La Asamblea Regional pide un plan para eliminar los retrasos en las mamografías antes de 2025 pese al rechazo del PP

 CARTAGENA.- El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado una moción del PSOE que insta al Gobierno autonómico a poner en marcha un plan de choque para eliminar los atrasos en las citas de mamografía antes del fin de 2025. La iniciativa, que exige que las mujeres sean citadas dentro del plazo máximo de 30 días que marca la ley, ha contado con el apoyo de Vox y del Grupo Mixto y el voto en contra del PP.

La diputada socialista María Soledad Sánchez ha defendido que "1.223 de las 1.479 mujeres pendientes no tienen cita asignada", y ha reclamado que el Ejecutivo regional asuma su responsabilidad ante una situación "inadmisible e indecente". 

"El Gobierno regional está diagnosticando tarde y mal", ha afirmado, denunciando que el presidente López Miras evitó responder en el último Pleno sobre esto. Sánchez ha añadido que "sabemos que hay diagnósticos equivocados y retrasos injustificables", y ha anunciado que su grupo exigirá que los informes estén firmados por el especialista que los realiza.

Desde el PP, Mari Carmen Ruiz ha explicado su voto en contra acusando al PSOE de haber orquestado "una campaña ruin, sucia y miserable" utilizando el cáncer de mama como arma política. La diputada ha asegurado que "es falso que haya 1.200 mujeres esperando una mamografía" y que "no existe esa lista de espera que inventan para manipular y engañar a las mujeres".

 Ruiz ha defendido que el tiempo medio para realizar una mamografía en la Región de Murcia es de 19 días y ha acusado a los socialistas de "politizar el sufrimiento y el dolor de las pacientes".

Por su parte, María Eugenia Sánchez, de Vox, ha criticado a PP y PSOE por haber gestionado "igual de mal" la sanidad pública durante décadas. Ha advertido que "el 82,6% de las mujeres que esperan una mamografía ni siquiera tiene cita asignada" y ha defendido su enmienda para garantizar la notificación activa de los resultados de las mamografías, "para que todas las mujeres reciban información a tiempo sobre su diagnóstico".

Desde el Grupo Mixto, María Marín ha denunciado que "el 83% de las mujeres que esperan una mamografía no tienen ni fecha asignada", y ha recordado su caso: "El Servicio Murciano de Salud perdió mi biopsia y me dieron el diagnóstico cuatro meses después. En esta región no soy la única". 

Marín ha insistido en que la situación "es grave y no se puede seguir negando la realidad".

Además, el Pleno ha aprobado una propuesta del PP, apoyada por Vox, que insta al Gobierno a aumentar las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en la Región. La diputada popular María Casajús ha denunciado la falta de medios y personal en los cuarteles y comisarías. 

Según ha señalado, "los homicidios dolosos y asesinatos han aumentado un 33%, las agresiones sexuales con penetración un 25% y los robos con violencia más de un 4%", insistiendo en que la presión sobre estos cuerpos "se multiplica" y que "la Región ocupa una posición clave en las rutas de narcotráfico e inmigración irregular".

Casajús ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "debilitar la estructura operativa" de la Guardia Civil, eliminar unidades de lucha contra el narcotráfico y no cumplir las promesas de modernización de los cuarteles.

 "Cartagena sigue sin su comisaría provincial y Mazarrón ha perdido su unidad fiscal", ha reprochado.

El socialista Fernando Moreno ha replicado que el Gobierno "ha recuperado los 13.000 efectivos que el PP recortó y ha incorporado 18.000 más". 

Así, ha acusado a los populares de "utilizar las fuerzas y cuerpos de seguridad como herramienta política" y ha recordado que "la Región de Murcia es una de las comunidades con menor criminalidad de España, tres puntos y medio por debajo de la media nacional". 

Desde el Grupo Mixto, José Luis Álvarez Castellanos ha pedido abordar la seguridad "de forma integral", subrayando que "no basta con aumentar los efectivos si no se refuerzan también las políticas sociales y de prevención".

