La Región de Murcia, primera comunidad en rendir cuentas a través de la nueva plataforma del Tribunal de Cuentas

 MURCIA.- La Región de Murcia se ha convertido en la primera comunidad autónoma en presentar su Cuenta General del ejercicio 2024 a través de RET@N, la nueva plataforma puesta en marcha por el Tribunal de Cuentas para mejorar la rendición de cuentas en aquellas comunidades sin Órgano de Control Externo propio (OCEX), según han informado fuentes del Gobierno regional.

Este hito refuerza el compromiso institucional de la Región con la transparencia, la eficiencia administrativa y el control riguroso del gasto público, y la posiciona como comunidad de referencia en la implantación de soluciones tecnológicas al servicio de la fiscalización.

RET@N permite la remisión automatizada y estructurada de la información contable, incorporando validaciones, controles de calidad y análisis de congruencia que mejoran la fiabilidad de los datos y facilitan el trabajo del Tribunal. Además, funcionará como un punto centralizado de consulta para las administraciones autonómicas, aportando una visión integral del sector público.

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital ha impulsado, a través de la Intervención General y la Dirección General de Transformación Digital, el desarrollo de las aplicaciones necesarias para garantizar la interoperabilidad con RET@N.

Este esfuerzo técnico y organizativo ha hecho posible que la Región de Murcia sea la primera en cumplir con este nuevo modelo digital de rendición. A partir del próximo mes de octubre, se sumarán a esta plataforma Cantabria, La Rioja y Extremadura, también fiscalizadas directamente por el Tribunal de Cuentas.

La creación de RET@N ha permitido además desarrollar el Censo de Entidades de Comunidades y Ciudades Autónomas (Cenecca), que garantizará el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas por parte de todos los organismos autonómicos.

Este avance se enmarca en el ecosistema digital que el Tribunal de Cuentas ha venido consolidando en los últimos años, junto a otras plataformas como Fisconex, Fiscalicex y Fiscuenta, reforzando así una arquitectura tecnológica al servicio del buen gobierno.

Varapalo judicial para López Miras

 MURCIA.- El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha ganado la demanda que le interpuso el presidente de la Región en un intento de silenciarle.

"Le pese a quien le pese, seguiremos recordando cada día que el transfuguismo es corrupción.

Fernando López Miras perpetró el mayor ataque a la democracia en la historia de la Región comprando los diputados tránsfugas para seguir en el poder.

El Partido Popular quiere amordazar a quien no se somete a sus intereses, utilizando amenazas, coacciones y denuncias falsas.

Pero no lograrán callar al Partido Socialista.

Vamos a seguir defendiendo, con firmeza, la regeneración de las instituciones, frente a un Partido Popular que las ha corrompido, y defendiendo los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas", dice el PSRM en un comunicado. 

Vox se querella contra María Marín (Podemos) después de que le entregara a Antelo un capirote del Ku Klux Klan

 CARTAGENA.- El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha anunciado que la formación ha presentado una querella contra la diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín "por las graves difamaciones y por las imputaciones de delitos que ha vertido contra Vox". 

Además, su Grupo Parlamentario en la Asamblea ha registrado una propuesta para que sea sancionada por un "grave incumplimiento del reglamento que debe garantizar el funcionamiento de la Cámara autonómica", según han informado fuentes del partido en una nota de prensa.

Cabe recordar que, este pasado miércoles durante la sesión plenaria de debate y votación del Proyecto de Ley de Presupuestos la portavoz de Podemos-IU-AV en el parlamento autonómico, María Marín, colocó sobre la mesa Antelo un capirote blanco similar a los que usa el Ku Klux Klan.

Marín fue llamada al orden hasta en dos ocasiones por la presidenta de la cámara parlamentaria, Visitación Martínez, quien ordenó a los servicios de la Asamblea retirar el capirote e instó a la diputada a volver a su escaño.

Asimismo, Antelo pidió a Marín que dijera en voz alta y con el micrófono unas palabras que le dirigió en primera persona. "Haga el favor, coja el micrófono y dígalo en voz alta para ponerle a usted una querella", señaló.

"Ya lo dijimos: todos aquellos que difamen de manera grave y todos aquellos que imputen delitos a Vox tendrán que responder delante de un juez", ha añadido Antelo quien ha afirmado que "la izquierda y la extrema izquierda están completamente desesperadas ante el auge de Vox, que ya es segunda fuerza política, según muchas encuestas".

Antelo ha asegurado que, "aunque en Vox no creemos en las encuestas, ese crecimiento es cada vez más palpable en la calle. Vox sigue ganando terreno electoral, y lo hacemos con paso firme. Venimos a dar un cambio total y absoluto a las políticas de la Región de Murcia y de toda España", ha concluido. 

Por su parte, la diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha asegurado que no le preocupa "en absoluto" la querella y la propuesta de sanción en la Asamblea Regional que el Grupo Parlamentario Vox ha presentado contra ella después de que este pasado miércoles durante la sesión plenaria de debate y votación del Proyecto de Ley de Presupuestos María Marín, colocara sobre la mesa del presidente provincial y portavoz de Vox, José Ángel Antelo, un capirote blanco similar a los que usa el Ku Klux Klan.

"Los diputados no solo tenemos inmunidad parlamentaria para decir lo que consideremos oportuno, sino que tampoco he dicho nada que no sea verdad", ha explicado, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

Marín hacía referencia a que los cargos públicos de Vox "compartieron y jalearon los vídeos de los linchamientos del día 11 de julio en Torre Pacheco" y "Vox, los discursos de odio de Vox, son responsables de la cacería" en el municipio.

Para ella, Antelo, "es el primer responsable después de esa visita al pueblo que solo sirvió para echar más gasolina en el fuego".

 "Por lo tanto, desde Podemos, si Vox quiere ir a juicio, no tenemos ningún problema, porque son ellos los que saldrían imputados por cosas muy graves", ha asegurado.

Marín ha insistido en que lo sucedido en Torre Pacheco fueron "linchamientos racistas como los del Ku Klux Klan y Vox es responsable. Lo voy a decir donde haga falta y vamos a seguir llamando a las cosas por su nombre", ha concluido.  

La Fiscalía archiva la denuncia penal del PP que imputaba falsamente delitos al anterior alcalde y concejales en Lorca

 LORCA.- La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, ha criticado el silencio del equipo de gobierno del Partido Popular tras hacerse pública la noticia del archivo, por parte de la Fiscalía, de la denuncia interpuesta en junio de 2024 contra tres concejales socialistas.

 La denuncia, promovida por el propio Ayuntamiento, acusaba sin pruebas al entonces alcalde Diego José Mateos y a los concejales José Ángel Ponce e Isidro Abellán de supuestas irregularidades en el cobro de la tasa por ocupación del Huerto de la Rueda. 

"Hoy sabemos que todo fue un intento de manipulación, y sin embargo nadie del PP ha salido a dar la cara", ha señalado Casalduero.

Casalduero ha recordado que, en octubre de ese año, tanto la portavoz del equipo de gobierno, Rosa Medina, como el portavoz del PP, Juan Miguel Bayonas, convocaron a los medios "con alarmismo y sensacionalismo", lanzando graves acusaciones sin base alguna a tres concejales del Grupo Municipal Socialista.

 "No dudaron en hablar de desvío de dinero y hasta de compra de votos, cuando sabían perfectamente que no existía delito alguno. Lo hicieron con mala fe, con el único objetivo de dañar la imagen personal, social, familiar y política de nuestros compañeros, así como del propio Partido Socialista", ha denunciado.

La portavoz socialista ha reprochado que con el mismo entusiasmo con el que se difundieron aquellas acusaciones, en la propia web del Ayuntamiento de Lorca ( https://www.lorca.es/noticias/noticias.asp?idn=17812 ), no se empleara para comunicar el archivo de las diligencias, que se produjo el 28 de noviembre de 2024, apenas un mes después.

 "Han mantenido viva una sospecha durante ocho meses, sabiendo que era falsa. Eso es una forma de manipular y utilizar las instituciones para fines partidistas. Es indigno de personas que se dedican a la política", ha señalado Casalduero.

Casalduero ha exigido una rectificación pública e inmediata por parte de quienes realizaron las acusaciones. 

"Tienen que pedir perdón al entonces Alcalde y a los concejales afectados, y por supuesto, dimitir. Han demostrado que no están a la altura ni política ni éticamente. No todo vale en política. Cuando se vulnera el honor y la dignidad de las personas de esta manera, hay que asumir responsabilidades, y rectificar de la misma manera que se lanzaron acusaciones incialmente", ha sentenciado.

Asimismo, desde el Grupo Municipal Socialista se espera que el alcalde, Fulgencio Gil, actúe con responsabilidad y mano firme ante la gravedad de los hechos, y no mire hacia otro lado. 

"Debe asumir su parte como máximo responsable del gobierno municipal y, si Medina y Bayonas no dimiten, cesarlos de inmediato. No pueden seguir representando a la ciudadanía quienes han demostrado no ser dignos de su cargo como concejales del Ayuntamiento de Lorca", ha reclamado Casalduero.

Por último, Isabel Casalduero ha anunciado que los concejales afectados emprenderán las acciones legales necesarias para defender su honor. "No vamos a dejar impune esta campaña de desprestigio. Debe haber una rectificación, así como un abandono de los cargos ya que los señores del Partido Popular han demostrado no estar a la altura de la política que necesita Lorca".

El PSRM pide a López Miras que condene las declaraciones de Antelo por las que le denunciaron en la Fiscalía

 MURCIA.- La secretaria de Organización del PSOE en la Región de Murcia, María Jesús López, ha condenado "la espiral de odio, racismo y xenofobia suscitada por los grupos de derecha y ultraderecha" en Torre Pacheco.

