CARTAGENA.- El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado encomendar a los
servicios jurídicos municipales la redacción y aprobación de un
reglamento o norma interna de uso de las dependencias municipales
consistente en la necesidad de permitir la identificación visual del
rostro "por razones de seguridad y verificación de la identidad".
Cuando se redacte este reglamento se hará un estudio previo para
evitar que se invadan competencias, que sea contrario a legislación
vigente o a la Constitución.
Esta moción, presentada por el
Grupo Municipal Vox, propone que se considere ocultación integral del
rostro la producida por prendas o atuendos que impidan total o
sustancialmente la identificación facial de la persona, incluyendo, el
niqab, el burka u otras prendas similares.
Asimismo, también
se pide que no se permita el acceso o permanencia en dependencias
municipales a personas con prendas que oculten total o parcialmente el
rostro, con independencia del origen, motivación o significado de la
prenda. Se excluyen los casos acreditados por razones médicas, motivos
de salud pública o exigencias de seguridad laboral.
Por otra
parte, también a propuesta de Vox, y con el apoyo del PP, se ha aprobado
una moción para instar al Gobierno municipal a elaborar una Ordenanza
reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos en
relación con las obligaciones relativas al Padrón Municipal.
Con
la aprobación de esta moción, el pleno cartagenero rechaza la
regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno al que piden una
política migratoria "firme, ordenada y de acorde a las necesidades del
mercado laboral, asegurando en todo momento la prioridad nacional y la
sostenibilidad del estado de bienestar de los españoles".
En el ámbito de la salud, el pleno ha dado luz verde a la moción de
MC para pedir al Gobierno regional, crear e implantar una Unidad de
Atención Integral de Quemados en el Hospital General Universitario Santa
Lucía de Cartagena, dotada de los recursos humanos, técnicos y
materiales necesarios para la atención especializada de pacientes con
quemaduras graves y complejas.
La moción también habla de
incluir en el Presupuesto regional de la CARM para el ejercicio 2026
todas las partidas económicas necesarias para la puesta en marcha de
dicha unidad y que esta se integre en la red sanitaria regional como
servicio complementario y coordinado.
También ha salido
adelante una moción para pedir a la Consejería de Salud que "mejore y
reorganice" el aparcamiento del Hospital Santa Lucía, solicitando la
creación de zonas de parada gratuitas, señalizadas y diferenciadas, para
la bajada y subida de personas con movilidad reducida en los accesos a
Consultas Externas, Urgencias y entrada principal del hospital.
Asimismo, que se realice una revisión para el correcto funcionamiento
de los sistemas de información de plazas disponible y la instalación de
la marquesina en la parada de autobús situada junto a Urgencias.
La concejala de Política Social, Igualdad y Familia, Cristina Mora,
ha anunciado que desde la Consejería ya han puesto en marcha la
ampliación en 70 plazas en la zona de Urgencias para enfermos de esta
área, y se van a habilitar entre 90 y 100 plazas adicionales y unos
terrenos disponibles del hospital, además de instalar marquesinas y
placas fotovoltaicas.
En esta línea, añadía la edil que se está
estudiando la habilitación de zonas específicas para personas con
movilidad reducida.
Por unanimidad se ha aprobado una moción
de Pedro Contreras (PSOE) sobre para pedir al Ejecutivo autonómico la
pabellón psiquiátrico para jóvenes en el hospital Santa Lucía.
Asimismo, ha salido adelante por unanimidad la moción presentada por MC
instando al Gobierno local a elaborar de manera inmediata el III Plan
Municipal de Discapacidad de Cartagena, garantizando la continuidad de
las políticas públicas en esta materia tras la finalización del II Plan
2020-2024.
También establece que incluya una auditoría de
todos los espacios públicos urbanizados del municipio identificando las
barreras arquitectónicas y que establezca un orden de prioridades, un
calendario público de actuaciones y una dotación presupuestaria
específica, garantizando una intervención "planificada, equitativa e
igualitaria" en todo el término municipal.
La edil de Política
Social, Igualdad y Familia, Cristina Mora, ha puesto de manifiesto que
ya está en marcha, se está estudiando su viabilidad con los técnicos y
trabajando con los sectores implicados.
El Pleno se ha puesto de acuerdo en pedir al Gobierno regional la
aprobación de la ejecución de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de
Cartagena como Actuación de Interés Regional, de conformidad con la
normativa autonómica vigente expuesta, solicitando que esta permita la
tramitación preferente y coordinada de todos los instrumentos
urbanísticos, ambientales y administrativos necesarios para la ejecución
efectiva de la ZAL.
