MURCIA.- Hay una fecha que no se les va de la cabeza a los regantes:
el 2027. Ese año está marcado en el calendario por una doble amenaza.
Primero, por la reducción de los envíos del agua procedentes del
Trasvase Tajo-Segura, cuya merma puede llegar hasta un 50% en función de
los caudales ecológicos, tal y como quedó reflejado en el Plan de
Cuenca del Tajo aprobado en 2023 y recuerda hoy el digital Murcia Plaza.
Y, segundo, por el futuro recorte de
las extracciones de las aguas subterráneas en aquellas zonas donde se
entiende que hay sobreexplotación, tal y como pide el mencionado plan
hidrológico, en aplicación de la Directiva europea del Agua.
Es decir,
los agricultores temen un 2027 con menos agua del Tajo y con menos
recursos hídricos del suelo. Se trata de un escenario al que ya están
poniendo cifras los expertos.
Si hace una semana era la Universidad de Alicante quien advertía de las consecuencias
(40.722 hectáreas de explotaciones agrarias en riesgo, con pérdidas que
pueden alcanzar los 826 millones de euros y la destrucción de 25.000
puestos de empleos en toda la cuenca del Segura), desde este miércoles
arroja más luz un nuevo informe, elaborado por PriceWaterHouseCoopers (PwC) por encargo del Sindicato Central de Regantes (Scrats).
El estudio, titulado Impacto socioeconómico del Trasvase Tajo-Segura en España,
destaca que las aguas subterráneas constituyen el 30% de los recursos
hídricos disponibles para uso agrario en la cuenca del Segura, por lo
que la reducción prevista en el Plan del Segura podría generar "un
impacto negativo sobre la actividad agrícola de la zona".
No en vano,
tal y como recuerdan los autores, "según el Plan Hidrológico del Segura,
en 2027 se deben reducir -213,2 hm3/año de aguas subterráneas para el
uso agrario". Un programa que prevé un recorte del -52% a la aportación
subterránea en 2027, "lo que incrementaría el déficit hídrico en -191,2
hm3/año e impactaría negativamente en la agricultura de las provincias
del Trasvase".
Esta disminución de recursos subterráneos, además de "la creciente
competencia por el agua para usos urbanos e industriales", impacta "en
la viabilidad a largo plazo del regadío en las provincias del Trasvase",
avisan, al tiempo que explican que estas reservas, que tradicionalmente
estaban vinculadas al sostenimiento del regadío agrícola, han pasado a
asumir "una función clave también en el abastecimiento urbano e
industrial.
Por todo ello, el cierre de acuíferos pondría en peligro la
producción de cerca de 583 millones de euros en la cuenca del Segura, especialmente en la Región de Murcia, la provincia más afectada.
En concreto, la producción agrícola murciana ascendió a 323,3 millones en el pasado 2024 mientras que la alicantina sumó 114,5 millones de euros y la almeriense, unos 144,9 millones.
En
el caso de la Región, el impacto se traduce en 197 millones en la
producción de hortalizas, 84 millones en cítricos y 40 en frutales.
En
el caso de Alicante, son 74,4 millones en cítricos, 24 millones en
hortalizas y 12 en frutales.
Y en Almería, la mayoría es producción de
hortalizas, con 137 millones, además de 6,8 millones de cítricos y 0,4
millones de frutales, según recoge el estudio.
Por todo ello, la actividad agrícola que se llevó a cabo en la cuenca
del Segura aportó 668 millones de euros al PIB español en el pasado año
"gracias al aprovechamiento de las aguas subterráneas".
Asimismo, el
impacto total de la agricultura sobre el empleo por los recursos
hídricos del suelo en la cuenca del Segura ascendió a 31.428 puestos de
trabajo en el pasado ejercicio.
Además de las aguas subterráneas, el informe también analiza a
fondo el impacto socioeconómico del Trasvase en nuestro país. Las
actividades relacionadas con la agricultura en la zona de los canales
del Tajo-Segura aportan 3.912 millones de euros a la economía española.
Un dato que equivale al 0,25% del PIB nacional de 2024; un 29,8% que en 2019. Además, el Trasvase mantiene 102.894 puestos de trabajo en las provincias bañadas por el Acueducto, lo que supone el 0,48% del empleo nacional del pasado año, un 5,8% más que en 2019.
Como opina el presidente murciano, Fernando López Miras,
presente en el acto de presentación del estudio, "el problema de que no
haya Trasvase no lo tienen los agricultores, sino que lo tiene toda
España, no sólo los regantes". El estudio se presentó este miércoles en
Murcia con la presencia de representantes territoriales de la Región de
Murcia, Alicante y Almería.
El impacto total se desglosa en tres grandes frentes: agricultura, comercialización y transformación.
Primero, son 1.896 millones de contribución total de la agricultura al
PIB, con 70.878 empleos mantenidos en toda la economía. El Trasvase
conlleva 1.460 millones de euros en la comercialización total al PIB,
con 23.931 empleos. Y supone 556 millones de euros de contribución, con
8.085 empleos.
El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, valoraba en
la presentación que "son cifras en positivo, muy importantes, que
hablan de creación de empleo, de competitividad, de sostenibilidad y de
sumideros de CO2, pero tienen una parte negativa”. Esa parte negativa no
es otra que la doble amenaza que temen los regantes, que haría que
todas las cifras "se dividan a la mitad".
Por su parte, el director en la Región de Murcia de PriceWaterhouseCoopers y antiguo consejero del Gobierno regional, Javier Celdrán,
expresó que, a 15 meses de que entren en vigor ambas medidas, la
previsión apunta a que en 2027 la utilización de agua en la Región para
uso agrícola se reducirá en un 50%.
"La mejora de productividad vía
tecnología puede suponer un 5-10 %, lo que permitiría producir lo mismo
con menos agua, pero es incapaz de absorber una reducción de un 50% de
los recursos hídricos", alertaba y remarca Murcia Plaza.