Así, se ha manifestado la socialista en la manifestación convocada este lunes por la tarde en el centro de la ciudad de Murcia contra los altercados ocurridos en el municipio del Campo de Cartagena.

"Eso no es la Región de Murcia y eso no es lo que queremos para ella", ha afirmado López, que ha pedido al presidente de la comunidad, Fernando López Miras, que condene las declaraciones del presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo "y no permita que el miércoles se aprueben los presupuestos de la vergüenza, xenófobos y racistas que no corresponden con la realidad de la Región".

Asimismo, ha reiterado el ofrecimiento de unos "presupuestos sin líneas rojas" del secretario general del partido en la Región, Francisco Lucas, "alejados de racismo, xenofobia y del recorte de derechos".

 "López Miras debe decidir si quiere estar en la radicalidad con la ultraderecha alentando manifestaciones de odio o quiere estar en la centralidad que le ha ofrecido el PSOE y que le volvemos a reiterar", ha concluido.

Vox se personará como acusación popular en la causa del anciano agredido en Torre Pacheco

 MURCIA.- Vox  ha anunciado que se personará como acusación popular en la causa para defender los derechos de la víctima agredida en Torre-Pacheco y exigir que estos delitos no queden impunes.

El colaborador del equipo jurídico nacional de Vox, José Francisco Garre, ha denunciado que el caso del anciano brutalmente agredido en Torre Pacheco, que ha decidido no acusar ni reclamar indemnización a sus agresores «por la presión social y mediática», es «la muestra más clara de lo que ha conseguido la criminalización de las víctimas».

 

«Ni siquiera se atreven a denunciar. Esto es exactamente a lo que aspira el bipartidismo: que los españoles soporten resignados e indefensos», ha subrayado Garre.

 

El colaborador jurídico ha señalado que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, con la complicidad de sus medios de comunicación, «pretenden que los españoles ni siquiera se atrevan a quejarse de las consecuencias de la invasión ilegal que ellos mismos promueven».

 

«El PP, el PSOE y sus medios promueven la llegada masiva de inmigrantes ilegales, mientras señalan y silencian a las víctimas de sus agresiones», ha lamentado.

Los divorcios y separaciones en la Región aumentan un 28% en 2024

 MURCIA.- La Región de Murcia ha registrado a lo largo del año 2024 un total de 3.044 divorcios y separaciones, cifra que supone un 28% más respecto a los 2.378 contabilizados en el año anterior, según los datos que se reflejan en la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes.

En concreto, los divorcios han crecido un 27,32% en la Región de Murcia durante el pasado año, hasta alcanzar los 2.913; mientras que las separaciones crecieron un 45,5% hasta sumar 131 --el INE carece en esta ocasión de datos de nulidades--.

En base a estos datos, la Región registró en 2024 una tasa de 1,9 divorcios y separaciones por cada 1.000 habitantes, cifra superior a la media nacional (1,8) y la cuarta mayor tasa por comunidades autónomas, solo inferior a las de La Rioja (2,1), Canarias (2) y Baleares (2).

La Fiscalía abre diligencias contra el presidente de Vox en Murcia por delitos de odio en relación a los altercados de Torre-Pacheco

 MURCIA.- La Fiscalía Superior de la Región de Murcia va a incoar este martes diligencias de investigación para estudiar si existen indicios de delito en las manifestaciones públicas realizadas por el presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, en relación a los altercados de Torre-Pacheco.

La Fiscalía, según ha informado en un comunicado, extenderá esa investigación a otras publicaciones realizadas en diversas redes sociales.

Esta investigación se inicia tras la denuncia de PSOE, Izquierda Unida y Podemos, y la llevará a cabo la Fiscal delegada de delitos de odio.

Según el escrito presentado por el letrado del PSOE, Alberto Martínez Soriano, el dirigente de Vox difundió desde el 12 de julio declaraciones en medios y redes sociales en las que vincula directamente la inmigración con la delincuencia, acusando a este colectivo de ser responsable de agresiones a ancianos, mujeres y personas homosexuales.

En una intervención grabada ante los medios, Antelo afirmó que “la inmigración ilegal es la que agrede a nuestros ancianos, homosexuales y mujeres”, y que “a España se entra a trabajar, a generar empleo y riqueza, no se entra a robar ni a delinquir, ni a violar, ni asesinar”. 

 También sostuvo que “Mohamed VI de Marruecos está liberando a los delincuentes de sus cárceles y están llegando a la Región de Murcia”.

La denuncia considera que estas manifestaciones tienen un carácter sistemático y no aislado, enmarcadas dentro de un discurso político reiterado que asocia la inmigración con la criminalidad, lo que, a juicio de los denunciantes, incita a la hostilidad y discriminación racial, especialmente contra el colectivo magrebí. 

Se señala además que dichas declaraciones se han intensificado en contextos de tensión social, como el caso de Torre Pacheco, generando un “efecto llamada” para actitudes agresivas contra migrantes.

El PSOE aporta como prueba el vídeo de las declaraciones del 12 de julio en Torre Pacheco, así como publicaciones del propio Antelo en la red social X (anteriormente Twitter), donde hace alusiones como:

• “Urge deportar a toda la delincuencia importada”,
• “No vamos a permitir que bandas de inmigrantes ilegales sigan sembrando el miedo en nuestras calles”,
• “Los españoles pagan impuestos abusivos para importar delincuencia”.

El PSOE argumenta que estos hechos vulneran varios preceptos constitucionales, como el artículo 14 (principio de igualdad), el artículo 10 (dignidad de la persona) y que las manifestaciones no están protegidas por el derecho a la libertad de expresión recogido en el artículo 20.1 CE, al incurrir en lo que califican de discurso de odio.

 A juicio del partido denunciante, las declaraciones del dirigente de Vox cumplen los elementos del delito del artículo 510.1 del Código Penal: incitación al odio público por motivos racistas o étnicos, especialmente al hacer un uso intencionado y amplificado de mensajes deshumanizantes a través de medios de comunicación y redes sociales.

Calificaciones

 La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha atribuido los disturbios registrados en los últimos días en Torre Pacheco a "terrorismo de extrema derecha", al tiempo que ha atribuido a los responsables de Vox la "autoría intelectual" de lo sucedido y ha arremetido contra la "inacción" del Gobierno central.

Belarra ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia ante los medios de comunicación en Torre Pacheco, municipio que ha visitado acompañada por la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, el coordinador autonómico de Podemos en la Región, Javier Sánchez Serna, y el secretario de antirracismo de la formación, Serigne Mbayé.

La secretaria general, en nombre de la "amplia representación" de Podemos que ha visitado Torre Pacheco, ha mostrado su "solidaridad y su cariño" con un municipio que "está sufriendo de manera salvaje los golpes del terrorismo racista de extrema derecha".

"Eso es lo que estamos viendo aquí: Terrorismo racista de extrema derecha", según Belarra, quien ha arremetido contra los "grupos neonazis que vienen desde todo el Estado a amedrentar, a asustar y a generar el terror en una población de un municipio de gente trabajadora que cada día se levanta muy temprano para darles de comer y darles una vida digna a sus hijos y a sus hijas".

Frente a eso, ha considerado que "tenemos que tener la máxima contundencia" y ha insistido en mostrar su "solidaridad" con "el señor mayor agredido la semana pasada", pero también "con las miles de familias que llevan todo el fin de semana metidas en sus casas porque están aterrorizadas".

A instado a pensar "qué pasaría si los estuviéramos viendo con gente que no fuera racializada". "En ese caso, veríamos con total claridad que toda la gente que se está organizando en grupos de redes sociales y en grupos de Telegram, estarían todos detenidos camino a la Audiencia Nacional acusados de terrorismo", ha apostillado.

A este respecto, ha denunciado públicamente también "la inacción del Gobierno de España" y, de hecho, ha lamentado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "se ha ido a un partido de tenis a acompañar al Rey mientras se estaban produciendo progromos y persecuciones racistas en el municipio de Torre Pacheco".

A su juicio, "no podemos permitir que haya 23 detenciones en la huelga del metal de Cádiz, que tengamos 200 antidisturbios que están criminalizando a los trabajadores de las empresas auxiliares de Navantia que están en huelga por cierto desde hace un mes y en huelga de hambre desde hace una semana y estén siendo durísimamente reprimidos, mientras la actuación policial desde luego en este municipio roza la negligencia desde mi punto de vista".

Así, ha señalado a los "verdaderos responsables de lo que está pasando" en Torre Pacheco, que son "los autores intelectuales" en referencia a "los responsables de Vox", Santiago Abascal, y el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo.

A su parecer, "son quienes señalan para que después otros ataquen" y ha asegurado que "no lo vamos a permitir".

 "Les vamos a llevar ante la fiscalía y también a sus altavoces mediáticos", según Belarra.

"Tenemos un serio problema de infiltración de la ideología neofascista, tanto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en una justicia en España que no funciona igual en función del color de piel", ha apuntado.

De hecho, ha señalado que "no se entendería ataques de terrorismo racista como el que estamos viendo aquí en Torre Pacheco sin Vito Quiles y sin Daniel Esteve", es decir, "sin los altavoces mediáticos que han tenido todas las tribunas de las grandes medios de comunicación en este país".

"Nunca les vimos cuando había que denunciar a los empresarios murcianos que se fueron de rositas después de agredir sexualmente a niñas de 14 a 17 años; nunca les vimos cuando se abandonó hasta la muerte a un trabajador aquí en la Región de Murcia en las puertas de un centro de salud después de sufrir un golpe de calor por parte de su jefe; y nunca les hemos visto en el lado correcto de la  Historia", ha reprochado.

