MURCIA.- El presidente de
 Murcia, Fernando López Miras, ha planteado este domingo en su reunión 
telemática con sus homólogos autonómicos y el jefe del Ejecutivo 
central, Pedro Sánchez, que se estudie la rebaja del IVA al 4 % para la 
hostelería y el turismo para paliar sus pérdidas por la crisis del 
coronavirus.
 Como viene 
sosteniendo desde hace semanas, estima que han de incentivarse ambos 
sectores, los que más se han resentido a su juicio por la crisis 
económica derivada de la sanitaria.
 Según
 fuentes del Gobierno autonómico, plantea una alternativa distinta a la 
del central para no perjudicar la llegada de turistas, de forma que en 
lugar de tener que guardar 14 días de aislamiento se sometan a pruebas 
del tipo PCR, lo que garantizaría la seguridad y estimularía su venida.
 Ha
 mostrado su preocupación por las declaraciones del ministro de Consumo,
 Alberto Garzón, sobre la precariedad del sector turístico y por la 
campaña contra las infracciones o abusos de los derechos laborales de la
 Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la agricultura.
 "Nos
 preocupan mucho porque afectan a dos sectores fundamentales para la 
región de Murcia", ha señalado López Miras, para quien "la prudencia 
debe imperar en esta fase de la desescalada y todos debemos ser 
responsables con las declaraciones que se hacen".
 Le
 ha trasladado la preocupación de los alcaldes respecto al ingreso 
mínimo vital, pues por lo que ha conocido por los medios de comunicación
 el Gobierno central pretende que la gestionen los ayuntamientos, que en
 muchos casos no disponen de recursos económicos ni materiales ni 
humanos para hacerlo, según ha dicho.
 Respecto
 a la prórroga del estado de alarma por otro mes pretendida por Sánchez,
 como viene haciendo desde un día antes de que se decretara el primer 
período de 15 días en la segunda mitad de marzo, López Miras ha 
insistido en que es el Gobierno central el que ha de reforzar los 
controles de movilidad.
 "Sánchez
 dice que la única forma de garantizarla es mediante el estado de 
alarma, pero esta semana hemos recibido una carta del ministro del 
Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que pide que seamos las 
comunidades autónomas las que pongamos medios para ello", ha indicado.
 También
 ha reiterado la posición que viene manteniendo sobre el uso obligatorio
 de mascarillas cuando no se pueda garantizar la distancia mínima de 
seguridad entre personas.
 Ha 
vuelto a solicitar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera para establecer unos criterios de reparto de los 16.000 
millones de euros no reembolsables prometidos a las autonomías por el 
Gobierno central de forma que sean "justos y no discriminen a ninguna 
comunidad".
 Tampoco es nueva su
 solicitud de que se permita a las regiones endeudarse para hacer frente
 al gasto sanitario, a la reactivación económica y a la ayuda a los 
colectivos más vulnerables, así como a los ayuntamientos usar todo su 
superávit para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia.
 Sobre
 un plan de conciliación laboral y familiar, ha vuelto a pedir que el 
Gobierno central establezca un marco que la permita, como se ha hecho en
 Italia.
 Por último, ha pedido 
la agilización del pago de las prestaciones de los trabajadores inmersos
 en expedientes de regulación temporal de empleo, pues "hay muchas 
familias que están esperándolo".
 Por
 su parte, el consejero Manuel Villegas ha explicado que la situación de
 las residencias, las de personas mayores y de otros colectivos, es la 
misma y que se están llevando a cabo las mismas actuaciones. Asimismo, 
ha confirmado que actualmente se podrían triplicar la cifra de PCR que 
se están realizando en la Región de Murcia.
 Y
 es que, según ha indicado, en la actualidad se están realizando test a 
todas las personas que presentan un caso posible, y que no se hacen más,
 porque no hay personas en esa situación.
 Finalmente,
 sobre la posibilidad bañarse en las playas, Villegas ha señalado que 
llegará ya en la Fase 2, aunque el presidente y el consejero han 
defendido que se tomará esa medida de una forma consensuada con los 
alcaldes costeros.

 
 


