martes, 19 de abril de 2011

Moody's baja el rating de la CAM a 'bono basura' tras la ruptura de Banco Base

MADRID.- Moody's ha rebajado el rating de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en dos escalones, hasta el nivel del 'bono basura' (Ba1), después de que Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria rechazaran fusionarse con la entidad murciano-alicantina y crear Banco Base.

A principios de abril, la agencia de medición de riesgo Fitch rebajó de golpe tres escalones la deuda a largo plazo de la CAM y la pasó a considerar "bono basura". 

   Ahora, la otra agencia de calificación de crédito recuerda que las asambleas de las tres entidades rechazaron segregar sus activos financieros a favor de Banco Base después de que la CAM diera su visto bueno, lo que obligó a esta entidad a pedir fondos públicos para fortalecer su nivel de capital por 2.800 millones de euros.
   A pesar de los beneficios que la inyección de capital público reportará a la CAM, Moody's sostiene que la CAM sigue afrontando retos ante su débil capacidad para absorber riesgos, y apunta a la posibilidad de que los recursos del FROB no sean suficientes para cubrir las pérdidas potenciales de la caja.
   En este sentido, la agencia de calificación de riesgos explica que, a la luz de las incertidumbres sobre la evolución de la economía española, y de su sector inmobiliario, "la recapitalización del FROB puede no bastar para proteger la CAM frente a un escenario conservador de pérdidas".
   Además, indica que la generación interna de capital de fuentes recurrentes de la CAM puede verse limitada en el muy desafiante entorno operativo nacional de crecimiento apático y de presiones sobre los márgenes.
   Moody's apunta que la caja murciano-alicantina registra un elevado nivel de activos sin generación de beneficios y un aumento de los costes de financiación, al tiempo que deberá hacer frente a las mayores exigencias de provisión.

El PSRM pide a Valcárcel que explique "dónde ha metido el dinero de los murcianos para tener un agujero de 1.800 millones"


MURCIA.- El portavoz del PSRM, Joaquín López, pide al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, que explique, "si aún le queda algo de dignidad política", dónde ha metido el dinero "que ha recibido de los impuestos de todos los murcianos para deber hoy más de 1.800 millones de euros a acreedores y proveedores de la CCAA que se ven ahogados y que no pueden seguir adelante por culpa de la mala gestión de este Gobierno regional". 

   López, que ha mantenido esta mañana una reunión la coordinadora de la Unión de Profesionales y Autónomos (UPTA) de la Región, Mari Carmen Martínez, dentro de la ronda de reuniones que el PSRM está manteniendo en los últimos meses a fin de confeccionar un programa electoral basado en las necesidades y demandas de la ciudadanía, lamentó que "tengamos a un Gobierno regional y a un presidente de la Comunidad Autónoma que ni está ni se le espera".
   Un presidente, añadió en rueda de prensa, "que es incapaz de dar solución alguna a los problemas de los empresarios y los autónomos de la Región de Murcia".  
   "Más preocupado por hacerle el trabajo a Mariano Rajoy dando la espalda a los ciudadanos de la Región de Murcia y al sufrimiento de empresas, organizaciones y trabajadores", insistió Pedro López.
   Un presidente, continuó, "capaz de darle la espalda incluso a organizaciones tan importantes y que dan un servicio tan relevante a la sociedad como es Cáritas".
   Joaquín López ha querido así destacar una preocupación que se repite por parte de los colectivos, organizaciones y asociaciones con las que el PSRM ha mantenido reuniones en los últimos meses, que es la situación de la Comunidad Autónoma y la de empresas y trabajadores "que no ven horizonte en el cobro ni en la continuidad de su actividad laboral".
   Por último, el portavoz socialista ha lamentado que el Gobierno regional y, en concreto Valcárcel, continúe mintiendo a los murcianos porque, indicó, "hoy corean la misma mentira repetida y siguen pidiendo dinero de forma impresentable".
   El portavoz del PSRM, que ha recibido de manos de la coordinadora de UPTA un documento con algunas propuestas de mejora para el sector y con las principales preocupaciones de los autónomos de la Región de Murcia, ha afirmado que muchas de las propuestas de UPTA ya están recogidas en el programa electoral que prepara el partido y que otras, se incluirán "sin duda" en la propuesta política del partido.
   En concreto, señaló Joaquín López, "incluiremos medidas relacionadas con la promoción del autoempleo, la modernización del sector autónomo a través de infraestructuras tecnológicas, la creación de una central de compras que permita a las pequeñas empresas y autónomos competir con las grandes superficies y, por supuesto, el impulso del pequeño comercio".
   Y es que, concluyó, "siempre hemos mantenido una apuesta decidida por la protección, el impulso y la ayuda a los trabajadores autónomos".
   Así, "hacemos nuestras las reivindicaciones de más de 13.000 personas, 2.000 empresas que están pasando momentos difíciles en sectores tan importantes para la Región como la hostelería, el pequeño comercio o la construcción", ha finalizado el portavoz socialista.

