Una familia vulnerable evita ser desahuciada en Beniel gracias a la movilización vecinal

 BENIEL.- Una familia en situación de extrema vulnerabilidad, con miembros con discapacidad, evitó ser desahuciada este jueves gracias a la intervención de colectivos sociales, según ha informado IU en su cuenta de X y a través de un comunicado.

El desahucio estaba programado para ejecutarse en la calle Antonio Gómez Gómez, 2, 3º E, e IU-Verdes hizo un llamamiento a la ciudadanía y a organizaciones sociales para proteger a un hombre con amputación y una joven con esclerosis tuberosa que requiere seguimiento médico constante.

La movilización vecinal en Beniel, apoyada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y por Izquierda Unida-Verdes, logró paralizar el desahucio de una familia con dos personas con discapacidad.

Izquierda Unida-Verdes, con la participación de su concejal Francisco Orenes y miembros de la Dirección Regional, exigió al Ayuntamiento de Beniel y al Gobierno Regional medidas urgentes para garantizar vivienda digna y alternativas habitacionales para familias vulnerables como ésta.

Los activistas insistieron en que la vivienda es un derecho fundamental y no un negocio, subrayando la necesidad de políticas efectivas frente a la emergencia habitacional. 

En total 497 desahucios en un trimestre de dos meses en la Región de Murcia

MURCIA.- Según datos del CGPJ hechos públicos hoy, en el tercer trimestre de este año, se han ejecutado otros 497 desahucios en nuestra región repartidos en 190 derivados de ejecución hipotecaria, 298 por impagos de alquiler y 9 por otras causas. Estos dramas, se producen además en un trimestre de sólo dos meses hábiles, ya que agosto es un mes inhábil a estos efectos.

  Es datos vuelven a confirmar machaconamente tres aspectos, según la PAH:

  1.- Que la protección anti desahucios más ambiciosa que nunca se ha aplicado, es claramente insuficiente, y que hay jueces que la ignoran a la hora de decidir algunos desahucios.

  2.- Que España sigue vulnerando el Derecho Humano a la Vivienda por ejecutar desahucios a personas vulnerables sin darles alternativa habitacional, como reiteradamente viene dictaminando el Comité DESC de la ONU.

  3.- Que mientras el PP y sus compinches tránsfugas se emplean a fondo en medidas para auto protegerse y perpetuarse aún más tiempo en el poder, han abandonado, entre otras, a las 1.712 familias que han sido desahuciadas en los 3 primeros trimestres de este año.

  Estas situaciones dramáticas, no acabarán hasta que no exista en España una Ley que priorice los Derechos Humanos sobre la especulación, que obligue a las Administraciones Públicas, que como la CARM, ignoran el Derecho a la Vivienda y anuncian su insumisión a la futura ley, y se disponga de un Parque Público de Vivienda suficiente.

  En este sentido, desde la PAH denunciamos nuevamente que el anteproyecto de Ley de vivienda aprobado por el Gobierno, es claramente insuficiente a estos efectos, a diferencia de la proposición de ley que desde la Iniciativa Ley Vivienda registramos en el Congreso el pasado 30 de septiembre, con el aval de 9 formaciones políticas con representación parlamentaria, y que será sometido al Pleno del Congreso para su toma en consideración el próximo jueves 14 de este mes.

  Más de 120 organizaciones, entre ellas la PAH, exigimos al PSOE que vote a favor de esta toma en consideración como vía más ágil y garantista del Derecho a la Vivienda, para impedir que estas decenas de miles de tragedias, se sigan reproduciendo trimestre a trimestre, día a día en nuestro país.

  ¡Sí se Puede!

Los desahucios han caído un 55% en lo que va de año

 MADRID.- El número total de desahucios (lanzamientos en la jerga judicial) sumó en los nueve primeros meses del año 18.138, un 55 % menos que los 40.394 que se contabilizaron entre enero y septiembre el año anterior, según las cifras que ha publicado este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Al tiempo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha difundido sus cifras de ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad (el procedimiento que puede dar lugar al desahucio) en el tercer trimestre de 2020, cuando alcanzaron las 8.648, el 29,3 % menos que en ese mismo periodo de 2019, con lo que acumulan 22 trimestres de descensos.

El Gobierno ha anunciado que paralizará los desahucios (de casas en propiedad y en alquiler) para familias vulnerables y "dará cobertura" a aquellas otras, también en esa situación, que ocupen viviendas sin tener contrato mientras dure el estado de alarma, siempre que los propietarios sean grandes tenedores -fondos de inversión y titulares de más de diez propiedades-.

Según el CGPJ, en el tercer trimestre se practicaron un total de 7.096 lanzamientos, un 30,2 % menos que en ese mismo periodo del año anterior. De ellos, 5.190 fueron de alquiler (el 73,1 %), 1.564 (el 22 %) se derivó de ejecuciones por no pagar la hipoteca y los 342 restantes obedecieron a otras causas.

El órgano de gobierno de los jueces señala que después del impacto que el confinamiento y la suspensión de plazos procesales tuvo en el trabajo judicial en el segundo trimestre, en el tercero se retomó la actividad y se empezaron a ver los efectos de la crisis económica provocada por la covid-19.

Las cifras del CGPJ reflejan una nueva caída en los lanzamientos hipotecarios, de manera que acumulan ya 21 trimestres consecutivos de descenso. En el caso del alquiler se trata del sexto trimestre en el que se observan reducciones interanuales.

Andalucía, con 1.168, fue la comunidad en la que se practicaron más desahucios; seguida de Comunidad Valenciana (1.137), Cataluña (1.117), y Madrid (622).

En alquiler, el mayor número de lanzamientos se dio en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, y en compra, encabeza el listado la Comunidad Valenciana, seguida de Andalucía, Cataluña y Murcia.

Además, el Consejo del Poder Judicial ha publicado cifras sobre procedimientos de cláusulas abusivas: en el tercer trimestre se dictaron 23.128 sentencias, el 98,3 % de las cuales fueron estimatorias.

Las cifras sobre procedimientos por ocupación ilegal de viviendas cuyos propietarios no son grandes tenedores (fondos de inversión o ciudadanos que tienen al menos diez propiedades) reflejan que en el tercer trimestre de 2020 ingresaron 983, se resolvieron 770 (634 antes) y están en trámite 2.741 (1.896 en el tercer trimestre de 2019).

Por su parte, los datos del INE reflejan que las ejecuciones hipotecarias del tercer trimestre (8.648) son superiores en un 56,3 % a las del segundo, cuando no se registró ningún embargo de vivienda habitual porque con el estado de alarma se produjo una moratoria de las deudas hipotecarias.

