Durante su interpelación al consejero de Educación, Víctor Marín Navarro, el parlamentario de izquierdas ha denunciado que el Ejecutivo regional de López Miras acumula "siete años de retraso" en una obligación legal que tenía un plazo inicial de un año. "¿Para qué se establecen plazos en las leyes? ¿Para incumplirlos?", ha reprochado.
Álvarez-Castellanos ha desmontado uno de los principales argumentos esgrimidos por el Gobierno, que atribuía el bloqueo a un supuesto vacío legal tras la reforma educativa estatal. Según ha explicado, la modificación introducida por la Ley 1/2024 no eliminó el artículo clave, sino que simplemente lo reordenó dentro del texto legal.
"No hubo ninguna supresión, sino un traslado. Por tanto, no pueden ampararse en esa excusa", ha afirmado.
El diputado ha ido más allá y ha planteado dos posibles escenarios: "O bien se ha actuado con conocimiento —lo cual sería grave— o bien por desconocimiento, algo difícil de creer con los servicios jurídicos de la comunidad".
En ambos casos, ha concluido, existe una "voluntad de eludir una competencia que les corresponde".
Asimismo, ha puesto cifras a una realidad que, según ha denunciado, permanece invisibilizada en las políticas públicas. En la Región de Murcia existen 42 asociaciones que sostienen escuelas de música y otras tantas bandas, con un impacto directo en más de 30.000 personas.
El sector cuenta con unos 8.000 alumnos, 5.000 músicos federados, 320 profesores y más de 14.000 personas asociadas, generando además más de 1.500 actividades musicales al año. "Estamos hablando del principal vivero de talento musical de la región", ha subrayado.
Sin embargo, la financiación pública sigue siendo, a su juicio, claramente insuficiente y mal orientada.
"Se financian festivales o promoción cultural, pero no el funcionamiento estructural de las escuelas", ha criticado. Actualmente, las ayudas se limitan a unos 100.000 euros para instrumentos y 40.000 para la federación, cantidades que el diputado considera claramente insuficientes.
Álvarez-Castellanos ha señalado que el principal problema del sector no es la actividad cultural, sino la sostenibilidad laboral. Las escuelas no pueden asumir los costes sociales de los 320 docentes que mantienen el sistema.
"Lo que están pidiendo es ayuda estructural para pagar al profesorado", ha insistido, advirtiendo de que la única alternativa es subir cuotas —ya por encima de los 200 euros mensuales— o poner en riesgo la continuidad de las escuelas.
"Las familias no pueden soportar más incrementos", ha alertado.
En su turno de réplica, el diputado ha rechazado el argumento del Ejecutivo basado en la falta de tiempo por la adaptación a reformas educativas estatales como la LOE o la LOMLOE.
"La ley es de 2019. Han tenido años para hacerlo y no han cumplido", ha zanjado.
Con tono contundente, ha cuestionado la prioridad política del Gobierno: "¿De verdad no pueden dedicar un equipo, aunque sea reducido, a desarrollar una ley de diez páginas?".
También ha instado al consejero a tomar como referencia modelos cercanos como el de la Comunidad Valenciana, donde el apoyo a las escuelas de música alcanza los 13 millones de euros.
Finalmente, Álvarez-Castellanos ha lanzado un mensaje directo al Ejecutivo: "Si no piensan hacerlo, díganlo claramente". Y ha advertido de que las soluciones puntuales vía subvenciones "no sustituyen una regulación estable" que garantice la supervivencia del sistema.
La interpelación deja en evidencia un conflicto enquistado entre el sector musical y el Gobierno regional, con miles de familias y profesionales a la espera de una respuesta que sigue sin llegar.
