Años lleva Palinuro sosteniendo que el
PP no es un partido político al uso, sino una asociación de interés
integrada por gentes que van a lo suyo sin ningún tipo de miramientos
para las leyes. Lo único que las mantiene unidas es exactamente eso, el
interés y provecho propios. Lo mismo vienen diciendo los jueces, que se
trata de una asociación compuesta por presuntos malhechores, de forma
que ya la han imputado en un par de procesos penales. Al partido, como
persona jurídica, por beneficiarse de los chanchullos de la financiación
ilegal que en el PP parece ser práctica ordinaria. Tanto es así que, en
puridad de las cosas, se deberían anular muchas de sus victorias
electorales por haber sido producto de malas artes.
Ahora es otra jueza la que procesa al partido y a dos o tres altos cargos (entre ellos, la tesorera) por haber destruido los discos duros de los ordenadores de Bárcenas cuando este también era tesorero. Los pedía otro juez, encargado de los papeles de Bárcenas
a petición del encausado. Pero fueron destruidos a conciencia, dice el
auto, para que quedaran, como quedaron, absolutamente inservibles. La
jueza presume un delito de encubrimiento. Es una evidente destrucción de
pruebas quizá incriminatorias para mucha gente de la organización. Una
obstaculización de la justicia en beneficio de los compinches, práctica
habitual en las organizaciones mafiosas.
El
fiscal en la misma causa contra Bárcenas y a petición de este, que
parece dispuesto a "tirar de la manta" ha aceptado que se cite a
declarar como testigos a todos los extesoreros del PP (Alvarez Cascos,
Arenas, entre otros), aunque no a Rajoy y Cospedal, se ignora por qué ya
que, en principio, tesoreros han sido los dos como los otros y mientras
se producían las prácticas ahora subiudice. En el caso de Rajoy
no solo se trata de un extesorero sino del presidente del Partido. Un
presidente ausente pues, como hace en la otra presidencia, la del
gobierno, no acepta responsabilidad alguna por las tropelías que se
hayan podido cometer y de las que es políticamente responsable, quiera o
no.
En
esa asociación los presuntos malhechores con usos de mafia no solo
cometen delitos por los que nunca dimiten ni se les pasa por la cabeza,
como se prueba con el caso de Rita Barberá, aforada exprofeso para
ponerla fuera del alcance de la justicia, sino que destruyen la
confianza de la ciudadanía en la justicia y establecen el reinado del
latrocinio y la corrupción como normas habituales de comportamiento de
sus cargos, públicos o del partido. Precisamente el hecho de que el
partido sea una asociación privada con relaciones privilegiadas con las
instituciones públicas es lo que propicia la extensión de la corrupción.
A
esta asociación de presuntos malhechores, muchos de ellos en diferentes
momentos procesales de su horizonte penal, a esta caterva de mangantes,
quieren mantener en el gobierno los socialistas excedentes de cupo, las
viejas glorias o viejas infamias, que ejercen o quieren ejercer una
especie de tutela sobre la actual dirección del partido, hecha de
bisoños.
Piden la abstención de los socialistas en la investidura de
Mariano Rajoy (algo con lo que este estaría encantado) so pretexto de la
urgencia de un gobierno en "interés de España". La solicitud es tanto
más descarada cuanto que el propio Rajoy no ha hecho gesto alguno que
evidencie una voluntad de generación, sino todo lo contrario. Ha
propuesto como presidenta del Congreso a una ex-ministra que tiene una
responsabilidad política evidente en la gestión de uno de los peores
accidentes ferroviarios de los que se guarda memoria.
Por
lo demás, aunque hubiera realizado no un gesto sino toda una pantomima
en favor de la regeneración del sistema político, es metafísicamente
imposible que lo lograra por cuanto ha sido el el principal causante de
su degeneración. Además, si alguna vez tuvo crédito, lo malbarató tras
una serie de pomposos anuncios de sucesivas reformas legislativas en pro
de la regeneración y la transparencia democráticas que nunca llevó a
cabo ni sirvieron para nada.
El
PSOE debe entenderse con Podemos y con los indepes catalanes o, si no
se logra, quizá con Podemos y C's para un gobierno transitorio de uno o
dos años, en cuyo tiempo se tomen las medidas urgentes para afrontar la
situación de emergencia
Si esto tampoco se consigue, corresponden terceras elecciones.
Lo
que no se puede defender es una prolongación de la actual situación de
deterioro, bajo la forma de cuatro años más de agonía, al cabo de los
cuales el país puede estar dirigido desde Soto del Real.
NO es NO.