Entre julio y septiembre se produjeron 1.804 ejecuciones de viviendas habituales en propiedad de personas físicas, un 82,2 % más que en el mismo trimestre de 2019. Otras 501 ejecutadas no eran el domicilio principal.

Además hubo 2.451 embargos de viviendas cuya titularidad correspondía a personas jurídicas y se inscribieron 3.174 títulos (36,7 % del total) sobre otras propiedades urbanas como locales, garajes y trasteros, 300 más sobre solares y 418 sobre fincas rústicas.

El 82,1 % de las ejecuciones hipotecarias del tercer trimestre fue sobre vivienda usada (3.907, un 10,3 % menos que en el mismo periodo del año anterior) y el 17,9 % restante, sobre nueva (849, con un descenso del 38,7 %).

La mayoría de las hipotecas (el 53,2 %) que ahora son objeto de ejecución fueron constituidas en el periodo 2005-2008, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, según el INE.

Por comunidades autónomas, el mayor número de embargos en el tercer trimestre se produjo en Andalucía (1.734), seguido de Comunidad Valenciana (1.622) y Cataluña (1.491) y las cifras más bajas se dieron en Navarra (21), País Vasco (29) y Baleares (58).

Con los datos de viviendas de personas físicas, la comunidad en la que hubo más certificaciones fue la Valenciana (481) seguida de Cataluña (469), y Andalucía (432), mientras que las menores fueron en Navarra (11), País Vasco (18), Baleares (20) y Cantabria (23).

El economista e investigador del Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol Carlos Victoria alerta sobre el aumento de las ejecuciones sobre vivienda habitual y añade que a futuro todo dependerá de cómo evolucione la crisis sanitaria y la económica y de la extensión de la moratoria de deuda hipotecaria.

Desde pisos.com, su director de Estudios, Ferran Font, destaca que aunque va bajando el volumen, más de la mitad de las ejecuciones son sobre hipotecas concedidas durante la burbuja inmobiliaria.

La Comunidad Autónoma dice haber evitado 100 desahucios durante 2019

MURCIA.- El Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria de la Comunidad atendió durante el pasado año a 272 personas involucradas en procedimientos de desahucios hipotecarios, y consiguió 100 suspensiones de lanzamientos, renegociaciones, daciones y mediaciones.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha dicho que "el Gobierno regional ha evitado que 100 familias, que se encuentran en una grave situación de necesidad originada por el impago de créditos de carácter hipotecario, hayan sido desalojadas de su domicilio por un procedimiento de desahucio".
Diez de Revenga destacó que desde la creación del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria de la Comunidad, en 2013, se han realizado un total de 1.750 intervenciones, con las que se han logrado 606 suspensiones de lanzamientos, renegociaciones, daciones y mediaciones.
La Comunidad de Murcia fue de las primeras comunidades autónomas después de Cataluña y País Vasco en crear el entonces Servicio de Orientación e Intermediación Hipotecaria, que tuvo como objetivo asesorar, intermediar y paliar la situación derivada de los procedimientos de desahucio hipotecario. Fue pionera también en colaborar con otras instituciones públicas y privadas para atender tan dramática situación social.
Dentro de este servicio el Gobierno regional ha conseguido involucrar a colectivos y asociaciones como la Federación de Municipios de la Región de Murcia, los colegios de Economistas, de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, de Abogados de Murcia, Cartagena y Lorca, de Procuradores de Murcia, Cartagena y Lorca y el de Trabajo Social de la Región de Murcia, así como el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
En la Región de Murcia han descendido las ejecuciones de viviendas de titularidad física un 42,6 por ciento en relación al 2018, con un total de 66 casos, mientras que el descenso en el conjunto de España fue del 23 por ciento, prácticamente la mitad que la tasa de Murcia.
También se han reducido las ejecuciones hipotecarias, en su conjunto, pues han bajado un 46 por ciento durante el tercer trimestre, en comparación con el mismo periodo de 2018, una reducción superior a la media estatal (45,1 por ciento).

Murcia, cuarta región con más desahucios en el tercer trimestre de 2019

MADRID.-La uniprovincial Murcia es la cuarta región española con más desahucios por ejecuciones hipotecarias en el tercer trimestre de este año, 222, cifra solo superada en las pluriprovinciales y mucho más pobladas Andalucía, con 560, el 22,16 % del total: la Comunidad Valenciana, con 486, y Cataluña, con 428.

Según el "Informe sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales" publicado este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de demandas por despido en los juzgados de lo social de esa comunidad aumentó interanualmente un 16,3 % al pasar de 718 a 835, una décima por encima de la media nacional.

Los desahucios practicados en España se situaron en su cota más baja tras caer un 11,9 % interanual, que aún así advierte de la incidencia de los procedimientos por impago del alquiler.

Aunque los vinculados a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) bajaron por segundo trimestre consecutivo tras dos años de continuos incrementos para situarse en 6.936 (un 7,7 % menos), continúan siendo el tipo de desahucio más frecuente y supone un 68 % del total, que entre julio y septiembre alcanzó los 10.177.

El CGPJ también se hace eco del repunte experimentado por las demandas por despido, que subieron un 16,2 % respecto al mismo periodo de 2018, y que crecieron en todas las regiones salvo en Baleares.

Una tendencia similar han seguido los concursos de acreedores (o antigua suspensión de pagos) presentados por empresas, que en el tercer trimestre aumentaron un 28,9 % hasta los 1.576, con Cataluña al frente tras registrar un 30,8 % del total; en el caso de las personas físicas, el número de concursos se incrementó un 56,5 %.

Con todo, la estadística elaborada por el órgano de los jueces pone de relieve que el número de desahucios practicados entre julio y septiembre supone el nuevo mínimo trimestral de la serie histórica, que se remonta a 2013, lo que hace prever que el año 2019 se cerrara muy lejos del techo de 2014, cuando se alcanzaron los 68.091.

Un acumulado al que permanecerán atentos desde el sector, ya que será el primero bajo el prisma de la actual ley hipotecaria, que tras su entrada en vigor el pasado junio ha provocado que los bancos sólo puedan comenzar el procedimiento de desahucio si hay doce cuotas impagadas o el 3 % del capital de la hipoteca en la primera mitad de la vida del préstamo, o bien 15 cuotas o el 7 % en la segunda mitad del mismo.

A tenor del documento del CGPJ, el último retroceso de los lanzamientos obedece al desplome sufrido por aquellos que son consecuencia de ejecuciones o embargos, que han bajado un 25,8 % hasta los 2.526, en tanto que el número de procedimientos solicitados en dicho periodo fue de 12.715, un 5,4 % menos.

Con todo, el hecho de que sea solicitado a los servicios comunes de notificaciones y embargos no supone que éste ya haya sido ejecutado.

