MURCIA.- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cifrado en 18
las nuevas unidades judiciales "imprescindibles" para agilizar la
actividad de juzgados y tribunales y adecuar la planta a la litigiosidad
existente en la Región de Murcia, según consta en la propuesta
priorizada de necesidades de incremento de la planta judicial aprobada
por el Pleno.
La propuesta del órgano de gobierno de los
jueces contempla la creación de 509 unidades judiciales en toda España,
de las que 195 se consideran prioritarias.
En el caso de
Murcia, el CGPJ reconoce como necesarias 18 nuevas unidades, 9 de ellas
con carácter prioritario, de acuerdo con la carga de trabajo, los
indicadores objetivos de litigiosidad y las previsiones organizativas
derivadas de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de
enero, sobre eficiencia del Servicio Público de Justicia.
La
propuesta del CGPJ parte de los informes elaborados por los Tribunales
Superiores de Justicia y el Servicio de Inspección del propio Consejo.
En el caso murciano, la Sala de Gobierno del TSJMU aprobó el pasado 5
de junio un informe técnico consolidado que actualizaba y priorizaba
las necesidades de planta judicial para el ejercicio 2025.
Este documento incluía tanto la situación actual de los órganos
judiciales como las previsiones derivadas del despliegue de los nuevos
Tribunales de Instancia.
En total, el TSJMU propuso la
creación de 22 nuevas unidades judiciales, justificadas en base a la
saturación prolongada de numerosos órganos, especialmente en los
partidos judiciales de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura. La
propuesta incorporaba también la necesidad de reorganización y
comarcalización de la jurisdicción especializada en violencia sobre la
mujer, con base en Murcia, Cartagena y Lorca.
La Sala de
Gobierno enmarcaba esta propuesta en el objetivo de reducir los tiempos
de respuesta judicial, descongestionar los órganos más saturados y
adecuar los recursos humanos a la nueva estructura organizativa prevista
en la LO 1/2025, que introduce los tribunales de instancia y una mayor
especialización territorial.
Tres plazas de magistrado
correspondiente al orden penal, para constituir una nueva sección en la
Audiencia Provincial; otras tres al orden penal, para constituir una
nueva sección en la Audiencia Provincial; y dos plazas judiciales en la
Sección Civil en el Tribunal de Instancia de Cartagena (Murcia).
A lo que se suman cuatro plazas judiciales en la Sección Civil en el
Tribunal de Instancia de Murcia; una en la Sección de Familia, Infancia
y Capacidad en el Tribunal de Instancia de Murcia, para la llevanza de
asuntos relativos a medidas de apoyo y personas con discapacidad en el
ejercicio de su capacidad jurídica y los internamientos; otra en la
Sección de lo Penal en el Tribunal de Instancia de Murcia; y otra más en
la Sección de Vigilancia Penitenciaria en el Tribunal de Instancia de
Murcia.
Además de una plaza judicial en la Sección Civil y de
Instrucción en el Tribunal de Instancia de Molina de Segura; otra en la
Sección Civil y de Instrucción en el Tribunal de Instancia de Lorca; y
una más en la Sección de Violencia sobre la Mujer en el Tribunal de
Instancia de Lorca, que se considera prioritaria para su agrupación
posterior con Totana.
El presidente del TSJ de Murcia, Manuel
Luna, considera que "alcanzar la media nacional de jueces por habitante
es imprescindible para garantizar la calidad del servicio público de
justicia en la Región".
Tras conocer el acuerdo, confía en que
el Ministerio de Justicia "atienda la propuesta remitida por el CGPJ,
que se ha elaborado en coordinación con la Sala de Gobierno de este
Tribunal Superior".
jueves, 10 de julio de 2025
El CGPJ considera "imprescindible" la creación de 18 nuevas unidades judiciales para la Región
viernes, 4 de julio de 2025
MC exige soluciones inmediatas ante el colapso térmico y estructural de los juzgados de Cartagena
CARTAGENA.- La vicepresidenta de MC Cartagena, Esther Guzmán, ha denunciado este viernes la inadmisible situación que viven desde hace más de un mes funcionarios, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, detenidos y justiciables en el Palacio de Justicia de Cartagena.
El mal funcionamiento del sistema de climatización, con temperaturas extremas e insoportables, está convirtiendo el ejercicio de la Justicia en un suplicio diario para todos los operadores jurídicos y usuarios del servicio.
"Es inasumible que trabajadores, profesionales y ciudadanos tengan que soportar temperaturas extremas para acceder a un derecho tan esencial como la Justicia", ha explicado Guzmán.
Y es que, según la vicepresidenta cartagenerista, lo que está ocurriendo no solo vulnera las condiciones laborales más básicas, sino que atenta directamente contra la dignidad del conjunto de los trabajadores y ciudadanos implicados.
"Exigimos soluciones inmediatas, inversiones urgentes y responsabilidad política", sostiene Guzmán, quien critica que "ni Madrid ni el Ayuntamiento pueden seguir ignorando esta vergüenza".
Esta situación se produce dos décadas después de que se anunciara por primera vez la construcción de la Ciudad de la Justicia de Cartagena. Y más de tres años después de que la alcaldesa Noelia Arroyo anunciara públicamente que ya existía un acuerdo para la cesión de los terrenos que permitiría su desarrollo.
"Hoy, ni hay cesión, ni hay inversión, ni hay proyecto; solo abandono", recalca.
"La Justicia en Cartagena y su comarca no puede seguir esperando", insiste la vicepresidenta de MC.
"No es admisible que en pleno siglo XXI los juzgados sigan funcionando en condiciones infrahumanas mientras los responsables políticos miran hacia otro lado", sostiene.
Por ello, desde la formación cartagenerista exigen al Gobierno de España la inmediata inversión necesaria para la reparación y puesta en funcionamiento del sistema de climatización del actual Palacio de Justicia.
Además, al Gobierno local se pide la cesión inmediata de la parcela necesaria para que se pueda iniciar, de una vez por todas, la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia.
