La Asamblea reclama al Gobierno central 18 nuevas unidades judiciales para la Región

 CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado este miércoles, por unanimidad, una moción del Grupo Parlamentario Popular para solicitar al Gobierno de la Nación la creación de 18 nuevas unidades judiciales para la Región de Murcia, si bien el último apartado del punto 1 se ha votado por separado y ha salido adelante con el voto en contra de Vox.

El diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco ha defendido que "hacen falta muchas plazas y muchos jueces, mucho más de lo que reclamamos esta moción" y que la iniciativa "lo único que hace es poner voz a una reivindicación justa y que es constante desde el propio Tribunal Superior de Justicia". 

A su juicio, "sin más recursos pues no tendremos nunca una justicia más ágil y por tanto pues no tenemos justicia", al tiempo que ha remarcado que "los recursos son voluntad política".

En su exposición, Martínez-Carrasco ha señalado que la Región presenta una de las ratios de jueces por habitante más bajas, con "10,7 jueces por cada 100.000 habitantes" frente a una media nacional de "12,1 jueces por cada 100.000 habitantes", lo que ha atribuido a un "déficit estructural persistente" de plazas judiciales. 

También ha afirmado que la litigiosidad "ha crecido de forma muy significativa, más de un 30% en 10 años" y que los asuntos pendientes "se han incrementado en torno a un 124%" en la última década.

El parlamentario ha sostenido que la competencia para crear jueces, juzgados y planta judicial es del Ejecutivo central y ha recalcado que reclamarlo "no es una opción política, es una obligación institucional". En este sentido, ha defendido que su moción trasladaba "una exigencia concreta, ajustada a derecho y plenamente coherente con el reparto competencial".

En su introducción, Martínez-Carrasco ha aludido a que "la actualidad de la justicia en España está siendo absorbida por los escándalos de corrupción" y por una "evidente degradación política" que, según ha dicho, "monopolizan el debate público y la agenda judicial". 

Ha afirmado que "quienes tenemos ya cierta edad recordamos un semanario llamado 'El Caso' especializado en sucesos" y ha añadido que "a la vista de determinadas circunstancias actuales uno no puede evitar pensar que hoy tendría lamentablemente material más que suficiente para ediciones de mañana y tarde". 

A continuación, ha citado una relación de casos, entre ellos "caso mascarillas", "caso Koldo", "caso hidrocarburos", "caso PSOE", "caso SEPI", "caso fontanera", "caso Begoña Gómez" y "caso hermano de Sánchez".

Martínez-Carrasco ha añadido que esa situación "no puede ocultar ni justificar otro problema estructural y que sí afecta de manera directa a miles de ciudadanos de Murcia", que ha identificado como "la falta de juzgados para garantizar una tutela judicial efectiva en plazos razonables". 

En este punto, ha recordado que el presidente del TSJ de la Región, Manuel Luna Carbonell, advirtió en la apertura del año judicial 2025-2026 de que la falta de medios "está comprometiendo el derecho de los ciudadanos a una justicia eficaz" y reclamó "la creación urgente de 18 nuevas unidades judiciales".

El diputado ha indicado además que, según expuso el presidente del TSJ, en 2024 los órganos judiciales murcianos registraron "más de 254.000 asuntos", un "incremento del 16% respecto al año anterior". 

Asimismo, ha señalado que datos del servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial difundidos por el TSJ reflejan que en el primer trimestre de 2025 ingresaron "70.826 nuevos casos" y que, al finalizar el periodo, quedaron "más de 212.000 asuntos en trámite", con una "tasa de dependencia" que, según ha advertido, implicaría que "sin refuerzos" se necesitarían "más de tres años para despejar la carga acumulada".

El diputado de Vox Rubén Martínez ha afirmado que la creación de 18 nuevas unidades judiciales es "justa y necesaria", aunque ha sostenido que la moción es "un claro ejemplo de la inutilidad práctica de la política del bipartidismo". 

Vox ha criticado que, a su juicio, PP y PSOE se hayan puesto de acuerdo en renovaciones de órganos pero no para reforzar determinadas plazas, y ha insistido en que "urge garantizar la independencia judicial y efectivamente dotar al sistema de los recursos necesarios".

Asimismo, la diputada socialista Virginia Lopo ha afirmado que el PP "miente" cuando sostiene que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho "oídos sordos". Ha señalado que, al finalizar el Gobierno de Rajoy en 2018, había "156 jueces" en la Región y que en septiembre de 2024 había "168". 

Además, ha indicado que "hoy contamos con 174 jueces" y ha añadido que en junio se nombraron "seis jueces más", tres jueces y tres juezas "para labores de sustitución y refuerzo" en los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Molina, Murcia, Lorca y Cartagena, además de dos jueces de sustitución en juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

Con todo, la diputada socialista ha reconocido que "no son suficientes" las unidades judiciales de la Región y ha señalado que los retrasos suponen una merma de derechos fundamentales, especialmente en "violencia de género, menores" o "accidentes laborales mortales". "Por eso vamos a votar a favor de su moción", ha concluido.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos ha afirmado que el PP es "muy previsible" y ha lamentado que su introducción diese "ganas de no votársela" pese a que la propuesta podía "concitar el consenso".

 No obstante, ha confirmado que su grupo la apoyaría y ha recordado que la propuesta de 18 unidades parte del TSJ y se integra en una revisión de necesidades "a nivel de toda España" impulsada desde el Consejo General del Poder Judicial tras una ronda por comunidades autónomas.

Por último, el Pleno ha rechazado una moción del Grupo Mixto para recuperar para la gestión pública directa el servicio de explotación operativa y tecnológica del sistema integrado de Emergencias 112 en la Comunidad. 

El diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos ha defendido que el servicio es "crítico" y "salva vidas a diario" y ha reclamado la "gestión directa". Ha denunciado condiciones laborales como un plus de nocturnidad de "1,17 euros", la precariedad asociada a la externalización y la falta de control público en un servicio esencial.

El socialista Fernando Moreno ha señalado que la iniciativa recogía "solo una pequeña parte" de las reivindicaciones, al apuntar cuestiones como la falta de seguridad en el edificio o la necesidad de centralizar el servicio. También ha mencionado una demanda presentada por trabajadoras en Estrasburgo y ha alertado del escenario contractual si se prorroga el servicio.

Vox, con Pascual Salvador, ha defendido la centralización de emergencias en un centro integral (CIRES) y ha advertido de que una gestión directa podría poner en riesgo empleos por la necesidad de oposiciones y requisitos de acceso. A su juicio, habría que explorar un modelo de colaboración público-privada y no una asunción directa por una administración que ha calificado de "anquilosada". 

Mientras que el diputado del PP Alfonso Cerón ha defendido el modelo de contratación externa desde 1998 y ha sostenido que la configuración actual se ajusta al marco normativo vigente por la especialidad técnica del servicio y la falta de medios propios en la Administración.