Jaúdenes (PP Cartagena): "Si el Gobierno quisiera la Ciudad de la Justicia, el edificio estaría construido"

 CARTAGENA.- Este mes de noviembre se cumplen cinco años desde que el Ministerio de Justicia comunicara al Ayuntamiento de Cartagena que los terrenos ofrecidos frente al Hospital de Santa Lucía eran idóneos para levantar la Ciudad de la Justicia.

"Han pasado cinco años y tres ministros y seguimos sin Ciudad de la Justicia porque a cada solución que da el Ayuntamiento, el Ministerio acaba encontrando un nuevo problema", ha dicho el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cartagena, Ignacio Jáudenes.

Para el portavoz, "estos retrasos tienen difícil justificación y, desde luego, no existirían si hubiera un compromiso político. Cuando el Gobierno de Sánchez quiere hacer algo con velocidad, lo hace sin problema burocrático. Nos lo ha demostrado demoliendo la casa cuartel de la Guardia Civil en una semana, colocándonos un CATE en un mes y levantando un campamento para 1.100 inmigrantes sin cumplir ningún trámite administrativo ni las normas del Plan General".

Jáudenes ha recordado que el Ayuntamiento comenzó a buscar una ubicación en 2018, tras convocar a la Mesa de la Justicia para consensuar la mejor opción con todos los operadores jurídicos y profesionales del sector.

 "Desde entonces -ha explicado- Cartagena ha hecho sus deberes: encontró el terreno más adecuado, elaboró un proyecto de urbanización, lo puso a disposición del Ministerio y atendió todas las exigencias técnicas que se nos fueron planteando".

El portavoz 'popular' ha recordado que en noviembre de 2020 el Ministerio de Justicia dio el visto bueno a la oferta municipal de suelo frente al Hospital de Santa Lucía, tras una visita técnica en la que los propios responsables ministeriales valoraron su idoneidad para albergar la futura sede judicial. 

"Aquello parecía el paso definitivo -ha señalado-, pero cada avance que ha dado el Ayuntamiento ha encontrado un nuevo problema por parte del Ministerio".

Jáudenes ha subrayado que el Ministerio ha cambiado "repetidamente de criterio, añadiendo nuevas condiciones que solo han servido para alargar los plazos". 

"Primero pidieron reducir la parcela que habían aceptado; luego exigieron una segregación de la propiedad antes de aceptar la cesión; después solicitaron garantías de aparcamiento y de urbanización. Ahora la cesión está atascada por la falta de un informe de otro ministerio sobre los accesos", ha apuntado.

"El Ayuntamiento ha respondido a cada petición, incluso asumiendo tareas que no son de su competencia, pero el Gobierno de España no ha mostrado la misma voluntad. La ubicación fue aceptada hace cuatro años, y sin embargo no hay ni redacción de proyecto ni previsión presupuestaria", ha lamentado.

El portavoz popular ha advertido que "Cartagena no puede seguir atrapada en la indefinición de un Ministerio que retrasa sistemáticamente cada paso del procedimiento". 

 A su juicio, los cambios de postura y la falta de avances "dan motivos para sospechar que se están produciendo maniobras de dilación que solo perjudican a la ciudad".

Cartagena acoge a magistrados de toda España para el estudio de la aplicación judicial del Derecho de la UE

 CARTAGENA.- La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) es la sede, desde este martes y hasta el 9 de octubre, del XXIX Curso de Aplicación Judicial del Derecho de la Unión Europea, dedicado a la cuestión prejudicial, organizado anualmente por el Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, en el marco del Foro Judicial de Estudios Europeos Dámaso Ruiz-Jarabo.

El curso está dirigido por Joaquín Moreno Grau, magistrado de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) y letrado en el gabinete del Abogado General español del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con la coordinación técnica de Luisa María Torres Vargas.

El evento reúne a más de 30 magistrados y jueces de toda España, distribuidos en talleres en español, francés e inglés, para analizar todos los aspectos prácticos de la redacción de la cuestión prejudicial, una herramienta que tiene por objeto proporcionar a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros los medios para que la interpretación y la aplicación uniforme del Derecho de la Unión Europea.

Inaugurado por el presidente del TSJMU, Manuel Luna Carbonell, el curso contará con la participación de expertos del Tribunal de Justicia de la Unión, entre ellos los juristas de la Dirección de Investigación y Documentación, Carolina García Rato y Shaun Charlton, y los juristas-lingüistas de las Unidades de Traducción Michal Lovrits, Hélène Le Du y Pablo Ruiz-Iglesias.

Las sesiones combinarán conferencias y talleres prácticos sobre la redacción de cuestiones prejudiciales, con la participación directa de en torno a cuarenta miembros de la carrera judicial en grupos de trabajo en los tres idiomas oficiales del curso.

Este curso se enmarca en el Foro Judicial de Estudios Europeos Dámaso Ruiz-Jarabo, una iniciativa del Consejo General del Poder Judicial creada para promover el conocimiento y el intercambio en materia de Derecho de la Unión Europea entre la judicatura española.

Bajo esta denominación se agrupan actividades formativas y encuentros especializados que, a lo largo de los últimos años, se han celebrado en Murcia, San Pedro del Pinatar, Cartagena y Águilas, rindiendo homenaje a la figura del jurista español que ocupó la plaza de Abogado General español en el Tribunal de Justicia de la UE hasta el año 2009.

El Foro tiene su sede permanente en la Región de Murcia, donde durante este año ya se han desarrollado diversas actividades, entre ellas el XXV Encuentro de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional (REJUE) y el XIX Encuentro de la Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea (REDUE), que reunió en mayo a más de cien jueces, magistrados, fiscales y representantes institucionales nacionales e internacionales expertos en cooperación judicial.

Este encuentro, consolidado ya en su vigésima novena edición, refuerza la capacitación de la carrera judicial española en la aplicación práctica del Derecho de la Unión Europea y fomenta el intercambio con profesionales de distintas jurisdicciones, consolidando a Murcia como un referente en la formación judicial europea.

MC denuncia el colapso del Registro Civil: "Cartagena no merece colas, merece soluciones"

 CARTAGENA.- MC Cartagena ha denunciado el caos generado en el Registro Civil de Cartagena, donde un error técnico ha bloqueado el sistema de cita electrónica, obligando a los ciudadanos a acudir presencialmente solo para reservar su turno, lo que ha provocado largas colas, esperas interminables y una situación de absoluto descontrol.

La concejal de MC, María Antonia Pérez Galindo, ha criticado duramente esta situación que afecta a cientos de familias cartageneras: "Hoy han tenido que hacer cola durante horas para algo tan básico como pedir cita en el Registro Civil". 

"En pleno siglo XXI, con el expediente electrónico funcionando en toda España, aquí seguimos castigados a esperar en la acera; es indignante", ha lamentado.

Desde MC señalan que esta situación depende directamente del Ministerio de Justicia, por lo que han exigido al nuevo delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas Ayala, que actúe de forma inmediata para restablecer el servicio.

 "No es un fallo menor, es una vulneración del derecho de los ciudadanos a acceder a los servicios públicos con dignidad", ha afirmado Pérez Galindo.

La edil cartagenerista también ha denunciado el silencio del Gobierno local ante este problema: "Noelia Arroyo prefiere callar antes que defender a su municipio".