Por comunidades autónomas, Cataluña, con 2.239 (el 22 % del total nacional) concentró el mayor volumen de desahucios ejecutados durante el trimestre, seguida de Andalucía, con 1.754; Comunidad Valenciana, con 1.440; y Madrid, con 1.147.

Estos cuatro territorios acumularon el 64,7 % del total de lanzamientos practicados en España en el tercer trimestre de 2019.

Atendiendo únicamente a los producidos a consecuencia de la LAU, esto es, vinculados al alquiler, volvió a encabezar la clasificación Cataluña, con 1.539, el 22,18 % del total, seguida de Andalucía, con 1.046; Madrid, con 941; y la Comunidad Valenciana, con 881.

El informe destaca igualmente la evolución a la baja de las ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito, presentadas en este mismo periodo, cuando se redujeron un 45,1 % hasta las 3.470, frente a las 6.315 del tercer trimestre de 2018.

Como sucediera con los desahucios, es precisamente Cataluña, con 973, casi un tercio del total nacional, la comunidad autónoma más afectada por los embargos, junto a Andalucía, con 580; Comunidad Valenciana, con 513; Madrid, con 255; y Murcia, con 172.

Desde el pasado año, el informe recoge asimismo la estadística de juicios verbales por ocupación ilegal de viviendas en los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

Entre julio y septiembre de 2019 han ingresado 982 asuntos y se han resuelto 634; el mayor número de demandas, el 24,3 % del total, se ha dado nuevamente en Cataluña, seguida de Andalucía (150), Comunidad Valenciana (141), y Madrid (111).

Por su parte, en materia social, los juzgados registraron 28.752 reclamaciones de cantidad en el tercer trimestre, un 3,6 % más en comparación con el mismo periodo del 2018.

Sin embargo, disminuyeron un 16,3 % el número de incidentes laborales y expedientes de regulación de empleo (ERE), con 87 procedimientos frente a los 104 de un año antes.

La poderosa familia Trillo-Figueroa desahucia a un humilde restaurador de Cabo Palos

CARTAGENA.- La conocida, influyente y poderosa familia cartagenera Trillo-Figueroa Martínez-Conde ha desahuciado al humilde restaurador del tambalillo playero Katy, en Cabo Palos, después de sesenta años de regentarlo sirviendo raciones de arroz caldero como su plato estrella.

La citada y numerosa familia acaba de conseguir una orden judicial de desahucio para echar del citado establecimiento a quien regentaba el local desde hace seis décadas.

El citado local mantenía un contrato de alquiler de renta antigua, motivo por el que los propietarios - los hoy herederos del ex alcalde cartagenero y exgobernador gallego Federico Trillo y de su esposa, Eloísa Martínez-Conde- querían desahuciarlo.

El concurrido chiringuito, con terraza cubierta de cañizo, también servía paellas y frituras de pescado en su ubicación junto a la Carretera del Faro, 35.

El Katy, que estaba situado a pie de playa, no volverá a servir su popular caldero, ya que tras la temporada de verano ha cerrado sus puertas para siempre después de sesenta años de servicio a residentes, veraneantes y turistas de paso más modestos. 

La PAH señala que los desahucios de inquilinos superan en la Región a los impagos de hipotecas

MURCIA.- La Coordinadora Regional de la plataforma antidesahucio ha destacado este lunes tras conocer el último informe de los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales que es la primera vez que los desahucios derivados del alquiler superan a los provocados por impago de hipotecas, lo que confirma, según la PAH, que en Murcia sufre la burbuja del alquiler.

Esta coordinadora pide a Ciudadanos que exige al gobierno de coalición regional que forma con el PP que cumpla la ley 10/2016 de reforma de la Ley 6/201, de la Vivienda, tras ser declarada constitucional por el Tribunal Constitucional.

En la Región de Murcia se han producido un total de 738 desahucios en el segundo trimestre, lo que da una media de 8 desahucios diarios, correspondiendo 311 a los derivados de ejecución hipotecaria, 392 por impago de alquiler y 35 por otras causas, señala la PAH.
El número de lanzamientos practicados por los juzgados de la Región de Murcia en el segundo trimestre de 2019 ha sido de 738, lo que supone un descenso del 25,6% respecto al mismo trimestre de 2018.
Más de la mitad de esos lanzamientos (392, equivalentes al 53,3%) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 311 (el 42%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 35 restantes obedecieron a otras causas.
Estos y otros datos están incluidos en el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hizo público este lunes. Son los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, que descendieron un 41,1%, los que experimentaron una disminución interanual más acusada. Por su parte, los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos se redujeron en un 7,8%.

Los desahucios por impago de alquileres descienden por primera vez en dos años

MADRID.- Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un descenso del 6,6% en el segundo trimestre del año, lo que supone el primer descenso desde el segundo trimestre de 2017, mientras que los derivados de las ejecuciones hipotecarias bajaron un 32,9%, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así se desprende del informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' del CGPJ, que muestra que el número de lanzamientos practicados durante el segundo trimestre de 2019 alcanzó la cifra de 14.756, lo que supone un descenso global del 14% respecto al mismo trimestre del año pasado.

El 66,4% de ellos (9.802) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 25,79% (3.806) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 1.148 lanzamientos restantes obedecieron a otras causas.

El número de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias volvió a experimentar un descenso interanual, en este caso del 32,9%. De este modo, se acumulan 16 trimestres consecutivos en los que se produce un descenso de los lanzamientos hipotecarios.

Por su parte, los desahucios por impago de alquiler retroceden un 6,6%, su primera bajada desde el segundo trimestre de 2017, cuando disminuyeron un 0,3%.

Como en trimestres anteriores, Cataluña (con 3.433, que representan el 23,3% del total nacional) fue la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el abril y junio. 

Le siguen Andalucía (2.456), la Comunidad Valenciana (1.960) y Madrid (1.637).
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar vuelve a situarse Cataluña (con 2.281, el 23,3% del total), seguida por Andalucía (1.336), Madrid (1.269) y Comunidad Valenciana (1.194).
En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía (934), seguida por la Comunidad Valenciana (694), Cataluña (689) y Murcia (311).
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque el CGPJ advierte de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato "permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos". 

Además, explica que "el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado".
Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre fue de 18.594, un 9,4% menos interanual. De ellos, 10.894 terminaron con cumplimiento negativo (-12,1%).
Durante el segundo trimestre se presentaron 3.857 ejecuciones hipotecarias, un 46% menos interanual. La comunidad autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Cataluña, con 787, el 20,4% del total nacional; le siguieron Andalucía, con 740; la Comunidad Valenciana, con 538; Madrid, con 446; y Murcia, con 218.
Por último, los datos de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas reflejan que en el segundo trimestre han ingresado 953 demandas, de las que se han resuelto 772. El mayor número de ellas (254, que representan el 26,7% del total nacional) se ha dado en Cataluña. Le siguen Andalucía (221), la Comunidad de Madrid (92) y la Comunidad Valenciana (90).