Además, se solicita incluir en el
Presupuesto regional de 2026 las partidas necesarias para su desarrollo y
dar traslado de este acuerdo a todas las administraciones implicadas y
proponer una declaración del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria que exija esta aprobación y se comprometa a impulsarla.
El concejal de Empleo, Álvaro Valdés, ha añadido una enmienda de
adición, que se ha incluido en la moción, instando al Gobierno de España
a desbloquear el suelo industrial y poner en marcha la conexión
ferroviaria con una variante de mercancías.
El Pleno también
ha aprobado una moción de MC para que el Consistorio ponga en marcha las
labores necesarias para extremar las precauciones junto a
infraestructuras como carreteras, caminos, solares, alrededores de
urbanizaciones y viviendas, eliminando vegetación y suciedad que pueda
propagar el fuego y dejando una zona de amortiguamiento.
Además,
reforzará su actuación en la proliferación de malas hierbas.
También ha salido adelante una moción para que se actualicen los
requisitos económicos necesarios para optar a descuentos en precios
públicos municipales, como la tarjeta de jubilados del transporte
urbano, a la pensión mínima actual.
Vox Cartagena saca pecho
Cartagena es, desde hoy, un municipio más libre y seguro gracias a
Vox. El Grupo Municipal ha conseguido sacar adelante en el Pleno de este
jueves dos mociones clave para el futuro de la ciudad: la propuesta
para regular el uso del burka, el niqab y otras prendas de uso análogo
que busquen la ocultación del rostro, y la iniciativa para rechazar la
regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales, afirman en un comunicado.
De esta forma, el acceso a dependencias municipales y el uso de
servicios públicos locales deberá realizarse en condiciones que permitan
la plena identificación del individuo. El objetivo de esta iniciativa
es desarrollar una normativa que garantice la seguridad de todos los
usuarios de los edificios de la Administración local, independientemente
del origen, la motivación o el significado que tenga la prenda con la
que se pretenda ocultar la cara al acceder en ellos.
"En estos espacios, la identificación visual del rostro no es un
capricho ni una cuestión estética: es una condición básica para la
verificación de identidad, la prevención de suplantaciones y el correcto
funcionamiento del servicio público prestado", ha defendido el portavoz
del grupo, Gonzalo López Pretel. A
sí, la moción presentada por Vox es
la respuesta natural al agravio que supone la normalización progresiva
de prácticas culturales que se alejan de nuestra tradición y de nuestros
más elementales valores cívicos.
Entre todas ellas, "resulta
especialmente hiriente el uso de prendas que ocultan integralmente el
rostro de la mujer, como el burka o el niqab, símbolos innegables de su
invisibilización y del sometimiento femenino en determinadas corrientes
religiosas", ha apostillado López Pretel.
El rechazo a estas prendas es,
por tanto, una obligación en sociedades que, como la nuestra, hallan en
el respeto a la mujer y su dignidad uno de sus innegociables
principios.
Además, Vox ha logrado el apoyo del Pleno a la moción —votos a favor
de Vox y PP— que ha presentado hoy contra la regularización masiva de
inmigrantes promulgada por el Gobierno mediante Real Decreto con el
objetivo de evitar de forma deliberada el debate parlamentario y la
votación en el Congreso de los Diputados.
Este procedimiento se inscribe en una dinámica histórica de
regularizaciones masivas promovidas por el bipartidismo, que desde 1985
ha llevado a término seis procesos extraordinarios que han desembocado
en más de 1,2 millones de autorizaciones concedidas y sin que ninguna de
ellas haya resuelto el problema de la inmigración ilegal.
Al contrario:
estas regularizaciones han generado un efecto llamada permanente,
debilitando el principio de legalidad y trasladando el mensaje de que el
incumplimiento de la ley acaba siendo premiado.
Esto ha generado
tensiones sociales evitables, ha puesto en serias dificultades la labor
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y ha terminado
por afectar a barrios y pueblos de toda España, donde se han generado
numerosos conflictos de convivencia.
"El municipio de Cartagena viene soportando en los últimos años una
presión creciente como consecuencia de los flujos migratorios ilegales,
actuando como punto relevante de recepción, acogida y derivación dentro
del litoral mediterráneo con el consiguiente incidencia sobre los
recursos públicos municipales, autonómicos y estatales", ha señalado el
portavoz.
Cartagena es, por tanto, una de las ciudades más perjudicadas por la
iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez.
"Por ello, Vox Cartagena insta
mediante esta moción a elaborar una ordenanza del procedimiento
sancionador para los incumplimientos en relación con las obligaciones
del Padrón Municipal, además de rechazar la regularización
extraordinaria de inmigrantes y exige al Gobierno de España la puesta en
marcha de una política migratoria firme, ordenada y acorde a las
necesidades del mercado laboral español".
