viernes, 23 de octubre de 2026

Vox mete en su listas de Murcia a una investigada por falsificar la firma de Antelo y a un portavoz señalado por faltas de respeto

 

Dos físicos españoles desmontan un estudio de Stanford sobre el cambio horario y sus efectos en la salud

 https://www.eldebate.com/sociedad/20261021/dos-fisicos-espanoles-desmontan-estudio-stanford-sobre-cambio-horario-efectos-salud_472236.html


Cambio de hora 2026: los países que se han despedido de esta práctica y por qué España sigue sin hacerlo

 

Esta madrugada del sábado al domingo, cambio de horario en España: a las 3 serán las 2

 


PP y Vox rechazan en la Asamblea tomar analíticas a los vecinos de Los Mateos pese a que ya hay 13 niños afectados por plomo en sangre



CARTAGENA.- PP y Vox han tumbado este jueves la aprobación de una moción de Podemos en la Comisión de Sanidad de la Asamblea que instaba al Gobierno Regional a proteger urgentemente la salud de los vecinos de Los Mateos, en Cartagena, frente a la grave contaminación por metales pesados de la parcela municipal UA1, después de más de tres años de inacción. 

La iniciativa exigía al Ejecutivo de López Miras y a su Consejería de Salud a llevar a cabo de inmediato analíticas a todos los vecinos del barrio para confirmar o descartar la presencia de metales pesados en su organismo. 

Podemos había llevado a la Comisión de Sanidad de la Asamblea una moción que instaba al Gobierno regional a proteger urgentemente la salud de los habitantes del barrio de Los Mateos, en Cartagena, frente a la grave contaminación por metales pesados de la parcela municipal UA1, cuyo riesgo tóxico es conocido por las administraciones local y autonómica desde 2023, pero populares y ultraderechistas la han tumbado

Precisamente, esta semana, una serie de analíticas externas han confirmado la presencia de plomo en la sangre de 13 niños de Los Mateos, con valores que alcanzan los 23 microgramos por decilitro de sangre.

La iniciativa exigía asimismo a Salud la derivación de los menores afectados a la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Virgen de La Arrixaca, y la puesta en marcha de un muestreo ambiental que analice el polvo en superficies interiores, patios y zonas de recreo de los centros educativos del barrio —el colegio Aníbal y la Escuela Infantil San Isidoro—, situados ambos a apenas 100 metros de la parcela contaminada. 

PP ha votado en contra y Vox se ha abstenido. Los votos favorables de Podemos y PSOE no han servido de nada.

En su intervención en la Comisión, la diputada regional de Podemos, María Marín, ha calificado la situación que está viviendo la población de Los Mateos como "uno de los mayores atentados contra la salud pública en la historia de Cartagena y de la Región". 

"Hay niños con concentraciones de hasta 23 microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuando ese nivel debería ser cero. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí sin que nadie haya actuado antes?", ha cuestionado. 

Marín ha tachado de "auténtica vergüenza" el rechazo de la moción por parte de la formación popular y la ultraderechista.

Marín se ha referido a la hilera de denuncias vecinales que vienen produciéndose desde 2023, cuando el Ayuntamiento de Cartagena —con Noelia Arroyo y Ana Belén Castejón al mando— adquirió la parcela contaminada al empresario Mariano Roca para construir en ella 40 viviendas sociales, y también desde que, en enero de 2026, tres años después, el Consistorio puso en marcha, a través de la constructora Jumabeda, la descontaminación del solar.

 "Las tierras removidas y contaminadas se han dejado a la intemperie, dejando que la lluvia y el viento diseminaran los metales pesados por el entorno", ha descrito.

La diputada morada se ha remontado hasta el año 2023, fecha en que tanto el Ayuntamiento de Cartagena como el Gobierno regional conocieron no solo la elevadísima contaminación por metales pesados de la parcela a través de un informe de la UPCT, sino también el peligro tóxico y cancerígeno "no aceptable" que suponía para los vecinos, tal y como acreditó un análisis de riesgos que el propio Ayuntamiento encargó a Hera Holding.

Marín ha puesto el foco asimismo en el precio que pagó el Ayuntamiento cartagenero por la compra del solar, de 437.279 euros. "¿Quién compra una parcela contaminada en Los Mateos por 437.000 euros para construir allí casas, para después gastarse además 540.000 euros en descontaminarla más de tres años después de saber que está contaminada? 

Una delincuente", ha denunciado, en referencia a Noelia Arroyo.

