MADRID.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(Miteco) remitió al Gobierno de la Región de Murcia sus propuestas para 
mejorar las Directrices y el Plan de Ordenación Territorial de la cuenca
 vertiente del Mar Menor
 (DyPOT), un planeamiento esencial para regular y ordenar los usos en el
 Campo de Cartagena tras la «caótica» ocupación y transformación de este
 territorio en las últimas décadas. 
En
 la fase de consultas realizada por el órgano ambiental de la comunidad 
autónoma al Gobierno central para elaborar el Documento de Alcance del 
Estudio Ambiental Estratégico de estos instrumentos de ordenación 
territorial, el Miteco ha hecho sus aportaciones a través de la 
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), la Dirección General de la 
Costa y el Mar y la Oficina Técnica del Mar Menor.
El Ministerio pone la atención sobre el hecho de que «en 
la cabecera de la cuenca vertiente haya 19.000 hectáreas previstas como 
suelo urbanizable, lo que podría provocar, si fueran desarrolladas, la 
impermeabilización adicional del 23% de la cuenca alta y sellaría el 
33,7% de la zona, incrementando aún más la vulnerabilidad al riesgo de 
inundaciones aguas abajo al disminuir la capacidad de retención del 
suelo y aumentar los caudales, al tiempo que supondría una demanda de 
agua altísima para una cuenca con un gran déficit de recursos hídricos».
Por ello, el Miteco estima que «debe analizarse y 
evaluarse la dimensión adecuada de manera que se limiten los desarrollos
 previstos, induciendo la revisión de estos niveles de ocupación y 
sellado de suelo en la redacción del planeamiento urbanístico, e impedir
 el incremento de los suelos urbanizables y las infraestructuras que 
agravarían el problema».
En materia de inundabilidad, el Ministerio emplazó al 
Gobierno regional, competente en la materia, a que «establezca 
limitaciones a las actividades que actualmente generan presión por 
contaminación difusa y puntual sobre las masas de agua superficiales y 
subterráneas del Campo de Cartagena, con el fin de contribuir al buen estado del Mar Menor».
Además,
 se defendió «la vigencia, validez y necesidad de los mapas de 
peligrosidad y riesgo de inundabilidad y de que, en virtud de esta 
herramienta, se apliquen limitaciones a los usos o actividades a 
desarrollar en zonas inundables o zonas de flujo preferente, en contra 
de lo indicado en la documentación por parte de la comunidad autónoma, 
puesto que no llevarlas a cabo tendría consecuencias sociales y 
económicas muy superiores a su no aplicación».
El Miteco estima de gran importancia que «se diseñe un 
modelo de ordenación de la cuenca vertiente que posibilite el desarrollo
 equilibrado entre las diferentes actividades que han provocado la 
actual situación de deterioro del Mar Menor y su entorno».
Para
 ello, pide al Gobierno regional que «defina los umbrales para los 
diferentes usos en función de la capacidad de absorción del territorio, 
así como las condiciones adecuadas para que estas actividades estén 
equilibradas». 
En este sentido, considera «relevante y prioritario la 
definición de estándares, de manera destacada para las actividades 
agrícolas y ganaderas y para las urbanizaciones, que aseguren la total 
ausencia de capacidad de emitir contaminantes, mantener la permeabilidad
 del suelo y evitar el riesgo de inundaciones».
Por otro lado, se estima que «las Soluciones Basadas en 
la Naturaleza (SBN) deben ser «claves» como eficaces elementos 
estructurantes del territorio de la cuenca vertiente al Mar Menor, para 
conseguir los objetivos de recuperación y mejora de la capacidad 
ecosistémica y de desarrollo sostenible del Campo de Cartagena, haciendo
 posible la recuperación de las funcionalidades ambientales de los 
sistemas hidrológicos».
En
 coherencia con ello, la administración central aboga por recuperar el 
equilibrio de los flujos hidrológicos naturales, ajustando el flujo 
artificial (de los usos o actividades en el territorio) a la capacidad 
de acogida del sistema.
Así mismo, cree necesario que «estas Directrices y el 
Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente del Mar Menor 
(DyPOT) se articulen de manera coherente con las competencias del Miteco
 y de su Marco de Actuaciones Prioritarias para la recuperación del Mar 
Menor (Mapmm), que contempla una inversión de 484,4 millones de euros 
hasta 2026 en una decena de líneas, entre las que destacan el cierre del
 regadío ilegal, que se encuentra prácticamente ejecutada, la gestión 
del riesgo de inundaciones y la reducción de la carga contaminante y 
otras actuaciones que se están desarrollando, pese a que corresponden al
 ámbito competencial de la comunidad autónoma como la creación de un 
Cinturón Verde, la restauración de la Sierra Minera o la reducción de la
 carga contaminante».
Desde
 el Ministerio recuerdan que «hay un claro consenso científico sobre las
 causas que han motivado el actual deterioro del Mar Menor, cuya 
degradación se fue acelerando durante los últimos años debido a la 
caótica ocupación y transformación del territorio de la cuenca vertiente
 a la laguna; la expansión e incremento de las presiones de las 
actividades agrícolas, ganaderas y urbanas, fundamentalmente, además de 
las turísticas y mineras».
En cuando al ámbito de Costas y el Medio Marino, la 
administración central advierte en sus informes sobre la necesidad de 
que cualquier actuación que afecte a este ámbito esté condicionada a lo 
previsto en la Ley y el Reglamento General de Costas.
El
 informe remitido al ejecutivo autonómico alerta sobre la superación de 
la capacidad de carga del Mar Menor debido a la fuerte presión de las 
embarcaciones y los puertos, además de reclamar que el plan de 
ordenación evalúe el medio físico de la vertiente mediterránea del 
entorno del Mar Menor por su estrecha relación con espacios marinos 
protegidos colindantes.
Para el Miteco, las DyPOT deben diseñarse para recuperar 
el equilibrio en el Mar Menor y no provocar efectos indeseables en la 
laguna o en el medio marino del Mediterráneo colindante, por lo que se 
tendrá que realizar la adecuada evaluación de repercusiones sobre los 
espacios de la Red Natura 2000, en combinación con los planes, programas
 y proyectos que estén relacionados.