El Tribunal Supremo frena los desahucios con menos de 12 cuotas impagadas

MADRID.- El Tribunal Supremo ha instado este miércoles a aplicar la ley de Contratos del Crédito Inmobiliario, más conocida como ley hipotecaria, para determinar la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado de un préstamo, lo que en la práctica impedirá desahucios con menos de doce cuotas impagadas.

La ley hipotecaria, que entró en vigor en junio de este año, prevé, entre otras medidas, que el banco solo podrá comenzar el procedimiento de desahucio si hay doce cuotas impagadas o el 3 % del capital de la hipoteca en la primera mitad de la vida del préstamo, o bien 15 cuotas o el 7 % en la segunda mitad del mismo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró en marzo de este año que las cláusulas de vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios "declaradas abusivas" podían ser sustituidas a menos que el consumidor se expusiera a consecuencias que le sean "especialmente perjudiciales".
No obstante, ello dejaba abierta la puerta a que sean los jueces nacionales los que adopten la decisión sobre si el contrato puede subsistir una vez anulada la cláusula.
Pero ahora el Supremo, en una sentencia fechada hoy por el Pleno de la Sala de lo Civil, sin desatender el criterio del TJUE, establece por unanimidad que se aplique la ley que regula los créditos inmobiliarios, considerada más beneficiosa para el consumidor.
El tribunal europeo se oponía a que una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva "sea conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula afectando a su esencia".
Según el criterio del TJUE, señala el Supremo, un contrato hipotecario no puede subsistir sin la correspondiente garantía, es decir, el inmueble, por lo que en caso de suprimirse la cláusula que sustenta dicha garantía el contrato sería nulo.
Pero ello supone para el cliente consecuencias no deseadas, como la obligación de devolver la totalidad del saldo vivo del préstamo y la pérdida de las ventajas fiscales legalmente previstas para la ejecución hipotecaria
Por lo que respecta a las ejecuciones hipotecarias en curso, el Supremo entiende que aquellos en los que el préstamo expiró antes de la entrada en vigor de la ley hipotecaria de 2013 deberían ser sobreseídos.
En cuanto a los préstamos vencidos después de esa fecha, deberán tenerse en cuenta los criterios de la ley de crédito inmobiliario aprobada este año.
El TJUE se ocupó de esta cuestión después de que el Supremo elevara a la corte europea en 2017 una cuestión prejudicial para que determinara si la nulidad de una cláusula de vencimiento anticipado impedía a un juez español mantener abierto el procedimiento hipotecario, es decir, sobreseerlo o no.

La Región registra más desahucios que Madrid por impago de hipotecas

MADRID.- El número de desahucios practicados en la Región de Murcia en el primer trimestre de 2019 por ejecución hipotecaria fue de 417, el cuarto mayor de España por regiones, solo inferior al de las pluriprovinciales Andalucía (914), Cataluña (826) y Comunidad Valenciana (787), según los datos hechos públicos este lunes por el Consejo General del Poder Judicial.

En cuanto al número de estos procedimientos que se ha iniciado, Murcia fue la quinta comunidad en esos tres meses, con 291, tras Cataluña (1.092, el 21,4 % del total nacional), Andalucía (1.065), la Comunidad Valenciana (706) y Madrid (415).

En España, la cifra de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados por impago de alquiler aumentó un 5,2 % hasta los 10.224, si bien el número total de desahucios se redujo entre enero y marzo un 2,2 %,

El número de desahucios practicados durante el primer trimestre alcanzó la cifra de 15.065, un 2,2 % menos tras quince trimestres consecutivos a la baja, y de ellos un 65,9 % (10.224) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

El informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales muestra que un 27,9 % (4.341) de los lanzamientos fue consecuencia de ejecuciones hipotecarias, y los 994 restantes obedecieron a otras causas.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, Cataluña (con 3.557, un 22,9 % del total nacional) ha sido la región en la que se practicaron más lanzamientos, seguida de (2.499), Comunidad Valenciana (2.119) y Madrid (1.730).

Si se tienen en cuenta únicamente los derivados del impago del alquiler, Cataluña ocupa también la primera posición (2.335, el 22,8 %), seguida por Andalucía (1.422), Madrid (1.365) y Comunidad Valenciana (1.254).

El año pasado se registraron casi 3.200 lanzamientos de familias en la Región

MURCIA.- La Región se situó el pasado año como la comunidad en la que más aumentaron los desahucios, en virtud del informe anual sobre esta materia publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En concreto, 2018 se cerró con hasta 3.178 lanzamientos practicados en viviendas (incluidas las que no son residencia habitual), locales y terrenos, la cifra más alta de los últimos años. El aumento fue del 13,9% respecto a las cifras contabilizadas en el año 2017. A nivel nacional, se rebajaron estas cifras un 1,8%. 

Los tribunales murcianos dieron luz verde el pasado año también a otros 1.636 desahucios derivados de procedimientos de ejecución hipotecaria.

La explicación a este importante aumento de los desalojos hay que buscarla en los procedimientos derivados de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Los desahucios por impago de alquiler sumaron el pasado año 1.419 en la Comunidad, un 28,1% más que un año antes. Debido a su importante aumento, estos desalojos ya suponen cuatro de cada diez procedimientos a los que se enfrentan los jueces.

El pasado año, sin embargo, registró la cifra más baja en la última década de nuevas ejecuciones hipotecarias iniciadas en los juzgados: 2.129, un 17,2% menos que solo un año antes.

Los jueces españoles empiezan a archivar desahucios tras la sentencia europea

BARCELONA.- La justicia europea está propiciando un profundo cambio social en España que refuerza los derechos de los consumidores más vulnerables en materia de vivienda. Es un proceso lento pero imparable. El último empujón ha sido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre ejecuciones hipotecarias del pasado 26 de marzo, que ha llevado a archivar los primeros desahucios de los cerca de 20.000 paralizados en los tribunales, recuerda hoy El País. 

Mientras el Supremo sigue pendiente de pronunciarse, varios juzgados de primera instancia ya han interpretado la reciente doctrina europea y anulan la abusiva cláusula de vencimiento anticipado, que permitió durante años la expulsión de las familias de sus casas por el impago de solo un mes de la hipoteca.