Asimismo, ha criticado que estos "altavoces mediáticos" no dijeron nada "cuando tres alemanes le dieron una paliza a un taxista el año pasado en Mallorca; y hoy les volvemos a ver extendiendo el odio, extendiendo el racismo y utilizando cualquier excusa para extender su odio y su racismo, porque este es un fenómeno mediático de fabricación casera".

Al ser preguntada por Vito Quiles, Belarra le ha respondido que le va a llevar a la Fiscalía" y le ha advertido que "en una democracia" estaría "camino a la Audiencia Nacional acusado de terrorismo". 

"Lo que no me parece normal es que estés en la calle después de promover terrorismo racista", ha zanjado.

La secretaria general de Podemos ha hecho un llamamiento a que "haya una verdadera reacción a la altura de las circunstancias por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y ha instado al Ministerio del Interior para que "ponga pie en pared y se destine el operativo que se tiene que destinar para parar esta barbaridad".

Al ser preguntada por el hecho de que la Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia de Podemos contra Antelo, Belarra ha lamentado que "el problema es que vamos muy despacio". 

"Si no se tratara de comandos neonazis y de gente de ideología claramente de derechas, estas personas que se han organizado en los grupos de Telegram, estarían ya camino de la Audiencia Nacional acusadas de terrorismo", ha indicado.

"Porque lo hemos visto con muchísimas personas sin fundamento de ningún tipo y, sin embargo, cuando de verdad se está generando el terror en una población de gente trabajadora totalmente pacífica y donde la convivencia, en general, es buena lo que vemos es que la reacción de la justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no está a la altura", ha señalado.

De hecho, ha criticado que la policía ha estado "compadreando con los neonazis en vez de proteger a los vecinos y las vecinas que tienen derecho a vivir con tranquilidad en su pueblo".

Mbayé, por su parte, ha reprochado que "la situación que hay en Torre Pacheco es lo que quiere Vox, los pseudoperiodistas, las organizaciones y las asociaciones neonazis", es decir, "una situación crispada de este modo que puedan aprovechar esto para capitalizarlo políticamente".

Ha considerado que "es lamentable" porque la situación se ha generado por "una dejadez continúa contra el discurso de odio y contra el discurso de racista". Todo ello, ha añadido, "nos ha llevado hasta estas violencias que estamos sufriendo estos días en este municipio de Torre Pacheco".

Por su parte, Marín ha mostrado el apoyo de su formación al anciano agredido en Torre Pacheco y ha exigido que "paguen su culpa los agresores, sean quienes sean y vengan de donde vengan". Ha dejado claro que los autores del incidente "ni siquiera eran gente del pueblo" y ha rechazado las acusaciones de problemas de convivencia.

Marín ha criticado duramente a Vox y al Gobierno regional del PP, al que ha acusado de "blanquear la violencia xenófoba y racista" durante años. "No hay un problema de convivencia, lo que hay son unas hordas de nazis y fascistas aprovechando el más mínimo incidente para cargar contra la migración", ha manifestado la portavoz, quien ha reivindicado la presencia de Podemos "a codo con codo" con los vecinos que necesiten apoyo.

La dirigente ha agradecido especialmente la presencia de Belarra,y ha destacado el compromiso de su formación de estar "donde los ciudadanos tengan un problema". 

"Torre Pacheco es un pueblo de gente trabajadora y humilde, con inmigrantes de segunda y tercera generación igual de españoles que nosotros", ha concluido.  

Libertad provisional con medidas cautelares para tres de los detenidos

La magistrada de guardia del Tribunal de Instancia de San Javier, titular de la plaza 5, ha acordado la libertad provisional para tres de los detenidos por los altercados en Torre Pacheco puestos esta tarde a disposición judicial. 

Además, les impone, como medidas cautelares, la obligación de comparecer en el tribunal cada 15 dias, la prohibición de tenencia y porte de armas y la prohibición de acudir o residir en el término municipal de Torre Pacheco.

Los tres detenidos están investigados por un delito de desorden público y a uno de ellos se le investiga también por atentado/resistencia a la autoridad.   

También ha acordado la libertad provisional para los dos detenidos por la agresión al vecino de Torre Pacheco que originó los altercados que se vienen sucediendo en el municipio desde este fin de semana.

Les impone como medidas cautelares, una orden de alejamiento del perjudicado, la obligación de comparecer en el tribunal cada 15 días, y la prohibición de salida del territorio nacional, con entrega de pasaporte. 

Ambos detenidos están investigados por un delito de lesiones y contra la integridad moral, sin perjuicio de ulterior calificación, han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia.

Por otra parte, durante la mañana de hoy, como diligencias esenciales para esclarecer los hechos, la magistrada de guardia ha tomado declaración al perjudicado y se ha solicitado su reconocimiento por parte del médico forense.  

El PSOE denuncia a Antelo (Vox) ante la Fiscalía por un delito de odio y condena el "silencio cobarde" de López Miras

 MURCIA.- La portavoz del PSOE de la Región de Murcia, Isabel Gadea, ha anunciado que el PSRM ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, por un delito de odio. "Sus palabras tienen consecuencias, atacan a la seguridad de miles de personas y son incompatibles con los Derechos Humanos; el odio no puede salir gratis en una democracia", ha apostillado.

Gadea ha hecho este anuncio en una rueda de prensa en la que ha vuelto a condenar de manera rotunda, como ya hizo el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, la "brutal agresión a un vecino de Torre Pacheco el pasado miércoles", así como los "mensajes de odio, las agresiones y la violencia contra personas migrantes durante este fin de semana".

"Estos hechos son absolutamente inaceptables", según la portavoz socialista, quien ha asegurado que "este veneno no surge de la nada", sino que "la ultraderecha lleva años apuntando, criminalizando y deshumanizando a las personas migrantes, con la complicidad del Partido Popular".

En este sentido, ha destacado que Antelo "no fue el sábado a Torre Pacheco precisamente a calmar los ánimos". 

"Se plantó allí para echar gasolina al fuego, atizar el odio con mentiras y bulos. Su comportamiento fue indecente y una absoluta irresponsabilidad", ha apostillado.

"Pero, ¿dónde estaba el presidente de todos los ciudadanos de la Región de Murcia mientras su socio incendiaba la convivencia? ¿Por qué tardó tanto en decir algo? ¿Por qué, a día de hoy, todavía no le hemos escuchado condenar las palabras racistas de sus socios de Vox?", ha cuestionado.

Según Gadea, "el silencio de López Miras es el silencio cobarde y cómplice que necesita el odio para crecer". 

A su juicio, "el PP le ha puesto una alfombra roja a la ultraderecha, le ha entregado gobiernos para que recorten derechos, para que ataquen a las ONG que salvan vidas y para que pregonen su racismo desde las instituciones que son de todos y todas".

Además, ha recordado que el Gobierno de López Miras "se ha comprometido a cerrar los centros que acogen a niños y menores que se encuentran solos en nuestro país, tal y como exigía Vox". 

"Incluso, por orden directa de Abascal, ha revocado la compra de viviendas destinadas a su acogida", ha subrayado.

Finalmente, la portavoz del PSRM ha mostrado su agradecimiento a la mayoría de vecinos y vecinas de Torre Pacheco, "que han demostrado con su calma y su sensatez que no se dejan arrastrar por la barbarie, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su trabajo en defensa de la convivencia y el Estado de Derecho, y a las organizaciones que trabajan con personas vulnerables y por la convivencia de nuestra sociedad".

"Esto no va de partidos, va de humanidad. Aquí solo hay dos bandos: o se está con los que siembran el odio, o con la gente decente y la convivencia, no hay término medio. Basta de normalizar esta situación, no puede quedar impune. En democracia no caben el racismo ni la violencia. Desde el PSRM, no vamos a quedarnos de brazos cruzados", ha concluido.

Igualmente, Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia y el Partido Comunista de la Región de Murcia han presentado hoy una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial "por la posible comisión de delitos graves cometidos entre los días 11 y 14 de julio en Torre Pacheco", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

Ambas organizaciones han afirmado que existe "una campaña planificada por sectores de la extrema derecha para difundir bulos, incendiar el odio racial y canalizar la frustración social hacia el racismo". 

Además, han asegurado que la agresión a un vecino de 68 años, a partir de la que comenzaron los altercados, "ha sido instrumentalizado para señalar colectivamente a toda una comunidad migrante, a pesar de que el propio agredido ha desmentido públicamente parte de las versiones manipuladas que se han viralizado en redes sociales y canales de mensajería ultraderechistas".

La coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha afirmado que "nos encontramos ante una ofensiva fascista que utiliza la mentira y el miedo para deshumanizar al otro y justificar la violencia". Así, ha denunciado que "esto no es un incidente puntual, sino una operación de odio dirigida a romper la convivencia y normalizar la persecución racial. No vamos a permitirlo".

La denuncia incluye capturas de pantalla y otros materiales como prueba de la incitación directa a la violencia.

Por su parte, el secretario general del Partido Comunista de la Región de Murcia, Alfonso Lucas, ha aseverado que "lo ocurrido en Torre Pacheco es el resultado directo de una estrategia política basada en el odio. Vox y su presidente regional, José Ángel Antelo, llevan tiempo azuzando este discurso. La Fiscalía debe actuar sin demora para frenar esta deriva fascista que amenaza la seguridad de miles de personas".

Ambas formaciones exigen la apertura inmediata de diligencias penales por presuntos delitos de odio (art. 510 del Código Penal), coacciones, lesiones, amenazas, desórdenes públicos y posibles delitos vinculados a la organización criminal.

Además, llaman a todas las fuerzas democráticas, organizaciones sociales, sindicatos y movimientos populares "a no mirar hacia otro lado".