Un estudio de la Universidad de Murcia reivindica la necesidad de recuperar las salinas abandonadas

MURCIA.- Un estudio científico realizado por varios profesores de la Universidad de Murcia y aparecido en la revista "Gran Tour", que edita la Escuela de Turismo, destaca la conveniencia de la recuperación de las salinas en desuso o abandonadas que hay en la Región de Murcia. 

   Para los autores del trabajo, "los buenos resultados que se están obteniendo con la gestión participativa en las salinas de San Pedro del Pinatar permiten indicar que se debería potenciar en los otros espacios donde hay aún salinas en producción o que potencialmente pueden ser recuperadas", según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.
   Los científicos se ocupan especialmente de la necesidad de volver a poner en funcionamiento las salinas de Marchamalo y del Rasall, "cuyo interés ambiental y turístico es fundamental en el litoral sur del Mar Menor y cuya viabilidad no se ha conseguido garantizar a largo plazo".
   El estudio recoge la treintena de salinas que existen en la Región de Murcia, y que se encuentran ubicadas en los términos municipales de Jumilla, Fortuna, Molina de Segura, Ulea, Ojós, Blanca-Ricote, Cieza, Calasparra y Librilla.
   También se encuentran otras en Murcia, Moratalla, Caravaca de la Cruz, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena y Mazarrón.
Los autores recomiendan dotar de alguna figura de conservación a aquellas salinas que no están incluidas en la red de espacios protegidos "para garantizar su integridad territorial ante posibles modificaciones del planeamiento municipal".
Este trabajo ha sido realizado por los profesores José María Gómez, Ramón Martínez, Encarnación Gil y Gustavo Ballesteros, junto con el becario Salvador Gil.

IU propone crear un banco público regional para conceder crédito a pymes y reactivar la economía

MURCIA.- El coordinador de IU y candidato de esta formación política a la Presidencia de la Comunidad, José Antonio Pujante, ha propuesto la creación de un banco público regional para conceder préstamos a proyectos innovadores y sostenibles de empresas, pymes y compañías de economía social con el objetivo de reactivar el crédito a la actividad de carácter productivo. 