Hace más de dos años numerosas Audiencias Provinciales y juzgados de primera instancia suspendieron los procesos de ejecución hipotecaria a la espera de que el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea respondiera a las preguntas planteadas por el Tribunal Supremo sobre la cláusula de vencimiento anticipado. Cerca de 20.000 procesos quedaron en el limbo judicial a la espera. 

El alto tribunal español trataba de salvar el drástico procedimiento de ejecución hipotecaria que ha dejado a miles de familias en la calle mediante un nuevo parche. Pretendía validar la cláusula de vencimiento anticipado con una modificación parcial de la misma, sosteniendo que para el consumidor era mejor que acabar en el procedimiento ordinario, al que también pueden recurrir los bancos, aunque es más largo y costoso.

Ahora, dos años después, los fundamentos de la última sentencia europea del pasado 26 de marzo ya han sido aplicados por varios jueces. Y los casos comienzan a quedar archivados. El pasado 10 de abril el magistrado Juan León León Reina, titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de L'Hospitalet de Llobregat, ordenó el sobreseimiento y archivo de la ejecución hipotecaria que enjuiciaba. 

El auto recuerda que en su caso no se cumplen ninguna de las dos condiciones que sí facultan al juez para sustituir una cláusula abusiva (como la de vencimiento anticipado) por otra disposición supletoria de derecho nacional. Esos supuestos son: que sea "en beneficio del consumidor" y que "la nulidad de la cláusula abusiva obligue al juez a anular el contrato".

El TJUE, contestando a las preguntas que habían formulado el Tribunal Supremo y cuatro juzgados españoles, definió varios criterios sobre el procedimiento hipotecario español. La respuesta del Tribunal de Luxemburgo del pasado 26 de marzo fue contundente y cada vez son más los jueces y juristas que se alinean con las posiciones europeas. 

Las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que "la sentencia del TJUE aboca a archivar las ejecuciones hipotecarias [que se acumulaban en los tribunales a la espera de respuesta] porque rechaza el mantenimiento parcial de una cláusula abusiva y ratifica el criterio europeo de que las cláusulas abusivas no se pueden modificar". 

Las mismas fuentes indican que "los contratos de préstamo y garantía hipotecaria subsisten aunque se suprima la cláusula de vencimiento anticipado". 

En cualquier caso, señala un destacado magistrado, "siempre habrá que consultar al consumidor si quiere que siga la ejecución hipotecaria, y esto es una disposición de orden público europeo, es decir, de obligado cumplimiento en toda la UE".

También tras conocer la sentencia del TJUE, un juzgado de Mollet de Vallés (Barcelona) valoró que "no procede la continuación del procedimiento aplicándose supletoriamente norma de derecho nacional, habiendo ratificado su petición el consumidor de que se archive". 

El juez consideró que el impago de ocho cuotas "es nimio", pues sólo se había producido el incumplimiento del 1,54% del préstamo adeudado, por lo que estimó que la cláusula de vencimiento anticipado se "ha ejercitado de forma abusiva" y sobreseyó la causa.

Este magistrado recordó que en relación con la cláusula de vencimiento anticipado, el TJUE, "máxima autoridad judicial competente en dicha materia", ha resuelto que "determinadas normas y determinada jurisprudencia española son contrarias a la Directiva 93/127CE". 

En el mismo sentido se han pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Badajoz y anteriormente el Juzgado número 15 de Sabadell en una reclamación de la asociación Asufin.

Verónica Dávalos, abogada especialista en derecho europeo, defensora de los casos de L'Hospitalet y de Mollet, considera que "a no ser que el consumidor alegue expresamente que le conviene quedarse vinculado al procedimiento hipotecario, la consecuencia será el archivo y el sobreseimiento de este procedimiento". 

Los bancos, eso sí, pueden reclamar y siempre les queda la vía ordinaria.

El drama de los desahucios ha sido probablemente la parte más cruel de la crisis económica y sus consecuencias perduran. Cientos de miles de familias han perdido sus viviendas, entre desahucios hipotecarios, de alquileres o entregas al banco ante la imposibilidad de pagar las cuotas. Y los estragos generados por la legislación sobre la vivienda continúan.

El año pasado se registraron casi 60.000 desahucios, según la justicia. La mayoría eran por impago de alquileres, pero 18.945 fueron por procedimientos hipotecarios amparándose en una legislación reiteradamente condenada en varios puntos por la justicia europea. 

La principal defensa de los expulsados ha sido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha logrado detener miles de desahucios y entablar una defensa jurídica que ha logrado notables victorias ante la justicia europea.

A la espera del Supremo

Ante el goteo de fallos de primera instancia, y a la espera de que el Tribunal Supremo dicte sentencia tras la respuesta europea, la Audiencia de Barcelona ha anunciado que hará un pleno jurisdiccional "que permita superar los distintos criterios que hasta el momento se mantienen entre las secciones", según los acuerdos de la reunión de presidentes de las secciones civiles, del pasado 29 de marzo.

La sentencia europea del 26 de marzo siguió los razonamientos del abogado general Maciej Szpunar y los de los votos particulares del magistrado del Tribunal Supremo Francisco Javier Orduña, ambos fundamentados en la doctrina europea. 

El voto particular de Orduña a la sentencia del Supremo de 23 de diciembre de 2015, advertía ya de que la sustitución de la cláusula abusiva de vencimiento anticipado por la aplicación de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil (693.2) "se mire por donde se mire, comporta la consecuencia directa más adversa posible o perjudicial para el consumidor".

El magistrado Orduña concluyó que la doctrina que regía según el Supremo "resulta frontalmente contraria a Directiva", y que se debía "proceder a la declaración del sobreseimiento del procedimiento de ejecución instado con base a una cláusula declarada abusiva". 

El magistrado señaló también que el derecho de los hipotecados a expresar su opinión está protegido también por el artículo 24 de la Constitución Española, que defiende que todo ciudadano tiene derecho a que su petición sea atendida por un juez.

Giro sobre el recurso de amparo en el Constitucional

El impacto de la doctrina europea ha alcanzado al Tribunal Constitucional, que ha dado un giro radical al recurso de amparo. El pasado 28 de febrero dictó una sentencia que declaró la nulidad de una ejecución hipotecaria dictada por un juez de Madrid porque infringía el derecho comunitario.
Esta sentencia llega, sin embargo, con nueve años de retraso. Todos los varapalos que lleva sufriendo el Tribunal Supremo y el legislativo español por parte del TJUE a cuenta de la ley hipotecaria se habrían evitado si el Tribunal Constitucional no hubiera rechazado, sin ni siquiera admitir a trámite, el recurso de amparo presentado por el magistrado Guillem Soler en 2010, por no dejar a los consumidores alegar la nulidad de las cláusulas abusivas en una ejecución hipotecaria.

