En dicho estudio el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario (IMIDA) establecerá varios indicadores sociales y
económicos de las orientaciones agrícolas del regadío murciano, según
informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
"Nos interesa conocer las variaciones que el déficit de agua puede
tener sobre la productividad socioeconómica y es ahí donde queremos
colaborar con el Colegio de Economistas para abordar el impacto que esta
reducción en la llegada de agua tiene en los ingresos, los sectores
agrícolas, ganadero y del transporte, así como la afección a la
población activa regional y a los ingresos de la Comunidad Autónoma de
Murcia en distintos escenarios a corto y medio plazo", ha detallado
Luengo.
El consejero ha destacado que el Gobierno regional quiere contar con
este estudio "para hacerle saber tanto al Gobierno central, como a la
sociedad en general, las consecuencias que puede acarrear la disminución
de aportaciones hídricas del Trasvase que estamos sufriendo en los
últimos meses por las injustas decisiones del Ministerio para la
Transición Ecológica".
En este sentido, ha recordado que "las reglas de explotación fijan
las cantidades que cada mes se deben trasvasar del Tajo al Segura,
siguiendo los criterios de la Comisión Técnica de Explotación. Sin
embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica desoyó en los meses
de noviembre y diciembre las recomendaciones de los técnicos sobre los
volúmenes trasvasables, y negó el envío de agua al Levante para regadío.
Asimismo, en enero, el Ministerio anunció su intención de trasvasar
16'5 hectómetros cúbicos, cuando, según los criterios técnicos, nos
correspondían 20 hectómetros".
El consejero destacó los aspectos positivos de esta infraestructura
del Trasvase, inaugurada el 31 de marzo de 1979, que genera cada año
110.000 empleos directos, principalmente en el sector agrícola, y
alrededor de 30.000 más inducidos en el ámbito industrial y del
transporte en las provincias de Alicante, Murcia y una parte de Almería.
Luengo ha advertido que el agua del Trasvase no puede ser sustituida
por la de las estaciones desalinizadoras porque ésta última multiplica
por cuatro la factura energética y por cinco el coste económico. Esto
provocaría una pérdida de competitividad y de seguridad económica,
perjudicando de forma determinante a un sector con una clara vocación
exportadora.
"Sin las transferencias del Trasvase no habría caudal ecológico en el
río Segura y se produciría una mayor sobreexplotación de los acuíferos,
contribuyendo a una degradación natural de los recursos", ha explicado
el consejero, quien ha recordado que "la superficie que riega el
Trasvase constituye una zona verde que absorbe una gran cantidad de
dióxido de carbono, así como que la generación de empleo que conlleva
detiene las tradicionales corrientes de emigración del sureste
peninsular a otras zonas del país".
Luengo ha defendido que "el agua es de todos los españoles, es decir,
un bien público y no privativo de ninguna comunidad autónoma en
particular".
Por ello, concluyó, "el Gobierno regional defiende la
solidaridad hídrica entre las regiones para llevar agua desde donde
sobra hasta donde falta, para lo cual venimos exigiendo un Plan
Hidrológico Nacional, debidamente consensuado, que ponga fin al déficit
hídrico que padecemos".
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