MURCIA.- Los funcionarios de la Comunidad Autónoma que como técnicos
participaron en algún momento en los trámites de modificación del Plan
de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) que según las acusaciones
facilitaban la urbanización de terrenos protegidos junto al Mar Menor
han señalado que no recibieron indicaciones o presiones del exconsejero regional Antonio Cerdá (PP).
Los funcionarios han hecho esa afirmación en la tercera sesión del juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial Murcia por el proyecto urbanizador “Novo Carthago”,
en el que Cerdá figura como acusado al impulsar en 2003, como consejero
de Medio Ambiente, el reinicio del proyecto de PORN que sustituiría al
entonces vigente, de 1998.
En total, cabe recordar que hay siete
acusados por presunta presunta corrupción urbanística en en la
recalificación de terrenos próximos al Mar Menor, en la zona de San
Ginés de la Jara, para la construcción de unas 10.000 viviendas, hoteles
y dos campos de golf, en terrenos que ocupaban áreas naturales
protegidas y por tanto no urbanizables.
Para uno de los testigos, autor del informe jurídico emitido sobre las alegaciones a este último PORN, la orden del exconsejero por la que se disponía el reinicio del mismo era nula de pleno derecho, al no haberse seguido el procedimiento legal para anular el anterior, por lo que consideraba que este seguía vigente en aquel momento.
Entre los testigos participantes en esta nueva sesión de la vista oral
ha intervenido también una funcionaria que participó en la redacción del
PORN de 1998, quien ha indicado que cuando el proyecto urbanizador
inició su recorrido asistió en la Comunidad Autónoma a una reunión con
otros técnicos y con representantes de la empresa promotora, Hansa Urbana. Y
ha revelado que ya entonces adelantó su opinión de que veía
dificultades para que el proyecto fuera viable, dadas las limitaciones
medioambientales de los terrenos afectados.
Una de las testigos que ha declarado es la funcionaria Francisca Baraza, actual comisionada para la Digitalización del Ciclo del Agua y la Restauración de Humedales. Anteriormente fue presidenta de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
El juicio continuará este miércoles con la declaración de nuevos
testigos, entre los que se encuentra la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro,
que fue exonerada de toda responsabilidad en este caso por el Tribunal
Supremo. Entre las decenas de testigos que pasarán estos días por la
Audiencia Provincial de Murcia se encuentran igualmente el expresidente
de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel y el exconsejero regional Francisco Marqués.
El Alto Tribunal señaló años atrás que la tramitación de la modificación
del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para hacer posible el
proyecto se atuvo en todas las fases del mismo a la tramitación legal
vigente.
En las dos primeras sesiones de la vista oral declararon cuatro
de los siete acusados, entre ellos, el exconsejero regional de Obras
Públicas Joaquín Bascuñana, ya que los otros tres,
incluido Cerdá, pidieron hacerlo al final, cuando hayan sido practicadas
las demás pruebas, y todos coincidieron en señalar que su actuación
estuvo siempre dentro de la legalidad.
Los siete acusados, ex altos cargos regionales, están acusados de remover
los obstáculos legales para hacer viable la construcción de diez mil
viviendas, hoteles y dos campos de golf en terrenos protegidos ubicados
junto al Mar Menor, dentro del término municipal de Cartagena.
El escrito de acusación del fiscal señala que todos ellos participaron, presuntamente, en actuaciones ilegales dirigidas a hacer posible ese proyecto mediante la modificación de la normativa que lo impedía; en concreto, el PORN y el PGOU de Cartagena.
Tanto el fiscal como la
Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que ejerce la acusación
popular, señalan como principal responsable de los hechos al que era
entonces, hace ahora casi veinte años, consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá.
La Fiscalía reclama para él tres años y medio de cárcel, multa de 12.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo
público por el mismo tiempo como presunto autor de los delitos de
falsedad y prevaricación.
Para el exconsejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana solicita, por el supuesto delito de prevaricación, seis años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La vista oral estaba prevista inicialmente para 2023, pero tuvo que ser
suspendida entonces debido a la huelga que mantenían los letrados de la
Administración de Justicia.
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