 "A ella no le van los problemas del día a día de las familias cartageneras", ha incidido, añadiendo que "su silencio es cómplice y su inacción, vergonzosa".

MC Cartagena ha reclamado respeto institucional y servicios públicos modernos, accesibles y eficaces. 

"Cartagena no merece colas, merece soluciones", ha sentenciado la concejal. 

"No podemos seguir tolerando que nuestros vecinos sean tratados como ciudadanos de segunda por errores que nadie corrige y por gobiernos que miran hacia otro lado", ha concluido.

El presidente del TSJ clama contra la falta de medios en la Región

 MURCIA.- La Justicia de la Región de Murcia clama contra la falta de recursos y exige, "con urgencia", la creación de 22 nuevas unidades judiciales en la Comunidad. Así lo reivindicó el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), el molinense Manuel Luna Carbonell, quien presidió su primera apertura del año judicial 2025-2026, celebrada este viernes en el Salón de Actos Ciudad de la Justicia. 

Luna Carbonell, que la pasada semana pudo trasladar en persona sus peticiones al ministro del ramo, Félix Bolaños, subrayó en el acto que esta medida resulta “imprescindible para que los órganos jurisdiccionales de la Región puedan asumir una carga de trabajo que no supere el 150 % de asuntos”, corrigiendo el “histórico déficit de planta” que arrastra la Justicia murciana. 

En su intervención, Luna recordó que durante 2024 los órganos judiciales registraron 254.555 nuevos asuntos, un 16% más que el año anterior, mientras que se resolvieron 228.735. Pese al esfuerzo, la pendencia se elevó un 15% hasta los 206.805 asuntos, advirtió. 

Esta situación, advirtió, “compromete el derecho de los ciudadanos a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable”, pues la duración media de los procedimientos se sitúa en 11,8 meses en primera instancia y 8,3 meses en segunda, ambas por encima de la media nacional. 

Luna subrayó que la apertura del año judicial constituye una ocasión para hacer balance y marcar objetivos, y puso en valor que la reciente renovación del Consejo General del Poder Judicial “ha permitido recuperar la normalidad institucional” y cubrir vacantes relevantes en la Región y en el Tribunal Supremo. 

El presidente destacó la trascendencia de la implantación de los Tribunales de Instancia, que comenzó el pasado 1 de julio en ocho partidos judiciales y que se extenderá a final de año a Cartagena, Murcia y Lorca. 

Este último, explicó, actuará como banco de pruebas nacional en la última fase del despliegue. Asimismo, destacó “la decidida apuesta por la innovación digital que este Tribunal Superior viene impulsando desde 2020 a través de su Agenda Estratégica”, con proyectos de transformación en los que participan jueces, letrados, funcionarios, abogados y procuradores. 

En el tramo final de su discurso también lanzó un mensaje firme en defensa de la independencia judicial: “La crítica a la actuación judicial es legítima y consustancial a la democracia; lo que no resulta aceptable son las descalificaciones y ataques personales, más aún cuando provienen de responsables públicos, porque minan la confianza ciudadana en la Justicia y, con ella, la fortaleza de nuestro Estado de Derecho”.

Luna, hizo un llamamiento a la responsabilidad institucional de todos para preservar la independencia judicial, “entendida como una condición necesaria para la tutela efectiva de los intereses de los ciudadanos y no como un privilegio de los jueces”, y concluyó con un reconocimiento expreso a todos los profesionales de la Justicia en la Región. 

El acto, celebrado en el Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia, comenzó con la constitución de la Sala de Gobierno y la intervención del secretario de Gobierno, Javier Parra García, quien señaló que el TSJMU ha desarrollado entre 50 y 80 proyectos anuales estructurados en varios ejes estratégicos, entre ellos justicia abierta, atención a profesionales y usuarios, innovación y excelencia organizativa.

 “Contamos con más de diez grupos de trabajo de automatización de procesos en los que jueces, LAJ y funcionarios colaboran activamente con ingenieros de la Dirección General de Transformación Digital”, afirmó. 

A continuación, el fiscal superior de Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, hizo un balance de la memoria de la Fiscalía autonómica y ha alertado del "serio problema" que suponen las nuevas tecnologías (NNTT), ya que "pueden convertir a los menores en víctimas fáciles de delitos y en potenciales autores, ya sea por afán de protagonismo o por buscar experiencias prematuras".

Tal es el caso del "menor de 12 años que violó a un niño de 5 años con autismo en la Región", cuya única consecuencia de condena civil a los padres del agresor fue abonar 25.000 euros a la víctima al ser inimputable por ser menor de 14 años y no haberse acreditado que hubieran empleado toda la diligencia de "unos buenos padres de familia para prevenir el daño, siendo responsabilidad de los progenitores el educar y formar y vigilar a su hijo". 

"El procedimiento arrancó en 2018 y la víctima sufre aún, al día de la fecha, estrés postraumático grave". 

Así lo ha manifestado el fiscal en su discurso con motivo de la apertura del Año Judicial 2025/2026, celebrado en la Ciudad de la Justicia, que ha advertido que el mismo menor hablaba de su agresor como "un monstruo".

 "Siéndolo realmente el sistema que se ha creado, que permite que un menor" con edad inferior a los 14 años "sea capaz de hacer algo así", reprueba.

De ahí la preocupación "cada vez mayor", como adelantó este jueves en la presentación a los medios de comunicación de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2024, de la "deriva de esta sociedad por menores con trastornos mentales con comportamientos agresivos, déficit de atención, hiperactividad y conductas impulsivas, brotes psicóticos y esquizofrénicos y autismo" para los que, lamenta, "no hay un centro adecuados de atención en esta Región".

Precisamente, el fiscal, como manifestó este jueves, ha vuelto a advertir del aumento de las agresiones sexuales de mayores a menores y de menores a menores de entre 14 y 18 años.

Díaz Manzanera se ha referido también a los disturbios registrados en Torre Pacheco a principios del pasado julio para demandar que "se deje trabajar a la Justicia y a las fuerzas policiales" e incidir en que "hace falta mucha educación, tolerancia, compresión, integración e igualdad de oportunidades" para acabar con los mensajes de odio.

"Un solo hecho de agresión que conlleva una reacción desmesurada denota un preocupante e indeseable sentimiento de odio que puede estar ínsito en determinada población", ha afirmado el fiscal superior, quien ha subrayado que "la gran mayoría de los que llegan a España", en referencia a los inmigrantes, "normalmente vienen a trabajar".

A este respecto, ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) defiende la necesidad de que quien ejerce una función pública evite difundir palabras susceptibles de fomentar la intolerancia y la discriminación porque "la libertad de expresión y opinión no es absoluta, tiene sus límites, como el respeto a los Derechos Humanos", ha afirmado.

Por otro lado, ha destacado el "leve aumento" del número de delitos contra la vida, la libertad, la libertad sexual, el patrimonio y la Administración de Justicia, mientras han caído ligeramente los relacionados con la integridad física y la violencia contra la mujer.

Sobre este último tipo de delito, ha comentado que en la Fiscalía constan 7.946 procedimientos, con 87 ingresos en prisión, uno de ellos el del hombre que el pasado martes asesinó presuntamente a su mujer con un cuchillo en El Algar (Cartagena), el primer crimen por violencia machista en la Región en 2025 y, según Díaz Manzanera, "esperamos que sea el último".

