El SMS reduce a 30 días el pago a proveedores, según Pedreño, mientras la oposición denuncia un "deterioro" de la situación

 CARTAGENA.- El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha defendido en la sesión de control del Pleno de la Asamblea Regional que el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha reducido su plazo medio de pago a proveedores hasta los 30 días, cumpliendo la normativa vigente y tras haber abonado "la totalidad de las facturas en el mes de junio". De este modo, ha respondido a la interpelación planteada por Vox sobre el retraso en la ejecución de la moción aprobada por unanimidad en diciembre para garantizar el pago inmediato a las empresas proveedoras del sistema sanitario.

Pedreño ha asegurado que el retraso se ha estabilizado en torno a los 30-32 días y que tanto el SMS como la Consejería de Hacienda "han generado los mecanismos para agilizar los pagos". Ha reiterado que el principal problema "ha sido la infrafinanciación estatal", que a su juicio mantiene a la Región de Murcia por debajo del nivel de recursos que recibe la media nacional. 

"Los murcianos merecen la misma atención que cualquier ciudadano de Navarra, Cataluña o Asturias", ha dicho, defendiendo que el Gobierno regional "ha presupuestado lo necesario y lo seguirá haciendo incluso sin presupuestos estatales".

Desde Vox, el diputado Rubén Martínez ha denunciado que la situación "ha seguido deteriorándose", que "miles de pymes y micropymes han podido verse al borde del cierre" y que el SMS "ha empezado el año con un agujero de 1.700 millones". 

Ha afirmado que el Gobierno regional "ha gastado un 40% más de lo presupuestado", que "ha manipulado las cifras del periodo medio de pago", y que "cuando aprueban presupuestos se dispara el calendario de pagos y cuando no, se congela". 

También ha sostenido que el Ejecutivo de López Miras "ha ocultado el gasto sanitario real", que ha derivado pacientes "sin planificación" y que "no ha puesto en marcha los instrumentos financieros aprobados por unanimidad". En su réplica, Martínez ha advertido de que "si el PP no corrige la situación, la sanidad murciana no podrá pagar nóminas en un año".

El consejero ha rechazado estas críticas, defendiendo que el plazo de pago "ha cumplido la normativa", que "a 30 de octubre se ha situado en 32 días", y ha recordado que la Región "ha sido la tercera comunidad que más ha invertido por habitante", con 2.134 euros por persona, 244 por encima de la media española. También ha pedido a Vox "apoyo real" para reclamar al Estado una financiación justa.

En una segunda interpelación, el Pleno ha abordado el convenio entre la Comunidad y el Colegio Oficial de Farmacéuticos para la prestación del Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) en oficinas de farmacia.

 La diputada del PP María Luisa Ramón ha defendido que el envejecimiento de la población y el aumento de patologías crónicas "han hecho imprescindible" reforzar herramientas que mejoren la adherencia terapéutica.

 Ha destacado que la polimedicación y la complejidad de los tratamientos "han generado un problema de seguridad", y ha señalado que los SPD "han demostrado mejorar la adherencia del 20% al 79%", según estudios publicados en revistas especializadas.

Ramón ha subrayado que la farmacia comunitaria "ha desempeñado un papel esencial" en la detección de errores, seguimiento de pacientes y acompañamiento de personas mayores o dependientes. Ha asegurado que el SPD "ha evitado duplicidades, interacciones no detectadas y visitas innecesarias a urgencias", lo que "ha generado un ahorro real y una mayor seguridad clínica".

En este sentido, el consejero de Salud ha detallado que el sistema "ha sido regulado el 25 de octubre de 2024" mediante orden publicada en el BORM, que ya 154 farmacias se han adherido, que el servicio "ha sido gratuito para el paciente" y voluntario para los profesionales, y que los medicamentos "se han organizado por semanas y momentos del día" para garantizar un uso seguro. 

Ha asegurado que el dispositivo "ha reducido el desperdicio de fármacos", ha reforzado el seguimiento del paciente crónico y ha representado "una ventaja estratégica para la Atención Primaria".

Por otro lado, se ha abordado en otra interpelación la vacunación de la cabaña ganadera frente a la lengua azul, formulada por el Grupo Mixto. Su portavoz, María Marín, ha denunciado que el Gobierno regional "ha actuado tarde" y "siempre después del daño", recordando que desde 2023 "se han sucedido brotes sin una estrategia estable" y que solo en los últimos meses "han muerto más de 600 animales", muchos de ellos de la raza montesina, en peligro de extinción. 

Ha afirmado que la Comunidad "no ha comprado vacunas suficientes", 183.000 para una cabaña de 470.000 animales, y que "solo se ha cubierto un 40% del censo". Marín ha defendido que la vacunación "debería haber sido obligatoria" para frenar el brote, y ha asegurado que la Consejería "ha responsabilizado al Ministerio cuando la orden estatal permite a las autonomías decretar obligatoriedad si lo consideran oportuno".

En su respuesta, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha asegurado que el Gobierno regional "ha actuado con rapidez", que "se han usado más de 276.000 dosis" desde el inicio del brote y que "se han mantenido disponibles 80.000 más", a las que "se sumarán 109.000" en una nueva compra. Rubira ha afirmado que "el 80% de las muertes se ha producido en animales no vacunados", que la vacunación voluntaria "ha demostrado su eficacia" y que el Ministerio "ha dejado solas a las autonomías" pese a tratarse de una enfermedad presente en toda España. También ha reclamado una estrategia nacional de coordinación, ayudas económicas estatales por muerte de animales y una compra conjunta de vacunas "para evitar un mercado inflado y desigual entre territorios".

En su réplica final, la consejera ha defendido que la Región "se ha adelantado, ha prevenido y ha protegido dentro de sus competencias", y ha insistido en que el Ministerio "no ha marcado una hoja de ruta común" pese a que la lengua azul "se ha extendido por todo el país salvo Canarias".