MURCIA.- Según ha podido saber el diario 'La Verdad', los tres presuntos autores materiales del 'crimen de los holandeses', el valenciano Juan Cuenca, exgerente del Club de Voleibol Murcia 2005, y los ciudadanos rumanos Constantín Stan y Valentín Ion, han sido trasladados en los últimos días a otros centros penitenciarios por motivos de seguridad.
Los tres principales acusados de este caso, que conmocionó a la
sociedad murciana, estaban encerrados en el centro penitenciario de
Sangonera la Verde desde junio de 2013, unos días después de que fueran
arrestados en Valencia. Como es habitual en el caso de presos
preventivos -aquellos que aún no han sido juzgados-, Cuenca y los dos
rumanos ingresaron en la prisión de Murcia I. Allí han permanecido los
dos últimos años a la espera de la celebración del juicio oral, pero
Prisiones tomó esta semana la decisión de repartir a los tres entre
algunos centros penitenciarios cercanos por motivos de seguridad.
Según pudo saber 'La Verdad', uno de los rumanos, Valentín Ion, fue
trasladado a la prisión de Campos del Río, un centro que es considerado
de máxima seguridad. Constantín Stan, por su parte, fue conducido al
centro penitenciario de Albocasser, en Castellón, mientras que Cuenca
esperará la celebración del juicio en Alicante II, en Villena.
La prisión de Sangonera la Verde es utilizada habitualmente para el
ingreso de internos en situación preventiva, como es su caso, pero Instituciones Penitenciarias decidió
el traslado de los tres principales acusados del 'caso Visser' teniendo
en cuenta la gravedad de los hechos de los que se les acusan y las
elevadísimas peticiones de condena que las acusaciones han solicitado
para ellos.
La fiscal Arancha Morales considera que las muertes de la pareja
deben ser calificadas como sendos delitos de asesinato, al concurrir la
circunstancia agravante de ensañamiento, y solicita que se impongan
penas de 50 años de prisión a cada uno de los tres supuestos autores
materiales del espantoso crimen. También ha sido finalmente acusado el
exfuncionario de Hacienda, Serafín de Alba, a quien la fiscal atribuye un
delito de encubrimiento y por el que le reclama una condena de tres años
de cárcel.
Es su escrito de calificación, la representante del Ministerio Fiscal
realiza un exhaustivo relato acerca del desarrollo de los macabros
acontecimientos, desde el momento en que Ingrid, que estuvo jugando en
el citado club de voleibol entre los años 2009 y 2011, y su compañero
Lodewijk conocieron a Juan Cuenca. Recuerda la fiscal que el club
deportivo comenzó a sufrir problemas económicos graves, que determinaron
su disolución en julio de 2011, y que ello supuso que varias jugadoras
quedaran pendientes de recibir cantidades de dinero, que en el caso de
Ingrid Visser ascendían a unos 60.000 euros.
Lodewijk, que actuaba en la práctica como representante de su novia,
estableció relaciones comerciales con Cuenca para reclamarle ese dinero,
lo que concluyó con la constitución de la sociedad Granmar Stone Trade
Limited, con sede en Gibraltar. El objetivo era canalizar a través de la
misma los cobros pendientes de la ficha, así como los beneficios
generados por otros negocios. Cuenca ideó presuntamente un plan para
deshacerse de sus acreedores.
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