Las diez claves de los desahucios practicados en España durante 2018

MADRID.- En 2018 se practicaron 59.671 desahucios en España, lo que supone un retroceso del 1,8 % respecto a los doce meses previos, según el informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales que publica este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los datos atribuyen esta caída a la bajada del 15,2 % experimentada por los desahucios consecuencia de ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta, 18.945 durante este periodo.

Una tendencia opuesta a la seguida por los desahucios por impago del alquiler, los cuales se confirmaron al alza el pasado año, cuando avanzaron un 4,5 % hasta los 37.285.

A continuación se exponen las diez claves de cómo ha evolucionado esta tasa en los últimos meses:

-El número de desahucios practicados durante 2018 supone el nuevo mínimo de la serie histórica, que se remonta a 2013, cuando se produjeron 67.189. Un año más tarde alcanzó su techo, los 68.091 casos, si bien desde entonces se ha mantenido a la baja: 67.359 en 2015, 63.037 en 2016 y 60.754 en 2017.

-El registro de los últimos doce meses muestra una ralentización del descenso interanual. El más pronunciado continúa siendo el de 2016 cuando estos procedimientos cayeron un 6,4 %.

-En el año se solicitaron 72.023 lanzamientos, un 3,3 % más, si bien estas peticiones, las cuales hacen referencia a distintos tipos de inmuebles, no sólo viviendas habituales, no suponen que ya hayan sido ejecutados.

-Los desahucios fruto de la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU) suman su segundo año consecutivo en positivo después de que en 2017 repuntaran un 4,3 %.

-El empuje de los lanzamientos a inquilinos ha sido contrarrestado por la bajada en el número de embargos, que se situaron en su cota más baja en los últimos diez años (27.404 frente a los 58.686 de 2008).

-Los desahucios afectaron principalmente a Cataluña con 13.941 casos, el 23,36 % del total nacional, seguida por Andalucía (9.795) y Comunidad Valenciana (8.083).

-La tendencia anual se confirmó en el cuarto trimestre, cuando se produjeron 15.065 lanzamientos, un 1,3 % menos.

-Entre octubre y diciembre los desahucios por impago del alquiler avanzaron un 3,9 % hasta los 9.557, siendo su sexta alza consecutiva aunque sensiblemente inferior al porcentaje del trimestre anterior en el que repuntaron un 7,9 %.

-En tasa trimestral, Cataluña volvió a liderar la clasificación con el 22,8 % del total (3.433).

-Los datos del CGPJ confirman que dicha comunidad autónoma fue la que sufrió el mayor número de incidencias en materia hipotecaria, incluidas las demandas por ocupación ilegal de viviendas, que alcanzaron las 1.047 (de ellas, 306 fueron en Cataluña).

Los desahucios registran en 2018 la cifra más baja de la última década en la Región

MURCIA.-El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en los juzgados de Instancia de la Región de Murcia en 2018 fue de 2.129, lo que representa un descenso del 17,2% respecto a las presentadas el año anterior, según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales que ha hecho público este viernes la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Es la cifra más baja de las registradas desde 2008, cuando se iniciaron 2.715 ejecuciones hipotecarias. En 2009 fueron 4.575; en 2010, 4.975; en 2011, 4.154; en 2012, 4.826; en 2013, 3.810; en 2014, 3.810; en 2015, 4.002; en 2016, 3.261; y en 2017, 2571, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en un comunicado.

La Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas, en términos absolutos, fue Cataluña (5.771), seguida de Andalucía (5.067), Comunidad Valenciana 4.151, Madrid con 2.255, y la Región de Murcia, que se sitúo como quinta comunidad, con 2.129.

En 2018 se han practicado en la Región 3.178 lanzamientos en distintos tipos de inmuebles como terrenos, locales o casas (incluidas también las que no son vivienda habitual) lo que supone un aumento del 13,9% respecto a 2017.

Durante el pasado año, 1.597 (51,48 %) lanzamientos se derivaron de ejecuciones hipotecarias, 1.108 (44,65 %) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que los 123 (3,87%) restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias han mostrado un aumento del 2,4 %, conteniendo la tendencia a la baja, registrada el año anterior; los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, por el contrario, han vuelto a aumentar un 28,1 %.

La Región de Murcia es la sexta comunidad donde se practicaron más lanzamientos en 2018, tras Cataluña (13.941), Andalucía (9.795), Comunidad Valenciana (8.083), Madrid (6.434) y Canarias (3.808).

El número de concursos presentados en 2018 fue de 269, 40 más que los registrados el año anterior. De ellos, 105 corresponden a concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial (cuya competencia corresponde desde el 1 de enero de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción), mientras que los otros 164 se registraron en los Juzgados de lo Mercantil.

Los concursos de personas físicas han mostrado en toda España un incremento del 20 %, un 17,5 % en el caso de la Región. La comunidad con mayor número ha sido Cataluña, con 1.130. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 517; Madrid, con 478, y Andalucía, con 356.

Las 3.404 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social de la Región de Murcia en 2018 supusieron un incremento del 6,1 % respecto a las registradas el año anterior.
Por territorios, Madrid -con 20.123, el 18,8% del total nacional- es la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña -con 18.960- y Andalucía, con 16.560.

Además, la jurisdicción laboral registró el año pasado 2.701 reclamaciones de cantidad, sólo 3 más que en 2017.

Por su parte, los procedimientos monitorios presentados en 2018 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 21.317, un 20% más que en 2017. Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

En 2018 han ingresado en el juzgado especializado 5.187 asuntos relacionados con acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (clausulas suelo). Se han resuelto 2.581, quedando en tramitación 6.055. Se han dictado 2.041 sentencias, de ellas el 98,8 por ciento estimatorias.

En cuanto a los verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en la Región de Murcia, durante 2018 han ingresado 42 asuntos, habiéndose resuelto 11. En Cataluña han ingresado 463, un 26,6 por ciento del total nacional. Le siguen Andalucía, con 292; Comunidad Valenciana, 252; y Madrid, 159.

La Comisión de la Pobreza de la Asamblea Regional reclama un plan para evitar los desahucios

CARTAGENA.- La Comisión de Pobreza y Exclusión Social de la Asamblea Regional ya está elaborando sus conclusiones. En una primera reunión los grupos han acordado una serie de medidas como pedir al Gobierno regional que elabore un plan de vivienda que incluya el problema de los 'sin techo' y adopte medidas para que las personas con bajos ingresos puedan acceder a una vivienda adecuada. Asimismo, la Comisión ha acordado que se impulse la ley de vivienda y que ésta se oriente a luchar contra los desahucios. 