En pie de desconexión
Está
nervioso el Tribunal Constitucional. Sigue con suma atención la
evolución de los hechos en el Parlamento de Cataluña. Debe estar presto a
intervenir. No puede tolerar que la cámara se salte una prohibición
suya de desarrollar el propósito legislativo de la desconexión.
Alcanzadas
las conclusiones de la Comisión de Estudios del Parlamento, el alto
tribunal ha dictado una providencia ordenando que no se les dé traslado
al pleno de la cámara. Y justamente parece que el pleno de la cámara se
apresta a hacer lo contrario, esto es, no solamente recibir las
conclusiones sino acelerar su consideración mediante la correspondiente
reforma del orden del día.
Solo
este propósito provoca un encendido debate en el Parlamento. Parece
evidente, sin embargo que, si la cámara decide tomar en consideración
las conclusiones, es porque piensa aplicarlas y desarrollar la
legislación de desconexión.
Y
ahí es donde llega el momento de la desobediencia que estaba implícito
antes o después en la hoja de ruta. Ahí es donde el propósito del
presidente Puigdemont de ir “de la ley a la ley” sufre su primer revés.
Según la ley vigente, las decisiones del Tribunal Constitucional se
acatan y se cumplen. Si hay un incumplimiento de la ley, la dinámica
entra en un cauce imprevisible.
La
cuestión cruda es si el gobierno central, el poder ejecutivo, puede
obligar al cumplimiento de la ley en todo el territorio bajo su
jurisdicción. Cabe recordar que tal no fue el caso en la votación del 9N
de 2014. Entonces se dijo que, al ser la convocatoria un asunto de
voluntarios, no tenía carácter legal ni institucional y, por tanto, el
gobierno no estaba obligado a intervenir. Precisamente por eso se instó
después al procesamiento de cuatro responsables políticos, Mas, Rigau,
Ortega y Homs, por haber cometido ilegalidad en abuso de sus funciones.
Es contradictorio, pero se salvó la cara de la autoridad del Estado.
Esta se ejerce post festum.
Ahora
no se trata de una convocatoria que el gobierno pueda desautorizar como
una “consulta verbenera”, sino de una decisión de un órgano
institucional en uso (o abuso) de sus competencias. Teniendo en cuenta
además que, desde el punto de vista jurídico-político, este órgano, el
Parlamento de Cataluña, es también un órgano del Estado, como lo es
Generalitat. Es decir, un órgano del Estado tiene que desautorizar a
otro e impedirle el ejercicio de sus competencias.
Dado
el curso de confrontación adoptado por el Parlamento de Cataluña, es
claro que el gobierno de España debe tener una respuesta preparada y no
le queda más remedio que salir del letargo y tomar la iniciativa con
alguna decisión.
Pero,
¿cuál? El gobierno está en funciones. Según esto no tiene, o no debiera
tener, plena capacidad de acción pues “en funciones” se entiende para
asuntos de trámite. En los asuntos de calado político, no puede tomar
decisiones, máxime cuando, además, y por propia iniciativa, ha decidido
no someterse al control del Parlamento.
Ya lo hizo con el salido del 20
de diciembre y lo hace ahora con el del 26 de junio. Se dirá que un
gobierno en funciones tendrá un margen mayor de maniobra y más
flexibilidad, por no estar sometido a control parlamentario. Pero es
precisamente esa situación de irresponsabilidad la que suscita alarma ya
que puede dar lugar a conflictos que luego no sea posible resolver.
Si,
además, tomamos en cuenta que la ejecutoria del gobierno de Rajoy en
relación a Cataluña es terrorífica, se convendrá en que, libre de trabas
(antes tampoco tenía muchas, pero ahora no tiene ninguna) tenderá a
actuar con la catalanofobia que lo ha caracterizado siempre.
¿Supone
esto que el Parlamento catalán debe aceptar la decisión del Tribunal
Constitucional y suspender la tramitación de la desconexión? En
absoluto. Supone que los parlamentarios seguirán los dictados de sus
conciencias y lo harán con suficiente conocimiento de causa. Vengan como
vengan los hechos, el Parlamento Catalán actuará de conformidad con la
voluntad expresa en los programas de los partidos que forman Junts pel
Sí y su aliada parlamentaria, la CUP.
El
resultado es que el gobierno español y las Cortes –sin comunicación
entre sí- se encontrarán con un conflicto constitucional. Pueden tratar
de resolverlo por la vía de la represión o la de la negociación.
Y, la verdad, no sé cuál es más desastrosa para el Estado en las circunstancias actuales.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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