MURCIA.- El Gobierno regional ha puesto en marcha el nuevo Observatorio de Contratación Responsable, una iniciativa diseñada para impulsar el impacto social de la inversión pública y fomentar la generación de empleo entre personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, según ha informado la Comunidad.
El objetivo central de este órgano es alcanzar el 10% de reserva en los contratos públicos para centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, reforzando así la contratación como una herramienta estratégica de inclusión y desarrollo económico regional.
La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha presentado este martes este proyecto, concebido como un espacio de colaboración entre las administraciones públicas, la Universidad de Murcia (UMU) y las entidades de la economía social.
Acompañada por el rector de la UMU, José Luján, y representantes de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), la consejera ha subrayado que cada contrato público debe convertirse en una «palanca» para promover la igualdad de oportunidades y facilitar el acceso al mercado laboral de los colectivos más vulnerables.
El Observatorio, impulsado conjuntamente por las consejerías de Empresa y de Hacienda, nace con la misión de mejorar el conocimiento técnico y la aplicación práctica de la contratación responsable. Entre sus funciones principales destaca la detección de dificultades en los procesos administrativos y la promoción de buenas prácticas entre los distintos órganos de contratación.
Según ha explicado López Aragón, este modelo permite destinar parte de la actividad económica a entidades que realizan una labor crítica de integración laboral, lo que redunda en un beneficio social directo para la Región.
Como soporte técnico a esta iniciativa, el Observatorio contará con una plataforma digital que funcionará como centro de recursos para las administraciones. Esta herramienta ofrecerá guías prácticas, ejemplos de pliegos y un buscador especializado de servicios prestados por empresas de inserción y centros especiales de empleo de la Región de Murcia.
El objetivo es que los gestores públicos puedan identificar proveedores con facilidad y aplicar de forma efectiva las cláusulas sociales en sus procesos de licitación. El proyecto cuenta con la coordinación directa de la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia, que liderará el equipo de trabajo y el asesoramiento científico.
En la clausura de la presentación, la consejera ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico con un modelo económico inclusivo, destacando que las empresas de economía social «demuestran cada día que es posible combinar la actividad económica con el impacto social positivo».
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