En lo que relativo a los dispositivos técnicos de control (pulseras), el fiscal superior ha dicho que constan 207 activas en la Región de Murcia en la actualidad, al tiempo que ha advertido del "problema" de su implantación en algunas poblaciones de la comunidad autónoma donde aún existe una escasa cobertura de señal.

Por otro lado, ha expresado su "preocupación" por los casos de violencia vicaria y, en este sentido, ha mencionado el caso del hombre de la pedanía murciana de Llano de Brujas que quitó la vida a su hijastra de 5 años para hacerle daño supuestamente a su pareja.

En materia de seguridad y salud en el trabajo, el fiscal superior de la Región ha señalado que los 16 accidentes mortales contabilizados el primer semestre de 2025, cinco más que en el mismo periodo del año anterior, "pone en duda la eficacia de la ley de Prevención de Riesgos Laborales y el escaso arraigo de la cultura preventiva".

En otro orden de cosas, ha señalado que la sección de Delitos Informáticos de la Fiscalía mantiene incoadas 1.654 causas judiciales, casi todas por estafas en Internet.

Díaz Manzanera ha vuelto a reiterar la urgencia de aumentar los medios humanos y materiales. "Faltan al menos 8 fiscales de plantilla para equipararnos a la media nacional", ha insistido el fiscal general, que también ha abogado por "seguir avanzando en los medios tecnológicos y la necesidad de la reforma procesal dando la instrucción de las causas penales a la Fiscalía".

El PP exige al Gobierno de España "más jueces y fiscales" para la Región de Murcia, la CCAA con "la peor ratio"

 MURCIA.- La portavoz del PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha exigido este lunes al Gobierno central "más jueces y más fiscales para la Región de Murcia", con el fin de "acabar con la peor ratio de unidades judiciales de toda España", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Guardiola ha demandado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "hechos y no palabras, porque llevamos siete largos años de promesas vacías e incumplidas".

"En concreto faltan 22 unidades judiciales que no pueden esperar más", ha asegurado la dirigente 'popular', que ha anunciado, en este sentido, que su grupo en la Asamblea Regional presentará una moción para "pedir al Gobierno de España más jueces y fiscales para la Región, frente a la discriminación en la materia que viene sufriendo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez".

Ha indicado que, a las puertas del acto de apertura del Año Judicial de la Región, que se celebrará este viernes, "más que nunca desde el Partido Popular seguimos exigiendo al Gobierno de Sánchez lo que llevamos tantos años pidiendo: que acabe de una vez con el maltrato que también en materia de Justicia, que es competencia del Gobierno de España, nos viene sometiendo y que ha provocado un auténtico déficit estructural en la Administración en la Región".

"Un déficit que pone de manifiesto el mismísimo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha instado al Gobierno de España a la creación de 18 nuevas unidades judiciales en la Región para agilizar la actividad en los juzgados y tribunales y adecuar la planta judicial a la litigiosidad existente", ha apuntado Guardiola.

Al hilo, la portavoz del PPRM ha recordado que, por su parte, "el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) propuso la creación de 22 nuevas unidades judiciales para hacer frente a la saturación prolongada en, especialmente, los partidos judiciales de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura".

"También incidía el propio TSJUM en la necesidad de reorganizar y reforzar los juzgados especializados en violencia sobre la mujer de la Región, tal y como venimos advirtiendo desde hace tiempo desde el Partido Popular", ha añadido.

A este respecto, Guardiola ha manifestado que la creación de estas nuevas plazas "se hacen imprescindibles no solo para reducir de una vez los tiempos de respuesta judicial y descongestionar los juzgados, sino también adecuar los recursos humanos a la nueva estructura prevista en la propia Ley de Eficiencia de la Justicia".

Esta fue aprobada por el Gobierno de Sánchez con el rechazo de las asociaciones judiciales y que, "si no se ponen los medios necesarios, supondrá un retroceso en la protección de las mujeres víctimas de violencia machista", ha puesto de manifiesto.

"La falta de recursos e inversiones en la Administración de Justicia provoca dilaciones y retrasos que afectan a los ciudadanos y a nuestra economía", ha insistido la portavoz del PPRM, que ha remarcado que "mientras no se alcance la media nacional de jueces por habitante, no se podrá garantizar la calidad del servicio público de Justicia en la Región".

"Ya es hora de que el ministro Bolaños se ponga manos a la obra y termine de una vez con su castigo y su trato injusto a la Región", ha agregado Guardiola, para quien "nada hay más injusto como la Justicia lenta y tardía a la que nos condena el Gobierno de Sánchez".

El CGPJ considera "imprescindible" la creación de 18 nuevas unidades judiciales para la Región

 MURCIA.- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cifrado en 18 las nuevas unidades judiciales "imprescindibles" para agilizar la actividad de juzgados y tribunales y adecuar la planta a la litigiosidad existente en la Región de Murcia, según consta en la propuesta priorizada de necesidades de incremento de la planta judicial aprobada por el Pleno.

La propuesta del órgano de gobierno de los jueces contempla la creación de 509 unidades judiciales en toda España, de las que 195 se consideran prioritarias.

En el caso de Murcia, el CGPJ reconoce como necesarias 18 nuevas unidades, 9 de ellas con carácter prioritario, de acuerdo con la carga de trabajo, los indicadores objetivos de litigiosidad y las previsiones organizativas derivadas de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, sobre eficiencia del Servicio Público de Justicia.

La propuesta del CGPJ parte de los informes elaborados por los Tribunales Superiores de Justicia y el Servicio de Inspección del propio Consejo.

En el caso murciano, la Sala de Gobierno del TSJMU aprobó el pasado 5 de junio un informe técnico consolidado que actualizaba y priorizaba las necesidades de planta judicial para el ejercicio 2025.

Este documento incluía tanto la situación actual de los órganos judiciales como las previsiones derivadas del despliegue de los nuevos Tribunales de Instancia.

En total, el TSJMU propuso la creación de 22 nuevas unidades judiciales, justificadas en base a la saturación prolongada de numerosos órganos, especialmente en los partidos judiciales de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura. La propuesta incorporaba también la necesidad de reorganización y comarcalización de la jurisdicción especializada en violencia sobre la mujer, con base en Murcia, Cartagena y Lorca.

La Sala de Gobierno enmarcaba esta propuesta en el objetivo de reducir los tiempos de respuesta judicial, descongestionar los órganos más saturados y adecuar los recursos humanos a la nueva estructura organizativa prevista en la LO 1/2025, que introduce los tribunales de instancia y una mayor especialización territorial.

Tres plazas de magistrado correspondiente al orden penal, para constituir una nueva sección en la Audiencia Provincial; otras tres al orden penal, para constituir una nueva sección en la Audiencia Provincial; y dos plazas judiciales en la Sección Civil en el Tribunal de Instancia de Cartagena (Murcia).

A lo que se suman cuatro plazas judiciales en la Sección Civil en el Tribunal de Instancia de Murcia; una en la Sección de Familia, Infancia y Capacidad en el Tribunal de Instancia de Murcia, para la llevanza de asuntos relativos a medidas de apoyo y personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y los internamientos; otra en la Sección de lo Penal en el Tribunal de Instancia de Murcia; y otra más en la Sección de Vigilancia Penitenciaria en el Tribunal de Instancia de Murcia.