   Este banco, que IU pondría en marcha en caso de tener responsabilidades de gobierno en el próximo mandato, nacería con vocación de dar crédito a empresas, aunque su actividad se haría extensiva también a las familias una vez consolidada la entidad, según ha indicado Pujante en una rueda de prensa junto al cabeza de lista al Ayuntamiento de Cartagena y responsable de Economía y Empleo de la federación de izquierdas, Cayetano Jaime Moltó.
   Pujante ha señalado que este banco "no invertiría, obviamente, ni en capital riesgo ni en aventuras especulativas de ninguna naturaleza", de forma que "habría una renuncia expresa a inversiones  opacas, bonos basura y otro tipo de operaciones con las que IU no está de acuerdo porque no van en la dirección del carácter de inversión productiva e innovadora".
   El banco público serviría de base para la concesión, en el futuro, de créditos a las pymes y a empresas de economía social, así como a la concesión de microcréditos y a la revisión de préstamos de proyectos innovadores y sostenibles. Concretamente, estos proyectos serían de empresas que estuvieran radicadas fiscalmente y domiciliadas en la Región de Murcia.
   La entidad propuesta por IU contaría con cuatro oficinas bancarias físicas y una virtual, dos en el municipio de Murcia, otra en Cartagena y otra en Lorca, más una quinta oficina de gestión virtual.
   La Administración regional conformaría el consejo de administración de este nuevo banco público, y el presidente de la entidad sería elegido por la propia Asamblea Regional. El parlamento autonómico también sería el órgano encargado de aprobar las líneas fundamentales de actuación financiera de la propia entidad, ha añadido Pujante.
   Para la creación de este banco público, IU ha propuesto utilizar como instrumento al Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, así como al propio Instituto de Fomento (INFO). Así, ha señalado que se trata de una propuesta "perfectamente viable desde el punto de vista técnico y legal".  
   De hecho, ha puntualizado que los propios estatutos del Instituto de Crédito y Finanzas "abren la vía técnica y jurídica para que se pueda crear a partir de ese instrumento un banco público". Entre los fines de este organismo "se recoge el actuar como principal instrumento de la política de crédito público de la Administración General de la Comunidad".
   Igualmente, en otro de sus apartados habla de "llevar a cabo la gestión financiera del endeudamiento y ejercer las competencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma sobre el sistema financiero".
   Inicialmente, la propuesta de IU plantea que este banco público nacería con un capital de 50 millones de euros aportados por el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, al tiempo que se formalizaría la petición de la ficha bancaria al Banco de España a finales de 2012.
   Posteriormente, Pujante ha propuesto añadir "otros depósitos de aquellos que todo prestatario tendría que dejar en la propia entidad". Igualmente, estaría abierto a la participación de cajas de ahorros que hayan sido intervenidas por el Banco de España y tengan, por tanto, capital público, aunque la gestión y el capital mayoritaria sería de la Administración regional.
   La gestión financiera estimada al final del proceso inicial, que culminaría al acabar la legislatura, en 2015, sería de alrededor de 150 millones de euros, según las estimaciones de IU-Verdes. Posteriormente, ha añadido que el abanico de acción del banco público se extendería para conceder préstamos de carácter hipotecario a las familias, una vez consolidad la entidad.
    Pujante ha dicho que las remuneraciones del presidente del banco público regional y de los consejeros "lo fijará también la Asamblea Regional y siempre estará por debajo de los sueldos del presidente de la Comunidad y de los propios consejeros del Gobierno".
"Naturalmente, no habrá reparto de dividendos entre los miembros del consejo de administración del nuevo banco público".
   Este nuevo banco "abriría oficinas para la concesión directa del crédito sin utilizar la intermediación de entidades de crédito, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que es quien concede el préstamo, pero son los bancos quienes formalizan y gestiona el crédito, llevándose la parte correspondiente de la comisión".
   Moltó ha señalado que los fondos que gestiona el ICO los gestionan "las entidades bancarias, que se quedan con el dos por ciento por trámites de gestión, lo que es un dinero muy importante cuando no asumen ningún riesgo y son meros intermediarios en la gestión de ese recurso".
   La banca pública "podría hacer esto mismo con menor coste, y repercutiría en su propia cuenta de resultados, que no tiene que ser necesariamente deficitario", ha concluido Moltó.
   Además, el candidato a la alcaldía de Cartagena, ha atribuido el estado económico de algunas cajas de ahorros a la "mala política de PP, PSOE y CiU", a quienes ha acusado de "fagocitar, junto al Banco de España, la privatización de las entidades financieras".

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región bajan un 3,51%

MURCIA.- El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia alcanzó los 84.230 en marzo, lo que supone una disminución del 3,51 por ciento con respecto al mismo mes de 2010, según datos difundidos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   Así, entre febrero de 2010 y 2011, el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia disminuyó en 3.063 personas.
   Cabe destacar, además, que la disminución del 3,51 por ciento registrada en la Región fue superior a la media nacional, que registró un descenso del 2,78 por ciento en marzo, situándose en la sexta comunidad con mayor descenso.
   Del total del número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Murcia, 43.973 se enmarcaron en el régimen agrario; 30.055 corresponden al régimen general; 4.861 fueron autónomos; 5.197 en el Hogar y 145 trabajadores del Mar.
   Además los datos revelan que, del total de extranjeros afiliados a la Seguridad Social de Murcia, 13.205 de ellos proceden de la Unión Europea y el resto, 71.025 son extracomunitarios.

