Diego de Ramón pide una investigación judicial sobre actividades de Sanchez Carrillo con su socio y hermano de Valcárcel

 MURCIA.- El abogado Diego de Ramón ha solicitado al magistrado-juez titular del nº 8 de los de Murcia, David Castillejos, una investigación de la policía judicial de la Guardia Civil y, más en concreto, sobre las actividades de la mercantil Promotora de Actividades e Inversiones Futuras S.L. en las personas de Antonio Sánchez Carrillo y Carlos Valcárcel Siso.

A juicio del letrado murciano, habrá que investigar a Actividades e Inversiones Futuras S.L. y Lo Navarro de Murcia S.A., basándose en una información aportada a la causa del caso Umbra por el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, en cuanto a una relación indirecta con el convenio 30/2005, que desarrolló Lo Navarro, y en el que el Ayuntamiento de Murcia, a través de la concejalía de Urbanismo, aumentó la edificabilidad a cambio de la rehabilitación del Teatro Circo -deudora tributaria al erario público municipal.

De Ramón sugiere al magistrado que la materia a investigar es la relación existente entre el dúo Carrillo-Valcárcel con el empresario ilicitano Ramón Salvador y con una presunta malversación, estimada en 61,7 millones de euros, y en la que estaría implicada Lo Navarro de Murcia S.A.

Este abogado suplica al juez ponga las averiguaciones dimanantes en conocimiento del fiscal Lozano dada la alta plusvalía alcanzada en este otro convenio en detrimento de las arcas públicas municipales.

El juez Castillejos desestima recursos contra la detención de imputados y registros

MURCIA.- El magistrado David Castillejos, que investiga la presunta corrupción urbanística en la expansión norte de la ciudad de Murcia, conocido por caso Umbra, ha desestimado esta semanalos recursos que tres de los imputados presentaron contra el auto que acordó su detención y la realización de varios registros.

El auto desestima los recursos presentados por el exgerente de Urbanismo, Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el promotor inmobiliario Renato del Noce, que aseguraron que esas detenciones y registros habían violado derechos fundamentales, además de ser desproporcionados.

Al responder al recurso de Guerra, el juez señala que ordenó su detención -como la de los otros dos imputados- "a los fines de tomarle declaración, sin perjuicio de que podía acogerse al derecho a no declarar, y para resolver sobre su situación personal".

"El segundo de esos fines -añade- fue el preponderante y, efectivamente, en la noche del seis de octubre de 2010 se acogieron parcialmente las peticiones del ministerio fiscal".

"No se trató, por tanto, de una detención caprichosa, sino que respondía a uno de los fines previstos, cual era adoptar medidas de control personal, algo que ya adelantaba el auto recurrido en relación con los tres detenidos", afirma también el magistrado.

Critica Castillejos que Guerra diga en su recurso que finalmente se acordó la medida de "libertad con fianza", y añade que "está en un craso error, porque esa figura no existe en nuestro ordenamiento, sino que la correcta es la de prisión eludible bajo fianza".

Así mismo, indica que la medida acordada fue más "suave" que la propuesta por el fiscal Anticorrupción, ya que le concedió un plazo de casi dos días para reunir la fianza de 70.000 euros impuesta y eludir así el ingreso en prisión, "lo que evitó la peor de las fotografías posibles".