 "Hay que frenar la barbarie ahora, antes de que sea demasiado tarde. El fascismo no se discute, se combate. Y lo haremos en las instituciones, en las calles y en los barrios. Porque la vida de nuestros vecinos migrantes vale más que todos los votos que la extrema derecha pretende arrancar del miedo", han concluido.  

También Podemos llevará a la Fiscalía a cargos públicos de Vox a los que acusa de "difundir y jalear vídeos de linchamientos" en Torre Pacheco, tal y como ha anunciado la diputada regional de la formación morada, María Marín.

En concreto, Marín ha calificado este lunes la "cacería contra el inmigrante" que ha tenido lugar este fin de semana en Torre Pacheco como "un pogromo medieval" que "tiene dos claros responsables", según informaron fuentes de Podemos en un comunicado.

En concreto, ha señalado que el primero de estos responsables es "una ultraderecha envalentonada que se siente impune y que ha pasado todas las líneas rojas".

 "No son solo las declaraciones de Antelo echando más gasolina al fuego, este fin de semana hemos visto a cargos públicos de Vox difundir y jalear vídeos de palizas, linchamientos a jóvenes de Torre Pacheco que no tienen nada que ver con ningún suceso, solo por su origen étnico", ha apostillado.

En este sentido, la portavoz morada ha afirmado que "no les va a salir gratis" y ha anunciado que están "identificando a todos esos cargos y vamos a denunciarlos ante Fiscalía". Marín ha declarado que si Vox "ha llegado tan lejos" es "gracias también al PP de López Miras, que ha comprado todos los marcos de la ultraderecha".

"Cuando se pactan unos presupuestos a cambio del cierre de un centro de menores, cuando desde el propio Gobierno regional se asume el racismo como una política institucional, la cacería de Torre Pacheco es la consecuencia lógica", ha remarcado.

Por otro lado, la diputada ha señalado como tercer responsable a la Delegación del Gobierno, "en este caso por inacción". 

"El viernes pedimos a la delegada que enviara refuerzos a la zona", según Marín, quien ha señalado que "la convocatoria de la cacería era pública y notoria".

En este sentido, la diputada de Podemos ha remarcado que el viernes por la noche "solo había policía local" y el sábado, "un escaso dispositivo de 50 guardias civiles". 

"En cambio, para reprimir a los obreros del Metal en Cartagena hemos visto un despliegue brutal y una represión proporcionada", ha criticado.

"La Delegación del Gobierno ha abandonado a su suerte a todos los pachequeros, tanto de origen extranjero como españoles de toda la vida, que han vivido un fin de semana de terror encerrados en sus casas", ha reflexionado Marín, que ha vuelto a exigir la "dimisión inmediata" de Guevara.

"Es el momento de poner pie en pared. De decir basta. Y de organizar la resistencia. En la Región de Murcia somos más las personas que creemos en la convivencia", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que "esta es una sociedad multicultural y tolerante, de gente humilde, trabajadora y respetuosa en su inmensa mayoría".

"Si estamos unidos somos más fuertes que los violentos y estamos trabajando ya en una gran convocatoria social para responder a la barbarie", ha concluido.  

Finalmente, CCOO ha pedido a la Fiscalía que abra las diligencias oportunas contra el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, por "delito de odio" tras sus declaraciones en relación a los acontecimientos de Torre Pacheco.

El sindicato ha considerado que "debe de parar inmediatamente" la "ola de violencia racista, aporofóbica y ultraderechista desatada desde hace unos días en Torre Pacheco, con llamamientos a la acción por parte de grupos incontrolados de extrema derecha y con cacerías incluidas a la población de origen magrebí".

A juicio de CCOO, "se está persiguiendo con saña y armas a un colectivo laboral entero que es el que trabaja en el campo y en los servicios". 

Así, ha destacado que "se trata de un sector capital en la Región de Murcia y prioritario en Torre Pacheco especializado en cultivos herbáceos, hortalizas y melón donde de los 11.927 extranjeros no comunitarios sólo se encuentran parados un 2,8% (331 personas) que sostienen la economía local sobre todo en el sectores como el Agrícola y el de Servicios".

CCOO ha dicho observar con "especial inquietud" el "señalamiento de esta población por encontrarse, supuestamente, en situación irregular".

Ante esto, la secretaria general de CCOO Región de Murcia, Teresa Fuentes, ha recordado que "no existen personas ilegales, expresión que se viene vociferando estos días, sólo personas cuyos papeles no se encuentran en situación de regularidad". 

"Desde CCOO consideramos que se trata de un movimiento exclusivamente racista que hay que cortar de seco en aras de la paz social", ha apostillado.

"Estamos viendo imágenes que recuerdan tristemente a la persecución de la población negra en el sur de Estados Unidos de hace décadas, algo que creíamos superado", según Fuentes, que ha indicado que "este patético y muy peligroso Ku-Klux-Klan a la murciana nos da vergüenza a todos, y a sus víctimas, miedo".

CCOO ha asegurado estar recibiendo noticias de personas trabajadoras que "tienen miedo a salir de su casa por si son apaleados por hordas de ultraderechistas venidos de otras partes del país".

En este sentido, CCOO ha ofrecido "ayuda y colaboración" a todas las personas trabajadoras migrantes de Torre Pacheco para que "acudan a CCOO si tienen problemas para asistir a su centro de trabajo o en la propia empresa".

El sindicato también ha exigido a las diferentes administraciones un plan de acción social que "permita la integración de la población migrante de Torre Pacheco de tal forma que no pueda ser usada de caldo de cultivo para que movimientos xenófobos inoculen su perniciosa ideología".

En palabras de Fuentes, "juzgar a todo un grupo poblacional por los actos de un individuo no sólo es injusto sino también es un delito tipificado en la Código penal Español en su artículo 510 como delito de odio". 

"Un delito en el que también habría podido incurrir José Ángel Antelo en sus declaraciones alentando la situación que ahora vivimos", ha señalado.

Por ello, ha pedido a la Fiscalía "que actúe de oficio para depurar responsabilidades a este respecto". La secretaria general de CCOO también se ha mostrado interesada en saber "quién se hará cargo de los daños materiales producidos por la turba que asoló Torre Pacheco el pasado fin de semana".

Por último, CCOO ha vuelto a hacer un llamamiento a la "concordia y a la convivencia", y ha vuelto a exigir a todos los partidos políticos del arco parlamentario "una posición común que garantice la convivencia de toda la ciudadanía de la región de Murcia". 

Por su parte, el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha afirmado que "toda la violencia que se vive en Torre Pacheco es culpa del PP y del PSOE por financiar y llenar nuestras calles de inmigración ilegal".

"Con Vox, deportaciones, seguridad y paz en nuestros barrios", tal y como ha asegurado Antelo en sus redes sociales.

Asimismo, Antelo ha reaccionado en sus redes sociales al mensaje en el que el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha agradecido la labor de la Guardia Civil y de la Policía Local "que han contenido a los violentos una noche más en Torre Pacheco".

En este sentido, Antelo ha respondido a López Miras que es "culpa" del PP y del PSOE.

 "Las políticas de fronteras abiertas las pactáis en Madrid y en Bruselas. Sois lo mismo", ha zanjado.  

La Guardia Civil mantiene su dispositivo "reforzado" en Torre Pacheco 

El coronel de la V Zona de la Guardia Civil, Francisco Pulido, ha ratificado que el dispositivo que estaba planificado por la Benemérita en Torre Pacheco "ha sido reforzado" y ha anunciado que "se va a mantener reforzado durante los próximos días en previsión de que la situación se vaya calmando poco a poco".

"Ya vimos cómo en la noche de ayer se rebajó bastante la tensión y en todo momento estuvo controlada", según Pulido, quien espera que "así suceda en los próximos días". 

No obstante, ha confirmado que la Benemérita ha reforzado el servicio y, "por supuesto", tiene una planificación prevista "en caso de que pudiera producirse alguna extensión a un municipio cercano que, por supuesto, esperamos que no se produzca".

Ha concretado que el dispositivo de este domingo estaba integrado por 90 agentes y ha anunciado que en el dispositivo de los próximos días van a disponer "hasta de 110 o 120 agentes que se planificarán en función de los escenarios y gradualmente, según la evolución de las circunstancias y la situación".

 Pulido ha comparecido ante los medios acompañado de la delegada del Gobierno en la Región, Mariola Guevara, quien ha afirmado que ahora mismo la situación es de "total tranquilidad" en Torre Pacheco.

De hecho, ha recordado que, a lo largo todas estas jornadas en las que se han producido este tipo de convocatorias que se iban "alentando por redes sociales", los días eran "tranquilos" y era por las noches "cuando se empezaban a congregar personas especialmente venidas de fuera del municipio, o sea, personas violentas que vienen a eso, a intentar aquí generar ese tipo de altercados".

Sí que ha confirmado el número de detenidos y ha corroborado que "ya son nueve" los arrestados, dos de ellos por la investigación que estaba abierta respecto a la agresión que sucedió el pasado miércoles al vecino de Torre Pacheco; y siete personas más debido a los diferentes altercados por "delitos de odio, delitos de lesiones y delitos del desorden público".

También ha afirmado que hay "numerosas denuncias por la Ley de Seguridad Ciudadana", que suman "una treintena de sanciones". 

Asimismo, ha precisado que hay unas 80 personas identificadas, muchas de ellas con antecedentes anteriores por hechos violentos y "la mayoría de ellos no son de Torre Pacheco".

Respecto a los dos detenidos por la agresión del pasado miércoles al vecino de Torre Pacheco, Guevara ha afirmado que no son de la localidad sino "personas inmigrantes". 

"Ahora mismo estamos indagando para ver su procedencia, para saber dónde tenían su residencia y por qué han aparecido allí a realizar este tipo de agresión", ha señalado.

