MURCIA.- Este lunes, a las 10.00 horas en la Sala 1 de la Audiencia Provincial,
comienza el juicio para los siete acusados, puesto que uno de ellos
falleció en 2019, en el caso 'Novo Carthago'. El calendario del proceso
judicial incluye 20 jornadas desde el 29 de septiembre al 11 de
noviembre.
El caso 'Novo Carthago' se inició tras la
recalificación de terrenos próximos al Mar Menor, en la zona de San
Ginés de la Jara, para la construcción de unas 10.000 viviendas.
Precisamente estos terrenos ocupaban áreas naturales protegidas y por
tanto no urbanizables.
Los delitos que se imputan a los
responsables de esta recalificación, a los ocho acusados (uno de ellos
ya fallecido) son los de prevaricación, cohecho y tráfico de
influencias.
Están implicados, entre otros, los exconsejeros de
Agricultura, Antonio Cerdá, y de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana.
También figuran como investigados antiguos responsables de Calidad
Ambiental, Vivienda, y Ordenación del Territorio.
En concreto,
C.B.M, el que fuera Director General de Medio Natural, estaba acusado
por supuesta manipulación del PORN reiniciado el 12-6-2003, aunque
falleció en 2019. El ex consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá está
acusado de manipular el PORN de Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y
Cabezo Gordo y de actuar posteriormente en favor del proyecto.
M.A.F.C, asesora eventual para apoyo jurídico del ex concejero Cerdá,
también está acusada por su participación en la manipulación del PORN y
por las autoimposiciones bancarias de 125.000 euros entre los años
2003-2006.
El cuarto acusado, A.A.P, ex director general de
Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, fue el autor de la
DIA y está acusado de participación en dicho expediente; mientras que
J.M.R.C., que fue subdirector de la Dirección General de Urbanismo de la
Consejería de Obras Públicas, está acusado por sus informes, también
fue director general de Turismo y subdirector de Urbanismo como cargo de
libre designación.
Por otro lado, M.A.G.Z., ex director
general de Administración Local y director general de la Dirección
General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, está acusado
por sus informes, por su solicitud de informe al DG Calidad Ambiental y
su propuesta de Orden de aprobación definitiva.
L.M.R.A.,
asesor jurídico de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de
Obras Públicas, está acusado por un informe jurídico; y el ex consejero
de Obras Públicas Joaquín Bascuñana, por su intervención en la MP no
113 y el dictado de las Órdenes de aprobación definitiva.
Con
todo ello, a Antonio Cerdá, como autor del concurso ideal del delito de
falsedad en documento público y delito continuado de prevaricación, se
le pide una pena de 3 años y 6 meses de prisión, 14 meses multa a razón
de 30 euros de cuota diaria y 3 años y 6 meses de inhabilitación
especial para empleo y cargo público, con responsabilidad subsidiaria
por impago de la multa de 1 día de prisión por cada 2 cuotas impagadas.
Para M.A.F.C, por el concurso ideal del delito de falsedad en
documento público y cooperadora necesaria en el delito de prevaricación,
se pide 3 años y 3 meses de prisión, multa de 10 meses multa a razón de
30 euros de cuota diaria y 3 años y 3 meses de inhabilitación especial
para empleo y cargo público, con responsabilidad subsidiaria por impago
de la multa de 1 día de prisión por cada 2 cuotas impagadas.
Además, la
pena de 5 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales (con 1
mes por responsabilidad subsidiaria en caso de impago) y multa de
125.000euro, así como el decomiso de dicha cuantía de 125.000 euros.
Por otro lado, para los acusados Joaquín Bascuñana y A.A.P, se piden 6
años y 6 meses de inhabilitación de empleo o cargo público como autores
del delito de prevaricación del art. 404 CP (dado que no son
funcionarios, para ocupar puesto de elección discrecional en la
Administración o en cualquiera de sus empresas, entes u organismos
participados por la Administración Pública).
Para el resto de
partícipes en el delito de prevaricación, J.M.R.C, M.A.G.Z y L.M.R.A, se
pide la pena de 5 años y 6 meses de inhabilitación de empleo o cargo
público con pérdida de su condición de funcionario público como
partícipes del delito de prevaricación.
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