UGT pide la dimisión de Sotoca por las "irregularidades" en las elecciones a la Junta de Personal Docente

MURCIA.- La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT ha reclamado la dimisión del consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, por "permitir las irregularidades" cometidas en las elecciones de la Junta de Personal Docente no Universitario, celebradas en diciembre de 2010.

   Asimismo, un juez árbitro ha estimado la solicitud de impugnación de este proceso electoral, demandado por UGT y conocido este lunes de forma oficial, de manera que el resultado del laudo arbitral supone "la impugnación del voto por correo, la repetición de las elecciones sindicales en 70 de las 88 mesas y la convocatoria, por segunda vez, de cerca de 22.000 electores". Dicha resolución podrá ser recurrida por la vía de lo Contencioso Administrativa en el plazo de tres días desde su notificación.
   Y es que, han denunciado los secretarios de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT-Murcia y de Organización, Antonio Ferrández y María José Medina, respectivamente, "mientras no se celebren, nos retrotraemos a los resultados de las elecciones sindicales del año 2006, de manera que la Junta de Personal Docente sería la de ese año y también la de representación de los trabajadores en la mesa sectorial", que en esos momentos "presidía ANPE", han recordado.
   A tenor de lo sucedido, UGT ha dado traslado de los hechos a la directiva nacional para "poner en evidencia de que se está ante una decisión unilateral de la Consejería y sus máximos dirigentes"; al tiempo que se ha dirigido esta mañana un escrito a la Consejería de Educación para que se celebren, cuanto antes, las elecciones.
   Al respecto, han puesto de manifiesto que las sospechas se fundamentaron en el hecho de que "las votaciones por correo en las elecciones del ámbito docente del pasado 2 de diciembre no se estaban realizando dentro del marco de la legalidad".
   A pesar del intento de UGT, ha explicado Ferrández, "de que los votos por correo no llegaran a las urnas, la mesa coordinadora, con el único asesoramiento de la Consejería de Educación y sin contar con los representantes sindicales, siguió adelante con las elecciones".
   Según ha subrayado Medina, las sospechas comenzaron cuando se tuvo conocimiento de que en algunos centros docentes, "delegados del sindicato ANPE instaban al profesorado a votar por correo, asegurándoles que rellenando la solicitud y adjuntando la fotocopia de su DNI, ya era suficiente para votar".
   Tras la sospecha, FETE-UGT, en colaboración con tres compañeros, solicitó el voto por correo poniendo como recepción la sede de UGT Murcia. Dos días más tarde, el mensajero de correos le entregó a Medina la documentación remitida por la mesa electoral coordinadora con los tres sobres, "firmando como que los había recibido sin necesidad de identificarme ante el mensajero en ningún momento", ha puntualizado.
   En concreto, en los sobres estaban todas las papeletas de los sindicatos que se presentaban a las elecciones "por lo que cogimos la de UGT, adjuntamos los DNI y las entregué yo misma en la oficina de correos, sin que el funcionario de me pidiera identificarme".
   Al comprobar la "poca seguridad" con la que se recogían los votos, UGT presentó una reclamación a la mesa electoral coordinadora pidiéndole que se le pasara al sindicato la relación de todas las personas que habían votado por este procedimiento.
   "La sorpresa, ha destacado, fue al comprobar que de los 250 votos por correo solicitados, un total de 108 tuvieron como destino de recepción el sindicato ANPE y los otros 49, la sede de CCOO"; razón por la que desde FETE-UGT se presentó una reclamación un día antes de la celebración de las elecciones con el propósito de que el voto por correo "no entrase en las urnas, pero fue desestimada con el asesoramiento de la Consejería, que alegó que la reclamación de UGT eran meras sospechas, a pesar de que advertimos que supondría un fraude electoral y conllevaría la repetición de las elecciones si haciéndonos caso omiso se introducía el voto por correo en 70 de las 88 mesas".
   Del mismo modo, desde FETE-UGT se ha denunciado que no sólo la tramitación del voto por correo "se hizo de forma irregular, sino que la custodia de los mismos también parece dudosa, desde el momento en que dos días antes los votos se les entregaron a los presidentes de las mesas electorales parciales todavía no constituidas, siendo estos meros electores", señaló Medina.
   Para concluir, Ferrández ha advertido que "no se van a tolerar las trampas en un proceso electoral democrático, sobre todo cuando se habla de que somos profesores y educamos en valores".