Al ser preguntada por el móvil de la agresión al vecino de Torre Pacheco del pasado miércoles, ha señalado que "no hay ningún indicio de que fuera por querer robarle a este señor porque no le quitaron nada de las pertenencias que llevaba".

 "No sabemos el motivo de la agresión y eso forma parte de esa investigación que iremos adelantando conforme vayamos teniendo más datos", ha zanjado.

En cuanto a las otras siete personas detenidas, la delegada ha afirmado que una de origen marroquí y los otros seis españoles.

Por otro lado, Guevara ha confirmado que se van a mantener "todos los dispositivos" que están desplegados en Torre Pacheco y ha remarcado que "lo más importante" es que "haya presencia" policial para "intentar que se vaya evitando este tipo de concentraciones".

Ha puesto en valor que, a lo largo de todas las noches en las que se han producido este tipo de altercados, "hemos conseguido que no haya enfrentamientos cuerpo a cuerpo" y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "han sido capaces de "mantener esa distancia".

No obstante, ha reconocido que "hubo un día en el que se lanzaron objetos y hubo alguna persona con heridas leves por ese lanzamiento de objetos".

En cuanto al dispositivo desplegado en la noche de este domingo, ha señalado que "muchos" de los grupos que aparecieron "venían de fuera" y "la mayoría fueron interceptados antes de llegar al municipio" porque había controles de accesos.

 "En los vehículos llevaban objetos con esa intención de generar violencia", ha advertido.

Ha señalado que las diferentes acciones aplicadas por la Delegación del Gobierno durante toda la noche y gracias a las tareas de prevención, "se van controlando todas los focos que van surgiendo, porque tenemos presencia a lo largo y ancho de todo el municipio y, por supuesto, vamos a seguir manteniendo toda esa presencia".

En concreto, ha subrayado que el dispositivo seguirá desplegado porque han investigado las redes sociales y las fórmulas que estos grupos emplean para convocar este tipo de concentraciones.

De hecho, ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado detectaron la semana pasada los "primeros indicios" de que ya estaba convocada esa "cacería" para los días 15, 16 y 17 de julio. 

"Nosotros nos anticipamos al ver esa convocatoria que estaban avanzando para estos días y esa anticipación nos hizo plantear escenarios que pudiesen ser posibles con anterioridad", ha señalado.

Ha celebrado que, gracias a esa anticipación, se encuentra desplegado el dispositivo de la Guardia Civil y de unidades especiales, lo que ha permitido ese "control" y que la situación haya estado "contenida".

Al ser preguntada por si teme que haya un contagio de la situación a otros municipios de la Región, Guevara ha mostrado su esperanza en que "no sea así" pero ha reconocido que están "muy pendientes" porque "no te puedes fiar de estas personas: son personas antisistema, radicalizadas y que sólo están buscando que surja cualquier pequeña incidencia porque ese es el foco que ellos utilizan para generar este tipo de conflictos en la sociedad de ese municipio".

"Así que estamos muy atentos por si pudiera surgir en otros municipios", según Guevara, quien ha señalado que este cordón policial "no solo está centrado en Torre Pacheco".

 "Ahora mismo es que es una prioridad a nivel nacional que tengamos el foco centrado en cualquier otro tipo de movimiento que veamos al respecto", ha zanjado.

Al ser preguntada por la posibilidad de confinar el municipio y desplegar más agentes policiales o, incluso, efectivos del Ejército, la delegada ha explicado que mantiene reuniones "periódicamente" con expertos que son los que "saben qué dispositivos necesitamos o qué nuevos efectivos" y se incorporarán "en función de los futuros escenarios que se vayan a ir planteando".

Ha recordado que la primera noche no hubo heridos tras el balance realizado con los centros de salud; pero la segunda noche "hubo cinco heridos leves con pequeñas brechas porque habían lanzado objetos a distancia y le habían dado, pero totalmente leves y ninguno está hospitalizado", ha concluido.   

Ultras al ataque

La Guardia Civil ha interceptado en las últimas horas a grupos ultras que se desplazaban a Torre Pacheco desde lugares otros lugares de Murcia y desde la provincia de Alicante para sumarse a los disturbios.

A estas personas no les ha permitido entrar a la localidad, según han informado fuentes de la investigación, que han informado de que los dos detenidos por el encubrimiento de la brutal agresión sufrida el pasado miércoles por un vecino de Torre Pacheco son magrebíes y no son vecinos de la localidad.

Con estos dos nuevos arrestos ya son ocho los contabilizados hasta el momento en esta localidad tras tres días de disturbios entre magrebíes residentes en el barrio de San Antonio de Torre Pacheco y vecinos, así como grupos de ultraderecha.

Cinco de los detenidos son españoles y tres marroquíes. Las fuentes consultadas han apuntado que la Guardia Civil ha interceptado en las últimas horas a grupos ultras que se desplazaban a Torre Pacheco desde lugares como Murcia o Alicante para sumarse a los disturbios y no les ha permitido entrar a la localidad.

Al respecto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado en la Cadena Ser que detrás de estos hechos se encuentran grupos organizados y que ayer la Guardia Civil identificó a más de 20 vehículos tratando de entrar en el núcleo urbano de la localidad, algunos de ellos con elementos peligrosos como palos o defensas extensibles.

Según han confirmado las fuentes, los dos nuevos detenidos habrían colaborado directamente en el encubrimiento del presunto autor material de la agresión, quien ya ha sido identificado por los investigadores. 

Ambos arrestados son de origen magrebí, de fuera de la localidad y habrían facilitado la huida o destrucción de pruebas tras el ataque.

La operación policial sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. La Policía Judicial trabaja en colaboración con los juzgados de San Javier para esclarecer por completo el móvil de la agresión y depurar responsabilidades.

Detención.- Agentes de la Ertzaintza han detenido esta tarde en Renteria (Guipuzcoa) a un joven de 19 años sobre el que pesaba una orden de detención por su presunta implicación en la agresión de la semana pasada a un hombre de 68 años en la localidad murciana de Torre Pacheco, tras la que se han registrado violentos incidentes durante varias noches.

Sobre las 17.30 horas de esta tarde, agentes de la comisaría de  Renteria, en sus funciones de protección ciudadana y dentro de un plan de prevención de robos que viene desarrollando la Ertzaintza desde hace unos cuatro meses en el lugar, han procedido a identificar a un hombre en la estación ferroviaria de Renteria, sobre el que pesaba una orden de detención emitida por la Guardia Civil del municipio de Torre Pacheco en Murcia.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el hombre ha sido trasladado a dependencias policiales y el hecho ha sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial y del cuerpo policial ordenante del arresto, quien se hará cargo del detenido, de 19 años. 

Detenidas tres personas por los daños ocasionados en el oleoducto Cartagena-Puertollano a su paso por Calasparra

 CALASPARRA.- La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación 'Dislate', ha desarrollado una investigación para esclarecer las causas del siniestro del oleoducto Cartagena-Puertollano, ocurrido el pasado mes de mayo en un paraje del municipio de Calasparra, que ha culminado con la detención de tres personas como presuntas autoras de delito agravado de daños, valorado, hasta el momento, en más cuatro millones de euros.

La investigación se inició el día 22 de mayo, cuando un ciudadano alertó a la Guardia Civil de un vertido de petróleo por la supuesta rotura del oleoducto Cartagena-Puertollano, a su paso por el paraje Los Pértigas del término municipal de Calasparra.

La inspección ocular permitió detectar que la fuga de crudo había afectado a cerca de 5.000 metros cuadrados de monte público, propiedad del ayuntamiento de Calasparra; y a más de 3.000 metros cuadrados de una finca de almendros, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La empresa Repsol Petróleo S.A. activó un dispositivo de emergencia: acotando la zona, paralizando el flujo de suministro para rebajar la presión en la tubería y realizando tareas de limpieza, drenaje y reparación del oleoducto.

Especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil, en colaboración con técnicos de Repsol, determinaron que el siniestro había sido intencionado y supuestamente producido con una máquina excavadora.

Según se desprende de la investigación, los ahora detenidos excavaron cerca dos metros de terreno, descubrieron la tubería y colocaron un dispositivo para extraer combustible, sin embargo, pincharon la tubería que conduce petróleo sin refinar. Al percatarse del error, volvieron a tapar el agujero con tierra y se marcharon.

Hasta el momento se estima que los daños causados en el oleoducto, los costes de las tareas de limpieza y de la paralización temporal del suministro en la refinería de Puertollano ya superan los cuatro millones de euros.

Recientemente, la operación 'Dislate' ha finalizado con la identificación, localización y detención de tres personas: dos hombres y una mujer, vecinos de Calasparra, a los que se atribuye la presunta autoría de delito agravado de daños.

El TSJ condena al Ayuntamiento de Murcia por la "persistencia" de ruidos nocturnos en Santa Quiteria

 MURCIA.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) ha estimado el recurso de apelación interpuesto por un vecino de la zona de la calle Santa Quiteria de la capital y ha condenado al Ayuntamiento de Murcia por vulnerar sus derechos fundamentales, debido a la "inacción" frente a los "graves" problemas de ruido en un inmueble ubicado en una vía declarada como Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) desde 2018.

La sentencia reconoce la vulneración de los derechos a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio, como consecuencia de la exposición continuada a niveles de ruido excesivos generados por locales de ocio y aglomeraciones nocturnas.

El tribunal considera acreditado que el Ayuntamiento no adoptó las medidas previstas en la declaración de Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), y que su inactividad ha causado un daño moral continuado al demandante.

"El derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio comprende la de vedar toda clase de invasiones en el domicilio, no solo las que suponen una penetración directa física, sino también mediante la producción de ruidos", destaca la resolución.