"Por un pelotazo urbanístico, por un chanchullo, se ha puesto en riesgo la salud de cientos de vecinos y vecinas. Se ha expuesto a los niños y niñas de Los Mateos a un peligro letal, con efectos para su desarrollo neurocognitivo. Cuando decimos que la corrupción del PP mata, no es una metáfora. Es lo que está pasando aquí", ha evidenciado Marín.

La parlamentaria de Podemos ha prometido "no descansar ni un día" hasta que los responsables de este "atentado contra la salud pública se sienten ante un juez".

CCOO Industria, UGT Fica y USO Industria condenan los actos vandálicos del valle de Escombreras y 'Sabic'

 CARTAGENA.- CCOO Industria, UGT FICA y USO Industria, desconocen la autoría y condenan los actos vandálicos, y la violencia ejercida esta mañana en el valle de Escombreras y Sabic con la quema de neumáticos y el intento de corte de los accesos a los centros de trabajo. 

Las organizaciones hacen especial hincapié en la peligrosidad que suponen los hechos acaecidos fuera de control y de todo aviso legal a la Delegación de Gobierno y a los cuerpos de seguridad y emergencias por el riesgo que supone presencia de la empresa Repsol. 

Es importante remarcar que este tipo de conductas aisladas ponen en peligro la integridad física de las personas trabajadoras.

Los sindicatos CCOO Industria, UGT FICA y USO Industria no se hacen responsables de estos actos y solicitan a los órganos pertinentes que investiguen y depuren responsabilidades.

Cabe recordar, además, que estos hechos se producen en el marco de una mediación, que supone una nueva oportunidad para solucionar el conflicto laboral y que comienza hoy. 

A juicio de las organizaciones sindicales CCOO Industria, UGT FICA y USO Industria estas acciones solo persiguen amedrentar y chantajear el legítimo marco de diálogo.

Asociaciones vecinales reclaman reformar el reglamento de participación y tener más voz en las decisiones municipales de Murcia

MURCIA.- La necesidad de reformar el Reglamento de Participación Ciudadana, la falta de respuesta del Ayuntamiento de Murcia a las demandas vecinales y las dificultades para participar en las decisiones municipales centraron el encuentro Murcia Importa, celebrado en el edificio Moneo y organizado por el Grupo Municipal Socialista, con la asistencia de numerosas asociaciones y colectivos de barrios y pedanías.

La jornada reunió a numerosas asociaciones y colectivos de distintos barrios y pedanías, tanto en la mesa de debate como entre el público asistente. Durante el encuentro se puso de manifiesto el malestar por las limitaciones de los actuales cauces de participación, la falta de transparencia y las dificultades para conocer qué ocurre con las propuestas que los vecinos trasladan al Ayuntamiento.

Tanto en la mesa de debate como entre el público asistente se puso de manifiesto el malestar por las limitaciones de los actuales cauces de participación, la falta de transparencia y las dificultades para conocer qué ocurre con las propuestas que trasladan al Ayuntamiento.

El portavoz socialista, Ginés Ruiz, que abrió el encuentro, defendió la importancia de acercar la gestión municipal a la ciudadanía y aprovechar el conocimiento de las asociaciones vecinales, respetando siempre su independencia. 

Recordó que el Reglamento de Participación Ciudadana se aprobó en 1994, se modificó en 2005 y desde entonces no se ha actualizado. Además, denunció que ni siquiera se aplica en su totalidad ni de manera uniforme en las distintas pedanías.

Ginés Ruiz cuestionó que algunas Juntas Municipales estén funcionando como un escudo para impedir que los problemas vecinales lleguen al Ayuntamiento, cuando su función debería ser precisamente acercar la gestión municipal a los barrios y pedanías. 

En este sentido, puso en valor el trabajo de las asociaciones vecinales, que dedican su tiempo y esfuerzo a mejorar sus barrios y pedanías sin pedir nada a cambio y que, en lugar de encontrar facilidades, se topan con numerosas barreras.

La reforma del Reglamento de Participación Ciudadana fue uno de los asuntos más debatidos durante el coloquio, moderado por la concejala Carmen Fructuoso. 

Los representantes vecinales cuestionaron las restricciones para intervenir en los plenos de las Juntas Municipales y de Distrito, la rigidez de los procedimientos y la falta de seguimiento de los proyectos y las mociones aprobadas.