"Desde MC lo tenemos claro: sin condiciones dignas no hay justicia real, y sin Ciudad de la Justicia no hay compromiso con Cartagena", finaliza Guzmán.
viernes, 6 de junio de 2025
El TSJ propone la creación de 22 nuevas unidades judiciales
MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha
remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una propuesta
priorizada de incremento de la planta judicial para 2026, en la que se
solicita la creación de 22 nuevas unidades judiciales, "con el objetivo
de hacer frente al grave desequilibrio estructural en la carga de
trabajo que afecta a numerosos partidos judiciales de la Región".
Esta propuesta se formula tras el requerimiento del CGPJ derivado del
acuerdo plenario adoptado el 21 de mayo, en el que se pedía a los
tribunales superiores la identificación de las necesidades más urgentes
de planta judicial, según informaron fuentes del TSJMU en un comunicado.
El informe señala en primer lugar la petición de nueve nuevas
unidades judiciales para la sección civil del futuro Tribunal de
Instancia de Murcia, debido a la sobrecarga del 211% que actualmente
soporta esta jurisdicción, respecto al módulo de referencia.
También se
solicita la creación de tres unidades en el Tribunal de Instancia de
Cartagena, una más en la sección civil y de instrucción del Tribunal de
Instancia de Lorca y dos plazas de magistrados para la creación de una
nueva sección penal (la sexta) en la Audiencia Provincial de Murcia.
La memoria incluye también propuestas de refuerzo en Molina de Segura
(2 unidades), en la sección penal de Murcia (1 unidad) y en vigilancia
penitenciaria (1 unidad), con el objetivo de garantizar una respuesta
judicial adecuada y eficiente ante el volumen creciente de asuntos.
Especial relevancia adquiere para el órgano de gobierno de los jueces
en la Región la creación de tres nuevas unidades judiciales
especializadas en violencia sobre la mujer (VSM) y la comarcalización de
su competencia.
El TSJMU propone la constitución de una
nueva sección de violencia sobre la mujer en Lorca, con extensión de su
jurisdicción a Totana; así como dos nuevas unidades en la sección de
violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Murcia, que
asumirían también los partidos de Molina de Segura, Cieza, Caravaca,
Jumilla, Mula y Yecla.
En Cartagena, se propone que, con la
segunda unidad judicial ya aprobada en el reciente Real Decreto del
Consejo de Ministros, se proceda a su comarcalización con el partido
judicial de San Javier, sin necesidad de crear una nueva unidad
adicional.
El informe concluye que estas 22 nuevas unidades
judiciales no solo son necesarias para responder a las demandas
actuales, sino también para acercar la ratio de jueces por habitante en
la Región de Murcia a la media nacional.
"Se trata de una propuesta
técnicamente fundamentada y urgentemente necesaria para garantizar un
servicio público de justicia eficiente, especializado y accesible",
subraya el presidente del TSJMU, Manuel Luna Carbonell.
La
Sala de Gobierno del TSJMU recuerda además que estos refuerzos son
especialmente oportunos en el contexto de implantación del nuevo modelo
de tribunales de instancia previsto en la LO 1/2025, cuya entrada en
vigor comenzará el 1 de julio de este año en ocho partidos judiciales, y
culminará el 31 de diciembre en Murcia, Cartagena y Lorca.
lunes, 19 de mayo de 2025
lunes, 28 de abril de 2025
Del Riquelme critica que el número de jueces en la Región ha crecido la mitad respecto a la media en 10 años
MURCIA.- El todavía presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia
(TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, ha hecho balance de sus diez años
en el cargo, un periodo en el que el número de jueces en la Comunidad se
ha incrementado solo un 9% al pasar de 153 a 168, lo que significa que
el incremento ha sido de 0,5 jueces por cada 100.000 habitantes,
mientras que a nivel nacional se ha creado un juez por cada 100.000
habitantes.
Todo ello, a pesar de que Pasqual del Riquelme ha
reivindicado de forma insistente más medios para la Justicia en la
Región. A su juicio, esta diferencia con la media nacional se debe a
"distintas razones" como la "falta de espacios" que afectaba
especialmente a Cartagena y Lorca, pero ha advertido que otras veces ha
sido "por falta de presupuestos" y, "fundamentalmente", por "falta de
peso político" de la Región a la hora de tomar decisiones en el ámbito
judicial.
Pasqual del Riquelme ha hecho estas declaraciones
en un desayuno informativo con los medios de comunicación en el que ha
presentado la memoria judicial de 2024 y ha hecho balance de sus diez
años como presidente del TSJMU, mandato que finalizará próximamente.
Así, Pasqual del Riquelme cierra su mandato como lo inició hace diez
años, subrayando la "asimetría" en el despliegue de la Justicia en el
territorio nacional y la desigualdad en las condiciones en que se presta
este servicio público, dejando constancia de la "falta de atención de
las necesidades de los juzgados y tribunales de la Región".
"Las necesidades judiciales de nuestra Región vienen siendo
sistemáticamente ignoradas a la hora de decidir dónde crear nuevas
unidades judiciales", ha dicho el presidente del TSJMU, quien ha añadido
que "nuestros recursos judiciales para hacer frente a una litigiosidad
desbocada son, por tanto, más reducidos que en el resto de las
comunidades".
"En el reparto anual de jueces, hay territorios
que, a pesar de no necesitarlo y de tener ratios por encima de la media
nacional, siguen recibiendo magistrados a costa de los que sí lo
necesitamos", ha criticado Pasqual del Riquelme, quien ha indicado que
hay otras comunidades que consiguen ser "más influyentes".
Entre los territorios más favorecidos en ese reparto de medios, ha
remarcado que los datos reflejan que las comunidades con más jueces por
cada 100.000 habitantes se sitúan en la cornisa cantábrica y la mitad
norte de España. Los más perjudicados son, especialmente, Castilla-La
Mancha y la Región de Murcia, ha subrayado.
En este sentido,
ha instado a reflexionar sobre el hecho de que la pendencia se ha
doblado en los últimos diez años en todos los tribunales de España y ha
advertido que, si sucede lo mismo en la próxima década, "estaríamos
hablando de un incremento del 400%, lo que significa un colapso de la
respuesta judicial".