En este punto, el Tribunal recuerda otras sentencias dictadas en el mismo sentido: en 2001, por los ruidos provocados por pubs en Cabo de Palos; en 2006, por ruidos, malos olores y molestias procedentes de la depuradora de industrias del curtido; en 2007, por las molestias ocasionadas por pubs en Cieza; y, en el mismo año, por los ruidos procedentes de un local en Jumilla.

La declaración de ZPAE de la calle Santa Quiteria y del entorno del domicilio del recurrente, explica la resolución, contemplaba la adopción de medidas generales de control.

Entre ellas la implantación de una red de medidores acústicos para registros en continuo, la intensificación del control del orden público y de los locales, la creación de la figura del mediador de ocio, el refuerzo de la inspección ambiental para verificar la adecuación de los locales existentes, y la limitación de nuevas licencias en calles con superaciones de los niveles acústicos nocturnos, según el mapa de ruido de ocio.

La sentencia ordena al Ayuntamiento de Murcia reparar íntegramente el daño causado y abonar al recurrente una indemnización de 13.000 euros anuales desde mayo de 2022, hasta que se adopten medidas efectivas que eliminen las molestias acústicas.

Entre las pruebas valoradas figuran informes periciales acústicos y psicológicos, así como material videográfico y testifical, que acreditan tanto la superación de los niveles permitidos por la ordenanza municipal como el perjuicio en la salud del demandante.

"Fácilmente se puede deducir, sin grandes esfuerzos, que esa importante presencia de personas por la noche genera un volumen de ruido que, evidentemente, va a ser molesto para los inquilinos próximos a los locales que generan con su actividad de ocio esa concentración masiva de personas", subraya la sentencia.

Y, en cuanto a la situación del recurrente, concluye que éste padece de un trastorno de adaptación con ansiedad con el especificador de persistente, y destaca que el informe psicológico pericial forense afirma la existencia de nexo causal entre la situación de ruidos generada por estos establecimientos y los trastornos descritos que padece: síntomas de ansiedad, hiperactivación, rumiaciones cognitivas y síntomas de evitación del estímulo estresante.

Este fallo es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, si concurre interés casacional.

El juzgado admite a trámite un recurso porque el alcalde del PP niega y oculta información a la oposición en Lorca

 MURCIA/LORCA.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°5 de Murcia ha admitido a trámite el recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista contra el alcalde Fulgencio Gil y su equipo de gobierno de PP y Vox, por negar de forma reiterada el acceso a información municipal. 

Así lo ha anunciado el viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce, quien ha indicado que "nos hemos visto obligados a recurrir a la justicia porque Fulgencio Gil y sus concejales llevan dos años vulnerando nuestros derechos como representantes públicos. Nos ocultan información, nos niegan expedientes y, en definitiva, intentan ponernos trabas para que no podamos ejercer nuestra labor de oposición", ha denunciado Ponce.

El recurso se formalizó el pasado 30 de abril tras dos años de negativas constantes a entregar información fundamental para el control de la gestión municipal.

 "Hemos solicitado decenas de expedientes y documentación clave para nuestra labor, y la respuesta ha sido siempre la misma: silencio, evasivas o directamente el portazo. ¿Qué es lo que tienen que esconder?, ha preguntado el edil. 

"Esta actitud no es solo una falta de transparencia, es una patada a la democracia y a los derechos constitucionales que nos amparan como concejales".

"Hemos solicitado información concreta sobre cuestiones que afectan directamente a los vecinos y vecinas de Lorca, como saber en base a qué se está cobrando a colectivos por el uso de espacios como IFELOR o el Auditorio, sin que hasta ahora se nos haya facilitado. 

También pedimos explicaciones sobre la subida del recibo del agua mientras a Esamur se le estaría perdonando una deuda cuya cuantía desconocemos. Lo mismo ocurre con la polémica obra de la tubería en Zarzalico, que acabó en la Fiscalía, o con la recaudación y costes reales de la corrida de toros de inauguración de Sutullena en 2024. En todos los casos, la respuesta ha sido la misma: silencio y bloqueo. ¿Qué están ocultando?"

José Ángel Ponce ha criticado con dureza la doble moral del Partido Popular, que "se llena la boca hablando de democracia y libertades mientras niega, de forma sistemática, el derecho a la información de la oposición en Lorca. 

Vemos a Fulgencio Gil fletando autobuses a Madrid para exigir democracia mientras aquí, en su ciudad, actúa con un autoritarismo impropio de una institución pública. No respetan las reglas democráticas, no respetan a la oposición y, lo que es peor, no respetan a los vecinos y vecinas de Lorca que merecen un gobierno que rinda cuentas", ha asegurado.

Ponce ha advertido que esta es solo la primera consecuencia judicial de una actitud que considera "antidemocrática". 

El juzgado ha dado cinco días a Fulgencio Gil para entregar la documentación que lleva meses ocultando. 

"Y si no lo hace, se enfrentará a las consecuencias ante la justicia. Esto es gravísimo", ha afirmado.

Feijóo anuncia acciones judiciales del PP ante las "prácticas mafiosas" de PSOE contra la UCO: "Es mafia pura"

 MADRID.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes que su partido emprenderá acciones judiciales ante las "prácticas mafiosas" contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se han conocido con los audios difundidos por 'El Confidencial'. Dicho esto, ha descartado por ahora convocar una movilización para que los ciudadanos salgan a la calle.

"Esto es mafia, mafia pura practicada en la sede de un partido político, que es el partido del Gobierno", he declarado Feijóo en una rueda de prensa en la sede del PP, para añadir que ese tipo de "prácticas mafiosas tienen que ser expulsadas de la vida política española".

Feijóo ha señalado que Leire Díaz, la colaborada del secretario general del PSOE, Santos Cerdán, tendrá que comparecer en el Senado para explicar sus "prácticas mafiosas" y ha añadido que la asesoría jurídica del PP valorará cuál es la acción judicial que emprende el partido ante las revelaciones que se están conociendo.

El presidente del PP ha insistido en que "acudir a la sede de un partido político, una persona que cobra un sueldo público de una empresa pública, para intentar desacreditar" a los que están investigando al PSOE y al Gobierno "es un acto mafioso".

"Es un acto mafioso y contra esto no caben medias tintas. Decir que era una periodista que estaba escribiendo una novela es propio del sanchismo", ha enfatizado, ante las declaraciones realizadas por Leire Díaz.

Una jueza procesa a diez sanitarios que trataron en Cartagena a Sara Gómez por homicidio imprudente

 CARTAGENA.- La magistrada del juzgado de Instrucción nº 3 de Cartagena, en auto notificado este lunes, ha acordado que continúe el procedimiento por un delito de homicidio imprudente contra diez sanitarios tras la muerte de Sara Gómez después de que se sometiera a una lipoescultura en 2021.

La paciente, recuerda el auto, ingresó en un hospital de Cartagena el 2 de diciembre. Tras terminar la operación de cirugía estética a las 14.30 horas es trasladada a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un segundo hospital a las 18.30, donde llega en estado crítico, aunque, dada la inestabilidad de la paciente, los cirujanos de guardia deciden no intervenirla.

La resolución recoge las analíticas practicadas desde ese día, subrayando que los marcadores de sepsis aparecen desde el día siguiente. Siendo intervenida el día 7 de diciembre cuando los resultados analíticos empeoran.

Tras la cirugía, se produce una estabilización progresiva, continúa el auto, hasta el 22 de diciembre que se produce un empeoramiento de la situación clínica y el día 1 de enero se decide intervención quirúrgica urgente, con un fallo multiorgánico, que causa su fallecimiento.

Tras la denuncia de estos hechos, y practicadas las diligencias estimadas necesarias para determinar la naturaleza de los hechos y de las personas que participaron, el auto señala que la mujer "ante la creencia errónea" por las publicaciones en redes sociales, de que contactaba con cirujano plástico de reconocida experiencia, decidió practicarse una lipoescultura.

No obstante, detalla la resolución, existen indicios de que era la primera intervención de esta clase que realizaba este cirujano, especialista cardiovascular, con cursos en laserlipolisis, lipomoracación abdominal 4D y máster en medicina estética, regenerativa y antienvejecimiento.

En concreto, la instructora estima que hay indicios de responsabilidad en el resultado mortal del cirujano y el anestesista que participaron en la intervención. Del primero la resolución destaca que no era "especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, careciendo de la formación necesaria para la intervención". 

Respecto del anestesista, encargado del control y monitorización de la paciente durante la intervención y al que correspondía la decisión de trasladarla a la UCI, se apunta que esta debió hacerse tres horas antes de cuando se hizo.

Además, la magistrada alude a los indicadores de sepsis, con signos de infección generalizada, que se aprecian en los informes a partir del tercer día de ingreso en la UCI, para apreciar la concurrencia de responsabilidad en los cirujanos que estuvieron de guardia, a partir de ese día, y hasta el 7 de diciembre de 2021, cuando se practica la primera laparotomía exploradora.

Por otra parte, se acuerda el sobreseimiento provisional del procedimiento respecto de los cirujanos que atendieron a la fallecida el día de su ingreso "toda vez que el estado crítico de la paciente no aconsejaba la intervención, y en ese momento las analíticas no indicaban signos de sepsis o infección" y de los que asistieron a la paciente después del día 7 de diciembre.

Una vez se dé traslado de las actuaciones, el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares personadas deberán solicitar la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa. Aunque, excepcionalmente, también pueden solicitar la práctica de diligencias complementarias.

La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma y/o apelación.