Se ha aprobado una moción del PP que pide al Gobierno de España medidas ante los cortes de agua y la falta de información durante la contaminación de los canales de abastecimiento gestionados por la MCT, que dejó sin suministro a miles de vecinos del Mar Menor.

El diputado Carlos Albaladejo (PP) ha reclamado indemnizaciones, mejor coordinación institucional y más inversiones en infraestructuras para evitar nuevos episodios. Desde Vox, Alberto Garre ha apoyado la iniciativa y ha propuesto un informe sanitario para descartar riesgos derivados del incidente.

El PSOE, a través de Alfonso Martínez, ha defendido que la MCT "actuó con rapidez y priorizando la salud pública", pero ha pedido proteger la almenara del Mirador, reforzar los canales e instalar depósitos municipales de reserva. 

Desde el Grupo Mixto, Álvarez-Castellanos ha reclamado una explicación técnica que determine las causas y permita prevenir futuras incidencias.

Por otro lado, la Asamblea ha rechazado una moción de Vox que pedía cerrar los centros de menores migrantes tutelados por la CARM. 

Su portavoz, José Ángel Antelo, ha afirmado que "no hay ningún español que quiera un centro de inmigrantes ilegales al lado de su casa" y ha asegurado que Vox "los cerrará todos cuando gobierne". 

También ha acusado al PP y al PSOE de "ser cómplices del tráfico ilegal de personas" y ha defendido que los menores "deben ser repatriados con sus familias en sus países de origen".

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha respondido que España necesita "una política migratoria ordenada, legal y humana", y ha criticado el "negacionismo del sanchismo" y "los atajos simplistas" de Vox. 

"Ni cerrar centros sin alternativa ni convertir a menores en sospechosos por su origen", ha afirmado.

La socialista Carmina Fernández ha reprochado a la derecha su "discurso del odio" y ha recordado que "no hay personas ilegales", sino "seres humanos en situación de vulnerabilidad". 

Ha advertido de que cerrar los centros "empujaría a los menores a la marginalidad y la delincuencia". 

Desde el Grupo Mixto, Marín ha añadido que "hay que tener malas entrañas para decirle a un niño del Congo o de Palestina que lo mejor es morirse bajo las bombas", y ha acusado al PP de "haber cedido ante Vox" con el cierre del centro de Santa Cruz.

Durante la sesión se ha debatido una iniciativa del PSOE, que proponía que "el suelo público sea siempre público" para evitar su cesión o venta a promotores privados. La moción ha sido rechazada por PP y Vox, pese al apoyo del Grupo Mixto.

 El socialista Miguel Ángel Ortega ha argumentado que "no puede especularse con lo que se paga con dinero de todos" y que "si se cede suelo público a constructoras, se empobrece a la ciudadanía y se enriquece a unos pocos".

 "Con lo público no se negocia ni se especula", advirtió, defendiendo que "mantener el suelo público es la única forma de garantizar vivienda asequible a largo plazo".

Desde el PP, Víctor Martínez Carrasco ha afirmado que "el intervencionismo socialista no soluciona el problema de la vivienda" y que "las políticas de vivienda del PSOE solo han disparado los precios y paralizado la oferta". 

Vox ha calificado la moción de "propuesta ideológica y fracasada" y ha sostenido que "el mercado libre y la agilidad administrativa son la única vía para hacer bajar los precios". 

Por parte del Grupo Mixto, Álvarez-Castellanos, ha defendido que "mantener el suelo público en manos públicas es esencial porque es un recurso estratégico y no renovable" y ha criticado al PP por "no querer asumir su responsabilidad en la crisis de la vivienda".

El Pleno también ha elegido a Nazarena Balaguer González, José Sordo García y Carlos Hernández de la Cruz Fernández Montesinos como nuevos miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión de la Región de Murcia.