Además de una plaza judicial en la Sección Civil y de Instrucción en el Tribunal de Instancia de Molina de Segura; otra en la Sección Civil y de Instrucción en el Tribunal de Instancia de Lorca; y una más en la Sección de Violencia sobre la Mujer en el Tribunal de Instancia de Lorca, que se considera prioritaria para su agrupación posterior con Totana.

El presidente del TSJ de Murcia, Manuel Luna, considera que "alcanzar la media nacional de jueces por habitante es imprescindible para garantizar la calidad del servicio público de justicia en la Región".

Tras conocer el acuerdo, confía en que el Ministerio de Justicia "atienda la propuesta remitida por el CGPJ, que se ha elaborado en coordinación con la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior".

MC exige soluciones inmediatas ante el colapso térmico y estructural de los juzgados de Cartagena

 CARTAGENA.- La vicepresidenta de MC Cartagena, Esther Guzmán, ha denunciado este viernes la inadmisible situación que viven desde hace más de un mes funcionarios, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, detenidos y justiciables en el Palacio de Justicia de Cartagena.

El mal funcionamiento del sistema de climatización, con temperaturas extremas e insoportables, está convirtiendo el ejercicio de la Justicia en un suplicio diario para todos los operadores jurídicos y usuarios del servicio.

 "Es inasumible que trabajadores, profesionales y ciudadanos tengan que soportar temperaturas extremas para acceder a un derecho tan esencial como la Justicia", ha explicado Guzmán.

Y es que, según la vicepresidenta cartagenerista, lo que está ocurriendo no solo vulnera las condiciones laborales más básicas, sino que atenta directamente contra la dignidad del conjunto de los trabajadores y ciudadanos implicados. 

"Exigimos soluciones inmediatas, inversiones urgentes y responsabilidad política", sostiene Guzmán, quien critica que "ni Madrid ni el Ayuntamiento pueden seguir ignorando esta vergüenza".

Esta situación se produce dos décadas después de que se anunciara por primera vez la construcción de la Ciudad de la Justicia de Cartagena. Y más de tres años después de que la alcaldesa Noelia Arroyo anunciara públicamente que ya existía un acuerdo para la cesión de los terrenos que permitiría su desarrollo. 

"Hoy, ni hay cesión, ni hay inversión, ni hay proyecto; solo abandono", recalca.

"La Justicia en Cartagena y su comarca no puede seguir esperando", insiste la vicepresidenta de MC.

 "No es admisible que en pleno siglo XXI los juzgados sigan funcionando en condiciones infrahumanas mientras los responsables políticos miran hacia otro lado", sostiene.

Por ello, desde la formación cartagenerista exigen al Gobierno de España la inmediata inversión necesaria para la reparación y puesta en funcionamiento del sistema de climatización del actual Palacio de Justicia. 

Además, al Gobierno local se pide la cesión inmediata de la parcela necesaria para que se pueda iniciar, de una vez por todas, la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia.

"Desde MC lo tenemos claro: sin condiciones dignas no hay justicia real, y sin Ciudad de la Justicia no hay compromiso con Cartagena", finaliza Guzmán.

El TSJ propone la creación de 22 nuevas unidades judiciales

 MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una propuesta priorizada de incremento de la planta judicial para 2026, en la que se solicita la creación de 22 nuevas unidades judiciales, "con el objetivo de hacer frente al grave desequilibrio estructural en la carga de trabajo que afecta a numerosos partidos judiciales de la Región".

Esta propuesta se formula tras el requerimiento del CGPJ derivado del acuerdo plenario adoptado el 21 de mayo, en el que se pedía a los tribunales superiores la identificación de las necesidades más urgentes de planta judicial, según informaron fuentes del TSJMU en un comunicado.

El informe señala en primer lugar la petición de nueve nuevas unidades judiciales para la sección civil del futuro Tribunal de Instancia de Murcia, debido a la sobrecarga del 211% que actualmente soporta esta jurisdicción, respecto al módulo de referencia.

 También se solicita la creación de tres unidades en el Tribunal de Instancia de Cartagena, una más en la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Lorca y dos plazas de magistrados para la creación de una nueva sección penal (la sexta) en la Audiencia Provincial de Murcia.

La memoria incluye también propuestas de refuerzo en Molina de Segura (2 unidades), en la sección penal de Murcia (1 unidad) y en vigilancia penitenciaria (1 unidad), con el objetivo de garantizar una respuesta judicial adecuada y eficiente ante el volumen creciente de asuntos.

Especial relevancia adquiere para el órgano de gobierno de los jueces en la Región la creación de tres nuevas unidades judiciales especializadas en violencia sobre la mujer (VSM) y la comarcalización de su competencia.

El TSJMU propone la constitución de una nueva sección de violencia sobre la mujer en Lorca, con extensión de su jurisdicción a Totana; así como dos nuevas unidades en la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Murcia, que asumirían también los partidos de Molina de Segura, Cieza, Caravaca, Jumilla, Mula y Yecla.

En Cartagena, se propone que, con la segunda unidad judicial ya aprobada en el reciente Real Decreto del Consejo de Ministros, se proceda a su comarcalización con el partido judicial de San Javier, sin necesidad de crear una nueva unidad adicional.

El informe concluye que estas 22 nuevas unidades judiciales no solo son necesarias para responder a las demandas actuales, sino también para acercar la ratio de jueces por habitante en la Región de Murcia a la media nacional.

 "Se trata de una propuesta técnicamente fundamentada y urgentemente necesaria para garantizar un servicio público de justicia eficiente, especializado y accesible", subraya el presidente del TSJMU, Manuel Luna Carbonell.

La Sala de Gobierno del TSJMU recuerda además que estos refuerzos son especialmente oportunos en el contexto de implantación del nuevo modelo de tribunales de instancia previsto en la LO 1/2025, cuya entrada en vigor comenzará el 1 de julio de este año en ocho partidos judiciales, y culminará el 31 de diciembre en Murcia, Cartagena y Lorca.

El Gobierno aprueba la mayor reforma de la carrera judicial en 40 años

 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/paginas/2025/130525-rueda-de-prensa-ministros.aspx?gfe=es20250513

Del Riquelme critica que el número de jueces en la Región ha crecido la mitad respecto a la media en 10 años

 MURCIA.- El todavía presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, ha hecho balance de sus diez años en el cargo, un periodo en el que el número de jueces en la Comunidad se ha incrementado solo un 9% al pasar de 153 a 168, lo que significa que el incremento ha sido de 0,5 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que a nivel nacional se ha creado un juez por cada 100.000 habitantes.

Todo ello, a pesar de que Pasqual del Riquelme ha reivindicado de forma insistente más medios para la Justicia en la Región. A su juicio, esta diferencia con la media nacional se debe a "distintas razones" como la "falta de espacios" que afectaba especialmente a Cartagena y Lorca, pero ha advertido que otras veces ha sido "por falta de presupuestos" y, "fundamentalmente", por "falta de peso político" de la Región a la hora de tomar decisiones en el ámbito judicial.