Absueltos dos vecinos activos de la plataforma 'stop biogás' por amenazas al alcalde torreño (PP), que solicitaba penas de prisión de 7 años y medio

LAS TORRES DE COTILLAS.- El Juzgado de Instrucción nº 3 de Molina de Segura ha dictado sentencia absolutoria para dos vecinos de Las Torres de Cotillas, miembros activos de la Plataforma Stop Biogás, que se enfrentaban a una petición de pena completamente desproporcionada: siete años y medio de cárcel, una multa de 12.000 euros por supuestos daños morales y una orden de alejamiento de 500 metros. Todo ello por parte del propio alcalde del municipio, Pedro J. Hernández Noguera (PP).

Los hechos por los que fueron juzgados, y finalmente absueltos, se remontan a una denuncia por presuntas amenazas interpuesta por el alcalde Pedro José Noguera Asensio. Durante el juicio, celebrado el pasado 11 de febrero, los acusados — ciudadanos sin antecedentes penales ni policiales alguno, padres trabajadores y vecinos de toda la vida— negaron rotundamente los hechos.

Cuatro testigos declararon ante el tribunal, incluidos dos agentes de seguridad propuestos por el denunciante, que negaron rotundamente la acusación vertida por el alcalde, negando si quiera no ya que lo acusados vertieran denuncia alguna sobre su persona, sino que incluso no llegaron a escuchar las presuntas amenazas indicadas por el Sr. Noguera.

En un gesto sin precedentes, el propio alcalde se representó a sí mismo, solicitando penas que para muchos han resultado escandalosas.

“Lo que se ha intentado aquí es amedrentar a quienes se atreven a levantar la voz”, declaró uno de los absueltos, visiblemente emocionado tras conocer la sentencia.

“Ningún vecino debería enfrentarse a esta pesadilla solo por defender el presente y futuro de su pueblo, y la salud de todos los vecinos y vecinas”.

La Plataforma Stop Biogás está llevando una muy activa lucha pacíficamente contra la instalación de una macro planta de biogás en el municipio, que a juicio de muchos pondría en riesgo la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de Las Torres de Cotillas.

La absolución de estos dos vecinos supone un espaldarazo a la legitimidad de esta lucha ciudadana.

“Querían hacer de nosotros un escarmiento. Querían callarnos. Pero hoy la justicia ha corroborado que protestar no es un delito, es un derecho”, concluyó uno de los acusados.

Desde la plataforma se insiste: esto no va solo de biogás, va de democracia. De no permitir que el poder se use para perseguir, dividir y asustar a quienes piensan diferente, y sobre todo, de recordar que Las Torres de Cotillas no se rinde.

La Audiencia Nacional investiga si el apagón se debió a un sabotaje informático y si fue un delito de terrorismo

 MADRID/BRUSELAS.- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la apertura de diligencias previas para investigar si el apagón en la red eléctrica que afectó a todo el territorio nacional pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas. En tal caso, encajarían en un delito de terrorismo del artículo 573.1 y 2 del Código Penal.

En un auto en el que abre estas diligencias de oficio, el magistrado acuerda como primeras diligencias requerir al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica la elaboración de sendos informes para que en un plazo improrrogable de diez días indiquen la o las causas que motivaron el apagón. 

Del mismo modo, solicita a la Jefatura de Información de Policía para que, también en un plazo de diez días, presente informe preliminar sobre los hechos acontecidos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 explica que el incidente ocurrió este lunes sobre las 12.30 horas y afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad como salud, energía, industria, transporte, etc., lo que ha supuesto "una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos".

El auto recoge la explicación facilitada por el Gobierno de que "se han perdido" de forma súbita durante cinco segundos 15 GW de la energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al 60% de la luz que se estaba consumiendo, siendo "algo que no había ocurrido jamás".

Calama indica que si bien en este momento la causa de los hechos resulta desconocida, "el ciberterrorismo se encuentra entre unas de las posibles". Por tanto, resulta necesaria, según el juez, la apertura de una investigación judicial. Conforme al artículo 573 del Código Penal, explica, los delitos informáticos pueden ser calificados como terrorismo cuando su finalidad sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales.

En su resolución, el juez examina la legislación nacional y europea en materia de protección de infraestructuras críticas y lucha contra el ciberterrorismo y que, en el caso de España, llevó a introducirse en el Código Penal este fenómeno dentro de los delitos de terrorismo. 

En concreto, en el artículo 573.2, en el que inicialmente encajarían los hechos "en el caso de que su origen hubiera estado auspiciado en la forma y con alguna de las finalidades descritas en dicho tipo penal".

Tres meses al Gobierno español para presentar una investigación en Bruselas

Por otra parte, la Comisión Europea ha comunicado que el Gobierno español dispone de un plazo de tres meses para presentar una investigación oficial sobre las causas del apagón masivo que afectó este lunes a gran parte del país, y que también tuvo repercusión en Portugal y en zonas del sur de Francia. 

Paralelamente, Bruselas pondrá en marcha una investigación independiente con el objetivo de publicar un informe técnico con recomendaciones para prevenir nuevos cortes de suministro eléctrico. Este informe deberá estar listo en un máximo de seis meses.

Fuentes comunitarias explicaron que el primer paso será determinar la gravedad del incidente conforme a la clasificación europea, que va del nivel 0, reservado para los eventos más leves, al nivel 3, asignado a los más graves. 

Todo apunta a que el apagón en España será calificado como de nivel 3, lo que conllevará la activación automática del informe independiente que debe coordinar la Comisión.

El Gobierno deberá presentar su investigación en un plazo máximo de tres meses desde el final oficial del incidente. A su vez, un panel de expertos europeos trabajará en paralelo para esclarecer el origen de la caída del suministro. 

Este grupo elaborará un informe “exhaustivo” que incluirá información detallada “segundo a segundo” y una serie de recomendaciones para reforzar la red eléctrica frente a posibles fallos futuros.

Según ha detallado la Comisión, en la elaboración del informe participarán los operadores de red eléctrica de España, Francia y Portugal, además de un operador externo. También se invitará a especialistas de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y a entidades reguladoras de otros Estados miembro. 

Dada la dimensión internacional del apagón, se buscará una visión lo más amplia y técnica posible del suceso.

Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del apagón, la portavoz comunitaria Paula Pinho valoró en rueda de prensa el hecho de que Red Eléctrica haya descartado un ataque informático como causa del incidente: “Red Eléctrica haya descartado un ‘incidente de ciberseguridad’, algo que ha recibido como ‘buenas noticias’”. En cualquier caso, la Comisión sigue esperando los resultados de la evaluación completa del Gobierno español. 

“En cuanto a las causas completas del incidente, seguimos a la espera de la evaluación completa por parte de España”, concluyó.

Bruselas ha insistido en que debe realizarse un análisis técnico riguroso antes de emitir cualquier conclusión. Se subraya la necesidad de actuar con transparencia y con cooperación entre todas las partes implicadas. 

El procedimiento adoptado —con un informe nacional y otro independiente— responde al protocolo habitual para incidentes de gran magnitud dentro del sistema eléctrico europeo, y ya se ha aplicado anteriormente en situaciones similares.

El Supremo admite a trámite el contencioso impugnando nombramientos de 21 magistrados del TS por cuotas de partido

 MADRID.- La Asociación Preeminencia del Derecho había interpuesto ante el Tribunal Supremo contencioso impugnando el nombramiento de 21 magistrados del mismo órgano que lo han sido por cuotas de partido, PP y PSOE, como reconoce públicamente la Asociación Judicial Vitorinos. 

Dichas cuotas están prohibidas por la STC PLENO de 1986 sobre los vocales del CGPJ y con más razón sobre los magistrados del TS, que tienen una función jurisdiccional.

Ahora la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo lo admite a trámite y, en una diligencia de ordenación, se tiene por interpuesto recurso. 

 Y ordena que se tramite el presente recurso por las normas establecidas por el procedimiento en primera o única instancia, regulado en los artículos 43 y siguientes de la LJCA. 

En su consecuencia, se requiera al Consejo General del Poder Judicial a fin de que, en el improrrogable plazo de veinte días, remita el expediente administrativo correspondiente.

Abogado de familias de fallecidos en incendio de Atalayas piden que se llame a declarar como investigados a funcionarios

 MURCIA.- José Manuel Muñoz, abogado de tres familias de fallecidos en el incendio del pasado 1 de octubre de 2023 en la zona de Atalayas, en Murcia, espera que la jueza proceda a tomar declaración como investigados tanto al ingeniero que proyectó las obras de las salas 'Teatre' y 'Fonda Milagros' como "a los funcionarios implicados y a los responsables políticos del Ayuntamiento".

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, Muñoz ha indicado que el informe pericial encargado por la magistrada confirma que "las discotecas nunca debieron operar" en las condiciones en las que se encontraba y que "la licencia nunca debió de otorgarse".

"Ante la situación irregular existente, lo procedente y legal hubiera sido su cierre", ha afirmado el letrado, que ha hecho referencia al informe para denunciar que "la falta de compartimentación, la propagación del fuego por el techo, la evacuación deficiente y la inacción de los responsables técnicos y administrativos contribuyeron directamente a la tragedia".

Por ello, pide que se llame a declarar "al ingeniero que proyectó la realización de las obras como a los funcionarios implicados y a los responsables políticos del Ayuntamiento como órgano que omitiendo sus obligaciones de inspección y control, ha permitido que la situación de ilegalidad se prolongue durante todo el tiempo, dando lugar a que una vez producido el incendio, la falta el incumplimiento de las medidas de seguridad, provocara el fallecimiento de 13 personas en el incendio".

El letrado apunta que el informe pericial "confirma que el edificio que albergaba las discotecas 'Teatre' y 'Fonda Milagros' no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad exigidas por la normativa vigente desde 2006, lo que resultó clave en la propagación del incendio ocurrido el 1 de octubre de 2023".

