CARTAGENA.- Podemos-IU-AV ha presentado 44 enmiendas al proyecto de ley de
simplificación administrativa y 15 a la ley que regula el transporte
VTC, dos normas que, según la portavoz del grupo, María Marín, están
"redactadas por el gobierno de López Miras al dictado de la patronal, la
primera, y del lobby de las VTC, la segunda".
Con respecto a
la cuarta ley de simplificación, Marín ha mostrado su oposición "a un
decretazo que solo consagra el modelo del pelotazo, del ladrillazo sin
control y del extractivismo y que a tener consecuencias muy serias para
la Región con una invasión de construcciones ilegales,
macrourbanizaciones exprés y plantas de biogás".
Con sus
enmiendas, Podemos-IU-AV intenta "eliminar la parte más lesiva para
nuestro patrimonio cultural y natural y frenar el caos urbanístico que
introduce esta ley", según informaron fuentes de la coalición en un
comunicado.
Ejemplo de ello ha citado el rechazo a la nueva
licencia básica "que va a permitir levantar edificios de nueva planta
solo con una declaración responsable, un disparate que va a multiplicar
las construcciones ilegales" y el rechazo al aumento de edificabilidad
generalizado del 20% para uso turístico hotelero en el Mar Menor "que va
a someter a una presión aún mayor a la laguna".
También a la
nueva regulación de los proyectos de interés estratégico "que van a ser
cocinados por una comisión bilateral del gobierno regional y la CROEM
invadiendo las competencias de los ayuntamientos" y, por último, a los
cambios que esta ley introduce en la ley de patrimonio para "reducir la
protección de los bienes de interés cultural".
Para ello, el grupo asume
las enmiendas ciudadanas presentadas por Huermur, AJVA y ACEM.
Por su parte, el diputado José Luis Álvarez-Castellanos ha criticado
el proyecto de ley sobre las VTC, señalando que "prácticamente no regula
nada" y que deja fuera aspectos que sí se recogen en la mayoría de
normativas de otras comunidades autónomas, como las condiciones de los
vehículos, del propio servicio o de las licencias.
Según
Álvarez-Castellanos, incluso en aquellos puntos que sí se abordan, como
la regulación de precios, el texto "supone un retroceso frente a la
orden de la Consejería de Fomento de 2021, que obligaba a la
transparencia y prohibía suplementos no previstos en el listado de
precios".
"Ahora se permite que el precio final pueda duplicar
el precio ordinario en situaciones de alta demanda. Vaya
contradicción", ha apuntado el parlamentario, que ha señalado que el
proyecto "responde más a las exigencias de la patronal empresarial que
al interés general que representa el servicio público del taxi".
A su parecer, estas medidas "blindan a las VTC frente al taxi, y
aseguran una competencia desleal frente al servicio público esencial que
este representa".
"Estamos ante un ataque desleal contra un servicio
esencial como el transporte público urbano en taxi, sometiéndolo a las
leyes del mercado cuando debería estar regulado por la administración
pública", ha añadido.
Álvarez-Castellanos ha subrayado que el
objetivo de estas enmiendas es "equilibrar la situación y proteger un
servicio público esencial", frente a un proyecto legislativo que ha
considerado "injusto y favorable únicamente a los intereses
empresariales".
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