Además de eso, se insta a cumplir la Renta Básica de Inserción ejecutando las medidas de inserción y acceso a mejoras que puedan ampliarse e incrementar las cantidades establecidas.
En cuanto al tercer sector, se quiere potenciar su participación en la ley de Servicios Sociales, planes de inclusión o de vivienda.
En materia de familia e infancia, la comisión pide elaborar informes de situación que atiendan a las familias en situación de vulnerabilidad y que se mejoren los datos sobre pobreza e inclusión social, entre otras cuestiones.
La presidenta de la Comisión, Inmaculada González, explicó que se han conseguido aunar las propuestas de los parlamentarios aunque aún continúan negociando porque «quedan bloques importantes para tratar».
Aun así ha afirmado que los grupos coinciden en la mayoría de las propuestas, a pesar de las diferencias que han tenido en materia de vivienda. Espera que «en un par de sesiones» se tengan ya todas las conclusiones para trasladar el dictamen de la Comisión al Pleno para su aprobación.

La CARM impulsa la estrategia para la detección temprana de familias en situación de riesgo de desahucio

MURCIA.- La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia impulsa la estrategia regional para luchar contra los desahucios y los lanzamientos de vivienda para facilitar la detección temprana de las familias que se encuentran en situación de riesgo de abandonar su única vivienda tanto por impago de la hipoteca como del alquiler.

Ese es el objetivo del convenio firmado entre el Gobierno regional y el Consejo General del Poder Judicial, que aumenta la colaboración para activar el protocolo de intervención, además de todos los recursos dependientes de la Administración autonómica para atender a la familia afectada por un procedimiento judicial sobre la vivienda habitual. 

Además, se podrán extraer los datos estadísticos referentes a desahucios de la vivienda habitual por impago de hipoteca o de rentas de alquiler en la Región de Murcia.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pasqual del Riquelme, presidieron la primera reunión del grupo de trabajo del convenio, que permitirá, según subrayó Valverde, "ser capaces de anticiparnos y detectar de manera temprana la situación de personas en riesgo de desahucio y actuar desde el primer minuto para dar solución al lanzamiento de la vivienda por alquiler".

El consejero recordó que la legislación suspendió los lanzamientos sobre viviendas habituales de las familias que por dificultades económicas no pueden hacer frente al pago de su hipoteca e hizo especial hincapié en "dar solución a las personas afectadas por el impago de las rentas de alquiler".

El consejero señaló que "es fundamental poder obtener los datos de las familias afectadas antes del lanzamiento para ofrecerles toda la ayuda posible por parte del Gobierno regional".

Este convenio establece un canal de comunicación directo y ágil por el cual el TSJ traslada al Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria de la Región de Murcia los datos de aquellas familias, previo consentimiento, que puedan verse afectadas por un procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria o de alquiler.

Con esta información, la Comunidad se podrá poner en contacto con las familias afectadas para ofrecerles un servicio gratuito de información y asesoramiento jurídico, financiero y técnico y de mediación con las entidades de crédito o en su caso arrendadores.

Las familias también podrán ser beneficiarias de las ayudas que concede la Comunidad, a través de las organizaciones sin ánimo de lucro Cáritas, Columbares y Jesús Abandonado, para ayudarles a pagar el alquiler de sus viviendas, y también de una ayuda de 400 euros mensuales durante tres años para financiar el alquiler social de una vivienda.

Igualmente, la Comunidad cuenta con una red de 3.000 viviendas públicas a disposición de las familias que más lo necesitan en régimen de alquiler y que son asignadas por los propios ayuntamientos.

En el marco de este acuerdo también se celebrarán unas jornadas de formación y difusión del servicio y de coordinación a los funcionarios de la Administración de Justicia y profesionales de los 11 partidos judiciales de la Región "para que podamos ayudar a todas las familias que necesiten de asesoramiento jurídico y económico", concluyó Valverde.

Un estudio dice que el 65 % de los desahucios los impulsan bancos rescatados

TARRAGONA.- Los bancos rescatados con dinero público han protagonizado casi dos terceras partes, el 65 %, de los desahucios por ejecución hipotecaria, según una investigación del Departamento de Geografía de la Universitat Rovira i Virgili (URV), informa la URV.

Los investigadores Aaron Gutiérrez y Antoni Domènech analizaron una muestra del 35 % del total de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias, lo que ha permitido radiografiar los desahucios en España.

Según el estudio, los bancos rescatados con dinero público han protagonizado casi dos terceras partes de los desahucios por ejecución hipotecaria y esos pisos "no se han destinado a alquiler social, sino que se han vendido a fondos buitre", explica Gutiérrez.

El aumento de desahucios ha generado unos nuevos grandes propietarios que acumulan viviendas vacías, protegidos por una legislación y tratamiento fiscal que los favorece, según los investigadores.

Los barrios más vulnerables han sido los más perjudicados por la crisis y la burbuja inmobiliaria, indica el estudio, que iniciaron en el 2015 y como las estadísticas oficiales sobre desahucios en España sólo ofrecen datos con un nivel de agregación que hace imposible analizar este fenómeno por barrios, elaboraron sus propias fuentes.

La banca, a través de sus filiales inmobiliarias, pone a la venta las viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias y los investigadores usaron como fuente de datos las ofertas que se publican en Internet.

La investigación ha generado nueve artículos en revistas científicas internacionales y un libro, que se presenta mañana.

C's Lorca pide a Suvilor que cubra el alquiler de la familia desahuciada en La Campana por las fosas sépticas

LORCA.- Ciudadanos ha pedido a Suelos y Viviendas de Lorca, Suvilor, que se haga cargo del alquiler que una familia de La Campana está pagando tras tener que abandonar su vivienda por la presencia de una fosa séptica sin sellar. La formación ha denunciado anteriormente esta"situación de insalubridad que padecen los vecinos de la calle Guirao, en la pedanía lorquina de La Campana, por haberse construido en el año 2003 unos pozos ciegos para la evacuación de aguas fecales provenientes de la promoción de Suelos y Viviendas de Lorca (Suvilor), colindantes con sus viviendas", ha explicado el portavoz local, Antonio Meca.

"Estos pozos ciegos se construyeron de forma provisional mientras se construía la red de saneamiento, pero a día de hoy continúan en la misma situación, pese a las denuncias de los vecinos que han soportado durante años malos olores ya que dichas fosas sépticas no se encuentran selladas", ha añadido Meca, quien recuerda que además se han producido hundimientos del terreno, expulsión de gases, rebosamiento de aguas residuales y filtraciones subterráneas.