Pasqual del Riquelme ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo con los medios de comunicación en el que ha presentado la memoria judicial de 2024 y ha hecho balance de sus diez años como presidente del TSJMU, mandato que finalizará próximamente.

Así, Pasqual del Riquelme cierra su mandato como lo inició hace diez años, subrayando la "asimetría" en el despliegue de la Justicia en el territorio nacional y la desigualdad en las condiciones en que se presta este servicio público, dejando constancia de la "falta de atención de las necesidades de los juzgados y tribunales de la Región".

"Las necesidades judiciales de nuestra Región vienen siendo sistemáticamente ignoradas a la hora de decidir dónde crear nuevas unidades judiciales", ha dicho el presidente del TSJMU, quien ha añadido que "nuestros recursos judiciales para hacer frente a una litigiosidad desbocada son, por tanto, más reducidos que en el resto de las comunidades".

"En el reparto anual de jueces, hay territorios que, a pesar de no necesitarlo y de tener ratios por encima de la media nacional, siguen recibiendo magistrados a costa de los que sí lo necesitamos", ha criticado Pasqual del Riquelme, quien ha indicado que hay otras comunidades que consiguen ser "más influyentes".

Entre los territorios más favorecidos en ese reparto de medios, ha remarcado que los datos reflejan que las comunidades con más jueces por cada 100.000 habitantes se sitúan en la cornisa cantábrica y la mitad norte de España. Los más perjudicados son, especialmente, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, ha subrayado.

En este sentido, ha instado a reflexionar sobre el hecho de que la pendencia se ha doblado en los últimos diez años en todos los tribunales de España y ha advertido que, si sucede lo mismo en la próxima década, "estaríamos hablando de un incremento del 400%, lo que significa un colapso de la respuesta judicial".

No obstante, ha valorado que, al echar la vista atrás y comparando la situación actual con la de hace diez años, "nos encontramos con importantes fortalezas" en la Región. Por ejemplo, ha puesto en valor que la Región de Murcia ha implantado absolutamente el expediente judicial electrónico, que funciona "perfectamente" tras un esfuerzo "tremendo".

"Hace diez años, estábamos manejando todavía papel", ha recordado el presidente del TSJMU, quien ha valorado también que a Región cuenta con unos "equipos extraordinarios" que han ensayado mucho en materia de organización judicial a través de la nueva Oficina Judicial, que lleva ya en marcha 15 años.

Igualmente, el TSJMU ha trabajado en materia de mediación y digitalización. Así, ha destacado que todos estos proyectos, en los que el TSJMU lleva trabajando "diez o quince años", son los que ahora "se están queriendo implantar a nivel nacional".

Ha remarcado que este año ha entrado en vigor la Ley 1/2025 que establece los medios alternos adecuados de resolución de conflictos en los que el TSJMU lleva trabajando diez años, y también fija los tribunales de instancia, que llevan 15 años de trayectoria en la Región con una experiencia acumulada "extraordinaria".

Además, ha señalado que en muchos sitios están todavía implantando el expediente judicial, que en la Región de Murcia está "a pleno rendimiento". Se trata, tal y como ha añadido, de contribuciones "intangibles" que son imposibles de cuantificar. 

A su juicio, "se han puesto las bases para que en breve tiempo se produzcan cambios importantes", porque "cuando estén los tribunales de instancia, vamos a poder crecer con jueces sin necesidad de crear juzgados".

Por otro lado, ha apelado a lograr un cambio "cultural" para cambiar una circunstancia que forma parte de "nuestra forma de ser" y que implica el "recurso sistemático a la Justicia para resolver nuestros problemas", un comportamiento que considera de "eternos adolescentes". Así, ha mostrado su esperanza en que se recurra más al diálogo y la mediación.

Precisamente, ha mostrado su confianza en que la Ley 1/2025 logre este propósito, al imponer que, antes de ir a los juzgados en materia civil y mercantil, hay que recurrir a algún medio adecuado de resolución de conflictos, sea mediación, arbitraje, conciliación, negociación corriente o tercero imparcial.

Del Riquelme --que formó parte del grupo de expertos que propuso esta medida-- ha dicho estar a la espera de ver "cómo se comporta el mercado de la litigiosidad" porque lleva solo unos meses en marcha y todavía es pronto para ver su efecto.

En este sentido,ha recordado que la Región presenta en la actualidad un déficit de jueces respecto de la media nacional (10,7 jueces por cada 100.000 habitantes frente a una media nacional de 12,1). 

Ello explica que, ante el aumento de la litigiosidad en un 34,8 % durante la última década en la Región, y a pesar del "sobresfuerzo" que supone haber aumentado un 14,3% el nivel de resolución en ese mismo período, la pendencia acumulada al término de esa década se haya incrementado en un 124 %, alcanzando a finales de 2024 los 206.805 procedimientos en trámite (frente a un incremento del 102 % a nivel nacional).

"La combinación de escasos medios personales y alta litigiosidad, por más que nuestro esfuerzo resolutorio sea mayor, es la causa del incremento en los asuntos pendientes y tiempos de respuesta de los juzgados y tribunales de nuestra Región", ha subrayado. 

Al ser preguntado por el recurso de los partidos a la Justicia para resolver sus problemas, ha dicho tener la sensación de que últimamente "hemos visto menos venidas escenográficas a los juzgados".

"A lo mejor ha tenido que ver con la pérdida del aforamiento por parte de los políticos a nivel regional porque les ha privado de ese escenario en el cual llegamos al TSJMU", ha considerado.

Por otro lado, ha querido subrayar un dato "que pone también de relieve los altos estándares de calidad y excelencia técnica del trabajo jurisdiccional que realizamos en la Región"; y es que Murcia ha sido en 2024 el territorio nacional con más alto porcentaje de resoluciones confirmadas por el Tribunal Supremo, con un 94,7%, seguido de Aragón y Canarias con un 94,3 y un 92%, respectivamente. 

También supera ampliamente a la media nacional en el número de resoluciones confirmadas en apelación (un 75 % frente a un 70% de media nacional). En cuanto a los retos, ha remarcado que la Justicia ha sido tachada de "patriarcal" a través de manifestaciones y "ataques desde el ámbito político".

A su parecer, tratan de "desprestigiar a los jueces como colectivo y otras veces a nivel individual", achacando "intenciones ocultas". A su parecer, es un "síntoma de involución importante" y proceden de grupos a los que "les molesta la independencia judicial".

El CGPJ nombra por unanimidad a Manuel Luna para presidir el TSJMU

MADRID.- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes por unanimidad el nombramiento de Manuel Luna Carbonell como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), quien sustituirá en el cargo a Miguel Pasqual del Riquelme.

En su sesión de este martes, el órgano de gobierno de los jueces ha realizado otros 18 nombramientos, entre ellos, el de José María Pérez Crespo como nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJMU.

Con estas designaciones, el CGPJ ha realizado un total de 102 nombramientos --tanto en la jurisdicción ordinaria como en la jurisdicción militar-- desde el comienzo de su mandato el pasado 25 de julio, según informaron fuentes del TSJMU en un comunicado.

Luna Carbonell fue secretario general del Consejo General del Poder Judicial hasta el pasado mes de enero, antes, desde 2018, ejerció como letrado de dicho órgano de gobierno.

