
La declaración institucional manifiesta igualmente "la necesidad de
incrementar el diálogo y el entendimiento entre los distintos órganos de
la universidad, en aras de una mayor eficiencia en la defensa de los
intereses de la universidad pública".
Para el Claustro, "cualquier solicitud de implantación de
titulaciones universitarias en la Región debe obedecer a criterios
objetivos, de interés social y económico de la ciudadanía, sin que pueda
supeditarse la misma al interés particular de entidades privadas".
Comenta así mismo que el informe de la Aneca no es suficiente para la
implantación de un título universitario, por lo que reclama al Consejo
Interuniversitario "la realización de un informe previo sobre la
idoneidad de la implantación de nuevos títulos universitarios, como
establece el decreto que regula la autorización de implantación de
enseñanzas universitarias".
Por otro lado, reclama al ejecutivo regional la realización de un plan de actuaciones en materia de educación universitaria.
Igualmente, se dirige a la Asamblea Regional instándola a que
promueva una "revisión profunda" de la Ley de Universidades de la
Región, con la finalidad, entre otros objetivos, de "fijar un
procedimiento de elección de los miembros de los Consejos Sociales de
las universidades públicas para garantizar una participación más activa y
plural de toda la sociedad murciana".
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