CARTAGENA.- El presidente de la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante
Margen Izquierda del Segura y vicepresidente primero del SCRATS, Roque
Luis Bru, ha advertido en la Asamblea Regional de que el aumento del
caudal ecológico en el Tajo "ya está suponiendo unos 70 hectómetros
menos de agua" para los usuarios del trasvase y ha pedido a los
diputados que "trabajéis allá donde podáis, sobre todo en Madrid", para
garantizar la continuidad del Acueducto Tajo-Segura.
Así lo ha
trasladado durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio
sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura tras las últimas medidas
anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, donde ha
detallado la dependencia estructural de su comunidad de regantes
respecto a esta infraestructura.
Según ha explicado, la entidad agrupa a
"unos 22.000 comuneros" y "unas 25.000 hectáreas de cultivo" en el sur
de Alicante, con un consumo anual de entre "50 y 60 hectómetros
cúbicos".
Bru ha recordado que la llegada del trasvase hace 47
años permitió transformar el modelo agrícola de la zona al "abrir el
abanico a cultivos con mayor valor añadido", frente a una situación
previa marcada por el uso de aguas del Segura de peor calidad.
"Hoy, al
igual que Murcia y Almería, nuestra dependencia del trasvase Tajo-Segura
es total", ha afirmado.
El dirigente ha señalado como uno de
los principales problemas la subida del caudal ecológico aprobada en
2023. Aunque ha reconocido que los actuales niveles de agua en cabecera
pueden enmascarar el impacto, ha insistido en que "esos dos metros
cúbicos por segundo ya están suponiendo unos 70 hectómetros menos de
agua" para los regantes.
A su juicio, esta reducción añade
"incertidumbre" a un sector que ya afronta dificultades económicas,
falta de relevo generacional y compromisos de inversión pendientes.
En este contexto, ha defendido que la desalación "es fundamental",
pero ha advertido de que no puede sustituir al trasvase. "El agua
desalada tiene un coste muy superior", ha subrayado, insistiendo en que
el trasvase permite "mantener un precio asumible del mix de aguas" que
utilizan las comunidades de regantes.
"Sustituir gran parte de ese
recurso por agua desalada no es viable para la mayoría de agricultores",
ha indicado.
Bru también ha cuestionado el impacto ambiental
de la medida y ha asegurado que "no hay ningún informe serio sobre el
impacto económico y social" del incremento del caudal ecológico.
En este
sentido, ha afirmado que "los únicos beneficiarios han sido los
portugueses", al sostener que el agua adicional acaba en Portugal sin
generar beneficios en España.
Durante su intervención, ha
defendido el papel estratégico del sector primario en un contexto
internacional incierto y ha reivindicado la "soberanía alimentaria".
"Lo
único que queremos los agricultores es poder seguir trabajando", ha
concluido.
En el turno de los grupos parlamentarios, el
diputado del PSOE Fernando Moreno ha asegurado que "el trasvase
Tajo-Segura es irrenunciable" para su partido.
Moreno ha defendido que la posición del PSOE pasa por garantizar esta infraestructura y ha planteado como complemento un "mix hidrológico" que incluya desalación, reutilización y recursos propios.
Además, ha preguntado al compareciente
por su opinión sobre la desaladora de Torrevieja, su interconexión con
el sistema del trasvase y el Júcar-Vinalopó.
Desde Vox,
Antonio Martínez ha respaldado el discurso del representante de los
regantes y ha denunciado una "violencia hídrica" contra el Levante. El
diputado ha advertido de que el actual proceso de planificación
hidrológica puede suponer "la condena de muerte" del trasvase y ha
reclamado una respuesta política conjunta para revertir esta situación.
Por parte del Grupo Mixto, el diputado de la coalición
Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrado en el Grupo
Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha introducido un enfoque más
estructural del problema.
A su juicio, la situación del trasvase "no es un problema puntual", sino consecuencia de factores como la reducción de aportaciones en cabecera por el cambio climático, el crecimiento del regadío y el impacto ambiental del modelo agrointensivo.
En este
sentido, ha planteado la necesidad de estudiar "una reconversión" o "un
redimensionamiento de la capacidad productiva agrícola".
El
diputado del Partido Popular Jesús Cano ha denunciado, por su parte, que
las decisiones del Gobierno central se están tomando "sin diálogo real y
de espaldas al territorio" y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez
de poner "la guillotina al trasvase".
Cano ha reclamado que el futuro de
esta infraestructura se base en criterios técnicos y no políticos, y ha
advertido del impacto económico que tendría su desaparición.
En su réplica, Bru ha respondido a las cuestiones planteadas por los
grupos y ha reiterado su defensa del trasvase como eje fundamental del
sistema hídrico del Levante. Ha defendido la interconexión de la
desaladora de Torrevieja con el sistema del trasvase y ha asegurado que
existe "colaboración total" entre administraciones para su desarrollo.
También ha apostado por potenciar el uso de aguas depuradas, que ha
señalado como una de las fuentes más eficientes.
Asimismo, ha
advertido de las dificultades de adaptación del sector a modelos como la
agricultura ecológica en un mercado global competitivo.
"No podemos
competir con productos de terceros países que utilizan materias activas
prohibidas aquí", ha lamentado.
Finalmente, ha subrayado el
peso económico del regadío vinculado al trasvase, que, según ha
indicado, sostiene "más de 100.000 empleos directos", y ha insistido en
que su desaparición tendría consecuencias "muy graves" para el conjunto
del sureste español.
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