Natural de Molina de Segura, casado y padre de tres hijos, prestó servicios en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Novelda, Totana y Molina de Segura. Más tarde pasó a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, siendo actualmente titular del juzgado de lo Contencioso número 2 de Murcia.

El recién elegido, que previsiblemente tomará posesión de su cargo como nuevo presidente el próximo mes, una vez se publique el nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, ha manifestado sentirse "profundamente honrado" por la confianza depositada en él para asumir la presidencia del TSJMU.

"Agradezco al Consejo General del Poder Judicial este nombramiento, que asumo con plena responsabilidad y compromiso al servicio de la justicia y la ciudadanía", ha dicho.

Además, ha valorado la labor realizada por Miguel Pasqual del Riquelme, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia: "Es ampliamente reconocido el trabajo desarrollado por el Tribunal Superior para garantizar una justicia accesible, eficiente e imparcial en nuestra región. Tras mi toma de posesión, espero seguir contribuyendo a que la justicia inspire la máxima confianza de los ciudadanos y responda con prontitud a sus necesidades".

Miguel Ángel Larrosa Amante continúa al frente de la Audiencia Provincial de Murcia

 MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado en su Pleno ordinario de este miércoles que Miguel Ángel Larrosa Amante continúe como presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Larrosa, que fue nombrado por primera vez presidente de la Audiencia Provincial en 2016, ingresó en la carrera judicial en 1988, siendo sus primeros destinos los juzgados de primera instancia e instrucción nº 2 de Lorca y nº 3 de Elche.

En diciembre de 1991 pasó a ocupar la plaza de titular del juzgado de primera instancia nº 8 de Murcia y en junio de 2005 fue nombrado magistrado de la Audiencia Provincial con destino en la sección quinta, en Cartagena, donde permaneció hasta abril de 2015.

En el ámbito docente ha sido profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Murcia y en la Escuela de Práctica Jurídica de dicha Universidad. Igualmente ha sido profesor de la Escuela de Práctica Psicológica de Murcia y profesor en el Máster de Asesoría Jurídica de Empresa.

Asimismo ,ha sido profesor tutor de jueces en prácticas de la Escuela Judicial y profesor en cursos internacionales de formación de jueces iberoamericanos, dentro de los diferentes proyectos coordinados por el CGPJ de fortalecimiento del Poder Judicial en Honduras, Bolivia, El Salvador, Panamá, Paraguay y Nicaragua.

Una asociación de juristas impugna el nombramiento de 21 magistrados del Tribunal Supremo

 MADRID.- La asociación Preeminencia del Derecho ha presentado recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de nombramiento de 21 magistrados del Tribunal Supremo basándose en que desde 1986 el Tribunal Constitucional dictaminó en una sentencia de pleno que el nombramiento por cupos de los vocales era contrario a la constitución y ese cupo es lo que notoriamente se viene haciendo.

 Por tanto Preeminencia va llevar al Tribunal Supremo el nombramiento de los 21 magistrados aprovechando que el mismo Tribunal Supremo ha reconocido a una entidad jurídica como la fundación hay derecho legitimación para impugnar nombramientos jurídicos, y en todo caso el tema, si no prospera en el TS, se va llevar al Tribunal Constitucional de dónde sale la sentencia de 1986 y en su defecto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tiene numerosas sentencias de los asuntos polacos estableciendo que la política no puede meter la mano en los nombramientos jurisdiccionales y esto es lo que se está haciendo aquí notoriamente por el Consejo General del Poder Judicial ya nombrando a una vocal como ponente, de la que se adjunta el informativo de dicho CGPJ.

También se ha impugnado que los vocales que están en el mismo caso puedan emitir una decisión estando contaminados por la misma injerencia de la "alta política" o "política de cloacas del Estado", que es lo que son estos pactos mefistofélicos.

 

Escrito de Preeminencia del Derecho al CGPJ

 

 "LA ASOCIACION PREEMINENCIA DEL DERECHO, legalmente inscrita  como se acredita en poder adjunto, representada por su presidente JOSE  LUIS MAZÓN COSTA, NIF........., con domicilio de notificaciones electrónico en email despacho@joseluismazonabogado.com y físico en calle ...... MADRID, ante el PLENO formula  RECURSO DE REPOSICIÓN previo a la vía contenciosa, en su caso, contra  acuerdo de 29.1.25 por el que nombra magistrados del Tribunal Supremo ya  que dicho nombramiento está viciado porque es obra de vocales del CGPJ  que están nombrados por cupos de partidos políticos (en nuestro caso PSOE  Y PP), esto viola la independencia judicial conforme a la jurisprudencia del  TEDH en los asuntos c. POLONIA y conforme a la doctrina TC PLENO en  su sentencia de 1986 por la cual declaró que los vocales del CGPJ si eran  nombrados por cupo de partidos (que es lo que hace desde siempre) se viola la CE, razón mayor si los nombrados son los magistrados del TS los cuales  todos sin excepción han entrado por estar ungidos por padrinos de sus  respectivos partidos de apoyo, sistema CORRUPTO que viola la CE y el  CEDH y el más elemental sentido de la honestidad. 

El TS reconoció legitimación a la Fundación Hay Derecho para lo judicial  luego la hay para lo administrativo. 

PRETENSIÓN, se acuerde la nulidad de todos los nombramientos de  magistrados del TS operados por acuerdo del pleno del 29 de enero de 2025". 

El recurso de reposición objeto es el nombramiento de la magistrada María Consuelo Uris Lloret como miembro de la la Sala Tercera del Tribunal Supremo y nombramiento de los magistrados para el Tribunal Supremo, según recoge el gabinete técnico del CGPJ en su sección de recursos al responder a Mazón.

El PP insta al Gobierno central a acabar con el "déficit" de la Administración de Justicia en la Región de Murcia

 MURCIA.- Los senadores del PP por la Región de Murcia han presentado en la Cámara Alta una moción para su debate ante la Comisión de Justicia por la que reclaman al Gobierno central poner fin a la "grave situación de déficit" de la Administración de Justicia en esta comunidad autónoma, según informaron fuentes del partido en un comunicado.

El parlamentario Francisco Bernabé ha cuestionado si "Sánchez está dejando sin medios a la Justicia para que los jueces no investiguen la corrupción del PSOE" y ha señalado que "el Gobierno está asfixiando al poder judicial para que no pueda cumplir su labor".

En la iniciativa, los senadores 'populares' instan desde la Comisión de Justicia al Gobierno de España a, con carácter inmediato, aumentar la plantilla de jueces y magistrados, equiparándola a la media y ratios en el ámbito judicial a nivel nacional.

La moción también demanda incrementar la plantilla de fiscales, equiparándola al ámbito estatal, e impulsar y ejecutar las infraestructuras comprometidas de nuevas sedes judiciales, en especial los nuevos Palacios de Justicia de Lorca y de Molina de Segura, así como la Ciudad de la Justicia de Cartagena.

Bernabé ha denunciado que el "déficit estructural" que padece la Administración de Justicia en la Región "se viene agravando de forma acusada a lo largo de los últimos años, donde la falta de inversiones y de dotación de medios materiales y humanos, está convirtiendo en insostenible la prestación de este servicio fundamental en cualquier Estado de Derecho".