Carmen Gallego, de la asociación de vecinos de La Alberca, denunció las limitaciones del actual reglamento y la escasa capacidad de intervención de los vecinos en las Juntas Municipales. También lamentó que muchas instancias y mociones aprobadas queden sin respuesta, y recordó el caso de un semáforo que ha tardado 14 años en instalarse.

En esta misma línea, Marta Latorre, de la asociación vecinal Carmelitanos, criticó la rigidez de estos órganos, la falta de seguimiento de las demandas y la ausencia de canales de comunicación más allá de los plenos. 

Cuestionó su celebración cada dos meses, ya que los problemas cotidianos, como reparar una farola, y otros de mayor alcance, como la proliferación de salones de juego o la instalación de cámaras de vigilancia, requieren tiempos y respuestas diferentes. 

También propuso facilitar la participación en las Juntas Municipales y de Distrito de asociaciones de distintos ámbitos, como las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS).

Isabel Cortés, presidenta de la asociación La Flota Cuenta, explicó que los vecinos decidieron constituirse como asociación para conseguir que sus reivindicaciones fueran atendidas. 

Sin embargo, denunció que llevan tres años esperando respuestas a sus propuestas y lamentó la falta de diálogo con la Junta Municipal, incluso para participar en la elaboración del programa de fiestas.

Por su parte, Juan José Navarro, vecino de El Esparragal, reclamó canales de comunicación más eficaces entre las pedanías y el Ayuntamiento, así como mayor transparencia sobre el reparto de las inversiones municipales, para conocer cuánto recibe cada pedanía y con qué criterios se distribuyen los recursos. 

Al respecto, recordó que muchas pedanías tienen incluso más habitantes que municipios con ayuntamiento propio. También planteó un sistema público que permita consultar el estado de ejecución de las mociones aprobadas y hacer un seguimiento de los compromisos pendientes.

El coloquio contó también con numerosas intervenciones del público, que planteó la necesidad de tejer alianzas entre asociaciones, mejorar el acceso a la información municipal y conseguir que las reivindicaciones vecinales tengan mayor recorrido y los vecinos y vecinas puedan intervenir de manera efectiva en los asuntos que afectan a sus barrios y pedanías.

MC propone reconocer el papel histórico del cooperativismo agrario en Pozo Estrecho

 CARTAGENA.- MC Cartagena propone impulsar una iniciativa en la Junta de Pozo Estrecho para reconocer públicamente la importancia histórica del cooperativismo agrario en la localidad, una actividad que ha sido fundamental para el desarrollo económico, social y empresarial del pueblo y del conjunto del Campo de Cartagena.

El portavoz y líder de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ha visitado las instalaciones de La Yerbera en Pozo Estrecho, junto a los ediles Enrique Pérez Abellán y María Antonia Pérez Galindo, poniendo en valor la trayectoria de un sector que ha sabido adaptarse a las transformaciones económicas y mantener su actividad a través de diferentes generaciones.

La formación cartagenerista recuerda que Pozo Estrecho fue uno de los principales referentes del movimiento cooperativista desde la segunda mitad del siglo XX, inicialmente vinculado al cultivo del algodón y posteriormente a sectores como los cítricos, las hortalizas y la ganadería.

Entre las experiencias más destacadas se encuentran la Cooperativa Sureste, posteriormente reconvertida en Sureco, la cooperativa avícola COAVICART y COAGACART, vinculada al sector ganadero. Esta última desarrolla también una importante labor educativa a través del Aula de la Yerbi, acercando la actividad agroganadera y el respeto al medio ambiente a los escolares.

MC considera que estas entidades representan un ejemplo de esfuerzo colectivo, capacidad de adaptación y arraigo al territorio, además de haber contribuido a generar empleo, riqueza y oportunidades para numerosas familias del Campo de Cartagena.

Por todo ello, la iniciativa cartagenerista propone que la Junta impulse un reconocimiento público al cooperativismo de Pozo Estrecho, mediante la instalación de un monumento o la dedicación de un espacio público de la localidad, preferentemente coincidiendo con alguna fecha significativa para el sector.

Desde MC defienden que reconocer esta trayectoria supone poner en valor a las generaciones de agricultores, ganaderos y emprendedores que apostaron por unir esfuerzos para sacar adelante sus explotaciones y contribuir al progreso de Pozo Estrecho.

La formación cartagenerista considera que el cooperativismo forma parte de la identidad del pueblo y constituye un patrimonio económico y social que merece ser conocido, conservado y reconocido por las futuras generaciones.