No
obstante, ha valorado que, al echar la vista atrás y comparando la
situación actual con la de hace diez años, "nos encontramos con
importantes fortalezas" en la Región. Por ejemplo, ha puesto en valor
que la Región de Murcia ha implantado absolutamente el expediente
judicial electrónico, que funciona "perfectamente" tras un esfuerzo
"tremendo".
"Hace diez años, estábamos manejando todavía
papel", ha recordado el presidente del TSJMU, quien ha valorado también
que a Región cuenta con unos "equipos extraordinarios" que han ensayado
mucho en materia de organización judicial a través de la nueva Oficina
Judicial, que lleva ya en marcha 15 años.
Igualmente, el
TSJMU ha trabajado en materia de mediación y digitalización. Así, ha
destacado que todos estos proyectos, en los que el TSJMU lleva
trabajando "diez o quince años", son los que ahora "se están queriendo
implantar a nivel nacional".
Ha remarcado que este año ha entrado en vigor la Ley 1/2025 que
establece los medios alternos adecuados de resolución de conflictos en
los que el TSJMU lleva trabajando diez años, y también fija los
tribunales de instancia, que llevan 15 años de trayectoria en la Región
con una experiencia acumulada "extraordinaria".
Además, ha
señalado que en muchos sitios están todavía implantando el expediente
judicial, que en la Región de Murcia está "a pleno rendimiento". Se
trata, tal y como ha añadido, de contribuciones "intangibles" que son
imposibles de cuantificar.
A su juicio, "se han puesto las bases para
que en breve tiempo se produzcan cambios importantes", porque "cuando
estén los tribunales de instancia, vamos a poder crecer con jueces sin
necesidad de crear juzgados".
Por otro lado, ha apelado a
lograr un cambio "cultural" para cambiar una circunstancia que forma
parte de "nuestra forma de ser" y que implica el "recurso sistemático a
la Justicia para resolver nuestros problemas", un comportamiento que
considera de "eternos adolescentes". Así, ha mostrado su esperanza en
que se recurra más al diálogo y la mediación.
Precisamente,
ha mostrado su confianza en que la Ley 1/2025 logre este propósito, al
imponer que, antes de ir a los juzgados en materia civil y mercantil,
hay que recurrir a algún medio adecuado de resolución de conflictos, sea
mediación, arbitraje, conciliación, negociación corriente o tercero
imparcial.
Del Riquelme --que formó parte del grupo de
expertos que propuso esta medida-- ha dicho estar a la espera de ver
"cómo se comporta el mercado de la litigiosidad" porque lleva solo unos
meses en marcha y todavía es pronto para ver su efecto.
En este sentido,ha recordado que la Región presenta en la actualidad
un déficit de jueces respecto de la media nacional (10,7 jueces por cada
100.000 habitantes frente a una media nacional de 12,1).
Ello explica
que, ante el aumento de la litigiosidad en un 34,8 % durante la última
década en la Región, y a pesar del "sobresfuerzo" que supone haber
aumentado un 14,3% el nivel de resolución en ese mismo período, la
pendencia acumulada al término de esa década se haya incrementado en un
124 %, alcanzando a finales de 2024 los 206.805 procedimientos en
trámite (frente a un incremento del 102 % a nivel nacional).
"La combinación de escasos medios personales y alta litigiosidad, por
más que nuestro esfuerzo resolutorio sea mayor, es la causa del
incremento en los asuntos pendientes y tiempos de respuesta de los
juzgados y tribunales de nuestra Región", ha subrayado.
Al ser
preguntado por el recurso de los partidos a la Justicia para resolver
sus problemas, ha dicho tener la sensación de que últimamente "hemos
visto menos venidas escenográficas a los juzgados".
"A lo
mejor ha tenido que ver con la pérdida del aforamiento por parte de los
políticos a nivel regional porque les ha privado de ese escenario en el
cual llegamos al TSJMU", ha considerado.
Por otro lado, ha
querido subrayar un dato "que pone también de relieve los altos
estándares de calidad y excelencia técnica del trabajo jurisdiccional
que realizamos en la Región"; y es que Murcia ha sido en 2024 el
territorio nacional con más alto porcentaje de resoluciones confirmadas
por el Tribunal Supremo, con un 94,7%, seguido de Aragón y Canarias con
un 94,3 y un 92%, respectivamente.
También supera ampliamente a la media
nacional en el número de resoluciones confirmadas en apelación (un 75 %
frente a un 70% de media nacional). En cuanto a los retos, ha remarcado
que la Justicia ha sido tachada de "patriarcal" a través de
manifestaciones y "ataques desde el ámbito político".
A su
parecer, tratan de "desprestigiar a los jueces como colectivo y otras
veces a nivel individual", achacando "intenciones ocultas". A su
parecer, es un "síntoma de involución importante" y proceden de grupos a
los que "les molesta la independencia judicial".
martes, 1 de abril de 2025
El CGPJ nombra por unanimidad a Manuel Luna para presidir el TSJMU
MADRID.- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este
martes por unanimidad el nombramiento de Manuel Luna Carbonell como
presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia
(TSJMU), quien sustituirá en el cargo a Miguel Pasqual del Riquelme.
En su sesión de este martes, el órgano de gobierno de los jueces ha
realizado otros 18 nombramientos, entre ellos, el de José María Pérez
Crespo como nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del TSJMU.
Con estas designaciones, el CGPJ ha realizado un
total de 102 nombramientos --tanto en la jurisdicción ordinaria como en
la jurisdicción militar-- desde el comienzo de su mandato el pasado 25
de julio, según informaron fuentes del TSJMU en un comunicado.
Luna Carbonell fue secretario general del Consejo General del Poder
Judicial hasta el pasado mes de enero, antes, desde 2018, ejerció como
letrado de dicho órgano de gobierno.
Natural de Molina de
Segura, casado y padre de tres hijos, prestó servicios en los juzgados
de Primera Instancia e Instrucción de Novelda, Totana y Molina de
Segura. Más tarde pasó a la jurisdicción Contencioso-Administrativa,
siendo actualmente titular del juzgado de lo Contencioso número 2 de
Murcia.