Además, ha recordado que "en 2024 no se creó ni una sola nueva plaza judicial, mientras que en 2023 sólo se incorporó un magistrado a nuestra Audiencia Provincial de entre las 70 unidades judiciales que se crearon en toda España".

Ha remarcado que "la falta de jueces y la alta litigiosidad han disparado un 20% en un año los asuntos pendientes". En concreto, ha precisado que "el primer semestre de 2024 se cerró con 192.000 asuntos en trámite, 13.000 más que los que había a principios de este año y 40.000 más que los pendientes hace doce meses".

La Región de Murcia tiene una ratio de 10,82 jueces por cada 100.000 habitantes (168 en total), "muy inferior" a otras comunidades autónomas con similar población, como Islas Baleares (12,09) o Aragón (11,41). Esto, a juicio del senador del PP, "haría necesario que, con carácter inmediato, se incorporaran hasta 25 nuevos jueces a la plantilla para equipararnos a esos territorios, que se elevarían hasta los 75 profesionales si la comparación es con Asturias, que además cubre un 35% menos de asuntos y con mucha menor población".

"Esta infradotación de medios, causa del atasco judicial que padecemos, acaba pasando factura a los ciudadanos con efectos negativos reales y directos", ha lamentado Bernabé.

"Un mal funcionamiento de la Justicia hace menos competitivo el tejido productivo y comercial al ser mayor el tiempo necesario para resolver y obtener una respuesta definitiva a un litigio, como el cobro de deudas impagadas o el comprometer el retorno de inversiones realizadas", ha añadido.

Y es que, según ha matizado el senador, "un mal funcionamiento de la justicia disminuye también el atractivo de un territorio para nuevas inversiones".

En este sentido, ha recordado que la Fiscalía de la Región de Murcia también ha puesto sobre la mesa "los escasos medios que dispone". Así, el Fiscal jefe ha manifestado que "la Fiscalía de Murcia es la peor dotada de España, con una ratio funcionario por fiscal de 0,45, cuando otras que tienen 1 por cada representante del Ministerio Público".

Además, este departamento, de entre las 77 fiscalías que hay a nivel nacional, "es el que tiene más carga de trabajo, siendo, sin embargo, la décima en número de fiscales, de forma que faltan al menos 11 fiscales para equipararse a la media estatal".

Por otro lado, Bernabé ha denunciado que las grandes infraestructuras judiciales "continúan en el limbo, pese a estar comprometidas desde hace una década".

"Actualmente, las obras del nuevo Palacio de Justicia de Lorca, que deberían haber comenzado en 2018, aún se encuentran a medio ejecutar; el futuro Palacio de Justicia de Molina de Segura no tiene encargado el proyecto; y el devenir de la Ciudad de la Justicia de Cartagena se ha convertido en una auténtica historia para no dormir", ha aseverado.

Al hilo, ha subrayado que Cartagena, pese a ser una de las primeras 24 ciudades de España, "se encuentra abandonada judicialmente, con una dispersión de sedes brutal, hasta seis emplazamientos distintos, y con un Ministerio del ramo que, pese a haber prometido a bombo y platillo que tenía el dinero preparado, y no obstante el disponer de los terrenos cedidos por el Ayuntamiento desde hace tiempo, no licita siquiera la redacción del proyecto, que es el paso previo e imprescindible para poder hablar de cuándo se va a iniciar su ansiada construcción".

"Es imprescindible que el Gobierno de la Nación, único responsable de la coyuntura que sufre la administración de Justicia, acabe con este agravio adoptando las inversiones presupuestarias que procedan para aumentar las plantillas de jueces y fiscales, equiparándolas con las del resto de España, y apostando por el desarrollo serio y decidido de las inversiones comprometidas en materia de nuevas sedes judiciales", ha finalizado Bernabé.

El CGPJ nombra a Fernando Castillo Rigabert magistrado autonómico de la Sala Civil y Penal del TSJ de Murcia

MURCIA.- El Consejo General del Poder Judicial ha nombrado este miércoles a Fernando Castillo Rigabert como nuevo magistrado autonómico de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. De esta forma se ocupa el puesto que dejó Enrique Quiñonero cuando se jubiló en 2022. Castillo es doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Murcia. 

Es uno de los nombres que propuso la Asamblea regional en la terna pactada por PSOE y PP.

Y uno de los 32 magistrados que el CGPJ ha nombrado hoy, todos ellos por unanimidad y 21 de los cuales corresponden al Tribunal Supremo, que contará con ocho nuevas magistradas, seis en la Sala Tercera y dos en la Sala Cuarta.

Entre esos nombres del Supremo, se encuentran dos murcianos: María Consuelo Uris Lloret, nombrado magistrada del turno general del Supremo de la Sala Tercera y Juan Martínez Moya como magistrado del turno de especialistas de la Sala Cuarta.

El profesor Castillo formaba parte, junto al abogado del Estado Nicolás Valero y la fiscal Candelaria Martínez, de la terna pactada por los grupos parlamentarios del PP y PSOE en la Asamblea Regional.  

Juan Martínez Moya era actualmente magistrado de la Sala de lo Social del TSJ. Expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ), fue vocal durante nueve años del CGPJ. La magistrada María Consuelo Uris Lloret era actualmente la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ. Ingresó en la carrera judicial en 1988, año en el que ocupó su primer destino como titular del Juzgado de primera instancia e instrucción único de Yecla. 

El CGPJ también acordó este martes, a propuesta de su presidenta, el nombramiento del magistrado Miguel Hernández Serna como secretario general del CGPJ. Hernández vendrá a ocupar el puesto que hasta la fecha desempeñaba el juez murciano Manuel Luna Carbonell. Titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia, Luna ya ejercía anteriormente como letrado del organismo.

El PPRM denuncia la reiterada demora en los pagos a los abogados del turno de oficio

 MURCIA.- La diputada nacional del Partido Popular por la Región de Murcia Isabel Borrego ha expresado "su preocupación y condena" ante los continuos retrasos en el abono de las cantidades adeudadas a los abogados del turno de oficio en la Región de Murcia.

"Estos retrasos son una muestra más de la nefasta gestión del ministro de Justicia, quien, a pesar de ser consciente de la situación, no ha tomado las medidas necesarias para resolverla de forma eficaz y urgente", ha asegurado la diputada.

Los abogados de la Región que prestan su servicio en el turno de oficio se enfrentan a la "incertidumbre" de no recibir los pagos correspondientes a su trabajo, lo que está "afectando gravemente a su estabilidad económica y profesional".

"Después de meses de espera, el Gobierno de Sánchez ha abonado el pago de octubre tras continuas reclamaciones del Partido Popular, pero, a estas alturas, todavía están esperando los abogados de oficio los pagos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2024", ha apuntado Borrego.

"Unos retrasos que no son un hecho aislado, sino que se repiten de manera sistemática y reiterada, evidenciando la falta de gestión y la incapacidad del Ministerio de Justicia para resolver una situación que ya lleva meses sin solución", ha reprochado la diputada nacional.

Y es que, desde el Partido Popular han preguntado en diversas ocasiones al Gobierno de Sánchez sobre los motivos de estos retrasos y han solicitado una comparecencia para que se expliquen las causas y las medidas que van a adoptar para evitar que esta situación continúe.

Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno ha mostrado una actitud de "desinterés, dejando desamparados a los profesionales que, a diario, prestan un servicio esencial para el funcionamiento de la Justicia en la Región de Murcia", añade la diputada.

"Este es solo un ejemplo más de los agravios constantes que la administración de Justicia sufre en la Región de Murcia. Una región que está siendo tratada de manera desigual por parte del Gobierno de Sánchez, el único responsable de estos perjuicios", ha denunciado.

Por ello, el Partido Popular ha exigido al ministro de Justicia que ponga fin a estos retrasos y a esta situación de desamparo, que "no solo afecta a los profesionales del derecho, sino que también impacta negativamente en la calidad de la Justicia en la Región". 

"Los ciudadanos merecen un servicio público de Justicia eficiente y sin trabas, y es responsabilidad del Gobierno garantizar que así sea".

Asimismo, "reiteramos nuestra firme posición de apoyo a los abogados del turno de oficio y demandamos soluciones inmediatas para que situaciones como estas no se repitan en el futuro", ha concluido la diputada nacional.

Caen un 1,4% los asuntos ingresados en los órganos judiciales de la Región en el tercer trimestre

 MURCIA.- Los órganos judiciales de la Región de Murcia han registrado 53.179 nuevos asuntos en el tercer trimestre de 2024, lo que representa un 1,4% menos respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, entre julio y septiembre pasados aumentó un 12,6% el número de asuntos resueltos (45.907), y un 17,7% los que quedaron en trámite al final del periodo (199.590).

Así lo han comunicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), que se han hecho eco del informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2024', publicado este viernes por el Consejo General del Poder Judicial.

De esta forma, a pesar de que en el tercer trimestre la capacidad de resolución de los juzgados y tribunales autonómicos creció un 12,6%, con 45.907 asuntos terminados, no alcanza la cifra de los nuevos asuntos ingresados.

Cabe recordar que durante los dos primeros trimestres del pasado año confluyeron dos huelgas en la Administración de Justicia, con efectos de "especial intensidad" en la comunidad autónoma, lo que puede provocar distorsiones en la comparativa en los valores estadísticos registrados en ingreso y resolución.

En la jurisdicción Civil ingresaron 21.899 asuntos, un 1,1% más que un año antes; se resolvieron 18.375 asuntos, un 32,2% más, y quedaron en trámite 123.712, un 24,5% más que al final del tercer trimestre de 2023.

Por su parte, los asuntos registrados en la jurisdicción Penal ascendieron a 27.312, lo que supone un descenso del 4,5% con respecto al mismo trimestre de 2023. En el mismo periodo se resolvieron 24.475 asuntos, un 1,8% más, y quedaron en trámite 52.137 asuntos, un 5,8% más.

En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se registraron 1.204 nuevos asuntos, lo que equivale a un descenso del 12,2%.

Los asuntos resueltos fueron 1.048, un 23,9% más que el año anterior, y los que quedaron en trámite sumaron 7.208, un 0,2% más, siendo este orden jurisdiccional el único en el que se consiguió contener el aumento de la pendencia.

En la jurisdicción Social ingresaron 2.764 nuevos asuntos, lo que supuso un crecimiento del 20,3% respecto al año anterior. Los resueltos aumentaron un 1,6%, al alcanzar la cifra de 2.009 asuntos, y los pendientes al final del periodo (16.533), aumentaron un 20%.

La AJFV pide al CGPJ y a Justicia revisar el protocolo judicial ante grandes catástrofes

 MADRID.- La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia una "revisión y actualización" del protocolo judicial ante grandes catástrofes como la DANA que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana y que data de 2011.

A través de una nota de prensa, recogida, la asociación ha explicado que cerca de 250 jueces que se han reunido en Benidorm para la XXXVIII Asamblea General de la AJFV han instado a revisar "la actuación concreta en el caso de Valencia" y a analizar motivo por el que no se constituyó desde el primer momento la Comisión Judicial de Crisis.

Los magistrados han debatido en una mesa redonda la respuesta judicial y forense ante grandes catástrofes, analizando en concreto la respuesta judicial ante la DANA de Valencia del pasado 29 de octubre.

La mesa redonda ha contado con la participación de José Manuel Muñoz-Quirós, médico forense y responsable de grandes catástrofes de Alicante; Pablo Ignacio Luján, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Massamagrell y portavoz de AJFV en la Comunidad Valenciana; así como con las aportaciones de Antonio Téllez Plaza, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Picassent; y José Luis Rubido de la Torre, magistrado del Juzgado de Instrucción nº 1 de Valencia.

María Concepción Roig es la magistrada-ponente de la sentencia que deja en libertad a quienes prostituyeron menores

MURCIA.- La jueza María Concepción Roig Angosto ha sido la magistrada-ponente de la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que ha dejado en libertad a todos los empresarios que pagaron por tener sexo con menores de 13 ó 14 años en 2014.

Es la misma jueza que hace dos años puso una pena mínima de 24 meses a otro empresario de 67 años que violó a una jornalera en Mula, incluso opinando públicamente que "la sentencia es legal, pero es una pena demasiado baja para la gravedad de los hechos cometidos".

Concepción Roig consideraba entonces que la pena, a pesar de que se ajustaba a la ley, no era proporcional a la gravedad de los hechos.

Concepción Roig ha llegado a presidir la Junta Electoral de la Región. 

La magistrada es miembro de "Juezas y Jueces para la Democracia", donde forma parte de su Secretariado y ejerce de coordinadora en la Región de Murcia.

El Ayuntamiento de Cartagena aprueba la cesión definitiva de los terrenos para la futura Ciudad de la Justicia

 CARTAGENA.- El Ministerio de Justicia "podrá, a partir de este viernes, activar el proyecto para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Cartagena después de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento haya aprobado la cesión definitiva de los terrenos al Ministerio", según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha anunciado, tras la aprobación de la Junta, que va a convocar la Mesa de la Justicia en la que participan los operadores de la Administración de Justicia, los agentes sociales del municipio y los grupos políticos del Ayuntamiento.

Se trata de una parcela de 25.000 metros cuadrados, segregada de una mayor a la que inicialmente el Ministerio había dado el visto bueno, pero que, posteriormente, consideró que debería segregarse y aceptar solo la extensión que fuera a utilizar para la construcción de la infraestructura prevista, lo que provocó un retraso en el procedimiento administrativo de cesión.

El Ayuntamiento de Cartagena inició un proceso de segregación que ha culminado hoy con la autorización de la Junta de Gobierno para que el Ayuntamiento ceda los terrenos, ubicados en el barrio de Santa Lucía, frente al complejo hospitalario y colindantes con el Centro Integral de Formación Profesional (CIFP) 'Hespérides'.

A lo largo del proceso administrativo de cesión, técnicos del Ayuntamiento de Cartagena y del Ministerio de Justicia han manteniendo contactos para avanzar en el expediente, que se concretó en una última reunión mantenida ayer, que ha permitido que culminar hoy el expediente.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha remarcado que Cartagena tiene que disponer cuanto antes de la Ciudad de la Justicia "que concentre los órganos, tribunales y juzgados dispersos por la ciudad".

 Además, ha señalado la idónea ubicación de la parcela, de fácil acceso y bien comunicada con cualquier punto, ya que a escasos metros está la conexión con la autovía.