CARTAGENA.- El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha defendido en la sesión de
control del Pleno de la Asamblea Regional que el Servicio Murciano de
Salud (SMS) ha reducido su plazo medio de pago a proveedores hasta los
30 días, cumpliendo la normativa vigente y tras haber abonado "la
totalidad de las facturas en el mes de junio". De este modo, ha
respondido a la interpelación planteada por Vox sobre el retraso en la
ejecución de la moción aprobada por unanimidad en diciembre para
garantizar el pago inmediato a las empresas proveedoras del sistema
sanitario.
Pedreño ha asegurado que el retraso se ha
estabilizado en torno a los 30-32 días y que tanto el SMS como la
Consejería de Hacienda "han generado los mecanismos para agilizar los
pagos". Ha reiterado que el principal problema "ha sido la
infrafinanciación estatal", que a su juicio mantiene a la Región de
Murcia por debajo del nivel de recursos que recibe la media nacional.
"Los murcianos merecen la misma atención que cualquier ciudadano de
Navarra, Cataluña o Asturias", ha dicho, defendiendo que el Gobierno
regional "ha presupuestado lo necesario y lo seguirá haciendo incluso
sin presupuestos estatales".
Desde Vox, el diputado Rubén
Martínez ha denunciado que la situación "ha seguido deteriorándose", que
"miles de pymes y micropymes han podido verse al borde del cierre" y
que el SMS "ha empezado el año con un agujero de 1.700 millones".
Ha afirmado que el Gobierno regional "ha gastado un 40% más de lo presupuestado", que "ha manipulado las cifras del periodo medio de pago", y que "cuando aprueban presupuestos se dispara el calendario de pagos y cuando no, se congela".
También ha sostenido que el Ejecutivo de
López Miras "ha ocultado el gasto sanitario real", que ha derivado
pacientes "sin planificación" y que "no ha puesto en marcha los
instrumentos financieros aprobados por unanimidad". En su réplica,
Martínez ha advertido de que "si el PP no corrige la situación, la
sanidad murciana no podrá pagar nóminas en un año".
El
consejero ha rechazado estas críticas, defendiendo que el plazo de pago
"ha cumplido la normativa", que "a 30 de octubre se ha situado en 32
días", y ha recordado que la Región "ha sido la tercera comunidad que
más ha invertido por habitante", con 2.134 euros por persona, 244 por
encima de la media española. También ha pedido a Vox "apoyo real" para
reclamar al Estado una financiación justa.
En una segunda
interpelación, el Pleno ha abordado el convenio entre la Comunidad y el
Colegio Oficial de Farmacéuticos para la prestación del Sistema
Personalizado de Dosificación (SPD) en oficinas de farmacia.
La diputada del PP María Luisa Ramón ha defendido que el envejecimiento de la población y el aumento de patologías crónicas "han hecho imprescindible" reforzar herramientas que mejoren la adherencia terapéutica.
Ha
destacado que la polimedicación y la complejidad de los tratamientos
"han generado un problema de seguridad", y ha señalado que los SPD "han
demostrado mejorar la adherencia del 20% al 79%", según estudios
publicados en revistas especializadas.
Ramón ha subrayado que
la farmacia comunitaria "ha desempeñado un papel esencial" en la
detección de errores, seguimiento de pacientes y acompañamiento de
personas mayores o dependientes. Ha asegurado que el SPD "ha evitado
duplicidades, interacciones no detectadas y visitas innecesarias a
urgencias", lo que "ha generado un ahorro real y una mayor seguridad
clínica".
En este sentido, el consejero de Salud ha detallado
que el sistema "ha sido regulado el 25 de octubre de 2024" mediante
orden publicada en el BORM, que ya 154 farmacias se han adherido, que el
servicio "ha sido gratuito para el paciente" y voluntario para los
profesionales, y que los medicamentos "se han organizado por semanas y
momentos del día" para garantizar un uso seguro.
Ha asegurado que el
dispositivo "ha reducido el desperdicio de fármacos", ha reforzado el
seguimiento del paciente crónico y ha representado "una ventaja
estratégica para la Atención Primaria".
Por otro lado, se ha
abordado en otra interpelación la vacunación de la cabaña ganadera
frente a la lengua azul, formulada por el Grupo Mixto. Su portavoz,
María Marín, ha denunciado que el Gobierno regional "ha actuado tarde" y
"siempre después del daño", recordando que desde 2023 "se han sucedido
brotes sin una estrategia estable" y que solo en los últimos meses "han
muerto más de 600 animales", muchos de ellos de la raza montesina, en
peligro de extinción.
Ha afirmado que la Comunidad "no ha comprado
vacunas suficientes", 183.000 para una cabaña de 470.000 animales, y que
"solo se ha cubierto un 40% del censo". Marín ha defendido que la
vacunación "debería haber sido obligatoria" para frenar el brote, y ha
asegurado que la Consejería "ha responsabilizado al Ministerio cuando la
orden estatal permite a las autonomías decretar obligatoriedad si lo
consideran oportuno".
En su respuesta, la consejera de
Agricultura, Sara Rubira, ha asegurado que el Gobierno regional "ha
actuado con rapidez", que "se han usado más de 276.000 dosis" desde el
inicio del brote y que "se han mantenido disponibles 80.000 más", a las
que "se sumarán 109.000" en una nueva compra. Rubira ha afirmado que "el
80% de las muertes se ha producido en animales no vacunados", que la
vacunación voluntaria "ha demostrado su eficacia" y que el Ministerio
"ha dejado solas a las autonomías" pese a tratarse de una enfermedad
presente en toda España. También ha reclamado una estrategia nacional de
coordinación, ayudas económicas estatales por muerte de animales y una
compra conjunta de vacunas "para evitar un mercado inflado y desigual
entre territorios".
En su réplica final, la consejera ha
defendido que la Región "se ha adelantado, ha prevenido y ha protegido
dentro de sus competencias", y ha insistido en que el Ministerio "no ha
marcado una hoja de ruta común" pese a que la lengua azul "se ha
extendido por todo el país salvo Canarias".
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