LORCA.- Los concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lorca, Pedro 
Sosa y Gloria Martín, han pedido explicaciones sobre la situación en la 
que se encuentra actualmente el Consorcio de Marina de Cope, cuya 
disolución fue anunciada en marzo de 2011 por el equipo de Gobierno 
municipal del PP. 
Sin embargo, durante todo este tiempo el consorcio no 
sólo se ha mantenido en el Inventario del sector público de la Comunidad
 Autónoma, sino que esta semana el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia ha publicado sus nuevos estatutos que el Gobierno regional aprobó
 el pasado 6 de julio.
El Consorcio de Marina de Cope tiene entre sus objetivos el "impulso,
 desarrollo, gestión y ejecución de la Actuación de Interés Regional 
(AIR) Marina de Cope", a pesar de que ésta está anulada "por sentencia 
judicial firme", recordaron Sosa y Martín.
En 2013, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia confirmó la 
protección ambiental de Calnegre-Cope, y anuló los trámites de 
urbanización impulsados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y los Ayuntamientos de Águilas y Lorca. 
Del mismo modo,
 otra sentencia del TSJ de 2016 anuló la modificación de los Planes 
Generales de Ordenación Urbana de ambos municipios para adaptarse a una 
AIR "que ya no existe".
Sin embargo, a día de hoy, ni estos ayuntamientos han anulado la 
adaptación de sus planes generales de ordenación urbana para dar cabida a
 un proyecto "tumbado por la Justicia", ni el Gobierno regional ha 
disuelto el consorcio, sobre el que pesan "muchas sombras". 
Los ediles 
de IU se preguntaron cómo casa el hecho de que el alcalde de Lorca, 
Fulgencio Gil, que es vicepresidente nato del Consorcio y también "un 
hombre del mundo del Derecho "se declare en rebeldía a acatar una 
sentencia judicial".
 Martín recordó que además de Gil, la alcaldesa de 
Águilas, María del Carmen Moreno (PSOE) también es vicepresidenta, y que
 la cabeza de esta entidad es la consejera de Turismo del Gobierno 
regional, Miriam Guardiola.
Gloria Martín también ha explicado que este ente no está sometido a 
auditorías desde 2016, año en que la empresa encargada de su 
fiscalización puso de manifiesto limitaciones al alcance de su trabajo, 
así como numerosos incumplimientos contables y normativos, incluido que 
las cuentas anuales correspondientes a ese ejercicio "ni siquiera fueron
 aprobadas por el Consejo de Administración del Consorcio", algo que 
también sucedió en 2015.
En 2014, la empresa auditora manifestaba que no se pusieron a su 
disposición las Cuentas Anuales correspondientes a dicho ejercicio, por 
lo que no pudo realizarse la auditoria. Tampoco existen inspecciones 
entre los años 2005 y 2009. 
Y en 2010 y 2011 los equipos auditores 
tampoco pudieron expresar opinión sobre la Cuenta General porque desde 
el consorcio no se les proporcionó la información contable necesaria, 
incumpliendo lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se regula la rendición de cuentas de las entidades, 
empresas, fundaciones y consorcios del Sector Público Regional.

 
 








