MURCIA.- Coag ha denunciado hoy que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha desmantelado un salmueroducto
"que habría de evitar el vertido de residuos al Mar Menor" y "que ella
misma construyó hace decenas de años para evacuar la salmuera de las
desalobradoras que existían y que contaban con autorización, la cual se
les negó pasados los seis años" tras los que habría de renovarse dicha
concesión.
Además, se construyó una estación de bombeo junto a la
desembocadura de la rambla del Albujón, "que nunca llegó a funcionar",
cuya misión era recoger los drenajes y vertidos que llegaban por el
salmueroducto y por la Rambla del Albujón y bombearlos hasta la
desalobradora de El Mojón, en donde se tratarían, vertiendo el residuo
final en el Mediterráneo, explica la organización en comunicado de
prensa.
Esto último era consecuencia de la aplicación de la Ley
11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley del Plan
Hidrológico Nacional, en vigor en la actualidad, que dice en el punto 5
del artículo Undécimo que "todas y cada una de las obras incluidas en
los Anexos II y III se declaran de interés general con los efectos
previstos en los artículos 46.2, 127 y 130 del texto refundido de la Ley
de Aguas".
Anexo III que incluye, entre otras actuaciones, la
'Ampliación de la Estación Desaladora de Aguas Salobres -EDAS- de El
Mojón y sus colectores', dándolo todavía más rango en el Anexo IV, en el
que se declara esta obra dentro de las 'Actuaciones prioritarias y
urgentes en las cuencas mediterráneas', añade Coag.
"En
lugar de cumplir la Ley en vigor y proceder a la terminación de estos
colectores, o lo que es lo mismo, el salmueroducto declarado de interés
general y por el procedimiento de actuación prioritaria y urgente",
critica, "la CHS se dedica a destruir aquella red que costó unos 6.000
millones de pesetas a los contribuyentes y que permitiría que, desde
hace muchos años, los drenajes de la actividad agrícola del Campo de
Cartagena no llegaran al Mar Menor".
Algo que Coag tacha de
"sangrante" cuando, además, en la Normativas del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Segura (2015-2021), se recoge en su
Artículo 53, Actuaciones en acuíferos costeros en proceso de
salinización que "podrán otorgarse las correspondientes concesiones
administrativas destinadas a la explotación de recursos renovables de
acuíferos costeros salobres, cuyas aguas previamente a su utilización
sean desaladas, como apoyo y complemento a una dotación escasa de una
zona regable establecida; o bien como seguridad adicional a la
disponibilidad de recursos frente a periodos de escasez".
Recoge
también que "la explotación de los acuíferos costeros salobres cuando
precise de una planta desalobradora, estará condicionada a la correcta
recogida y evacuación de las salmueras al mar, así como a cuantas otras
condiciones pudieran imponer las administraciones competentes".
Así,
se preguntan si "¿pueden los responsables públicos no acatar las leyes y
hacer justamente lo contrario de lo que estas dictan sin ser
responsable de los perjuicios que sus decisiones comportan?".
Según
Coag Murcia, "ya es hora de que se ponga orden en la Administración
pública del agua para que no se sigan produciendo más daños al regadío
murciano y a los agricultores y al resto de los ciudadanos".
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