Durante la rueda de prensa, el diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha responsabilizado directamente al presidente regional, Fernando López Miras, de mantener paralizada desde 2018 una modificación normativa que obligaría a establecer una distancia mínima de 500 metros entre casas de apuestas y centros educativos. Según ha explicado, el Gobierno regional anunció esta medida, elaboró un proyecto de decreto y, pese a contar con informes favorables, optó finalmente por no aprobarlo.
Álvarez-Castellanos ha recordado que la Región de Murcia es la única comunidad autónoma que carece de este requisito regulador, a pesar de encabezar el ranking estatal de concentración de salones de juego, con un local por cada 4.300 habitantes, muy por encima de la media estatal. A su juicio, esta situación evidencia una política autonómica "orientada a proteger los intereses de la patronal del juego y no la salud pública ni a la juventud".
El diputado regional ha explicado que los propios servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma advirtieron de que la distancia mínima debía aplicarse también en la renovación de licencias, lo que obligaría a trasladar los locales que incumplieran la normativa.
"Ese es el motivo real por el que el Gobierno de López Miras renunció a la medida", ha afirmado, recordando además que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado recientemente este tipo de regulaciones.
En el plano municipal, el 2° Teniente de Alcalde y portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, Antonio García, junto a la concejala de gobierno, Dori Muñoz, han señalado que "los ayuntamientos no pueden permanecer impasibles mientras la proliferación de casas de apuestas rodea los centros educativos y afecta a la convivencia en nuestros barrios".
García ha subrayado que la moción que se debatirá en el pleno municipal pretende "poner en primer plano la protección de la juventud y la salud comunitaria, demostrando que la acción local puede ser un motor de cambio frente a la inacción autonómica".
Asimismo, el portavoz municipal de izquierdas ha hecho hincapié en los riesgos sociales y sanitarios del juego, especialmente entre jóvenes y colectivos vulnerables.
"No podemos permitir que la lógica del beneficio económico de la patronal prime sobre la seguridad y la igualdad de oportunidades de nuestra gente. La salud y el bienestar deben ser siempre nuestra prioridad", ha afirmado.
Además, ha resaltado las denuncias de la Asociación de Vecinos del barrio de Paco Rabal, quien ha denunciado los problemas cotidianos que generan las casas de apuestas en el barrio,
"El juego afecta a nuestras vecinas y vecinos, normaliza conductas de riesgo entre adolescentes y deteriora la convivencia. Exigimos que el gobierno regional de López Miras tome cartas en el asunto y defienda a quienes viven día a día estas consecuencias", ha concluido García.
Desde IU-Verdes han subrayado que la combinación de iniciativa legislativa en la Asamblea Regional y de mociones municipales pretende forzar un posicionamiento público del Gobierno regional y avanzar hacia una regulación efectiva que aleje las casas de apuestas de los centros educativos y los barrios, protegiendo así a la juventud y fortaleciendo la vida comunitaria.
Lorca triplica la media nacional de locales de juego
Por otra parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, ha mostrado su profunda preocupación frente a la coyuntura que vive el municipio de Lorca: “Lorca triplica la media nacional de locales de juego; no podemos permitir que se instalen frente a institutos y centros de salud por la dejadez de PP y Vox”.
La portavoz socialista exige al equipo de Gobierno que recurra la sentencia que tumba las distancias mínimas para las casas de apuestas tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Dicho fallo estima el recurso de varias empresas del sector del juego contra la modificación del Plan General de Lorca, una medida que fue aprobada por unanimidad bajo el anterior mandato socialista para limitar la proliferación de estos locales.
Casalduero ha recordado que el objetivo de aquella reforma era "blindar" a la ciudadanía, estableciendo una distancia mínima de 1.000 metros entre locales de juego y 500 metros respecto a centros educativos y sanitarios.
"Estamos hablando de una cuestión vital. La ludopatía destroza vidas, familias y proyectos vitales cada día. Lo mínimo que debemos hacer como sociedad es alejar estos focos de adicción de los más vulnerables: nuestros jóvenes y las personas en tratamiento", ha aseverado la portavoz.
La portavoz socialista ha subrayado la anomalía que vive el municipio: "Lorca tiene actualmente tres veces más locales de juego que la media del país". Según Casalduero, la falta de una legislación autonómica ambiciosa —que actualmente no contempla distancias mínimas— deja a los ayuntamientos desprotegidos
. "Es incomprensible que en Lorca tengamos salones de juego justo enfrente de institutos o centros de salud. Además, estas instalaciones suelen convertirse en focos de conflicto e inseguridad ciudadana".
Ante este revés judicial, el PSOE de Lorca considera "imprescindible" que el Ayuntamiento agote todas las vías legales. Casalduero ha instado directamente al actual equipo de Gobierno de PP y Vox a presentar un recurso de casación.
"El Ayuntamiento recurre el 80% de las sentencias que le son desfavorables en otros temas; no entenderíamos que en algo tan sensible como la salud pública de nuestros vecinos se cruzara de brazos", ha señalado.
"Instamos al Sr. Gil y a su equipo a que defiendan con contundencia nuestra postura en los tribunales. Es el momento de decidir si el Ayuntamiento está con los intereses de los lorquinos o si se pliega a los intereses de los poderosos", ha concluido la portavoz.
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