Se levanta de su escaño Albert Rivera en el Congreso de los Diputados, coge el micrófono y con el tono agrio recurrente con el que suele hablar de Catalunya, le espeta al presidente del Gobierno: "Señor Sánchez: ¿se compromete o no a indultar a los golpistas, sí o no?". Se sienta el líder de Ciudadanos, satisfecho, entre aplausos de los suyos y llega el turno de Pedro Sánchez. 

Ninguna réplica a las continuas acusaciones de golpistas que repite su exsocio en el 155 y un zigzagueo permanente, un eslalon interminable, para no contestar sobre qué hará si llegan los indultos de los presos políticos catalanes a su mesa. 

Así empiezan y acaban algo menos de cinco minutos en el Congreso de los Diputados hablando de vidas humanas en esta especie de farsa judicial que se ha montado para dar un escarmiento al independentismo catalán.

Pero más allá del espectáculo televisivo y de la necesidad acuciante que tienen uno y otro de arañar votos ante las elecciones andaluzas que Susana Díaz ha adelantado al próximo 2 de diciembre uno no puede dejar de sorprenderse ante la tranquilidad con que todas las fuerzas políticas de ámbito español, excepto Podemos e Izquierda Unida, esperan los escritos acusatorios de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía del Estado. 

 Hay mayores incógnitas respecto a la Abogacía pero prácticamente ninguna sobre la Fiscalía que, sin duda, incluirá los delitos de rebelión para todos los presos políticos y, seguramente, para el major Josep Lluís Trapero, actualmente en libertad. Aunque está en otro sumario y en otro tribunal, la Audiencia Nacional, la fiscalía quiere también hacer público su escrito de acusación contra el exresponsable de los Mossos d'Esquadra este viernes.

¿Cómo puede darse por segura una condena y hablarse impúdicamente de indultos cuando varias justicias europeas han rechazado los delitos de rebelión y sedición? ¿Cómo puede hablarse de indulto cuando el gobierno de Mariano Rajoy negó por activa y por pasiva, desde el presidente al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y en sede parlamentaria, que hubiera habido uso de dinero público para llevar a cabo el referéndum y, por tanto, descartaran la malversación? 

¿Cómo pueden hablar de indulto cuando tendrían que hablar de libertad? Solo desde la mirada política y desde la ignominia de arruinar la vida de unas personas pacíficas puede haberse puesto en marcha toda la maquinaria del Estado para descabezar un movimiento que era y es democrático y de paz.

Hemos sabido también que en el paquete de la fiscalía de este viernes está el escrito de acusación de Trapero, hombre fundamental en la resolución de los atentados de agosto del pasado año. Aquel 17-A en que el major trasladó a la opinión pública internacional y a las instituciones que el cuerpo de Mossos d'Esquadra era solvente y suficiente para gestionar una crisis de seguridad de aquella naturaleza. 

Allí empezó el calvario de Trapero hasta el día de hoy. Hemos oído declaraciones en los tribunales de altos mandos del cuerpo y hemos conocido detalles de los operativos del 1-O a la vista de la instrucción judicial con motivo del referéndum y que se resumía en que los Mossos garantizaran la paz social. Y así fue. Lo otro ha venido después.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia