CARTAGENA.- El Gobierno regional prepara un nuevo decreto de vivienda en el que se contempla flexibilizar de manera "excepcional, transitoria y urgente" los planes generales de ordenación municipal para poder realizar edificios con viviendas asequibles.
Así lo ha anunciado el consejero de
Fomento e Infraestructuras, Jorge García, durante su comparecencia en el
Pleno de la Asamblea Regional para explicar, a petición del PSOE, la
política de vivienda del Gobierno regional.
García ha
asegurado que los edificios con viviendas asequibles son más económicos
que las casas adosadas en términos de construcción. Asimismo, ha
afirmado que esta medida conseguirá aumentar el parque de viviendas
protegidas eliminando la restricción marcada en determinadas parcelas de
los planes de ordenación sin modificar su planeamiento para ampliar "de
manera inmediata la oferta de hogares para jóvenes y familias de clase
media".
El consejero ha apuntado que el objetivo de esta
medida es construir "el mayor número de viviendas a menor precio y menor
plazo" y que estas serán viviendas "asequibles a precios tasados".
Igualmente, ha manifestado que se declararán de urgencia todos los
trámites vinculados a la ejecución del decreto ley, lo que permitirá
"reducir los plazos a la mitad".
Esta normativa también
contará con nuevos modelos residenciales como el 'co-housing' y el
'co-living', viviendas colaborativas en las que los habitantes del
edificio comparten áreas comunes "y que es una modalidad muy demandada
en colectivos como el de las personas con discapacidad".
Durante su intervención, el consejero también ha destacado medidas
puestas en marcha como el Aval de Vivienda Joven, una iniciativa
regional, que ha dicho que ha sido copiada por el resto de comunidades
autónomas y de la que ya han beneficiado a 622 jóvenes de la Región.
En
ese sentido, ha expuesto que se ha ampliado el crédito hasta los
16.250.000 millones de euros y se ha mejorado el acceso a este aval
modificando los requisitos de acceso, al aumentar la edad para acceder
de 35 a 40 años, y el valor de la vivienda se aumenta hasta los 220.000
euros.
Del mismo modo, ha señalado que la Comunidad ha puesto
en marcha medidas contra la okupación. "A falta de medidas estatales que
atajen este problema, la Comunidad dispone de un servicio específico
donde los ciudadanos tienen a su disposición un correo electrónico y una
línea de teléfono para comunicar los casos contra la okupación de
viviendas", ha recordado.
Entre otras medidas a las que ha
hecho alusión durante su exposición destacan la compra de más de 143
viviendas por un importe de 11,8 millones de euros para ofrecer un hogar
a aquellas familias que lo necesitan o la concesión de ayudas por un
importe de más de 2 millones de euros para la construcción de 103
viviendas destinadas a alquiler asequible o cesión.
Según el consejero,
se ha facilitado que 448 familias se hayan convertido en propietarias de
la vivienda social donde han residido durante últimos 25 años. Desde
2020 se han destinado más de 5 millones de euros a este fin.
Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Miguel Ángel
Ortega considera un "batiburrillo de ocurrencias" lo que ha expuesto el
consejero ante el Pleno.
Según ha dicho, en la Región se ha "normalizado
que solo hay políticas públicas de vivienda cuando hay negocio de por
medio, solo se toman decisiones para beneficiar a las empresas privadas y
lo público solo sirve para confrontar, especialmente con el Gobierno de
España".
El parlamentario ha echado en cara al consejero los
resultados del aval joven.
"Según los datos de su consejería a mitad
del año 2024 había solo 305 beneficiarios del aval joven de los más de
3.000 que anunciaron", ha dicho exponiendo que solo de 18 a 30 años hay
en la Región 225.188 personas, "un ridículo 0,14% de los jóvenes de la
Región se beneficiaron del aval joven".
El diputado de Vox
Ignacio Arcas ha dicho que el "problema principal" tiene que ver con la
transferencia a las comunidades autónomas de la competencia en materia
de vivienda. Para él, el PP "le da la mano al Gobierno de Sánchez en los
momentos más críticos" criticando la aprobación de la prórroga de
medidas "nocivas que protegen a los inquiokupas", señalando que esta
medida no promueve un clima de seguridad jurídica para los propietarios.
Desde Podemos, María Marín ha criticado la política de vivienda del
Gobierno regional que, según ha dicho, "es la del perro del hortelano,
que ni hace nada ni deja hacer a los demás".
Ella ha recordado que en
los últimos cinco años el precio del alquiler ha subido un 23%,
superando la media nacional, indicando que la situación es similar
cuando se trata de la compra-venta de viviendas. Para ella, el Gobierno
regional "desvía el foco del problema y boicotea cualquier medida del
Gobierno de España".
Finalmente, el diputado del PP Antonio
Landáburu ha advertido que la vivienda "se ha convertido en un reto para
muchos españoles".
El 'popular' ha defendido la gestión del Gobierno regional en este
aspecto, pero considera que los esfuerzos en la Región se ven
"obstaculizados" por las políticas del Gobierno central, como la ley de
Vivienda, de la que ha dicho que la ley no incentiva la oferta de
vivienda, sino que "ha generado incertidumbre entre los propietarios y
provocado una disminución de inmuebles disponibles para el alquiler".
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