CARTAGENA.- En la Asamblea Regional de Murcia, el Diputado Autonómico de Izquierda
Unida-Verdes y portavoz adjunto del Grupo Mixto, José Luis
Álvarez-Castellanos, ha intervenido en el arranque de la Comisión que
trabaja en el decreto que ha de regular las condiciones de las
autorizaciones de Vehículos VTC y su intromisión en el sector de
transporte urbano de personas en vehículos de turismo, para denunciar la
falta de regulación del sector de las VTC y exigir a la administración
medidas urgentes que garanticen la protección del taxi como servicio
público.
Álvarez-Castellanos recordó que el Gobierno regional ha tenido siete
años para regularizar y establecer normas claras para los VTC —vehículos
de alquiler con conductor operados a través de plataformas como Uber o
Cabify— y señaló que su inacción ha generado un descontrol absoluto.
"Durante este tiempo, se ha permitido de manera flagrante que, en la
ciudad de Murcia, por ejemplo, la ratio entre VTC y taxis sea de un VTC
por cada dos taxis, en un claro desequilibrio en perjuicio del servicio
público y, consecuentemente, de los usuarios. En el conjunto de la
Región de Murcia, la proporción real no es mejor para el sector del
taxi, siendo de un VTC por cada 3 taxis, siendo, por tanto, necesario
introducir normas reguladoras que limiten de manera importante la
proliferación de las autorizaciones de VTC.
El diputado de IU-Verdes subrayó que el taxi es un servicio público
reglamentado, con tarifas fijadas por la administración y que responde a
criterios de interés general, mientras que las VTC funcionan como
actividad empresarial privada, centrada únicamente en el lucro.
Criticó
también la práctica del "precio dinámico", mediante la cual las
plataformas pueden multiplicar el coste de un trayecto en función de
algoritmos opacos, encareciendo el servicio justo en los momentos de
mayor necesidad, como emergencias o alta demanda.
Durante la comparecencia de José Manuel Berzal Andrade, presidente
ejecutivo de la Asociación UNAUTO VTC, Álvarez-Castellanos agradeció la
claridad de la exposición de la patronal, pero "en base a sus propios
intereses y no los de la mayoría social", denunciando la lógica
empresarial que prioriza el beneficio por encima del interés ciudadano.
"Es lógico que la patronal de VTC quiera mantener la situación actual,
que le ha favorecido durante años en ausencia de regulación. pero no es
aceptable que la administración lo permita después de siete años de
inacción. Estamos ante un problema similar al de las casas de apuestas:
cuando el Gobierno quiso regular, la situación ya se había desbordado",
afirmó.
El parlamentario de IU explicó que la ratio actual de un VTC por cada
tres taxis es absolutamente desequilibrada y que esto obliga a
suspender la concesión de nuevas licencias de manera indefinida hasta
restaurar un equilibrio razonable. Además, planteó la necesidad de
acotar los abusos del precio dinámico, estableciendo condiciones que lo
acoten.
Álvarez-Castellanos subrayó también la importancia de garantizar
condiciones laborales dignas para los trabajadores de las VTC,
reclamando la existencia de un convenio colectivo obligatorio, sin
depender de la normalización del sector o de la negociación con la
patronal.
Durante la comparecencia de Juana Pérez Martínez, presidenta de la
Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y
Usuarios (THADER Consumo), Álvarez-Castellanos destacó la necesidad de
poner a los consumidores en el centro del debate:
"Estamos ante un
sector empresarial que pretende instalar un marco mercantilista en el
ámbito que es propio de en un servicio público regulado y concesionado,
con precios también regulados, como ocurre en el agua potable. La
prioridad debe ser defender a los consumidores y garantizar un servicio
público esencial, universal y accesible, frente a la lógica de ganancia
empresarial. Este es el conflicto central que debemos abordar", afirmó.
El diputado insistió en que la movilidad no puede tratarse como un
nicho de negocio. "El precio dinámico es una ocurrencia ingeniosa para
las empresas, pero inaplicable y peligrosa para un servicio de interés
público. Imaginemos una panadería con precios dinámicos: esto es lo que
debemos prevenir. La movilidad es un derecho, no un artículo de lujo
sujeto a algoritmos", recalcó.
Álvarez-Castellanos subrayó también la necesidad de escuchar primero
al sector público y a los consumidores, antes que al sector privado,
para recoger las necesidades reales y trasladarlas al mercado, en lugar
de hacerlo al revés.
Además, cuestionó al Grupo Popular y al Gobierno
regional sobre su disposición a dialogar, pactar y consensuar enmiendas
que garanticen el interés general, y puso el foco en cómo los ciudadanos
viven realmente este servicio: si mejora la movilidad, si resuelve
problemas de transporte o si solo se trata de un servicio adicional
opcional sin impacto real.
Finalmente, durante la comparecencia de Francisco López Clavijos,
secretario de la cooperativa de Radio Taxi Murcia, Álvarez-Castellanos
reforzó la importancia de proteger el taxi como servicio público frente a
la lógica de mercado de las VTC, insistiendo en que la regulación no
debe consolidar el desequilibrio actual sino revertirlo, asegurando que
el taxi tenga prioridad y que las empresas privadas puedan desarrollarse
únicamente sin poner en riesgo lo público.
El diputado anunció que desde el Grupo Parlamentario Mixto, y
especialmente desde Izquierda Unida-Verdes, se presentará una batería de
enmiendas que incluirán la suspensión de nuevas licencias VTC,
limitación del precio dinámico, garantía de convenios colectivos para
los trabajadores y protección del interés general y de los consumidores.
"Estamos ante un momento decisivo para defender un servicio público
seguro, asequible y de calidad para todos los murcianos. IU-Verdes
luchará en todas las instancias parlamentarias para que la movilidad no
se convierta en un negocio privado que encarece y precariza lo público",
concluyó Álvarez-Castellanos.
