CARTAGENA.- El consejero de Educación, Víctor Marín, considera "imprudente" acometer
"ahora" cambios normativos para establecer distancias mínimas entre
salones de juego y centros educativos, al advertir de que introducirlos
en este momento supondría "generar inseguridad jurídica" mientras se
resuelve en sede judicial la proporcionalidad de este tipo de
restricciones tras el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE).
Así lo ha expuesto durante una
sesión de control en la Asamblea Regional en la que ha respondido a una
pregunta del diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos,
quien ha reclamado modificar los reglamentos autonómicos de juego para
fijar esas distancias mínimas, recordando que la Asamblea aprobó una
moción "prácticamente por unanimidad" en este sentido.
Álvarez-Castellanos ha centrado su intervención en la renovación de
licencias, defendiendo que las condiciones aplicables, incluida la
distancia a centros educativos, deben ser las vigentes en el momento de
la renovación y no las existentes en la concesión inicial, citando el
artículo 7.2 de la Ley del Juego de la Región de Murcia.
En su
respuesta, el consejero ha recordado que el juego es una actividad
"legal" y que corresponde a las comunidades autónomas regular su
desarrollo, reivindicando "firmeza" en la protección y "seguridad
jurídica" sin "improvisaciones".
Además, ha enumerado medidas ya
vigentes, como que desde septiembre de 2018 no se admiten nuevas
autorizaciones de salones de juego ni de bingos, las bajas de máquinas
tipo B son definitivas, las apuestas solo pueden realizarse en locales
específicos y, a diferencia de otras comunidades, no existen máquinas de
apuestas en bares o cafeterías.
El consejero ha añadido que
el acceso está prohibido a menores y a personas autoexcluidas "incluso
en zonas de paso", y que un plan de inspección ha permitido más de 1.500
actuaciones este año.
En prevención, ha citado el Plan Regional de
Adicciones 2021-2026, que señala la ludopatía como prioridad y actúa en
centros educativos con programas "reconocidos a nivel europeo", y ha
concluido que donde más está creciendo entre jóvenes la ludopatía es en
el juego 'online'.
Asimismo, ha indicado que están en
tramitación decretos para reforzar el control de accesos, eliminar
publicidad en fachadas y mejorar los registros de prohibidos. Sobre el
TJUE, ha señalado que reconoce que las restricciones de distancia pueden
justificarse por interés público, pero deja la decisión final sobre su
proporcionalidad "pendiente de resolución judicial", por lo que ha
insistido en que no sería prudente anticipar la reforma.
En
otra pregunta, el diputado socialista Juan Andrés Torres ha acusado al
consejero de Educación, Víctor Marín, de llevar "tres meses" sin
transferir fondos a los institutos para gastos corrientes y "cuatro" sin
abonar partidas a la Formación Profesional para material, lo que, según
ha dicho, está endeudando a los centros con proveedores. "Pague lo que
debe", le ha reclamado.
Marín ha respondido que los ingresos a
los centros obedecen a una "planificación rigurosa" y ha señalado que
se trabaja "en estos días" para realizar el abono correspondiente a los
gastos del "último trimestre".
En su réplica, el consejero ha defendido
el "mayor esfuerzo inversor" en FP, con más de 100 ciclos nuevos en 2024
y 22 en 2025, y ha citado inversiones de 2,7 millones en equipamiento
en 2024 y 2 millones en 2025.
Por otro lado, la diputada del
Grupo Mixto María Marín ha preguntado por la aportación de las personas
de origen extranjero a la economía regional, citando estudios y datos
sobre actividad y contribución fiscal.
El consejero de Economía, Luis
Alberto Marín, ha replicado que el Gobierno no analiza la economía "en
función del origen", sino con datos agregados de empleo y productividad,
y ha defendido una inmigración "legal y ordenada" vinculada al empleo.
En el mismo Pleno, la consejera de Empresa, María Isabel López, ha
presentado el nuevo "Investor Care Center" como el "primer" espacio de
atención integral al inversor creado por una comunidad autónoma, ubicado
en el Parque Científico y ligado al Instituto de Fomento.
Ha explicado
que incluye un calendario de sesiones quincenales de noviembre a junio
de 2026 y ha indicado que, en el primer semestre de 2025, los servicios
del Info han impulsado proyectos con impacto de más de 96 millones de
euros y 70 empleos, con varias implantaciones industriales en municipios
como Totana y Fuente Álamo.
Por su parte, el diputado de Vox
Pascual Salvador ha preguntado por la actualización de protocolos ante
posibles focos de peste porcina africana, relatando incidencias con
jabalíes muertos en Molina de Segura.
La consejera de Empresa ha
respondido que la Región cuenta con un plan de alerta sanitaria con
protocolos de organización y actuación, ha indicado que se ha duplicado
el número de pruebas preventivas en explotaciones ganaderas y ha
afirmado que Murcia no tiene casos desde 1988.
En materia de
infraestructuras, el PP ha preguntado por la inversión en carreteras en
Cartagena y el consejero de Fomento, Jorge García, ha asegurado que
desde noviembre del año pasado se han invertido más de 11 millones en la
red regional a su paso por el municipio, citando actuaciones como el
desdoblamiento de la RM-332 (Ronda Oeste) y mejoras en glorietas y
firmes.
Por último, el socialista Miguel Ángel Ortega ha
preguntado por medidas para evitar subidas de alquiler en 2026,
aludiendo a contratos que podrían encarecerse alrededor de 1.000 euros.
García ha atribuido el problema a la Ley estatal de vivienda y al
desplome de la oferta, y ha defendido como medida principal instar a su
derogación, además de criticar los efectos de las "zonas tensionadas".
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