Casalduero propone una Estrategia Municipal de Vivienda con 11 medidas directas para facilitar el acceso a la vivienda en Lorca

 LORCA.- La portavoz del Grupo Municipal Socialista y candidata a la Alcaldía de Lorca, Isabel Casalduero, ha presentado la Estrategia Municipal de Soluciones para la Vivienda, una iniciativa que el PSOE llevará al Pleno del próximo lunes 26 de octubre con 11 medidas concretas para afrontar uno de los principales problemas económicos y sociales de las familias lorquinas.

Casalduero ha advertido de que el precio del alquiler en Lorca ha aumentado un 11% durante el último año y ya roza los 700 euros mensuales de media en el casco urbano. 

«Hoy tenemos jóvenes que no pueden independizarse y familias trabajadoras que deben destinar más de la mitad de su sueldo a pagar un alquiler. La vivienda se ha convertido en un problema que condiciona el futuro de miles de lorquinos y lorquinas», ha señalado.

La candidata socialista ha criticado la falta de ambición del Gobierno de Fulgencio Gil, cuya política de vivienda se limita prácticamente a actuaciones aisladas en el Casco Histórico, financiadas en buena parte con fondos del Gobierno de España y de la Unión Europea.

«Rehabilitar el Casco Histórico es necesario, pero construir unas pocas viviendas por edificio, con costes elevados y plazos interminables, no soluciona el problema. Lorca necesita una política de vivienda para todo el municipio, no actuaciones testimoniales para hacerse fotografías», ha afirmado.

Entre las principales propuestas, Casalduero ha destacado la movilización de suelo público disponible para facilitar la construcción de vivienda asequible mediante colaboración público-privada, así como la elaboración de un censo municipal de solares y terrenos dotacionales en desuso.

También ha anunciado la propuesta de licitar urgentemente entre 40 y 50 viviendas de alquiler joven y asequible en el solar municipal de la calle San Fernando, en el barrio de San Cristóbal, y reorientar la actividad de SUVILOR para promover vivienda protegida en nuevas zonas de expansión de Lorca.

Otra de las medidas destacadas es la creación del programa municipal «Lorca Alquila Seguro», con el que el Ayuntamiento ofrecería garantías de cobro y cobertura frente a desperfectos a pequeños propietarios que incorporen sus viviendas vacías al mercado del alquiler a precios asequibles.

La estrategia contempla, además, bonificaciones de hasta el 95% del impuesto de construcciones para promotores que construyan o rehabiliten viviendas destinadas al alquiler asequible para menores de 35 años. 

Asimismo, propone la creación de una ordenanza municipal que permita ejercer los derechos de tanteo y retracto, para que el Ayuntamiento pueda adquirir de forma preferente bloques de viviendas en manos de entidades financieras y evitar que terminen en manos de fondos especulativos.

«Queremos proteger a los pequeños propietarios, facilitar el trabajo de los promotores locales y conseguir que haya más viviendas disponibles a precios razonables. No se trata solo de construir más, sino de aprovechar mejor todos los recursos que ya tenemos», ha explicado Casalduero.

La iniciativa socialista también incorpora un plan específico para facilitar la construcción y rehabilitación de viviendas en las pedanías, especialmente para los jóvenes, con el objetivo de favorecer el arraigo y combatir la despoblación.

Por último, el PSOE propone iniciar los estudios para solicitar la declaración de Lorca como Zona de Mercado Residencial Tensionado, reclamar a la Comunidad Autónoma el desbloqueo del Bono Alquiler Joven y facilitar el acceso a los avales del ICO.

«El Ayuntamiento tiene herramientas para actuar. Lo que falta es voluntad política»

Casalduero ha insistido en que las propuestas socialistas son viables y se basan en instrumentos legales y experiencias que ya funcionan en otros municipios españoles.

«No estamos planteando promesas imposibles. Estamos poniendo sobre la mesa medidas concretas que un Ayuntamiento puede impulsar desde mañana si existe voluntad política. Fulgencio Gil no puede seguir mirando hacia otro lado mientras el acceso a la vivienda se convierte en un lujo para muchos vecinos», ha señalado.

Finalmente, la candidata socialista ha pedido el apoyo de todos los grupos municipales para sacar adelante esta estrategia.

«Lorca necesita pasar de las excusas a las soluciones. Queremos un Ayuntamiento que tome la iniciativa, que construya oportunidades y que ayude a nuestros jóvenes y familias a desarrollar su proyecto de vida aquí, en Lorca. Esa es nuestra alternativa y ese es nuestro compromiso», ha concluido.