El recién elegido, que previsiblemente tomará posesión
de su cargo como nuevo presidente el próximo mes, una vez se publique
el nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, ha manifestado
sentirse "profundamente honrado" por la confianza depositada en él para
asumir la presidencia del TSJMU.
"Agradezco al Consejo General
del Poder Judicial este nombramiento, que asumo con plena
responsabilidad y compromiso al servicio de la justicia y la
ciudadanía", ha dicho.
Además, ha valorado la labor realizada
por Miguel Pasqual del Riquelme, actual presidente del Tribunal Superior
de Justicia: "Es ampliamente reconocido el trabajo desarrollado por el
Tribunal Superior para garantizar una justicia accesible, eficiente e
imparcial en nuestra región. Tras mi toma de posesión, espero seguir
contribuyendo a que la justicia inspire la máxima confianza de los
ciudadanos y responda con prontitud a sus necesidades".
miércoles, 26 de febrero de 2025
Miguel Ángel Larrosa Amante continúa al frente de la Audiencia Provincial de Murcia
MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado en su Pleno
ordinario de este miércoles que Miguel Ángel Larrosa Amante continúe
como presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, según fuentes del
órgano de gobierno de los jueces.
Larrosa, que fue nombrado por primera vez presidente de la Audiencia
Provincial en 2016, ingresó en la carrera judicial en 1988, siendo sus
primeros destinos los juzgados de primera instancia e instrucción nº
2 de Lorca y nº 3 de Elche.
En
diciembre de 1991 pasó a ocupar la plaza de titular del juzgado de
primera instancia nº 8 de Murcia y en junio de 2005 fue nombrado magistrado
de la Audiencia Provincial con destino en la sección quinta, en
Cartagena, donde permaneció hasta abril de 2015.
En el ámbito
docente ha sido profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Murcia
y en la Escuela de Práctica Jurídica de dicha Universidad. Igualmente
ha sido profesor de la Escuela de Práctica Psicológica de Murcia y
profesor en el Máster de Asesoría Jurídica de Empresa.
Asimismo ,ha sido profesor tutor de jueces en prácticas de la Escuela
Judicial y profesor en cursos internacionales de formación de jueces
iberoamericanos, dentro de los diferentes proyectos coordinados por el
CGPJ de fortalecimiento del Poder Judicial en Honduras, Bolivia, El
Salvador, Panamá, Paraguay y Nicaragua.
viernes, 14 de febrero de 2025
Una asociación de juristas impugna el nombramiento de 21 magistrados del Tribunal Supremo
MADRID.- La asociación Preeminencia del Derecho ha presentado recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de nombramiento de 21 magistrados del Tribunal Supremo basándose en que desde 1986 el Tribunal Constitucional dictaminó en una sentencia de pleno que el nombramiento por cupos de los vocales era contrario a la constitución y ese cupo es lo que notoriamente se viene haciendo.
Por tanto Preeminencia va llevar al Tribunal Supremo el nombramiento de los 21 magistrados aprovechando que el mismo Tribunal Supremo ha reconocido a una entidad jurídica como la fundación hay derecho legitimación para impugnar nombramientos jurídicos, y en todo caso el tema, si no prospera en el TS, se va llevar al Tribunal Constitucional de dónde sale la sentencia de 1986 y en su defecto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tiene numerosas sentencias de los asuntos polacos estableciendo que la política no puede meter la mano en los nombramientos jurisdiccionales y esto es lo que se está haciendo aquí notoriamente por el Consejo General del Poder Judicial ya nombrando a una vocal como ponente, de la que se adjunta el informativo de dicho CGPJ.
El TS reconoció legitimación a la Fundación Hay Derecho para lo judicial luego la hay para lo administrativo.
PRETENSIÓN, se acuerde la nulidad de todos los nombramientos de magistrados del TS operados por acuerdo del pleno del 29 de enero de 2025".
El recurso de reposición objeto es el nombramiento de la magistrada María Consuelo Uris Lloret como miembro de la la Sala Tercera del Tribunal Supremo y nombramiento de los magistrados para el Tribunal Supremo, según recoge el gabinete técnico del CGPJ en su sección de recursos al responder a Mazón.
viernes, 31 de enero de 2025
El PP insta al Gobierno central a acabar con el "déficit" de la Administración de Justicia en la Región de Murcia
MURCIA.- Los senadores del PP por la Región de Murcia han presentado en la Cámara
Alta una moción para su debate ante la Comisión de Justicia por la que
reclaman al Gobierno central poner fin a la "grave situación de déficit"
de la Administración de Justicia en esta comunidad autónoma, según
informaron fuentes del partido en un comunicado.
El
parlamentario Francisco Bernabé ha cuestionado si "Sánchez está dejando
sin medios a la Justicia para que los jueces no investiguen la
corrupción del PSOE" y ha señalado que "el Gobierno está asfixiando al
poder judicial para que no pueda cumplir su labor".
En la
iniciativa, los senadores 'populares' instan desde la Comisión de
Justicia al Gobierno de España a, con carácter inmediato, aumentar la
plantilla de jueces y magistrados, equiparándola a la media y ratios en
el ámbito judicial a nivel nacional.
La moción también demanda
incrementar la plantilla de fiscales, equiparándola al ámbito estatal, e
impulsar y ejecutar las infraestructuras comprometidas de nuevas sedes
judiciales, en especial los nuevos Palacios de Justicia de Lorca y de
Molina de Segura, así como la Ciudad de la Justicia de Cartagena.
Bernabé ha denunciado que el "déficit estructural" que padece la
Administración de Justicia en la Región "se viene agravando de forma
acusada a lo largo de los últimos años, donde la falta de inversiones y
de dotación de medios materiales y humanos, está convirtiendo en
insostenible la prestación de este servicio fundamental en cualquier
Estado de Derecho".
Además, ha recordado que "en 2024 no se
creó ni una sola nueva plaza judicial, mientras que en 2023 sólo se
incorporó un magistrado a nuestra Audiencia Provincial de entre las 70
unidades judiciales que se crearon en toda España".
Ha
remarcado que "la falta de jueces y la alta litigiosidad han disparado
un 20% en un año los asuntos pendientes". En concreto, ha precisado que
"el primer semestre de 2024 se cerró con 192.000 asuntos en trámite,
13.000 más que los que había a principios de este año y 40.000 más que
los pendientes hace doce meses".
La Región de Murcia tiene una
ratio de 10,82 jueces por cada 100.000 habitantes (168 en total), "muy
inferior" a otras comunidades autónomas con similar población, como
Islas Baleares (12,09) o Aragón (11,41). Esto, a juicio del senador del
PP, "haría necesario que, con carácter inmediato, se incorporaran hasta
25 nuevos jueces a la plantilla para equipararnos a esos territorios,
que se elevarían hasta los 75 profesionales si la comparación es con
Asturias, que además cubre un 35% menos de asuntos y con mucha menor
población".
"Esta infradotación de medios, causa del atasco
judicial que padecemos, acaba pasando factura a los ciudadanos con
efectos negativos reales y directos", ha lamentado Bernabé.
"Un mal funcionamiento de la Justicia hace menos competitivo el tejido
productivo y comercial al ser mayor el tiempo necesario para resolver y
obtener una respuesta definitiva a un litigio, como el cobro de deudas
impagadas o el comprometer el retorno de inversiones realizadas", ha
añadido.
Y es que, según ha matizado el senador, "un mal
funcionamiento de la justicia disminuye también el atractivo de un
territorio para nuevas inversiones".
En este sentido, ha
recordado que la Fiscalía de la Región de Murcia también ha puesto sobre
la mesa "los escasos medios que dispone". Así, el Fiscal jefe ha
manifestado que "la Fiscalía de Murcia es la peor dotada de España, con
una ratio funcionario por fiscal de 0,45, cuando otras que tienen 1 por
cada representante del Ministerio Público".
Además, este
departamento, de entre las 77 fiscalías que hay a nivel nacional, "es el
que tiene más carga de trabajo, siendo, sin embargo, la décima en
número de fiscales, de forma que faltan al menos 11 fiscales para
equipararse a la media estatal".
Por otro lado, Bernabé ha denunciado que las grandes infraestructuras
judiciales "continúan en el limbo, pese a estar comprometidas desde
hace una década".
"Actualmente, las obras del nuevo Palacio de
Justicia de Lorca, que deberían haber comenzado en 2018, aún se
encuentran a medio ejecutar; el futuro Palacio de Justicia de Molina de
Segura no tiene encargado el proyecto; y el devenir de la Ciudad de la
Justicia de Cartagena se ha convertido en una auténtica historia para no
dormir", ha aseverado.
Al hilo, ha subrayado que Cartagena,
pese a ser una de las primeras 24 ciudades de España, "se encuentra
abandonada judicialmente, con una dispersión de sedes brutal, hasta seis
emplazamientos distintos, y con un Ministerio del ramo que, pese a
haber prometido a bombo y platillo que tenía el dinero preparado, y no
obstante el disponer de los terrenos cedidos por el Ayuntamiento desde
hace tiempo, no licita siquiera la redacción del proyecto, que es el
paso previo e imprescindible para poder hablar de cuándo se va a iniciar
su ansiada construcción".
"Es imprescindible que el Gobierno
de la Nación, único responsable de la coyuntura que sufre la
administración de Justicia, acabe con este agravio adoptando las
inversiones presupuestarias que procedan para aumentar las plantillas de
jueces y fiscales, equiparándolas con las del resto de España, y
apostando por el desarrollo serio y decidido de las inversiones
comprometidas en materia de nuevas sedes judiciales", ha finalizado
Bernabé.
miércoles, 29 de enero de 2025
El CGPJ nombra a Fernando Castillo Rigabert magistrado autonómico de la Sala Civil y Penal del TSJ de Murcia
Es uno de los nombres
que propuso la Asamblea regional en la terna pactada por PSOE y PP.
Y uno de los 32 magistrados que el CGPJ ha nombrado hoy, todos ellos por unanimidad y 21 de los cuales corresponden al Tribunal Supremo, que contará con ocho nuevas magistradas, seis en la Sala Tercera y dos en la Sala Cuarta.
Entre esos nombres del Supremo, se encuentran dos murcianos: María Consuelo Uris Lloret, nombrado magistrada del turno general del Supremo de la Sala Tercera y Juan Martínez Moya como magistrado del turno de especialistas de la Sala Cuarta.
El profesor Castillo formaba parte, junto al abogado del Estado Nicolás Valero y la fiscal Candelaria Martínez, de la terna pactada por los grupos parlamentarios del PP y PSOE en la Asamblea Regional.
Juan Martínez Moya era actualmente magistrado de la Sala de lo Social del TSJ. Expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ), fue vocal durante nueve años del CGPJ. La magistrada María Consuelo Uris Lloret era actualmente la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ. Ingresó en la carrera judicial en 1988, año en el que ocupó su primer destino como titular del Juzgado de primera instancia e instrucción único de Yecla.
El CGPJ también acordó este martes, a propuesta de su presidenta, el nombramiento del magistrado Miguel Hernández Serna como secretario general del CGPJ. Hernández vendrá a ocupar el puesto que hasta la fecha desempeñaba el juez murciano Manuel Luna Carbonell. Titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia, Luna ya ejercía anteriormente como letrado del organismo.
domingo, 26 de enero de 2025
El PPRM denuncia la reiterada demora en los pagos a los abogados del turno de oficio
MURCIA.- La diputada nacional del Partido Popular por la Región de Murcia Isabel
Borrego ha expresado "su preocupación y condena" ante los continuos
retrasos en el abono de las cantidades adeudadas a los abogados del
turno de oficio en la Región de Murcia.
"Estos retrasos son
una muestra más de la nefasta gestión del ministro de Justicia, quien, a
pesar de ser consciente de la situación, no ha tomado las medidas
necesarias para resolverla de forma eficaz y urgente", ha asegurado la
diputada.
Los abogados de la Región que prestan su servicio en
el turno de oficio se enfrentan a la "incertidumbre" de no recibir los
pagos correspondientes a su trabajo, lo que está "afectando gravemente a
su estabilidad económica y profesional".
"Después de meses
de espera, el Gobierno de Sánchez ha abonado el pago de octubre tras
continuas reclamaciones del Partido Popular, pero, a estas alturas,
todavía están esperando los abogados de oficio los pagos
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2024", ha
apuntado Borrego.
"Unos retrasos que no son un hecho aislado,
sino que se repiten de manera sistemática y reiterada, evidenciando la
falta de gestión y la incapacidad del Ministerio de Justicia para
resolver una situación que ya lleva meses sin solución", ha reprochado
la diputada nacional.
Y es que, desde el Partido Popular han
preguntado en diversas ocasiones al Gobierno de Sánchez sobre los
motivos de estos retrasos y han solicitado una comparecencia para que se
expliquen las causas y las medidas que van a adoptar para evitar que
esta situación continúe.
Sin embargo, hasta el momento, el
Gobierno ha mostrado una actitud de "desinterés, dejando desamparados a
los profesionales que, a diario, prestan un servicio esencial para el
funcionamiento de la Justicia en la Región de Murcia", añade la
diputada.
"Este es solo un ejemplo más de los agravios
constantes que la administración de Justicia sufre en la Región de
Murcia. Una región que está siendo tratada de manera desigual por parte
del Gobierno de Sánchez, el único responsable de estos perjuicios", ha
denunciado.
Por ello, el Partido Popular ha exigido al
ministro de Justicia que ponga fin a estos retrasos y a esta situación
de desamparo, que "no solo afecta a los profesionales del derecho, sino
que también impacta negativamente en la calidad de la Justicia en la
Región".
"Los ciudadanos merecen un servicio público de Justicia
eficiente y sin trabas, y es responsabilidad del Gobierno garantizar que
así sea".
Asimismo, "reiteramos nuestra firme posición de
apoyo a los abogados del turno de oficio y demandamos soluciones
inmediatas para que situaciones como estas no se repitan en el futuro",
ha concluido la diputada nacional.
viernes, 13 de diciembre de 2024
Caen un 1,4% los asuntos ingresados en los órganos judiciales de la Región en el tercer trimestre
MURCIA.- Los órganos judiciales de la Región de Murcia han registrado 53.179
nuevos asuntos en el tercer trimestre de 2024, lo que representa un 1,4%
menos respecto al mismo periodo del año anterior.
Sin
embargo, entre julio y septiembre pasados aumentó un 12,6% el número de
asuntos resueltos (45.907), y un 17,7% los que quedaron en trámite al
final del periodo (199.590).
Así lo han comunicado fuentes del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), que se han hecho eco
del informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en
el tercer trimestre de 2024', publicado este viernes por el Consejo
General del Poder Judicial.
De esta forma, a pesar de que en
el tercer trimestre la capacidad de resolución de los juzgados y
tribunales autonómicos creció un 12,6%, con 45.907 asuntos terminados,
no alcanza la cifra de los nuevos asuntos ingresados.
Cabe
recordar que durante los dos primeros trimestres del pasado año
confluyeron dos huelgas en la Administración de Justicia, con efectos de
"especial intensidad" en la comunidad autónoma, lo que puede provocar
distorsiones en la comparativa en los valores estadísticos registrados
en ingreso y resolución.
En la jurisdicción Civil ingresaron
21.899 asuntos, un 1,1% más que un año antes; se resolvieron 18.375
asuntos, un 32,2% más, y quedaron en trámite 123.712, un 24,5% más que
al final del tercer trimestre de 2023.
Por su parte, los
asuntos registrados en la jurisdicción Penal ascendieron a 27.312, lo
que supone un descenso del 4,5% con respecto al mismo trimestre de 2023.
En el mismo periodo se resolvieron 24.475 asuntos, un 1,8% más, y
quedaron en trámite 52.137 asuntos, un 5,8% más.
En la
jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se registraron 1.204
nuevos asuntos, lo que equivale a un descenso del 12,2%.
Los
asuntos resueltos fueron 1.048, un 23,9% más que el año anterior, y los
que quedaron en trámite sumaron 7.208, un 0,2% más, siendo este orden
jurisdiccional el único en el que se consiguió contener el aumento de la
pendencia.
En la jurisdicción Social ingresaron 2.764 nuevos
asuntos, lo que supuso un crecimiento del 20,3% respecto al año
anterior. Los resueltos aumentaron un 1,6%, al alcanzar la cifra de
2.009 asuntos, y los pendientes al final del periodo (16.533),
aumentaron un 20%.
jueves, 14 de noviembre de 2024
La AJFV pide al CGPJ y a Justicia revisar el protocolo judicial ante grandes catástrofes
MADRID.- La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia una "revisión y actualización" del protocolo judicial ante grandes catástrofes como la DANA que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana y que data de 2011.
A través de una nota de prensa, recogida, la asociación ha explicado que cerca de 250 jueces que se han reunido en Benidorm para la XXXVIII Asamblea General de la AJFV han instado a revisar "la actuación concreta en el caso de Valencia" y a analizar motivo por el que no se constituyó desde el primer momento la Comisión Judicial de Crisis.
Los magistrados han debatido en una mesa redonda la respuesta judicial y forense ante grandes catástrofes, analizando en concreto la respuesta judicial ante la DANA de Valencia del pasado 29 de octubre.
La mesa redonda ha contado con la participación de José Manuel Muñoz-Quirós, médico forense y responsable de grandes catástrofes de Alicante; Pablo Ignacio Luján, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Massamagrell y portavoz de AJFV en la Comunidad Valenciana; así como con las aportaciones de Antonio Téllez Plaza, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Picassent; y José Luis Rubido de la Torre, magistrado del Juzgado de Instrucción nº 1 de Valencia.
domingo, 13 de octubre de 2024
María Concepción Roig es la magistrada-ponente de la sentencia que deja en libertad a quienes prostituyeron menores
MURCIA.- La jueza María Concepción Roig Angosto ha sido la magistrada-ponente de la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que ha dejado en libertad a todos los empresarios que pagaron por tener sexo con menores de 13 ó 14 años en 2014.
