007, lo que ha provocado nuevos escenarios de pobreza relacionados con la malnutrición, la desescolarización y las dificultades para acceder a la sanidad.

   Así lo concluye el estudio 'El impacto de la crisis en las familias y en la infancia' entre 2007 y 2009, realizado por el OSE y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), y financiado por la Obra Social La Caixa que se ha presentado este martes en Barcelona.

   El profesor de Sociología de la UPF Sebastià Sarasa, uno de los autores, ha alertado de que la situación se ha agravado porque las políticas sociales en España no han sido reorientadas en los primeros momentos de la crisis, y continúan beneficiando a las clases medias con acciones orientadas a "cubrir mínimos".

   La poca eficiencia de las transferencias para paliar la pobreza infantil ha dibujado nuevas necesidades como la malnutrición, ya que muchos niños "no tienen cena"; la dificultad de acceder a la sanidad, que afecta sobre todo a inmigrantes por la obligatoriedad del empadronamiento, y la desescolarización.

   Este último factor, que tiene relación con el primero, se produce, en parte, por la reducción de las becas comedor en las escuelas, que provoca que algunos menores vayan a comer a casa y muchas veces ya no vuelvan a la escuela, ha indicado la coordinadora del estudio, Mónica Clua-Losada que ha añadido que también provoca un "marcado fracaso escolar".

   Así, España se sitúa a la cabeza de los países de la UE donde los menores están más expuestos a la pobreza "severa", especialmente las familias monoparentales de inmigrantes extracomunitarios, lo que convierte a las mujeres como principales sustentadoras.

   En el mismo sentido, el director del Observatorio y catedrático de Ciencias Políticas de la UPF, Vicenç Navarro, ha indicado que el gasto público social por niño en España es el más bajo de la UE de los 15, y Sarasa ha añadido que la situación ha empeorado entre 2009 y 2012: "Los que ya eran pobres, son mucho más pobres".

   El catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona (UB) Jorge Calero ha destacado que ha incrementado tres puntos el riesgo de exclusión social en los últimos dos años, pasando de 16,7% al 19,8%, mientras que en los hogares con hijos se ha producido un incremento del 26%.

   En el capítulo sobre la reducción del gasto familiar, la profesora de Sociología de la UPF María José González ha observado que, si bien en 2007 las familias redujeron el consumo de ropa para adultos y el servicio doméstico, en 2008 lo hicieron en el ocio y en 2009 en alimentación y, lo que afecta a la infancia.

   Han apuntado que las políticas implementadas por las administraciones públicas son "insuficientes", ya que se ven superadas por una avalancha de demanda que también queda desbordada en las entidades del Tercer Sector, afectadas por los recortes presupuestarios.

Diego de Ramón será acusación popular contra el policía que se sobrepasó en sus funciones

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón ha anunciado al Ministerio del Interior su intención de personarse como acción popular en el procedimiento a que insta a sus servicios jurídicos, presentando denuncia o querella contra el número de la Policía Nacional que se sobrepasó en sus funciones el pasado día 14 de noviembre con motivo de la huelga general en Murcia.

El citado letrado dice que piensa exigir, con la mayor contundencia posible, las responsabilidades oportunas derivadas de la trasgresión que supone la agresión a un ciudadano, presuntamente inocente, argumentando el mantenimiento del orden público.

Diego de Ramón ve abuso de poder por funcionamiento anormal de un servicio público ante el maltrato a la ciudadanía y se ha dirigido al propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ante la falta de imparcialidad del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, a raíz de los hechos cuestionados.

Finalmente anuncia su intención de poner lo sucedido en conocimiento de 'Amnistia Internacional', en Londres, y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en Estrasbugo, así como exigir en los tribunales responsabilidad patrimonial contra el agente implicado en los hechos.

Los empleados de la CAM en la Región sufrirán más fuerte el ERE obligatorio

ALICANTE.- El periodo de adhesión voluntaria al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) puesto en marcha en SabadellCAM finalizó ayer con cerca de 300 plazas sin cubrir, lo que obligará a la entidad a realizar un número similar de despidos forzosos para cumplir con la reducción de personal impuesta desde Bruselas a cambio de autorizar la adjudicación de la antigua caja alicantina al grupo catalán, adelanta hoy el diario 'Información'.

En total, el ERE contempla un recorte de 1.250 puestos de trabajo, de los que 599 son prejubilaciones que se completaron en los primeros días del proceso -sólo en la primera jornada se registraron alrededor de 600 solicitudes-, a las que hay que sumar otras 111 de los trabajadores que estaban en "jornada especial", la denominación que se da a los primeros prejubilados de la CAM que seguían siendo formalmente empleados de la misma y que ahora se desvincularán definitivamente de la entidad. El problema ha llegado con las 540 bajas incentivadas y suspensiones temporales de contrato que se ofrecían, de las que más de la mitad han quedado vacantes, según las fuentes consultadas aunque aún se desconocía la cifra definitiva.
Desde la entidad, no obstante, calificaron de "alto" el nivel de adhesiones logrado, ya que más de las tres cuartas partes de los afectados se marcha voluntariamente, y recordaron el esfuerzo realizado para reducir la cifra inicial del ERE, que era de 1.751 personas. Además, también señalaron que estas bajas forzosas tendrán un impacto "prácticamente nulo" en la provincia de Alicante gracias a que el grupo mantendrá un importante centro administrativo regional en la ciudad y, además, también ubicará en la provincia una gran parte de su nueva unidad de gestión de activos, la especie de "banco malo" particular que ha creado para desprenderse del ladrillo acumulado como consecuencia de la crisis.
Igualmente, recordaron el plan de recolocación pactado con la plantilla, que ofrece facilidades de financiación a las empresas que accedan a reubicar a los exempleados de la entidad y también a aquellos afectados que apuesten por crear su propio negocio.
Por su parte, las dos principales organizaciones sindicales con representación en SabadellCAM, Sicam y UGT, reconocieron que la cifra de vacantes es mayor de lo que hubieran deseado y lo atribuyeron a la coyuntura económica. "El problema es que en estos momentos no hay alternativas y, aunque la indemnización sea buena, la gente tiene miedo de no encontrar otro trabajo, lógicamente", apuntaba ayer el secretario general de Sicam, Manuel Navarro. No obstante, los representantes de los trabajadores aún confían en que la cifra final se reduzca algo si se producen nuevas bajas en el banco catalán.
En cualquier caso, la lista definitiva de los afectados aún puede tardar unos días en llegar porque primero SabadellCAM tiene que ver cómo resuelve los traslados que también debe aplicar para reorganizar el trabajo. Sobre todo teniendo en cuenta que el próximo 7 de diciembre quiere cerrar de golpe más de 300 oficinas para completar de una vez todo el ajuste de la red.
En cuanto a la indemnización prevista para los despidos forzosos, según el acuerdo alcanzado el pasado 9 de octubre en Barcelona, los afectados recibirán inicialmente una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades y un mínimo de 10.000 euros. Si en los siguientes dos años la entidad no les ofrece la readmisión, al finalizar este periodo se les abonará la parte correspondientes hasta completar la indemnización máxima prevista en la legislación para los despidos improcedentes. Si les ofrece un puesto que implica un traslado podrán solicitar marcharse con 35 días por año trabajado.