Las ayudas para conservar el cultivo tradicional de arroz de Calasparra llegarán a 325 hectáreas

 CALASPARRA.- El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, destacó hoy, durante su visita a uno de los cotos arroceros en el que se trabaja en la siega, que "mantener la DOP Arroz de Calasparra supone preservar las condiciones que hacen singular este producto, desde el cultivo en aguas que fluyen de forma continua hasta la rotación de las parcelas y el uso de las variedades amparada".

Las ayudas para la conservación del cultivo tradicional de la Denominación de Origen Protegido (DOP) Arroz de Calasparra llegarán este año a 325 hectáreas y beneficiarán a 48 agricultores.

El arroz de Calasparra fue el primero del mundo en contar con el aval de calidad de una denominación de origen. Su ámbito comprende tierras de cultivo de Calasparra y Moratalla, en la Región de Murcia, y de Hellín, en la provincia de Albacete.

La denominación cuenta con unas 1.000 hectáreas inscritas en su Registro de Parcelas, de las que habitualmente se siembran entre 500 y 700 cada año debido a la rotación con otros cultivos. 

Las dos variedades que se cultivan y elaboran bajo su protección son Balilla por Sollana y Bomba. Los productores de arroz tienen previsto que la campaña de este año alcance los tres millones de kilos cuando acaba de comenzar la siega.

Una de sus características diferenciales es que se cultiva en aguas que fluyen de forma continua, en lugar de aguas estancadas. Esta práctica está ligada al Coto Arrocero de Calasparra, el humedal de agua dulce más extenso de la Región de Murcia.

Además, como en campañas anteriores, el Gobierno regional financia la colocación de trampas de feromonas contra el barrenador del arroz, con una inversión anual aproximada de 15.000 euros.

Buendía señaló que "detrás de esa cosecha está el trabajo de los agricultores, que mantienen una forma de cultivo singular, con aguas que fluyen de manera continua".

El Tribunal Constitucional estima el recurso del Gobierno contra varios preceptos de la Ley Valenciana de la Costa

 VALENCIA.- El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la Ley de Les Corts Valencianes 3/2025, de 22 de mayo, de protección y ordenación de la costa valenciana.

La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán Huertas, examina la alegación de la Abogacía del Estado relativa a las edificaciones de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), cuya demolición había sido ordenada por resoluciones judiciales firmes y estaba pendiente de ejecución, según explica el TC.

El Tribunal recuerda, en este punto, que el recurso de inconstitucionalidad tiene por objeto el control abstracto de las normas y no el examen de las intenciones que se atribuyan al legislador.

La sentencia declara inconstitucionales los siguientes preceptos. Por un lado, el artículo 17 y la disposición final primera, exclusivamente en cuanto se apliquen a bienes integrantes del dominio público marítimo-terrestre.

Tras reconocer que la Comunitat Valenciana puede proteger los valores culturales, históricos y etnológicos de los núcleos urbanos situados en su litoral, incluso cuando se encuentran en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, advierte de que esa protección no puede limitar las facultades que corresponden al Estado sobre estos terrenos.

El problema se plantea porque la ley autonómica no se limita a reconocer los valores etnológicos de estos núcleos, sino que permite aprobar planes especiales con medidas dirigidas a su conservación. 

Además, los incorpora al régimen de protección del patrimonio cultural valenciano, del que se derivan obligaciones de conservación y restricciones a la demolición de los inmuebles protegidos.

Cuando estas medidas afectan al dominio público marítimo-terrestre, pueden impedir que el Estado adopte las actuaciones necesarias para garantizar su integridad y recuperación, conforme a la legislación de costas.

Por esta razón, el Tribunal los declara inconstitucionales, sin declararlos nulos. Ambos preceptos pueden seguir aplicándose en los demás espacios del litoral, donde la protección de estos núcleos no plantea el conflicto competencial apreciado por la sentencia.

Por otro lado, declara inconstitucional y nula la disposición adicional cuarta. Esa norma permite a la Generalitat elaborar un inventario de terrenos degradados, incluidos en el dominio público marítimo-terrestre.

El Tribunal considera que esta previsión va más allá de una simple recopilación de información, pues atribuye a la Administración autonómica la facultad de identificar y calificar terrenos en función de su posible pérdida de las características propias del dominio público marítimo-terrestre.

El TC considera que, con ello, invade las competencias del Estado, al que corresponde determinar qué terrenos forman parte de dicho dominio público y decidir sobre su deslinde y eventual desafectación. 

Los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño han anunciado la formulación de voto particular.