Es la misma jueza que hace dos años puso una pena mínima de 24 meses a otro empresario de 67 años que violó a una jornalera en Mula, incluso opinando públicamente que "la sentencia es legal, pero es una pena demasiado baja para la gravedad de los hechos cometidos".
Concepción Roig consideraba entonces que la pena, a pesar de que se ajustaba a la ley, no era proporcional a la gravedad de los hechos.
Concepción Roig ha llegado a presidir la Junta Electoral de la Región.
La magistrada es miembro de "Juezas y Jueces para la Democracia", donde forma parte de su Secretariado y ejerce de coordinadora en la Región de Murcia.
viernes, 13 de septiembre de 2024
El Ayuntamiento de Cartagena aprueba la cesión definitiva de los terrenos para la futura Ciudad de la Justicia
CARTAGENA.- El Ministerio de Justicia "podrá, a partir de este viernes, activar el
proyecto para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Cartagena
después de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento haya aprobado
la cesión definitiva de los terrenos al Ministerio", según informaron
fuentes del Consistorio en un comunicado.
La alcaldesa, Noelia
Arroyo, ha anunciado, tras la aprobación de la Junta, que va a convocar
la Mesa de la Justicia en la que participan los operadores de la
Administración de Justicia, los agentes sociales del municipio y los
grupos políticos del Ayuntamiento.
Se trata de una parcela de
25.000 metros cuadrados, segregada de una mayor a la que inicialmente el
Ministerio había dado el visto bueno, pero que, posteriormente,
consideró que debería segregarse y aceptar solo la extensión que fuera a
utilizar para la construcción de la infraestructura prevista, lo que
provocó un retraso en el procedimiento administrativo de cesión.
El Ayuntamiento de Cartagena inició un proceso de segregación que ha
culminado hoy con la autorización de la Junta de Gobierno para que el
Ayuntamiento ceda los terrenos, ubicados en el barrio de Santa Lucía,
frente al complejo hospitalario y colindantes con el Centro Integral de
Formación Profesional (CIFP) 'Hespérides'.
A lo largo del
proceso administrativo de cesión, técnicos del Ayuntamiento de Cartagena
y del Ministerio de Justicia han manteniendo contactos para avanzar en
el expediente, que se concretó en una última reunión mantenida ayer, que
ha permitido que culminar hoy el expediente.
La alcaldesa de
Cartagena, Noelia Arroyo, ha remarcado que Cartagena tiene que disponer
cuanto antes de la Ciudad de la Justicia "que concentre los órganos,
tribunales y juzgados dispersos por la ciudad".
Además, ha señalado la idónea ubicación de la parcela, de fácil acceso y bien comunicada con cualquier punto, ya que a escasos metros está la conexión con la autovía.
martes, 3 de septiembre de 2024
miércoles, 10 de abril de 2024
La Región de Murcia es la CCAA con menor porcentaje de juezas y magistradas en activo
Así se desprende datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundidos este miércoles y según los cuales en la última década ha aumentado casi un 10% el número de magistradas en los órganos colegiados, hasta el 42,3% del total, con menos presencia por ahora que los hombres.
A 1 de enero de 2024, la carrera judicial estaba integrada por 5.416 jueces/zas y magistrados/as, de los que 3.101 son mujeres, el 57,2% del total, frente al 50,1% que suponían las 2.661 (de un total de 5.219) hace diez años, de acuerdo al último informe sobre 'Estructura demográfica de la Carrera Judicial'.
En la actualidad, de los 1.597 jueces/zas y magistrados que están en activo y destinados en órganos colegiados, 676 son mujeres: 433 de ellas ejercen en Audiencias Provinciales, 203 en Tribunales Superiores de Justicia, 28 en la Audiencia Nacional y 12 en el Supremo.
Según los datos del CGPJ, el 57,2% de juezas es superado en once de las
17 comunidades autónomas: País Vasco (62,5%), Galicia (61,2%), Comunidad
de Madrid (60,6%), Navarra (60%), Castilla-La Mancha (59,6%), La Rioja
(59,5%), Cataluña (59,3%), Comunidad Valenciana (59,2%), Extremadura
(59,1%), Baleares (58,3%) y Castilla y León (58%).
En el resto
de comunidades, el porcentaje de juezas y magistradas se sitúa por
debajo de la media: Canarias (57,1%), Asturias (56,8%), Andalucía
(54,1%), Cantabria (52,6%), Aragón (52,4%) y Región de Murcia (49,7%).
Asimismo, el informe señala que la edad media de los integrantes de
la carrera judicial es de 52,3 años --50,4 años para las mujeres y 54,9
para los hombres-- y que su antigüedad media como jueces/zas es de 21,2
años --19,5 años en el caso de las mujeres y 23,4 en el de los
hombres--.
El CGPJ indica que la "progresiva feminización" de la carrera judicial
se observa analizando los datos por franjas de edad: los hombres solo
son mayoría entre los/las magistrados/as de entre 61 y 72 años, mientras
que las mujeres suponen el 57,9% entre los de 51 y 60 años, el 66,6%
entre los de 41 y 50 años; el 67,1% entre los de 31 a 40 años y el 70%
de quienes tienen 30 o menos años.
El informe expone, además, que las juezas y magistradas, pese a seguir
siendo minoría en los órganos colegiados, son mayoría en los órganos
unipersonales, salvo en los Juzgados de lo Mercantil y los de lo
Contencioso-Administrativo, donde representan el 44,2% y el 49,8% de sus
titulares, respectivamente.
Las mujeres suponen el 60,6% de
los titulares de los Juzgados de lo Social, el 60,8% de los de
Vigilancia Penitenciaria, el 62,9% de los de Primera Instancia, el 64,2%
de los de Instrucción, el 67% de los de lo Penal, el 67,9% de los de
Menores, el 68,6% de los de Primera Instancia e Instrucción y el 76,6%
de los de Violencia sobre la Mujer.