El portavoz local ha explicado que"en enero, en junta extraordinaria, se aprobó la ubicación de una Estación Depuradora de Aguas Residuales en el mismo recinto adosado a las viviendas, a lo que nos opusimos porque consideramos que no es la solución al problema". Meca ha recordado que el problema es de tal envergadura que el Seprona ha interpuesto denuncia contra Suvilor por el vertido incontrolado del contenido de la fosa séptica y el rebosamiento de aguas residuales domésticas sin autorización administrativa.

El edil naranja constata que el propietario de la vivienda colindante a la fosa séptica ha tenido que abandonar su casa junto a su familia, y se encuentra pagando un alquiler en la pedanía de La Torrecilla: "Ante tal despropósito, lo menos que podemos exigir es que Suvilor se comprometa a pagar a esta familia el alquiler de la vivienda a donde se han tenido que desplazar, así como los gastos ocasionados en su mudanza".

Desde Ciudadanos, Meca exige"la solución definitiva de la situación que viven estos vecinos trasladando la estación de depuración a un terreno alejado de las viviendas, y que se construya la red de saneamiento prometida por Suvilor en esta promoción urbanística, una promesa incumplida que cumple ya 15 años".

'Ahora Murcia' exige al alcalde soluciones habitacionales para los inminentes desahucios previstos en el municipio

MURCIA.- Ahora Murcia exige al Gobierno municipal del PP que ofrezca soluciones habitacionales a las familias del municipio con menores que se van a ver afectadas por desahucios las próximas semanas, según ha alertado la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). 

El concejal Miguel Angel Alzamora subraya que el Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado mes de septiembre una moción de Ahora Murcia relativa a la vivienda en el municipio en la que se establecía, entre otros acuerdos, que "ante la emergencia por aumento de desahucios de alquiler, se busque una solución habitacional aunque sea de manera temporal".

Alzamora denuncia que a pesar de este acuerdo, están programados en el municipio 4 desahucios a familias con menores "sin ofrecérseles ninguna solución habitacional". "Resulta alarmante la falta de sensibilidad y de compromiso de los Gobiernos municipal y autonómico del PP con el problema de la vivienda", afirma el edil. 

"No solo carecen de una política de vivienda, a pesar de las enormes necesidades existentes y de la grave situación que vivimos, sino que además no ejecutan las leyes y las medidas aprobadas en materia de vivienda".

En este sentido, Alzamora recuerda que está todavía pendiente de aplicación, por el desinterés del PP, la Ley Regional del Vivienda, que contiene medidas para frenar los desahucios, mientras que en el Ayuntamiento de Murcia "el Partido Popular y Ciudadanos están bloqueando la mayor parte de las propuestas que la oposición, y muy especialmente Ahora Murcia, realizan en materia de vivienda social".

El concejal subraya que en el municipio "sigue aumentando la cifra de desahucios, sobre todo por alquiler, y sin embargo somos la única de las grandes ciudades españolas sin un plan municipal de vivienda, además de que tenemos un parque municipal de vivienda obsoleto y muy degradado, y una demanda de vivienda social sin satisfacer de más de mil familias. Ya es hora de que el Gobierno municipal del PP promueva y ejecute de una vez una política municipal de vivienda acorde con las necesidades de las familias del municipio".

Alzamora destaca que los desahucios conllevan que esas familias "vean vulnerados su derecho a la vivienda y su derecho a la ciudad", a la vez que esos desahucios vulneran derechos fundamentales de los menores, "ya que afectan a su educación y su asistencia a la escuela; provocan problemas de salud, etcétera".

Como recuerda el concejal, los otros acuerdos incluidos en la moción de Ahora Murcia aprobada el pasado mes de septiembre eran "para que el Ayuntamiento dote de recursos humanos y presupuestarios al Servicio de Vivienda", garantizando así su correcto funcionamiento, y para que los grupos municipales se reúnan para acordar el Plan de Vivienda "a exigir a la Comunidad Autónoma y al Gobierno central". 

"Una reunión", señala Alzamora, "que, en una muestra más del desinterés del Gobierno de Ballesta por la vivienda social, tampoco se ha mantenido tres meses y medio después".

Podemos: "El PP permite que la gente se quede sin hogar mientras dicen proteger a las familias"

CARTAGENA.- Podemos ha denunciado el constante incremento de los desahucios en la Región de Murcia, al no ponerse en marcha la Ley Regional de vivienda aprobada varios años en la Asamblea Regional, ante "la mirada impasible de un gobierno del PP que dice proteger a la familia, mientras permanece pasivo a la situación de desamparo y sufrimiento de las familias que se quedan sin techo en la Región" mientras tanto observamos como el PP con el apoyo de C's aprueban unos presupuestos donde la vivienda es "un tema residual para ellos y reducen su presupuesto en un 22%".

La diputada regional de Podemos María Giménez, se ha referido a los datos relativos a los desahucios en el tercer trimestre de este, año, donde la mayoría de ellos son por impago del alquiler, así ha señalado que la Ley Regional de Vivienda contempla también el régimen de alquiler a la hora de evitar dejar a las familias sin techo.

 "Pero el Gobierno de López Miras sigue sin aplicar la Ley Regional de la Vivienda, la cual ofrece soluciones a todas estas familias, que ahora están sufriendo una situación de desalojo, fruto de la ineficacia y pasividad del gobierno del PP que no lleva a cabo los mandatos de la Asamblea Regional."

En este sentido la diputada Regional de Podemos, María Giménez ha señalado que "mañana podrían terminar los desahucios, y evitar el sufrimiento de tantas familias que están se están quedando sin techo, al no poder hacer frente del pago de las hipotecas, ni de los alquileres, que en muchos casos sobrepasan con creces la cuantía de una hipoteca" y ha añadido que " es necesario establecer un control de los precios de las viviendas en régimen de alquiler así como dotar a los ayuntamientos de competencias para que puedan actuar de forma más profunda y establecer mecanismos legales para protección de los derechos del inquilino y aumento del parque de vivienda social".

Del mismo modo la Secretaria de derechos Sociales y de la ciudadanía en Podemos Región de Murcia, María Marín, ha denunciado que en este tercer trimestre del año la cifra de desahucios sea tan elevada, llegando incluso a una media de tres desalojos al día, una situación que en palabras de la Marín "supone casi un 40% del salario para muchas familias, que no pueden pagarlo, ni asumir los gastos fijos propios de una vivienda como los pagos de agua, luz o gas".

Así ha recordado que el derecho a una vivienda digna está reconocido tanto en la declaración universal de los derechos humanos como en la constitución española para que se hagan efectivos; por lo que ha exigido al Gobierno Regional de López Miras, que ponga en marcha de una vez la Ley Regional de Vivienda, con las consecuentes implicaciones sociales que tiene para la ciudadanía y deje de hacer política de espaldas a la ciudadanía de la Región de Murcia".