El informe pericial del caso 'Atalayas' concluye que hubo fallos de seguridad contra incendios en las dos salas

 MURCIA.- El informe pericial del caso 'Atalayas' encargado por la jueza que instruye el caso confirma que existían deficiencias de seguridad en las salas 'Teatre' y 'Fonda Milagros', donde se produjo un incendio que se cobró la vida de 13 personas el pasado 1 de octubre de 2023.

El documento apunta que ninguno de los establecimientos contaba con las condiciones de compartimentación requeridas a efectos de seguridad contra incendios y que tampoco se cumplía la distancia máxima en lo referente a la longitud de evacuación hasta alguna salida.

En cuanto a los materiales que cubrían las paredes, suelos y techos, el informe explica que "existe evidencia clara" de que estos se convirtieron "en una gran carga de fuego, produciendo humos densos y opacos".

A esto, la arquitecta que firma el informe suma que en 'La Fonda Milagros' había objetos decorativos, mobiliario y otros elementos que "parecen no cumplir con la normativa descrita", aunque matiza que este extremo no ha podido acreditarse de forma inequívoca.

Recuerda que en el momento de la inspección de la Unidad del Servicio de Actividades, con fecha de marzo de 2018, la ocupación total de los establecimientos era de 854 personas, de las que 545 corresponderían al aforo de 'Teatre' y 309 al de 'Fonda Milagros'.

En esa inspección, "no se cumplían las longitudes de los recorridos de evacuación desde el origen ubicado en el palco 15 de 'Fonda de Milagros', tanto si se considera el establecimiento de forma completa, como si consideramos dos separados y compartimentados ambos locales".

Además, en esta sala se da la situación de que existía una única escalera no protegida para evacuar a los ocupantes de la planta primera, que no poseía un ancho suficiente. 

"En caso de incendio en esta zona, la puerta quedaría bloqueada, impidiendo a los ocupantes desalojar la planta y sin que exista otro recorrido alternativo", apunta la perito.

En el caso de 'Teatre', considerando los establecimientos compartimentados en dos sectores de incendio independientes, se concluye que tampoco se cumplían las condiciones de evacuación en caso de bloqueo de la escalera 2, no pudiendo evacuar a los 23 ocupantes que podrían quedar atrapados en la zona de disc-jockey y palcos.

En relación a las puertas ubicadas en recorridos de evacuación y en el momento de la inspección de la Unidad del Servicio de Actividades, se constata que en el recorrido de evacuación desde la salida 3 de 'Teatre' hasta el espacio exterior "seguro existía una reja cerrada con candado en el límite con el local contiguo".

El informe constata, igualmente, que en el caso de 'Fonda Milagros', las dos puertas de acceso al vestíbulo de la única salida del establecimiento no disponían de barra horizontal de empuje o de deslizamiento en la fecha de inspección.

En cuanto a las puertas de salida se pudo constatar en la inspección ocular a la nave siniestrada en 2024 que, igualmente, no disponían de barra horizontal de empuje o de deslizamiento

En el caso de las puertas que comunicaban 'Fonda Milagros' y 'Teatre', y a pesar de que no existen fotografías ni se han encontrados vestigios o restos para determinar su naturaleza y sistema de apertura, la perito hace referencia a un informe de la Policía Local donde se indica que sí existía y que "está cerrada".

Por tanto a esa fecha, "la puerta no disponía de sistema de accionamiento mediante barra horizontal".

En cualquier caso, no considera relevante este extremo una vez que ha quedado constatado que las longitudes máximas posibles para la evacuación en el caso de 'Fonda Milagros' exceden también la longitud máxima aún en el caso de haberse evacuado por alguna de estas supuestas puertas que comunicaban ambas discotecas.

La Fiscalía alerta del aumento del 28,9% en las agresiones sexuales a menores de 16 años en la Región en 2024

 MURCIA.- El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha advertido este jueves del incremento del 28,9% de las agresiones sexuales a menores de 16 años y del 60% de las violaciones durante el año 2024 con respecto al ejercicio anterior en la comunidad autónoma.

Díaz Manzanera ha hecho estas declaraciones antes de participar en una reunión de coordinación con la Policía Nacional con el fin de mejorar en la persecución por la vía penal de los delitos cometidos fundamentalmente por organizaciones y grupos criminales.

Así, ha revelado que las agresiones sexuales han experimentado un aumento del 19,8%, con un total de 1.139 casos, mientras que las violaciones han pasado de 5 a 8, lo que supone un incremento del 60%, y, en el caso de las víctimas menores de edad se ha registrado una quincena, lo que representa un ascenso del 114%.

"El número total puede considerarse no excesivo, pero sí es significativo el porcentaje de aumento", ha señalado al respecto.

El fiscal superior ha puesto especial énfasis en el incremento de los delitos contra la libertad, que han crecido un 16,5%, particularmente los casos de acoso --con +43,9%, hasta los 154-- y las violaciones cometidas por mayores de edad a menores.

También se han incremento los homicidios (+30%); las amenazas a familiares (+24,5%); los delitos contra el patrimonio (+11,5%); el fraude tributario (+75%); los delitos contra los trabajadores (+59,6%); los relacionados con la seguridad del tráfico (+8,6%) y el tráfico de drogas (+4,2%).

En el ámbito de los delitos medioambientales, Díaz Manzanera ha destacado un aumento "significativo", especialmente en lo referente a patrimonio histórico (con siete, +133,3%), ordenación del territorio (92, +104,4%) y delitos contra la flora y fauna (+500% y +300%).

Asimismo, ha destacado el "ligero" descenso de los delitos de violencia contra la mujer y violencia de género. 

"Es un aspecto que siempre he dicho que es muy difícil rebajar a través de la sanción penal, es más bien un tema cultural y educacional", ha puntualizado Díaz Manzanera.

En concreto, ha señalado que los delitos relacionados con la violencia doméstica han ascendido a 2.489 (-7%) y los de violencia doméstica habitual a 831 (-22%).

Ha expresado su preocupación por el aumento de delitos de acoso que involucran a menores, tanto cuando son autores como víctimas.

 "El problema se sigue consolidando, y una de las causas puede ser la facilidad con la que los menores acceden a las nuevas tecnologías", ha indicado.

Díaz Manzanera ha anunciado la próxima implementación de un nuevo sistema de interconexión telemática con la Policía Nacional, que permitirá una comunicación más eficiente.

 "Estamos ultimando una aplicación específica de dirección de investigación a través de la cual las fuerzas policiales podrán dirigirse a la Fiscalía por vía telemática", ha explicado.

Respecto a la situación judicial en la Región, el fiscal ha criticado la falta de medios personales. 

"Somos posiblemente los peores dotados de España en cuanto a infraestructuras personales", ha denunciado, insistiendo en la necesidad de aumentar los recursos para acortar los periodos de respuesta judicial.

El fiscal superior ha contextualizado estas declaraciones en el marco de una reunión anual de coordinación con la Policía Nacional, en la que se abordan temas de criminalidad y se prepara el terreno para la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, que asignará la instrucción de lasa causas penales a la Fiscalía, despareciendo los juzgados de instrucción.

Díaz Manzanera ha subrayado la importancia de estas reuniones para mejorar la persecución de delitos y analizar las causas del aumento de la criminalidad en determinados ámbitos. 

"Estas reuniones redundan en beneficio de los ciudadanos a la hora de conseguir éxito en la investigación de delitos", ha concluido.

Además, ha defendido el juicio rápido como proceso penal para agilizar los casos en los que están involucradas bandas y organizaciones criminales.

Así, ha comentado que, aunque es "muy complicado" porque estos casos "no son de tramitación sencilla", sí hay "muchos supuestos", sobre todo en los que tienen que ver con autores multirreincidentes, en los que "se puede plantear el que se lleve por la vía de juicio rápido".

Al hilo, ha recordado que en la Región más del 60% de los juicios son rápidos, y siete de cada diez de ellos, conformidades.

 "Por esa vía se agiliza mucho y a su vez se favorece al delincuente la posibilidad de que si se tramita por juicio rápido se pueda rebajar un tercio la condena en base a la conformidad que pueda prestar", ha agregado.

Por su parte, el jefe superior de Policía de la Región de Murcia, Ignacio Fermín del Olmo, ha alertado sobre los riesgos de Internet para los menores y ha reclamado medidas urgentes para garantizar su seguridad digital.

 "Internet no fue diseñado para ser seguro", ha manifestado.

Del Olmo ha destacado la necesidad de implementar medidas que considera fundamentales para combatir los delitos en línea. 

"La identificación de usuario en Internet a través de medios biológicos, como la huella dactilar, sería crucial para perseguir penalmente al autor", ha explicado.

El responsable policial ha mostrado su preocupación por el acceso temprano de menores a contenidos inapropiados.

 "Nos estamos encontrando con un fenómeno muy preocupante: el acceso a pornografía de menores de 9 años a través de teléfonos móviles", ha señalado.

Ha subrayado que los protocolos actuales de Internet identifican equipos, no usuarios, lo que dificulta la persecución de delitos.

 "A través de redes sociales, uno puede fingir identidades que no son verdaderamente las del autor", ha advertido.

Del Olmo ha insistido en la importancia del control parental y ha alertado sobre los riesgos que pueden derivarse de esta situación.

 "Esto crea un escenario realmente preocupante que puede dar lugar a situaciones de acoso, agresiones sexuales e incluso violaciones", ha manifestado.

Del mismo modo, ha matizado que un aumento de la tasa delictiva no significa necesariamente más inseguridad.

 "Puede ser consecuencia de un buen trabajo por parte de todos los estamentos implicados", ha explicado el responsable policial, que ha destacado la profesionalidad de los equipos en la Región.