En los altos tribunales,
el porcentaje de mujeres es del 43,1% en la Audiencia Nacional, del
41,3% en los Tribunales Superiores de Justicia y del 44% en las
Audiencias Provinciales. En el Tribunal Supremo es del 21,1%.
lunes, 1 de abril de 2024
Lorca estrena el nuevo juzgado de primera instancia e instrucción nº 8 del partido judicial
La creación de este órgano, junto con el de Primera Instancia nº 19 de Murcia, fue aprobada en noviembre de 2022 por el Consejo de Ministros en el Real Decreto de nuevas unidades judiciales correspondiente a la programación 2023, pero su puesta en funcionamiento fue diferida al 31 de marzo de 2024, tras el acondicionamiento del local cedido por el Ayuntamiento de Lorca.
Al respecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, ha manifestado que esta espera no será necesaria cuando Lorca cuente con la nueva sede judicial "acorde con su dimensión socioeconómica y su historia".
El nuevo Palacio de Justicia, en el centro histórico y con un coste de más de 17 millones, reunirá en una sola sede todos los órganos judiciales, acabando con la dispersión actual. "Es una obra imprescindible, que llevamos décadas reclamando y que no puede retrasarse más", según el presidente del TSJMU.
Pasqual del Riquelme no ha ocultado su satisfacción por la puesta en marcha del octavo juzgado para el partido judicial. "Supone el primero de los pasos importantes que hay que dar para convertir a Lorca en uno de los núcleos judiciales sobre los que ha de pivotar la Administración de Justicia Regional, junto a Murcia y Cartagena", ha apostillado.
Ha señalado después, además de la puesta en marcha de la nueva sede judicial, la separación de jurisdicciones civil y penal y la comarcalización de la violencia de género con la creación de un juzgado especializado, como metas a corto plazo, para un adecuado despliegue territorial de la justicia.
No obstante, ha apuntado que la creación de este juzgado "aun siendo bienvenido, está muy lejos de cubrir las necesidades judiciales identificadas por nuestra Sala de Gobierno, lo que nos sigue dejando por debajo de la media nacional en número de jueces".
Y ha recordado que la Sala de Gobierno del TSJMU reclamó un mínimo de 11 unidades judiciales en su último informe de planta, y el Ministerio de Justicia sólo ha acordado la creación de una (una plaza de magistrado) para 2024.
El nuevo órgano, dos locales colindantes habilitados como unidad funcional en el barrio de La Viña, con una superficie de 515 metros cuadrados, dispone de una amplia oficina judicial, zona de archivos, sala de comparecencias, sala de vistas propia, además de los despachos para juez o jueza, fiscal y letrado o letrada de la Administración de Justicia. Además, cuenta con una zona de espera de detenidos y otros espacios adicionales.
El acto de constitución, presidido por Miguel Pasqual del Riquelme Herrero, ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno, Mariola Guevara Cava, y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar.
Además, han
participado el secretario de Gobierno, Javier Parra García, la
magistrada decana del partido judicial de Cartagena, Carmen Berta Romero
Esteban, la fiscal Francisca Rodriguez García y la letrada del Servicio
Común General, Maravillas Ayala García de las Bayonas.
En
representación de abogados y procuradores de Lorca, también han asistido
los decanos de ambos colegios profesionales, Elisa Campoy-López Perea y
Nieves Cuartero Alonso, respectivamente.
Tras la constitución
del juzgado, del que se ha hecho cargo de forma provisional la jueza
sustituta Marta García Martínez y el letrado de la Administración de
Justicia, José Bautista Martínez Tafalla, han tomado posesión los siete
funcionarios, dos gestores, cuatro tramitadores y una auxilio judicial,
nombrados en comisión de servicio, así como los interinos que desde hoy
desarrollan su función en el nuevo órgano judicial.
Estos, han
estado acompañados de otros miembros de la carrera judicial, fiscal y
letrados de la Administración de Justicia del partido judicial.
martes, 5 de marzo de 2024
Verónica Celdrán Ruiz es nombrada delegada de la Fiscalía Especial Antidroga en la Región de Murcia
La oferta de la plaza fue comunicada a toda la plantilla, pero solo concurrió a la misma Celdrán Ruiz, cuyo currículum profesional y méritos cuentan con el informe favorable de la Fiscal Jefa de la Fiscalía Antidroga.
El decreto de nombramiento fue suscrito por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado 22 de febrero.
martes, 27 de febrero de 2024
Cuatro juezas y un juez eligen plaza en Molina, Totana y Cieza como su primer destino
En concreto, se trata de Marta Bernabé Aliaga, Alba García Colón, Victoria García García, Alejandro Goicoechea Rey y Celia Martín Ávila que ocuparán sus nuevos cargos con destino a los juzgados de primera instancia e instrucción número 4 de Molina de Segura, 4, 2, 3 de Totana y 1 de Cieza, respectivamente.
Todos ellos, recibieron sus despachos el pasado 14 de febrero en Barcelona, en un acto presidido por Su Majestad el Rey, tras superar su última fase de formación en la Escuela Judicial ejerciendo como titulares en distintos órganos desde julio, como jueces en prácticas. Y, aunque sólo uno de ellos residía en Murcia, los cinco han elegido que su primer destino sea la Región.
El perfil de los 160 jueces y juezas --119 mujeres y 41 hombres-- que integran la septuagésima segunda promoción es, según se recoge en una encuesta realizada a su ingreso en la Escuela Judicial en 2022, el de una mujer (representan el 74,37 % del total) con una edad media de 28 años, que ha tardado cinco años en preparar y aprobar la oposición y que no procede de una familia de juristas.
Entre los motivos que los llevaron a elegir esta profesión destacan especialmente su pasión por el Derecho (el 73 % se mostró muy de acuerdo con esta afirmación), la independencia e imparcialidad de su función (73 %), la función de los jueces como garantes de los derechos fundamentales (71 %) y la contribución a un servicio público (66 %).
Además, en el mismo acto, Raquel Lillo Paredes, tomará posesión de su cargo, tras su ascenso, como nueva magistrada titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de San Javier.
El acto será retransmitido en streaming por el canal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.